domingo, 7 de febrero de 2016

Solicitarán a la AN discutir Ley de Seguridad Social para los policías

El Periodiquito
Sábado, 06 febrero a las 18:51:39


Richard Mardo entregará la propuesta al bloque parlamentario de Aragua para que eleve la solicitud en la Asamblea

El coordinador regional de Primero Justicia en Aragua, Richard Mardo, informó que solicitará a la Asamblea Nacional que sea discutida y aprobada una Ley de Seguridad Social para los funcionarios policiales del país. La propuesta será entregada al bloque parlamentario de la Unidad, para que sea presentado en el seno del parlamento.

Mardo destacó que la propuesta contempla un plan de beneficios socioeconómicos que garantice una calidad de vida tanto a los funcionarios policiales, como a su familia.

Precisó que es necesario que el funcionario policial cuente con posibilidades para adquirir una vivienda y goce de una póliza de seguro que les permita atención adecuada en centros de salud privado. Igualmente sus familiares cuenten con protección, cuando el efectivo pierda la vida en el ejercicio de sus funciones.

Agregó que en la propuesta se insta al Estado también a que vele por la entrega de herramientas e insumos para los cuerpos policiales. “Es imposible que los policías puedan brindar un servicio de seguridad a la ciudadanía cuando ellos mismos se sienten inseguros porque no cuenta con las herramientas idóneas”, dijo.

El dirigente opositor aseguró que solo en el estado Aragua, 39 funcionarios de distintos organismos de seguridad fueron asesinados por delincuentes durante el año 2015 y en lo que va de año, van dos funcionarios caídos.

Instó también a que en la ley de Seguridad Social contemple aumento del ticket de alimentación, se fomente actividades deportivasy se brinde servicio de guardería.

Foto: Cortesía

TEL de Caña de Azúcar presentará proyecto de apoyo ante la AN

El diputado Guillermo Luces anunció que en coordinación con los docentes, personal administrativo, trabajadores y padres y representantes del Taller Escuela Laboral se elaboró un importante proyecto de apoyo que será presentado ante la Asamblea Nacional.

Diputado Guillermo Luces entrega donativo para TEL

Las declaraciones las ofreció durante la entrega de una donación económica para esta importante institución educativa ubicada en la Urb. Caña de Azúcar, donde resaltó la presentación del proyecto como la mejor forma de buscar una ayuda que permita garantizar recursos para rehabilitar la infraestructura de la institución educativa, así como recibir todo tipo de insumos y mobiliarios que permitan a los estudiantes tener una mejor enseñanza.

Recordó que en el TEL estudian al menos 200 jóvenes con discapacidad, quienes necesitan y merecen un lugar adaptado a sus condiciones especiales.

Igualmente, Luces lamentó que el gobierno regional los haya excluido de sus proyectos estudiantiles. Al referirse a la donación entregada, el parlamentario comentó que esta ayuda se realiza como parte de la agenda social y con una clara conciencia de la difícil situación económica que viven los aragüeños.

LUIS CHUNGA | el siglo
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Ministerio de Salud no ha dado pautas para tratar a embarazadas con zika

En la maternidad Concepción Palacios hay tres mujeres que están siendo evaluadas por la presunción de infección por zika | Foto Omar Véliz

En Brasil hubo un repunte de microcefalia en niños cuyas madres padecieron el virus del zika en el primer mes de gestación. En Venezuela hay reportes de abortos espontáneos y dos casos en observación de sospecha de microcefalia asociada a la infección

MARÍA EMILIA JORGE M. / Siete Días - El Nacional
MJORGE@EL-NACIONAL.COM
7 DE FEBRERO 2016 - 12:01 AM


La preocupación por las complicaciones asociadas a la epidemia de zika pareciera no haber adquirido aún la misma magnitud en todas las latitudes: mientras Mark Zuckerberg, creador de Facebook, echa mano de los 1.040 millones de usuarios que tiene la red social para compartir un video educativo que promueve la prevención en embarazadas de la picadura de los zancudos transmisores del virus, en la sede del Ministerio de Salud, en el centro de Caracas, por donde pasan cientos de personas diariamente solo hay un cartel sobre el Día Mundial del Cáncer y los tres cuadros habituales del presidente Nicolás Maduro, el ex presidente Hugo Chávez y la versión chavista del retrato de Simón Bolívar.

La alarma tiene asidero. De 175 casos anuales de microcefalia que ocurrieron en promedio en Brasil en los últimos 5 años, el 2015 pasó a ser explosivo y las cifras no disminuyen: desde octubre el Ministerio de Salud de ese país ha reportado 404 casos confirmados y otros 3.670 sospechosos de niños con microcefalia, una malformación que ocurre durante la gestación, que hace que la cabeza y el cerebro del bebé sean más pequeños y que se asocia con retraso en el desarrollo cognitivo y motor.

El causante del repunte de microcefalia podría ser el zika. Por ello, la OMS decretó la alerta internacional y el ministro de Salud brasileño, Marcelo Castro, anunció que distribuirán repelentes entre embarazadas que participen en la Bolsa Familia, el mayor programa social de ese país, y movilizarán a 220.000 agentes de las Fuerzas Armadas para visitar “casa por casa” e involucrar a la población en el control del zancudo Aedes, transmisor del virus.

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El peligroso zumbido del Aedes en medio de la crisis

El zika avanza y no está claro cómo la afrontará el país | Foto Archivo El Nacional

La epidemia del zika se agudiza por la presencia de dos vectores: los abundantes zancudos y la crisis sanitaria. En un mes han fallecido 12 venezolanos por Guillain-Barré, un síndrome asociado al virus que requiere atención inmediata, terapia intensiva e inmunoglobulina, un protocolo que falla por la escasez de medicamentos e insumos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria. Especialistas alertan sobre los estragos que causará esta nueva enfermedad que se ha diseminado rápidamente por América Latina y exigen al gobierno presentar un plan para atender la situación. Hay que prepararse para más complicaciones: un posible aumento de casos de microcefalia y trastornos neurológicos en el feto, que ya empiezan a observarse en maternidades del país

MARÍA EMILIA JORGE M. / Siete Dias - El Nacional
MJORGE@EL-NACIONAL.COM
7 DE FEBRERO 2016 - 12:01 AM


Roberto Míguez, de 32 años de edad, está conectado a un respirador en el Hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre. El jueves pasado apretó por primera vez la mano de su esposa, luego de haber estado aislado dos días en terapia intensiva diagnosticado con el síndrome Guillain-Barré que lo inmovilizó por completo. “Le están haciendo plasmaféresis, pero es un proceso muy lento, no reacciona tan rápido como quisiéramos”, cuenta vía telefónica su hermana Laura Míguez, desde el estado Anzoátegui.

El síndrome Guillain-Barré es un trastorno neurológico en el que el sistema inmunológico, ante la presencia de un virus, una bacteria, o luego de una cirugía, ataca al agente externo y al sistema nervioso periférico como si también fuera maligno. Los nervios dejan de responder y el cuerpo empieza a “dormirse”.

El nombre francés –que refiere a los apellidos de dos médicos que describieron el síndrome en soldados durante la Primera Guerra Mundial– se repite con frecuencia desde hace un mes. El aumento de casos coincide en varios países con la epidemia de zika, por lo que científicos creen que podría haber relación.

Dos semanas antes de su diagnóstico, Roberto sufrió debilidad en el cuerpo, quebranto, erupción y conjuntivitis, todos síntomas del zika. Luego empezó el hormigueo. “Se le durmió la lengua y le dolía tragar. El internista dijo que podía ser la tensión. Un día se cayó por la debilidad en las piernas, lo llevamos a una clínica en silla de ruedas para que un neurólogo lo revisara, le hizo una electromiografía y le dijo que tenía el síndrome”, explica la hermana.

Ante la inminencia del trastorno, Roberto debía ser trasladado a un centro que contara con terapia intensiva. “En las clínicas no había. En el Hospital Industrial de San Tomé tenían otros dos casos de Guillain-Barré y nos dijeron que no podían atenderlo. Entonces vinimos al Hospital Felipe Guevara Rojas”.

Los médicos les pidieron a los familiares que consiguieran 20 ampollas de inmunoglobulina u 8 unidades de albúmina humana, pues la institución no disponía de ellos, y eran necesarios para iniciar alguno de los dos tratamientos indicados para este síndrome. La familia empezó así una nueva cadena de auxilio para encontrar el medicamento por Twitter.

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Venezuela: la economía peor evaluada de la región

Tal Cual
06-02-2016


Un estudio latinoamericano pone al país gobernado por Nicolás Maduro como el de peor desempeño y perspectivas en materia económica

En el sondeo realizado a más de 280 analistas, expertos y periodistas del rubro de 16 países de Latinoamérica se respondió a las consultas “¿cómo califica la situación económica actual de cada uno de los siguientes países?” y “¿cómo cree que estará la situación económica de cada uno de los siguientes países dentro de 12 meses?”

Venezuela es el peor evaluado mientras que Chile es el país que posee la mejor evaluación de la situación económica actual en Latino América, según una encuesta realizada y publicada por la empresa consultora Ipsos Public Affairs

En reseña de Américaeconomía se lee que según la conclusión de Ipsos, “la evaluación de la economía de los países de América Latina muestra sugerentes contrastes entre la evaluación de la situación actual y las perspectivas futuras en la percepción de los periodistas y líderes de opinión encuestados”.

“Así, Chile y Uruguay son los países que encabezan el ranking de mejor situación económica actual mientras que Argentina y Cuba los que lideran la percepción de los países con mejores perspectivas para dentro de 12 meses”, agregó.

La consultora detalló que “en el caso de Chile y Uruguay es posible que los encuestados estén valorando en sus respuestas la fortaleza que han mostrado sus economías en la última década y no sólo en el último año, mientras que en Argentina y Cuba las expectativas favorables para el futuro deriven de decisiones que se tomaron recientemente: la elección de Mauricio Macri en Argentina y el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos”.

También aclaró que se ve una mejor evaluación en las economías de los países de la Alianza Pacífico -Chile, Perú, Colombia y México- que en los países del Atlántico. Los países peor evaluados son Venezuela y Brasil.

Evaluación por pregunta
  • Ante la consulta “¿cómo califica la situación económica actual de cada uno de los siguientes países?”, el ranking lo lidera Chile con un 86% de encuestados que la califican de “buena”. Un 16% dice que es “mala” y un 1% “no precisa”.
  • En segundo lugar se ubica Uruguay, con 79% que señala que es “buena”, un 13% que dice que es “mala” y un 9% que “no precisa”.
  • Tercero quedó Colombia, con un 79% que declara que es “buena”, un 17% que señala que es “mala” y un 5% que “no precisa”.
  • En el último lugar se ubica Venezuela, con un 96% que dice que es “mala”, un 2% que es “buena” y un 2% que “no precisa”.


Venezuela, también con el peor futuro

Mientras que en la pregunta “¿cómo cree que estará la situación económica de cada uno de los siguientes países dentro de 12 meses?”, la lista es encabezada por Argentina, con un 49% de los encuestados que dice que “mejor”, un 29% señala que “igual”, un 19% dice que “peor” y un 2% “no sabe”.

En el segundo lugar quedó Cuba, con un 36% que señala “mejor”, 43% dice que “igual”, un 17% expresa que “peor” y un 4% “no sabe”.

Chile se ubica en el tercer puesto, con un 34% que declara “mejor”, un 52% “igual”, un 11% dice que “peor” y un 3% “no sabe”.

El peor evaluado nuevamente es Venezuela, con un 72% que dice que la situación será “peor”, un 19% señala que “igual”, un 6% expresa que “mejor” y un 4% “no sabe”.


La evaluación de los países participantes sobre Venezuela


Magistrados se preparan para dejar sus sillas

Tal Cual
07-02-2016
JESENIA FREITEZ GUEDEZ


Jueces con trayectoria política, proceso acelerado de escogencia y autodesigaciones están detrás del nombramiento de los recién ocupantes del TSJ

Los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumieron sus cargos el pasado 23 de diciembre con más sombras que luces ante una moribunda Asamblea Nacional (AN), que se notó apresurada para escoger a los representantes de la máxima casa del Poder Judicial cuyas vacantes no debieron quedar libres sino hasta 2016. El pasado martes 26 de enero los nuevos parlamentarios designaron a una Comisión Especial para estudiar la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del TSJ e investigar si hubo fallos o no en el proceso de escogencia de los jueces.

Aunque todavía no hay un informe final, hay casos que de entrada es necesario explicar, como el de Celeste Josefina Liendo Liendo, quien pareciera haberse pagado y dado el vuelto porque en la Gaceta Oficial 40.509, del 1 de octubre, fue designada como miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano consultivo, y en la Gaceta 40.816, del 23 de diciembre, quedó designada como magistrada suplente de la Sala Constitucional.

La designación de los Magistrados no se realiza según los parámetros de los artículos 264 y 265 de la Constitución, de los cuales se desprende que debe hacerse contando con la aprobación de los dos tercios del Parlamento. En su lugar se aplica el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) el cual es inconstitucional y habilita la designación de los Magistrados con una mayoría simple después de 3 sesiones en las que no se llegue a una mayoría calificada.

Además de ello, el Comité de Postulaciones estuvo conformado por cinco diputados del Partido Socialista Unido De Venezuela (PSUV) el cual, de acuerdo a la Constitución, (art. 264 ) debe estar integrado por "representantes de los diferentes sectores de la sociedad".

INVESTIGACIÓN CON OBSTÁCULOS

La Comisión de la AN debió arrancar la investigación desde cero porque, pese a la importancia que amerita, el expediente del proceso de selección y designación de los magistrados está incompleto, no está foliado, no tiene ningún tipo de protección y faltan 32 de los 34 currículos.

Carlos Berrizbeitia, diputado y presidente de la instancia, explica que esta comisión especial revisa si el proceso en la selección de los magistrados cumplió administrativamente con los requisitos de la Ley Orgánica del TSJ, la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. "Estamos revisando el expediente, más el proceso que se hizo para ver si hay violaciones del marco jurídico que marcan el proceso para la elección de los magistrados", agrega.

Si la Comisión determina que el proceso fue viciado la Asamblea Nacional tiene la potestad de rectificar la decisión, amparados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual establece en el artículo 81 que la Administración Pública "podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios". Además los artículos 83 y 84 de la misma norma señalan que "la administración pública podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella" y "podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos".

Berrizbeitia señala que una decisión de este tipo en una instancia tan importante como el TSJ no tiene precedente y agrega que "la Asamblea Nacional es la que elige a los magistrados del Poder Judicial, pero lo hace bajo un proceso legal, si este estuvo viciado y no estuvo en el marco legal por supuesto nosotros, como poder independiente, podemos anular el proceso de escogencia". También afirma que independientemente de que los magistrados hayan cumplido con todos los requisitos, si se comprueba la nulidad del proceso, éstos quedarían invalidados.

En otro orden de ideas, el parlamentario afirma que en los últimos años se ha utilizado el TSJ como herramienta política y no como instanciapara impartir justicia.

Considera que para que exista una democracia sólida y seria es necesario "que los poderes sean totalmente independientes y que las instituciones funcionen".

SIN RESPUESTAS

El pasado 19 de enero la Comisión Especial para estudiar la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del TSJ envió un comunicado a la presidenta del TSJ, Gladys Rodríguez, para solicitar los currículos académicos de los magistrados designados. La comisión aclara en la misiva a Rodríguez que los documentos están incompletos en el expediente que reposan en la División de Archivo de la AN. Esta solicitud hecha por los parlamentarios está apoyada en el principio constitucional de colaboración de los poderes públicos, establecidos en el artículo 136 de la Carta Magna. La Presidenta del TSJ no respondió la solicitud y la Comisión la reiteró el 27 de enero.

DE ALÓ PRESIDENTE A MAGISTRADO

Uno de los currículos que está en el expediente incompleto es el del magistrado Christian Zerpa, quien votó por sí mismo para el cargo porque cuando se designaron a los jueces fungía como diputado de la Asamblea Nacional saliente.

Aunque los magistrados no deben tener nexos políticos, los de Zerpa son irrefutables. Comenzó siendo miembro del Comando Táctico Municipal del Movimiento V República (MVR) en el estado Mérida y fue responsable del Padrón Electoral para el Referéndum Revocatorio del 2004.

En 2005 y 2006 Zerpa fue director de Relaciones Presidenciales del Despacho la Presidencia, responsable de la elaboración del listado de invitados y de la convocatoria del programa Aló Presidente. En 2007 y 2008 continuó muy cerca de Hugo Chávez, esa vez como Viceministro de Relaciones Presidenciales y estuvo encargado de la agenda del difunto mandatario. Su currículo también revela que estuvo en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en el Ministerio de Interior y Justicia. Antes de formar parte del máximo tribunal del país fue diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Exterior.

España investiga corruptela chavista e interroga a exviceministro

Tal Cual
06-02-2016

Las averiguaciones sobre manejos ilegales de la empresa Duro Felguera señalan a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y quien ya habría sido interrogado, por pagos irregulares durante la "emergencia eléctrica"

La Fiscalía Anticorrupción de España ha abierto diligencias de investigación al ex dirigente chavista Nervis Villalobos y al ex presidente de la empresa Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, por un presunto delito de cohecho internacional. Los indicios apuntan a que el grupo empresarial energético habría pagado al que fuera viceministro de Energía con el Gobierno de Hugo Chávez a cambio de mediar en la adjudicación de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1.080 MW (Termocentro).

Según publica el portal EL ESPAÑOL citando fuentes de la investigación, Villalobos ya ha sido interrogado en la sede de la Fiscalía sobre el contrato de asesoría oral firmado con Duro Felguera por 46 millones de euros -aunque sus honorarios serían finalmente el 5,5% de la comisión del contrato de adjudicación-.Villalobos acudió a la citación en calidad de investigado en la sede madrileña de la Fiscalía Anticorrupción, acompañado por su abogado. Durante su interrogatorio defendió la legalidad del contrato firmado por el grupo empresarial con sede en el Parque Científico Tecnológico de Gijón.

Una vez escuchada su versión, la Fiscalía ha citado para los próximos días al ex presidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, quien dimitió en junio de 2011. Tras estos interrogatorios y practicadas una serie de diligencias, el Ministerio Público que dirige Antonio Salinas decidirá si judicializa el asunto y, por tanto, lo presenta una querella ante un Juzgado.

Cuentas en Banco Madrid

Anticorrupción tuvo conocimiento de pagos de Duro Felguera al ex dirigente chavista tras un informe del Servicio de Inteligencia Financiera (SEPBLAC) que analizaba varias cuentas del Banco Madrid, tras la sospechas de que la entidad había colaborado con el blanqueo de sus clientes, sobre todo con dirigentes chavistas y organizaciones criminales chinas y rusas, según afirmaba el Tesoro norteamericano respecto a la Banca Privada de Andorra (BPA).

El Gobierno español decidió intervenir Banco Madrid después de que Andorra hiciera lo propio con el BPA como respuesta a un duro informe de la unidad antiblanqueo de Estados Unidos en el que se aseguraba que parte de la cúpula del régimen bolivariano de Chávez aprovechaba su posición de poder para hacer negocios propios a espaldas de su pueblo. "BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano", sostuvo entonces.En el caso de Villalobos, disponía de varias cuentas en Banco Madrid, a través de las cuales recibió transferencias de paraísos fiscales e incluso disponía a su nombre de sociedades radicadas en zonas fiscalmente poco controladas, como las Islas Vírgenes Británicas o Madeira.

El ex dirigente chavista poseía varias sociedades radicadas en paraísos fiscales además de otra en Venezuela, Ingeniería Gestión Proyectos Energía (Ingrespre), a través de la cual se firmó el contrato con Duro Felguera. El informe del SEPBLAC a Anticorrupción de 2015 ponía en duda este contrato de asesoramiento para la "posible consecución de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 1080 W".

"Sin justificación razonable"

El SEPBLAC explicaba que "pese a que la consultoría es una actividad en la que la experiencia y perfil profesional del consultor es un elemento fundamental, ni en el contrato ni en otra documentación obrante en Banco Madrid se ofrece una justificación razonable de una alteración tan importante del contrato como es el cambio de consultor", haciendo referencia a que la sociedad de Villalobos heredó el contrato entregado inicialmente a la venezolana Técnicas Reunidas.

También le llamaba la atención que el asesoramiento fuera de "forma oral", según estipulaba el propio contrato de tan sólo seis hojas. El representante de Duro Felguera exigía que la sociedad estuviera constituida por lo menos dos años antes de la firma, como así ocurrió porque se cerró el negocio en 2011 e Ingrespre se constituyó en 2009.También se requería que ninguno de los socios hubiera ocupado cargo público en los últimos cinco años, justo el plazo que cumplía Villalobos tras su salida del Gobierno, y que el pago no se realizara en ningún país considerado como paraíso fiscal, por lo que el ex dirigente venezolano se había abierto poco antes la cuenta en Banco Madrid.

El propio banco había alertado al SEPBLAC cuatro años antes de que fuera intervenido de seis operaciones "significativas" en las cuentas de Nervis Villalobos. Dos ellas fueron pagos de Duro Felguera el mismo día, el 4 de noviembre de 2011, una de 2,9 millones de dólares y otra de 599.084 dólares.En febrero de ese mismo año recibió dos transferencias de 90.000 euros y 149.659 euros desde Andorra, de sociedades radicadas en Andorra y Panamá del propio Villalobos. En noviembre de ese mismo año, recibió otras dos transferencias desde Miami por un importe total de 2,4 millones de dólares.

Vínculos de Podemos con Venezuela

Precisamente, tras hacerse pública esta información, el opositor venezolano Julio Montoya, diputado de Primero Justicia anunció en una visita a Madrid en abril del pasado año que iba a acudir al Tribunal de Cuentas de España para "denunciar" a la empresa asturiana Duro Felguera por "incumplir un contrato en Venezuela por más de 1.800 millones de dólares" y por haber "pagado comisiones a funcionarios".

Según el relato de Montoya, Duro Felguera "le dio al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos un contrato de 50 millones de dolares (unos 46 millones de euros de la época) por asesoramiento verbal". Además añadió que la planta que Duro Felguera construye en el estado venezolano de Miranda, por la que ya ha cobrado el contrato "aún no se ha terminado y tiene daños estructurales".En su visita, Montoya vino a denunciar que la fundación CEPS, vinculada a Podemos, siguió asesorando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras nacer como partido en marzo de 2014, con unos consejos que "han hecho mucho daño a Venezuela".

Cobran el puesto de las colas para comprar baterías

Tal Cual
06-02-2016
María Alejandra Aguilera


“Uno de ellos, el que anota a la gente en la lista, me dijo que si quería comprar la batería tenía que darle ocho mil bolívares. Según él, es sobrino de un pran”

La escasez de baterías para vehículos viene en aumento desde el último semestre del año 2015. Por lo que esta realidad ha generado el crecimiento de negocios informales en las colas donde se adquieren las baterías en el municipio Anaco, estado Anzoátegui.

Así lo denunció un grupo de compradores quienes aseguron haber sido amedrentados en la sede Duncan, en la avenida Miranda. Carlos Gabriel Tapuyo aseguró que los “vendecupos” o “bachaqueros” acuden de madrugada a los establecimientos y amenazan a las personas que se encuentran esperando para apoderarse de los primeros puestos en la fila.

“Uno de ellos, el que anota a la gente en la lista, me dijo que si quería comprar la batería tenía que darle ocho mil bolívares. Según él, es sobrino de un pran”, indicó.

Tapuyo explicó que este grupo de personas amedrentan a los presentes y que incluso, en algunas ocasiones, portan armas de fuego. “Un primo mío vino a comprar hace como dos meses y uno de los hombres que hace la lista cargaba una pistola en la cintura”.

Otra de las irregularidades que denunció Tapuyo fue el supuesto abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad de la localidad. Según informa, los uniformados no hacen cola y se llevan varias unidades sin regulación alguna.

“Los policías y los guardias nacionales pasan y sacan hasta cuatro baterías, se montan en sus carros y nadie dice nada, mientras que la gente pasa hasta una semana en una cola”.

Lea más información: El Tiempo

MUD: La falta de agua es por el gobierno y no por “El Niño”

Tal Cual
06-02-2016


La oposición pone la lupa en las previsiones que no tomó el gobierno y que dañaron el sistema hidrológico nacional

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) difundió un documento en el que descarta que las fallas de distribución en el servicio de agua potable se deban a la sequía por el fenómeno “El Niño” como dice el Gobierno y las atribuye a la deficiente administración y manejo del servicio.

“La crisis en el abastecimiento de agua potable en Venezuela obedece a una deficiente administración y al manejo inadecuado del servicio, y no como consecuencia de El Niño”.

El señalamiento corresponde a la ingeniera hidrometeoróloga Ángela González, quien fuera gerente de Planificación de Hidroven y sus empresas filiales, al refutar argumentos esgrimidos por el gobierno nacional en torno a tal crisis.

“Culpar a El Niño del problema es como responsabilizar a la ‘guerra económica’ del caos que atraviesa el país. Venezuela es la nación andina que menor influencia recibe de ese fenómeno, toda vez que nuestro sistema climático es el que menor dependencia tiene del océano Pacífico”, afirmó la especialista en un documento en el que analiza en profundidad la grave crisis de desabastecimiento de agua que sufre el país.

Con base en un estudio elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), la especialista, quien también es asesora del Banco Interamericano de Desarrollo, manifestó que el citado evento pareciera afectar a Venezuela, primordialmente, en la temporada seca. “El Niño tiene su máxima repercusión entre diciembre y abril, haciendo ese lapso más cálido y árido que en condiciones normales e, inclusive, afectando el inicio de la temporada lluviosa, pero matizado por factores tales como la temperatura del océano Atlántico, la circulación atmosférica en altura y otros elementos”, sostiene.

“Además, encontramos que El Niño no perjudica de manera similar a todo el territorio: hacia occidente se vincula más con fechas tardías de inicio de las lluvias, pero en el centro norte y oriente – Llanos Centrales y Orientales y Cordillera de la Costa -no se observa un patrón categórico sino variable”, dijo, al insistir en que el análisis en cuestión, al menos, en lo que respecta a Venezuela, no deriva en consecuencias “demasiado extremas”, resultando muy difícil diferenciarlas de las propias de la variabilidad “normal” del clima.

Sequía no es permanente

La declarante objetó, asimismo, que, tal cual atribuye el Ejecutivo, las dificultades confrontadas con el servicio de agua procedan de tres años continuos de sequía, aclarando que los mapas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), que es un ente gubernamental, revelan que entre mayo de 2014 y abril de 2015 hubo normalidad con respecto a los promedios en las áreas de influencia de los embalses que alimentan a los grandes sistemas de abastecimiento, salvo en el estado Táchira.

“En septiembre y octubre de 2014 hubo un ligero incremento en las precipitaciones que contribuyó a la disminución del déficit en algunas regiones, llevándolo del rango ‘extremadamente seco’ al ‘cercano a lo normal’, en noviembre en casi todo el país. Posteriormente, en diciembre de 2014 se redujo considerablemente la sequía a excepción de la zona costera oriental e insular (Cumaná, Güiria Porlamar); El Vigía, en Mérida; y Kavanayen en la Cuenca del Caroní, en Bolívar”, leyó la diplomada del portal del Inameh, en la sección Índice Estandarizado de Precipitación (SPI, por sus siglas en inglés).

Especificó que de enero a marzo de 2015 – cuando las precipitaciones son relativamente bajas comparándolas con la temporada lluviosa - se registraron valores normales comparados con los promedios históricos de tal período.

“Esto hizo que se ausentara la sequía en casi todo el país, con excepción de los municipios tachirenses Uribante, Sucre y Francisco de Miranda; la zona costera de Sucre y Anzoátegui; e insular de Nueva Esparta, con valores de precipitación por debajo del promedio histórico. Es decir, que hubo un período seco interrumpido y no continuo, como sostiene el gobierno”, enfatizó.

También aseveró que la ocurrencia promedio de El Niño es de uno cada dos años. Entre 2000 y 2015 han ocurrido siete eventos: los más fuertes en 2002-2003, 2009-2010 y el actual, 2015-2016 -, por lo cual, de forma independiente del nivel de afectación, “las autoridades están obligadas a asumirlo en sus cálculos y planificaciones a la hora de establecer cualquier programa de abastecimiento o de empleo del agua”, aseveró.

“Las consecuencias de la sequía sufridas en 2010 fueron mucho más importantes y severas que en 2003, y es que para ese año todavía los embalses, los sistemas de distribución y de tratamiento obedecían a condiciones de mantenimiento que traían la inercia de las administraciones anteriores. Cuando inciden inadecuadas operaciones comienza el colapso y no se ofrece una respuesta óptima a la sequía, tal cual sucede ahora”, subrayó la experta, corroborando que es el deficiente manejo que ejerce el sector público sobre el vital recurso el que torna más compleja la de por sí crítica situación y no un fenómeno climático, de paso, previsible por sus características de recurrencia.

Iris Varela, la sobreviviente del Gabinete

Tal Cual
06-02-2016
PODEROPEDIA


Chávez creó para ella el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en 2011, y ha sido una de las pocas fichas que ha resistido los cambios en el tren ejecutivo

Los seguidores del expresidente Chávez describen a Iris Varela como una valiente militante que defiende con las garras sus ideales.

Para sus detractores, es la antítesis de la mujer venezolana y la personificación de todo lo que no debe ser una figura política. Lleva siempre el cabello ensortijado, el ceño fruncido y los improperios en la punta de la garganta. No le cuesta ofender, acusar, cuestionar y amenazar y, aunque para otros personajes públicos representaría una mancha en su carrera, a Iris Varela su actitud iracunda y personalidad agresiva le alimenta el mito de dama fiel al proceso revolucionario, leal a sus ideales y combativa ante la injusticia.

Aunque ya con un historial largo de víctimas, la Iris Varela intolerante recorrió el país en noviembre de 2007 a través de un video de la Televisora Regional del Táchira, desde donde se grabó su intempestiva presencia durante la transmisión del programa que el periodista tachirense Gustavo Azócar transmitía desde ese medio radicado en San Cristóbal.

Lanzó los muebles al suelo, lo maldijo y lo golpeó en el rostro.

María Iris Varela Rangel nació el 9 de marzo de 1967 en San Cristóbal y tiene 12 hermanos. Desde principios de los 90 manifestó fuertes críticas por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, entonces presidente de la República, y apoyó abiertamente la intentona golpista del 4 de febrero. En una entrevista para TalCual publicada en 2007 aseguró que su padre siempre formó parte del Partido Comunista y que debió crecer soportando los constantes y violentos allanamientos policiales a los que se exponía su familia.

En noviembre de 1992, ya graduada de abogada en la Universidad Católica del Táchira, Varela tuvo un parto por cesárea en la sede de la Cruz Roja de San Cristóbal. Su hijo vivió durante 15 días. En varias entrevistas la política denunció mala praxis médica.

Quince años después de ese parto prematuro, Varela mantuvo la defensa de lo que considera una tragedia personal.

En 2007 el periodista Gustavo Azócar publicó el libro Historias negras de los próceres rojos: la Comandante Fosforito. Allí había un relato llamado La madre que no pudo ser y en la que explica, sostenido con fuentes anónimas y sin evidencias claras, que el comportamiento agresivo y el odio manifiesto de Varela se debe a la muerte de su hijo durante un parto complicado. El hecho enfureció a María Iris, por entonces diputada a la Asamblea Nacional, y provocó destrozos en el plató del programa Café con Azócar.

UN CARGO PARA ELLA

Además de tener una larga lista de agresiones físicas contra políticos y periodistas y de haber propuesto quitarle la nacionalidad venezolana a los extranjeros que no apoyaran el proceso revolucionario, Iris Varela se destaca por haber ganado todas las elecciones parlamentarias a las que se postuló desde 1999 hasta la fecha. En 2011, solo siete meses después de ser electa una vez más diputada por el estado Táchira, Varela dejó su cargo para asumir el ministerio que Hugo Chávez creó para ella: servicios penitenciarios, la única solución que el mandatario nacional encontró como respuesta a la sangrienta crisis carcelaria que se desprendió en el Rodeo I y dejó al descubierto los problemas de hacinamiento, insalubridad y desasistencia gubernamental en la población penitenciaria.

Varela, solo con alguna especialidad en Criminalística, se comprometió a darle solución a los más de 35 mil hombres y mujeres recluidos en los centros de reclusión de la nación. No dejó de generar controversia.

Ahora sus improperios y verbo incendiario habían quedado de lado.

Los medios privados se concentraron en la crisis carcelaria que persistía pese a la creación de un ministerio. Hasta 2013 Varela debió asumir los baños de sangre en La Planta, estado Miranda; Uribana, en Lara; el Centro Penitenciario de Los Andes, en Mérida y Sabaneta, en Maracaibo; motines en la Ciudad Penitenciara de Coro, el internado judicial de Monagas y el centro de arrestos preventivos de Cumaná.

Su política de desalojo penitenciario se repitió en Lara, Zulia y Mérida; generando en sus capitales soluciones rápidas a la extorsión de los reclusos y presencia de grupos parapoliciales al servicio de los líderes negativos de esas cárceles. Pero además, los centros a donde llegaban los miles de reclusos provocaron mayor hacinamiento, como en Tocorón, Tocuyito y la Penitenciaría General de Venezuela. Para acelerar el control penitenciario, Varela presidió la creación y ejecución del plan Cayapa, un programa de censo y revisión de detenidos que incluso podía acelerar el proceso judicial de cada recluso.

Con ello, en 2013 salieron libres más de cuatro mil 500 reclusos en todo el país.

Bajo su gestión, la cárcel de Uribana, hoy llamado David Viloria, y los centros de reclusión de Barinas, Portuguesa y Trujillo están bajo el denominado régimen penitenciario, que se fundamenta en el control del centro por parte del Estado y no de los reclusos. En 2014 Varela volvió a los titulares cuando los internos y familiares del David Viloria sostuvieron un enfrentamiento con los custodios. El hecho dejó un familiar muerto y dejó entrever la brutalidad a la que se someten los delincuentes presos que antes sometían a otros reclusos con menos poder.

A mediados de 2014 y en medio de una aparente tranquilidad carcelaria, a Iris Varela la denuncian de nepotismo al nombrar a su hermana, María del Carmen Varela Rangel, como directora del ministerio de Servicios Penitenciarios. Poco después de publicado ese nombramiento en Gaceta Oficial, denunciaron a Varela por tráfico de influencia y concierto para delinquir.

Abelardo Díaz, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Copei, interpuso una investigación en su contra en la Comisión de Contraloría al demostrar que la ministra otorgó al menos siete obras de forma directa, es decir, sin previa licitación, a la empresa MM Ingeniería y Construcción, C.A., cuyo accionista, según Díaz, es José Gregorio Maldonado Noguera, su exesposo.

Nacionales

Tal Cual

sábado, 6 de febrero de 2016

Comisión de Administración y Servicio de la AN realizó inspección en MBI

Ayer la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional (AN), integrada por las diputadas Mariela Magallanes y Melva Paredes, realizó una inspección en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), donde pudieron constatar la situación que aun persiste con el tema de la recolección de basura en la localidad y otros problemas como el colapso de aguas servidas.

Las diputadas a la AN, Mariela Magallanes y Melva Paredes, realizaron un recorrido por Caña de Azúcar

Magallanes aseguró que entregarán un informe contentivo de datos técnicos, registros fotográficos y testimonios de los habitantes, para que se evaluado el próximo miércoles 10 de febrero por el presidente de la comisión, Stalin González, y demás integrantes, y así avanzar en la solución de los problemas que aquejan a los mariobricenses.

Por su parte, Melva Paredes dijo que se tiene pautado un segundo recorrido donde esperan la participación del gobernador Tareck El Aissami. “Lo que se busca es generar las condiciones para solventar la situación de insalubridad que padece este municipio”, agregó.

De la misma manera, la diputada indicó que la AN está trabajando en los verdaderos problemas del país, lo cuales a su juicio “son generados en gran parte por una crisis política y este municipio no escapa a esa realidad. Desde la institucionalidad se tenderán todos los puentes para que nuestras autoridades entiendan que hay que gobernar para todos”, acotó Paredes.

En este sentido, Mariela Magallanes manifestó que un panorama similar ocurre en otros municipios del estado Aragua, sin embargo explicó que el Parlamento nacional designó la inspección a MBI porque el alcalde Delson Guárate presentó la problemática y solicitó el apoyo de la AN.

Finalmente, Magallanes aseguró que confía que se materialice la entrega de las compactadoras para agilizar la recolección de desechos sólidos y espera que tanto la máxima autoridad de la entidad y el burgomaestre logren unir esfuerzos para trabajar en aras de atender este grave problema.

PÁVEL RAÚL RODRÍGUEZ | elsiglo
Foto | LUIS TORRES

Simón Calzadilla llevará a la AN situaciones irregulares de Aragua

El Periodiquito
Viernes, 05 febrero a las 19:11:28


Condenó “descomposición social actual” e indicó que la MUD estudia medidas constitucionales para cambiar el gobierno en caso de que no se acate la rectificación que demanda el país

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Simón Calzadilla, informó que las situaciones irregulares suscitadas recientemente en el estado Araguaserán incluidas investigaciones en el Parlamento venezolano. Señaló que es obligación del organismo esclarecer los hechos, y hablarle con la verdad a la población.

El diputado electo por el circuito 4 de la entidad, se refirió en principio a la “ausencia de alimentos en algunos municipios”, haciendo mención al caso de Barbacoas, donde los habitantes denuncian que se ven en la necesidad de trasladarse a localidades vecinas para adquirir provisiones, en vista de la presunta falla de distribución.

Por otra parte, el legislador también se pronuncióacerca de la tensa situaciónque paralizó las actividades del norte de la capital aragüeña el pasado jueves ante la difusión de un amenazante panfleto anónimo. “En Maracay el hampa controla y se da el tupé de decretar toque de queda para darle honores a un miembro de bandas hamponiles”, denunció. A su juicio, el hecho demuestra no sólo el auge de la delincuencia, sino el creciente poder que maneja el crimen organizado.

“Este gobierno va a tener que seriamente reconocer sus errores y cambiar, o definitivamente tenemos que allanar los mecanismos constitucionales para producir a la brevedad un cambio de gobierno en nuestra nación”, sentenció el segundo vicepresidente del Parlamento nacional desde el norte de Maracay.

Katherine Medina
Foto archivo

Siguen agotando las vías de ayuda: Profesores elevarán ante la AN diagnóstico del sector

El Periodiquito
Viernes, 05 febrero a las 18:46:19


Tienen una semana para preparar el informe que expondrán ante el Parlamento nacional

Este viernes, los docentes y representantes sindicales del gremio en Aragua se reunieron con el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Castellanos, en función de preparar un diagnóstico de los problemas por los cuales atraviesan los educadores en la entidad y levantar un informe que será presentado en la plenaria del parlamento.

El diputado, explicó que los profesores tienen hasta el próximo miércoles para realizar está evaluación, la cual presentarán en la asamblea en una intervención de 15 minutos para la Intergremial y l5 para os sindicatos, en función de detallar no solo los inconvenientes, sino también las propuestas que tienen “para solucionar las trabas que por muchos años han tenido”.

Los educadores adelantaron que en el informe, el cual constará de al menos 11 puntos, plasmarán realidades relacionadas con el HCM, la violación a los derechos de los sindicatos, infraestructuras de los colegios, entre otros, además del escenario salarial.

Castellanos añadió, que desde la Asamblea Nacional, exhortaron a los docentes a darles un voto de confianza antes de decidir irse a paro, puesto que está en agenda la interpelación del Ministro de Educación.

Glorianny González
Foto: Pablo Ramos

Opiniones

Caricaturas






Gobierno obligó al BCV a financiar el desastre

Tal Cual
06-02-2016
MAYELA ARMAS


Por cambios legales, el instituto emisor fabrica más bolívares para cubrir el déficit del Gobierno, lo que genera una mayor presión a los precios, y para este año la inflación la proyectan en 760%

La Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) a lo largo de 13 años ha tenido seis reformas que permitieron al instituto emisor ser una fuente de financiamiento del fisco nacional, ajustar la composición de las reservas internacionales para incluir los yuanes, ocultar cifras y saltarse la opinión del Parlamento para la designación de su directorio.

Parte de los cambios han obedecido a las presiones del Ejecutivo, las cuales arrancaron en el 2000 cuando las autoridades solicitaron la entrega de ganancias cambiarias para financiar un plan de desarrollo. La urgencia por emplear esas utilidades con más frecuencia llevó a que la Ley del BCV en 2002 tuviera una modificación y así el Gobierno pudo recibir los recursos diferencial cambiario con rapidez.

Pero las necesidades financieras del fisco en los ejercicios siguientes fueron mayores y desde 2005 aumentaron las demandas al Central, que ya no solo transfiere utilidades sino que traspasa reservas y canaliza fondos a través de diversas vías.

DEL "MILLARDITO" A LOS 48 MILLARDOS

En 2004 el expresidente Hugo Chávez le pidió al BCV la entrega de un "millardito" de dólares de las reservas internacionales con el fin de apoyar al sector agrícola. La directiva del ente emisor se negó al traspaso de los recursos y autorizó la canalización de los fondos a través de las operaciones previstas en la ley de ese momento, de modo que sería la banca la encargada de dar los créditos al agro. Pero ante la insistencia de Chávez de usar otras fuentes, Pdvsa creó un fondo especial, denominado Fondespa, para atender los otros proyectos oficiales.

Sin embargo, las presiones sobre el BCV no cesaron y en 2005 se reformó el marco legal para constituir el Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional).

Con el objetivo de alimentar ese esquema se decidió que Pdvsa vendiera parte de sus divisas al BCV y que el remanente lo colocara en el mecanismo. Al ente emisor se le estableció la obligación de realizar aportes al esquema, por lo cual en el texto se incorporó la estimación del nivel adecuado de reservas, de manera para que todo lo que estuviera por encima de ese tope (excedentes) fuera al Fonden.

El economista, Orlando Ochoa, señala que "esta ha sido uno de los cambios más graves porque se le puso un techo a las reservas y se dio una vía libre para usar recursos extraordinarios sin control".

Efectivamente, en nueve años el BCV traspasó al Fonden 49 millardos de dólares y Pdvsa le asignó 81,8 millardos de dólares. Dichos recursos se han empleado con opacidad. Aunque están orientados a proyectos, se desconoce su proceso de ejecución.

FINANCIAR A LA PETROLERA

Para el Gobierno ese cambio de 2005 no fue suficiente. En 2009 hubo una caída de los ingresos petroleros y si bien en el segundo semestre de ese año los precios se recuperaron, nuevamente se utilizó la vía legal para obligar al BCV a canalizar recursos al fisco y a Pdvsa.

En la modificación se facultó al instituto emisor a comprar papeles de la industria petrolera. Tras ese cambio legal, el Central ha estado otorgando financiamientos a la estatal y a otras empresas públicas y la asistencia financiera hasta diciembre de 2015 alcanzó los 875 millardos de bolívares, de acuerdo con los cifras del BCV.

Ochoa indica que ello viola el artículo 320 de la Constitución que establece que el Estado debe velar por la estabilidad monetaria y de precios, y que el Banco Central no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo. Agrega que "para Chávez el BCV tenía que ser colaborador. Nunca comprendió la autonomía".

Ese financiamiento a las empresas del Estado ha implicado la fabricación de bolívares para cubrir el déficit del sector público y al inyectar más dinero en la economía se genera más presión a los precios. Los datos del ente emisor revelan que la inflación anualizada a septiembre de 2015 fue de 141,5%, la más alta en 64 años. Para este año el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que será de 760%, de manera que Venezuela está en hiperinflación.

CRÉDITOS DIRECTOS

Además de los cambios para financiar el déficit de las industrias estatales, en 2010 la Ley del BCV volvió a ser objeto de otra reforma para continuar atendiendo los requerimientos del Gobierno.

Las modificaciones permitieron al ente emisor ser una de las fuentes de financiamientos de proyectos económicos. El texto aprobado en ese año dice que el instituto emisor "puede otorgar créditos directos a los programas de los sectores productivos".

DIAMANTES Y YUANES EN LAS RESERVAS

En noviembre de 2014, y a través de Habilitante, se modificó por quinta vez la Ley del BCV a fin de sumar a las reservas, además de oro amonedado; depósitos y títulos en moneda de reserva emitidos por instituciones financieras del exterior; derechos especiales de giro y la posición crediticia neta en el Fondo Monetario Internacional, otros bienes.

Estos nuevos activos son: diamantes y demás piedras o metales preciosos u otros bienes objeto de transacción en los mercados financieros internacionales que hubieran sido calificados como activos de reserva por el directorio del Banco y que estén depositados en sus propias bóvedas o en instituciones financieras del exterior.

Adicional a ello se indica que "se considerará como moneda de reserva a las divisas libremente convertibles y de aceptación universal, así como aquellas monedas extranjeras de fácil conversión en divisas en las plazas internacionales y que sean empleadas como monedas de cuenta o de pago en compromisos asumidos por la República de Venezuela". Esto permitió sumar los yuanes a los activos del BCV.

LA OPACIDAD

Maduro, otra vez usando los poderes especiales, modifica la Ley del Banco Central de Venezuela con lo cual el Parlamento ya no podrá remover al directorio del BCV y el instituto queda facultado para ocultar información.

En el marco legal anterior se establecía que el nombramiento de la cabeza del BCV lo hacía el Presidente de la República, y luego era avalado por la mayoría de la Asamblea Nacional.

En el nuevo instrumento legal no se requiere de la aprobación de los diputados, lo cual también aplica para el resto del directorio. En la vieja Ley, los parlamentarios tenían potestad para designar a dos miembros del directorio, mientras que en la nueva, el Presidente de la República los nombra a todos.

La reforma va más allá. Los diputados tampoco pueden remover al directorio. La Ley que estuvo vigente hasta el 29 de diciembre indicaba que el Presidente enviaba la remoción a la AN y dicho procedimiento tenía que ser autorizado por las dos terceras partes. La modificación indica que solamente el Presidente puede decidir la salida de los directores del BCV. Estos aspectos incumplen con lo previsto en las disposiciones de la Carta Magna.

En el transcurso de 2015 el Banco Central se retrasó en la publicación de información, pero ahora el BCV está en capacidad de ocultar las cifras. La Ley dice que "cuando sea requerido por el Ejecutivo el BCV podrá hacer uso de sus facultades para suspender transitoriamente la publicación de información por el período durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad económica de la Nación".

¿Sabe cuánto gana un diputado de la Asamblea Nacional?

Tal Cual
05-02-2016
SATYA TORO/ STORO@EL-NACIONAL.COM


Un parlamentario necesita casi cuatro salarios para cubrir la Cesta Básica Familiar. Aún no se tiene previsto un nuevo ajuste

Los políticos muchas veces son sobreestimados, vistos como personas poderosas, por encima del resto del pueblo, ajenos a la realidad del país. Muchos pensarán que los diputados reciben un salario considerable por el solo hecho de participar en el Parlamento, la verdad es que sus ingresos no superan los 57.000 bolívares entre sueldo y viáticos.

El 1 de noviembre de 2015, la Ley de Emolumentos de Altos Funcionarios del Poder Público estableció un ajuste de 38.592,72 bolívares a los integrantes del Poder Legislativo. Aún no se tiene previsto un nuevo ajuste que beneficie a los trabajadores del Palacio Federal Legislativo.

Cabe destacar que, actualmente, la Canasta Básica Familiar se encuentra en 139.274 bolívares.

Los viáticos varían según el estado de los diputados

Los viáticos son ingresos extra para que los parlamentarios puedan pagar viajes aéreos, hospedaje y comidas, al momento de tener que ir a Caracas para participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias.

Los diputados pertenecientes al Distrito Capital, por ser la sede de la Asamblea Nacional, reciben un ingreso extra de 10.350. Mientras que los de Delta Amacuro obtienen 18.300 bolívares en viáticos.

Por otro lado, los diputados por Zulia, Lara, Táchira, Portuguesa, Guárico, Anzoátegui y representación indígena obtendrían un total de 17.250 por este concepto.

Sueldo del parlamentario venezolano es insuficiente

El diputado Luis Florido, en una entrevista concedida a El Nacional Web, detalló: “En toda Latinoamérica, los diputados que menos ganan son los de Bolivia. Los de Brasil son los que más ganan, su sueldo puede llegar a 15.000 dólares".

“Nosotros aquí ganamos alrededor de 38.000 bolívares, si lo divides al valor del dólar no oficial, que son 1.000 bolívares, serían 38 dólares mensuales (…) Si lo divides entre 200 bolívares, mercado Simadi, el salario sería inferior a 200 dólares. Nadie en Venezuela está ganando sueldo digno, aun así si a eso le sumamos los viáticos que se van en hospedajes y comidas, todavía seguiría siendo un mal sueldo”, agregó.

Florido insistió que vive de sus emprendimientos y que no eligió ser parlamentario para tener un buen sueldo. “Nosotros no estamos preocupados por nuestros salarios, sino por los de los trabajadores venezolanos”.

Por su parte, el diputado Américo de Grazia indicó que el costo de transporte aéreo, hospedajes y comidas superan las ganancias de los parlamentarios en viáticos. “Ese sueldo no alcanza para nada”.

De Grazia calculó: “Si necesitamos 2.000 bolívares para comer por tres días y dos noches, serían 9.000 por semana y 36.000 mensual. Un hotel dos estrellas cerca de la plaza Bolívar cuesta 7.000 la noche, dos noches por cuatro semanas suman 56.000 bolívares. La sumatoria alcanzaría los 200.000 bolívares”.

Los diputados nuevos aún no cobran sus sueldos

Américo de Grazia, a diferencia de Florido, destacó que él sí ha cobrado su sueldo correspondiente. Detalló que todos los diputados reelectos continúan en la nómina y reciben sus salarios con normalidad.

Se refirió a casos como los de Luis Florido, quien aún no ha cobrado su sueldo desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional. “Estimo que los nuevos aún no han entrado en nómina”.

Los miembros del Parlamento explicaron que algunos de ellos pueden hacer otros tipos de actividades para ganar dinero extra, siempre que no sean a dedicación exclusiva.

El reglamento interno establece que pueden ser docentes o asistenciales, como médicos, es decir, que no pueden recibir otro tipo de ingresos.

Vea los sí y los no ante el aumento del número de magistrados en el TSJ

Tal Cual
05-02-2016
Lorena Meléndez G. / RunRun.es


Abogados están convencidos de que el actual tribunal anulará o rechazará la decisión que tome la AN sobre los magistrados designados el 23 de diciembre

La discusión se prolongó durante casi una hora y el detonante fue una pregunta del diputado Stalin González. El tema que puso en el tapete fue la posibilidad de que se ampliara el número de togas en la Sala Constitucional de la máxima corte venezolana y sobre esto respondieron los especialistas en derecho y miembros de las ONG invitadas a la reunión de los miércoles de la Comisión Especial para investigar y evaluar la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Tras el planteamiento, las posturas comenzaron a encontrarse casi de inmediato.

Horas antes se había conversado sobre las irregularidades ocurridas en el proceso de elecciones de los magistrados que ascendieron al TSJ el pasado 23 de diciembre y, entre los argumentos, se dejaron colar las voces de quienes afirmaban que, cualquiera que fuese la decisión del Parlamento sobre este asunto, sería anulada o rechazada. Por eso, discernir sobre una vía alterna, no estaba de más.

Aunque los abogados coincidían en que el TSJ carecía de la institucionalidad necesaria para dictar sentencias equilibradas y alejadas del sesgo rojo que les había caracterizado en los últimos años, no todos estaban de acuerdo con que la ampliación de la Sala Constitucional fuera la salida para que se recobrase la democracia dentro del Poder Judicial.

Legitimación de los magistrados designados, gastos excesivos en tiempos de crisis y dudas sobre la independencia de los nuevos ingresos fueron algunos de los argumentos en contra. Por el otro lado, se debatía la urgencia de una medida política dentro de un organismo que se considera partidizado.

Lo cierto es que tal ampliación sólo es posible si se reforma la Ley Orgánica del TSJ que, de acuerdo con el diputado Carlos Berrizbeitia, entrará en discusión este mes, el mismo en el que se presentará el informe que contiene la investigación parlamentaria que se sigue a las togas designadas en diciembre pasado.

Al respecto, Berrizbeitia adelantó que se tiene contemplado que en las próximas reuniones de la Comisión Especial se invite a los miembros del Comité de Postulaciones y también a los juristas que se jubilaron por adelantado el año pasado.

“Lamentablemente, con cada día que pasa y que revisamos el expediente, vemos más violaciones flagrantes a la Constitución, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Hay muchísimos vicios en el proceso, de todo tipo, y esto orienta a que ese proceso fue hecho de manera rápida, sin argumentos y con la venia de la antigua asamblea”, afirmó el diputado.

Argumentos a favor

Rafael Chavero – Profesor de Derecho Público
Para el especialista en Derecho Público, no hay otra forma de “recuperar”, a corto plazo, la institucionalidad. Considera que la decisión de ampliar el número de magistrados en el TSJ es un “mecanismo de supervivencia y de recuperación democrática” que busca “neutralizar” las operaciones políticas del máximo tribunal venezolano.

“El nivel de malandraje que hemos sufrido en los últimos años no nos puede permitir salir a pelear con guantes de seda. Es meternos en un ring de boxeo, con toda protección, a pelear con alguien que tiene una ametralladora”, dijo el abogado, quien recalcó que la decisión que se tome debe ser política.

“Cada vez que duden sobre esto, lean la sentencia de la Sala Electoral del 30 de diciembre del año pasado y vean si hay algún vestigio de legalidad”, apuntó.

Claudia Nikken – Centro de Estudios de Derecho Público de Unimet
La profesora universitaria pidió que se dejara la ingenuidad sobre lo que sucede actualmente dentro del TSJ y advirtió que no se debe perder de vista que tanto la Sala Constitucional como la Sala Político Administrativa de esa instancia toman decisiones políticas con el fin de controlar al Gobierno y a la Asamblea Nacional.

Sin embargo, alertó que lo que se debe evitar es que estas mismas decisiones políticas se politicen o partidicen.

“Para restablecer el estado de derecho que no tenemos, habrá que tomar algunas decisiones jurídicas con cierto tinte político”, añadió.

Recalcó que la decisión de esta ampliación debe mirarse desde distintas ópticas, estar apegada a la Constitución y poner su foco en la necesidad de “salir de este escollo político”.

Fernando Ovalles – Foro Penal Venezolano
Aunque estuvo de acuerdo con la disminución de la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia debido al esfuerzo que representa para el Estado mantener a más funcionarios públicos en un país “quebrado”, aclaró que este sólo era un problema de carácter técnico al que se le debía buscar una solución.

“Si lo vemos desde ese punto de vista, posiblemente no sea conveniente elegir una mayor cantidad de magistrados. Pero la situación histórica que estamos viviendo amerita que la mayoría que el pueblo eligió el 6 de diciembre, también debería llevarse hasta el TSJ. Si ese es el único camino y esta es una decisión política, yo estoy de acuerdo”, afirmó el abogado especializado en temas penales.

Por qué oponerse

Laura Louza – Acceso a la Justicia
Louza recomendó que el paso se estudiara muy bien antes de llevarse a cabo y que la decisión, además de estar sostenida en el obligatorio respeto al Estado de Derecho, también debía tomar en cuenta la eficiencia que tendría el TSJ con un mayor número de magistrados.

“Mientras más personas toman una decisión en un determinado momento, más costos de transacciones hay, porque evidentemente ponerse de acuerdo no es fácil”, aseguró luego de recordar que las estadísticas, desde 2000, reflejan que las Salas dictan menos sentencias de las que deberían. Todo contribuiría, de acuerdo a este razonamiento, a que haya aún más retardo en los procesos judiciales.

Además, recordó que en tiempos de crisis se habla de un necesario recorte de gastos que no podría producirse si se incluyen más togas el máximo tribunal. A esto se suma el problema del lugar, ya que en el edificio actual no hay más espacio.

Alfredo Romero – Foro Penal Venezolano
El abogado y director ejecutivo de la ONG rechazó que esta sea la medida indicada para que el máximo tribunal vuelva a la institucionalidad.

“Yo creo que para tomar esa decisión, sustentada en la ley, tiene que haber fundamento muy fuerte que vaya más allá de decir que los magistrados van a anular cualquier decisión que se tome en la Asamblea Nacional. Hay que dejar constancia por medio de discusiones y acuerdos del porqué se toma esa decisión considerando que, efectivamente, no hay independencia dentro del Poder Judicial”, señaló.

Si la ampliación llegara a aplicarse, Romero dice que este paso “puede ser muy criticado”.

“A mí me da un poco de dolor de estómago pensar que van a hacer lo mismo que critiqué de una manera muy contundente, cuando lo hizo anteriormente el chavismo para conquistar el TSJ en 2004”, agregó en su intervención.

Luis Alfonso Herrera – ONG Un Estado de Derecho
El informe entregado a la comisión de la AN por esta organización advierte los riesgos de esta decisión. Entre estos, mencionan que la inclusión de los magistrados podría permitir que el control de la Sala Plena siga en manos del oficialismo y que se corre el riesgo de aumentar los “superpoderes” de la Sala Constitucional, además de arrojar dudas sobre la independencia de las nuevas togas.

Herrera indicó que va a llegar el momento en el cual el Poder Legislativo deberá manifestar al máximo tribunal que no está “dispuesto a cumplir con disposiciones políticas que no son sentencias” y que desde el hemiciclo se debe anunciar al país y a las organizaciones internacionales que cualquier paso que se da, en este sentido, es para “tratar de tener un tribunal independiente. Para que la AN sea controlada por una instancia independiente y no por un partido político.

Humberto Njaim – Profesor de Unimet
Para el experto en derecho, hacer que ingresen más magistrados al TSJ significaría legitimar a quienes fueron juramentados el pasado 23 de diciembre, luego de un proceso cuestionado desde la instalación del Comité de Postulaciones que evaluó a los candidatos.

Además, planteó que las nuevas togas que entren al máximo tribunal luego de esta ampliación, serán vistas como aliadas de la oposición, lo que les dará un sesgo que más bien debe ser erradicado dentro del Poder Judicial.

“Van a tener un criterio político contrario al de los magistrados que ya están dentro de los tribunales y eso sería, a mi modo de ver, perjudicial ante la opinión pública”, detalló.

Aunque admitió que la propuesta de ampliación tiene un “gran atractivo político”, señaló que esta sería una medida engañosa porque difícilmente podría bloquear las decisiones de la Sala Plena.

Oposición pide la renuncia de los directivos del BCV

Tal Cual
05-02-2016
El NACIONAL


Comisión de Finanzas propuso a la AN iniciar la semana próxima la discusión de la reforma de la Ley del BCV y acotaron que “si los directivos del Banco Central tuvieran algo de vergüenza, deberían renunciar por tener un manejo irresponsable”

La mayoría parlamentaria, integrada por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, aprobó iniciar la semana próxima la discusión de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela. La propuesta fue hecha por el presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina (Primero Justicia), quien cuestionó lo que considera “un manejo irresponsable” de las reservas internacionales por el gobierno.

Marquina sostuvo que la norma aprobada por el presidente Nicolás Maduro es inconstitucional porque suprimió la autonomía del BCV y la potestad del Poder Legislativo de autorizar al presidente y nombrar la mitad de la directiva del ente emisor.

En el debate Elías Matta (Un Nuevo Tiempo), dijo que “si los directivos del Banco Central tuvieran algo de vergüenza, deberían renunciar”, y afirmó que Nelson Merentes debe ser destituido por los desaciertos en varios cargos del área económica.

Destacó que la inflación es igual a pobreza y refirió que desde 2009 hasta 2015 la inflación acumulada se ubicó en 7.931%. “Inflación es pobreza. ¡Dejen ya la ridiculez! Aquí estamos mal porque ustedes han destruido nuestra capacidad productiva, destruyeron nuestra moneda, los bolívares ya parecen unos billetes de monopolio”, señaló Matta a sus homólogos del Gran Polo Patriótico, a quienes fustigó por su discurso de “guerra económica”.

Marquina aseguró que la deuda de Pdvsa con el Banco Central es de 927.000 millones de bolívares. Indicó que esa cifra representa 9 veces el monto de las reservas internacionales y solicitó urgencia para la reforma de la Ley del BCV.

Nacionales

Tal Cual

viernes, 5 de febrero de 2016

Instalada el miércoles: Subcomisión de la AN atenderá contaminación del agua en Ribas

El Periodiquito
Jueves, 04 febrero a las 19:23:24


La diputada electa por el circuito 4 del estado Aragua, Karin Salanova, introdujo el caso a la agenda del Parlamento Nacional

La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Julio César Reyes, nombró una subcomisión encargada de atender el caso de contaminación por hidrocarburos del agua en el municipio Ribas del estado Aragua.

El legislador Carlos González preside el equipo, instalado el pasado miércoles y lo integran Jesús Montilla, y el presidente de la subcomisión de recursos naturales, Luis Parra. La parlamentaria Karin Salanova, quien ha encabezado las denuncias e introducido el caso al debate de la AN, está incorporada en la subcomisión, al igual que el resto de los diputados electos de la entidad.

Un conjunto técnico de especialistas, en el que participa un comisionado de Pdvsa, nutrirá el trabajo de este organismo, con miras a identificar el impacto ambiental generado y concretar el saneamiento demandado por la población de La Victoria.

De acuerdo con las autoridades regionales, 4 estaciones de servicio han paralizado sus funciones en la referida jurisdicción, luego de que estudios científicos realizados a dos pozos de agua pertenecientes al sector privado arrojara trazas de hidrocarburo en el vital líquido, no apto para el consumo humano debido a su condición.

Katherine Medina
Foto Archivo

Regionales

El Periodiquito