ATENCIÓN USUARIOS DE ARAGUA SIN MIEDO

La computadora desde donde actualizamos la página web de la organización y publicamos los anuncios de los eventos está dañada desde la mañana del domingo 12 de marzo de 2017, por lo que les informamos que haremos una pausa técnica en la actualización mientras resolvemos los inconvenientes. Gracias por su atención!!!
Mostrando entradas con la etiqueta Caso. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Caso. Mostrar todas las entradas

sábado, 11 de marzo de 2017

INFOGRAFÍA: A la noche caraqueña la obligaron a firmar su acta de defunción

Runrunes
Por Yeannaly Fermin
Fecha: 10/03/2017


Francisco Zambrano
@franzambranor
Infografía: Juan Carlos Hernández
@jhernandezgraph


En las calles, centros comerciales, plazas y discotecas de Caracas, después de las 7 de la noche ya no se aprecia tanta gente como en años anteriores, los altos precios de los productos y la inseguridad juegan un papel fundamental a la hora de tomar la peligrosa decisión de salir a distraerse un rato.

Jóvenes y adultos han cambiado drásticamente sus costumbres y estilos de vida. En la actualidad es muy común escuchar que las personas prefieren rumbear en una casa que ir a cualquier lugar nocturno donde su seguridad y su bolsillo estarán en riesgo.

Las cifras de violencia en Venezuela están aumentando considerablemente cada año que pasa. Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, en el 2016 se registraron 28.479 homicidios, cifra que superó las 27.875 muertes violentas que se reportaron en el 2015.

Edgardo Rangel, estudiante universitario de 24 años comentó que ya no puede salir a divertirse con sus amigos debido a la inseguridad que azota a Caracas. “Ya no me gusta salir de noche, he presenciado varios robos saliendo de las discotecas, es preferible ir a la casa de cualquier amigo y quedarnos, además ahorramos mucho dinero”, dijo Rangel.

La población venezolana tiene temor a ser víctima del hampa común por esto es que han adoptado varias medidas para protegerse. Johanna Rincones, estudiante universitaria de 25 años de edad relató que trata de salir antes de las 5 pm y acompañada por sus amigos del recinto universitario ubicado en Los Dos Caminos; también que evita sacar el celular en la calle.

Los robos y secuestros aumentaron considerablemente en el año 2016, aunque disminuyeron las denuncias con respecto al año 2015. Cifras de la Policía Judicial conocidas extraoficialmente, revelaron que durante el primer semestre del 2016 fueron denunciados 7212 robos. Esto según un trabajo publicado por el periodista Javier Mayorca.

Recientemente el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Miguel Matheus, presentó un informe en donde señala las causas que ubican al país como el más violento. Entre ellas destacan: la perversión del Poder Judicial, una impunidad galopante (98 %); presencia de narcotráfico en el Estado, y por último la corrupción del sistema penitenciario.


Quedarse en casa porque no hay para salir

Javier solía salir a “rumbear” todos los fines de semana, mientras estudiaba en la universidad el dinero le alcanzaba para irse de farra con sus amigos, ingerir aguardiente en cualquier local y amanecer en la calle era algo sumamente natural y no afectaba su presupuesto. Pero ahora casado y con dos hijos la vida es distinta, aunque frecuentaba los sitios de su soltería “una vez a la cuaresma”, hoy en día se despidió definitivamente de la vida nocturna. La inseguridad y su miserable salario no le alcanzan ni para comprarse una caja de cerveza y tomársela en casa. “Si hago eso, entonces no pago colegio, condominio ni el cable”, se queja el ingeniero devenido a docente universitario.

No solo la de Javier, la vida de miles de jóvenes y no tan jóvenes ha dado un giro acelerado en los últimos años, los momentos de esparcimiento con amigos y familiares cada vez son más austeros, el sueldo del venezolano no alcanza para salir viernes y sábado como otrora. “Lo máximo que hago ahora es comprarme un six pack y comprar una película para verla en la casa, después de las seis de la tarde ni de broma salgo”.

“Ya ni al cine uno puede ir, las entradas están caras y de regreso a casa te pueden atracar”, prosigue. Las salas de cine caraqueñas optaron hace años por eliminar las míticas funciones de medianoche, la exhibición mas tardía en una jornada común y corriente es a las 9 y 30 de la noche, dependiendo del sector.

La inflación no perdona y por supuesto los precios en los establecimientos nocturnos de Caracas se han disparado. “No se cuando fue la ultima vez que me tomé una cerveza en la calle, es una locura todo esto, era la única distracción que teníamos”, se queja Julio, TSU en Mercadoctenia que aspira emigrar antes de culminar el año.

A los locales también les ha caído la hoz del ángel exterminador de la inflación. María Díaz, empleada de la Fuente de Soda “El León” es testigo de la merma de clientes en los meses anteriores. “Por supuesto que ya no sigue viniendo la misma gente, antes vendíamos cajas de cervezas enteras, ahora la mayoría de la gente que viene se toma dos o tres y se va, como todo, hay días buenos y otros malos, se hace lo que se puede, todos estamos remando en este barco”.

Díaz igualmente alega que la poca afluencia de personas y la inseguridad han obligado a bajar la santamaría más temprano. “Anteriormente estábamos abiertos hasta las tres de mañana, ahora hay días que cerramos temprano, especialmente los días de semana”.

“Es un problema el hecho de no conseguir los insumos para vender, cuando no es una cosa es otra, la cerveza está al mismo precio que en todas partes”.

Mientras mesoneros entran y salen de la parte interior del local, María cobra, factura y saca cuentas. “Hay que seguir trabajando, no queda de otra, con la esperanza de que la cosa mejore algún día”.

Restricciones migratorias aumentan incertidumbre de venezolanos en Panamá

Runrunes
Por Mariángela Velásquez
Fecha: 10/03/2017


La negativa de Panamá de permitir el reingreso de una centena de venezolanos que cruzaron la frontera con Costa Rica para prolongar su estatus migratorio de turistas reanimó la polémica sobre el tema y generó incertidumbre entre los extranjeros que no han regularizado su residencia en este país centroamericano.

El diario El Venezolano de Panamá informó el viernes que la situación en Paso Canoas, población fronteriza con Costa Rica ubicada en la provincia de Chiriquí, volvió a la normalidad, luego que los venezolanos que se encontraban varados lograran entrar a Panamá después de probar a las autoridades que se encontraban en el país como turistas, o continuaron su viaje hasta San José de Costa Rica, desde donde regresarán a Caracas.

El director del Servicio Nacional de Migración (SNM), Javier Carrillo, negó el miércoles a TVN Noticias la existencia de una “aglomeración “ de venezolanos en Paso Canoas, donde han ocurrido importantes crisis de migrantes en el pasado.

Hasta las nuevas medidas adoptadas por el SNM a finales de febrero, un importante grupo de venezolanos, colombianos y nicaragüenses viajaban a Costa Rica cada seis meses con el único objetivo de cruzar la frontera para estampar su pasaporte y regresar, lo que les permitía permanecer en Panamá como turistas y evadir la multa de 50 dólares mensuales impuesta a los que sobrepasan ese límite.

Carrillo explicó que los inspectores de migración aprovecharon el aumento de tránsito por la frontera por el asueto de Carnaval para explorar la situación de los viajeros mediante las entrevistas que se realizan durante la solicitud del ingreso. Los venezolanos rechazados habrían admitido que trabajaban de manera ilegal en Panamá o no pudieron demostrar ingresos suficientes para mantenerse largas temporadas en el Istmo como turistas.

La máxima autoridad migratoria declaró que comprende que hay personas que vienen a Panamá a trabajar y a contribuir con el desarrollo del país, pero su deber es regular y ordenar ese proceso, por eso invitó a todos los extranjeros que deseen legalizar su situación migratoria a inscribirse en un pre registroque se encuentra en la página web del Servicio Nacional de Migración para determinar cuántas personas tienen interés en permanecer en el país.

Advirtió, sin embargo, que el preregistro es una especie de censo, que no otorga la legalidad a los anotados.

La travesía inconclusa

Ronald Iván Rojas expresó a la televisión nacional panameña su frustración por haber sido uno de los que no habían podido regresar a Panamá. Rojas aseguró que él es realmente un turista y que sus gastos son cubiertos por su madre y sus hermanas que viven fuera de Venezuela.

“No me quieren dejar entrar a Panamá y yo soy turista. Estoy mostrando los 500 dólares y me acaban de mandar 300 euros de Luxemburgo para entrar a Panamá. Entonces,¿Por qué tiene que ser tan injustos con uno?”.

Salir de Panamá por carretera hacia Costa Rica era hasta la semana pasada la opción más popular para permanecer dentro de los límites de lo legal.

El boleto de autobús Ciudad de Panamá a Paso Canoas cuesta 50 dólares, las tarifas de los hoteles baratos rondan los 25 dólares. Del lado panameño, hay franquicias de comida rápida donde hay combos de 4 y 5 dólares. También se encuentran supermercados donde los viajeros se abastecen de alimentos básicos para almorzar y cenar. Del lado costarricense sólo hay tascas y restaurantes que cobran un precios promedio de unos 10 dólares por persona.

La mayoría de los venezolanos que se encontraban varados en Paso Canoas llevaban el presupuesto justo para pasar las 72 horas mínimas reglamentarias, que alcanzarían los 275 dólares. Pero para pasar los 15 días en la frontera podría costar hasta 900 dólares.

La venezolana Abel Mertein declaró al diario La Prensa que muchos de sus compatriotas se quedaron sin dinero después de intentar hasta cuatro veces el ingreso a Panamá, por lo que tuvieron que pedir ayuda a sus familiares y amigos para regresar a su país por Costa Rica.

Decenas de venezolanos que viven en Panamá varados en frontera con Costa Rica

Me quedo sin papeles

Morela Díaz ha cruzado la frontera dos veces. La primera vez hizo el viaje de ida y vuelta en un día. Seis meses más tarde tuvo que esperar 72 horas en la parte costarricense por nuevas disposiciones del SNM y ahora prefiere quedarse ilegal que regresar a Paso Canoas. El elevado costo de la vida en Panamá, sumado al dinero que envía a sus familia en Venezuela, le ha impedido tener los fondos suficientes para iniciar un proceso migratorio que puede sumar varios miles de dólares.

Sumary Villareal, de 37 años, llegó a Panamá hace 8 meses y no está en sus planes regresar a mediano plazo. Trabaja de manicurista y realiza ocasionales trabajos de limpieza doméstica para mantener a sus 4 hijos, quienes viven en Caracas con su papá. Al terminar su jornada guarda lo justo para sus gastos y el resto del dinero lo manda para asegurar la comida de sus niños.

La vida de Villareal no es ajena a las penurias. Cuenta que en 1999, su casita fue arrasada por el deslave de Vargas. Fue reubicada en un refugio durante 3 años y luego recibió un crédito del gobierno para comprar un pequeño apartamento en Parque Central donde aún están sus hijos.

“Extraño tanto a mis hijos que a veces siento que me voy a volver loca. Pero prefiero estar lejos y mandarles para que tengan comida y lo que necesitan para el colegio. Si estuviera allá estaríamos todos pasando hambre”.

Otra vez para La Habana

Otra situación que ha cambiado drásticamente es la de los migrantes cubanos. Durante años, los cubanos que ingresaban a Panamá no tenían ningún interés en permanecer en su territorio. Ingresaban por el Darién provenientes de otros países suramericanos, atravesaban de punta a punta el país, e intentaban continuar su camino al norte.

Sin embargo, en 2016 la cifra de cubanos en los refugios de Paso Canoas superó los dos mil, ante la negativa de Nicaragua de permitir el flujo migratorio de caribeños. Su situación empeoró aún más cuando el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogó la ley Wet Foot, Dry Foot que les otorgaba asilo inmediato si llegaban a territorio estadounidense por tierra. Y a principios de marzo, La Habana y Panamá afinaban un memorándum de entendimiento para deportar a la isla a los 500 cubanos que permanecen en el Istmo.

Lo que dicen los panameños

Las medidas adoptadas por el SNM para controlar el reingreso de extranjeros por la frontera costarricense ha sido aplaudida por los panameños, quienes piensan que el gobierno debe frenar la inmigración para mantener el orden en el país y proteger los puestos de empleo.

“La situación de Venezuela es triste, ¿Pero qué culpa tenemos nosotros que ni tenemos que ver con el gobierno que tiene al país en tal situación? En ningún país del mundo puedes estar de ilegal sin consecuencias. Qué más quisiera yo que emigrar a un lugar con mejor futuro”, dijo la panameña Aileen Giselle al responder sobre un comentario en Facebook acerca de la grave situación venezolana.

Panamá: Donde las sonrisas ya no son gratis para los venezolanos

Representantes de los gremios profesionales son entrevistados con frecuencia en la televisión nacional para denunciar la proliferación de extranjeros ilegales en el mercado laboral.

La Federación de Asociaciones de Profesionales Panameños ha denunciado reiteradamente la contratación de especialistas extranjeros en áreas reservadas exclusivamente para personas nacidas o nacionalizadas en Panamá, como todas las áreas de salud, arquitectura, ingeniería, periodismo, educación, economía, psicología, contabilidad y considera que tales prácticas atentan contra “la dignidad de los profesionales y trabajadores de la República de Panamá”.

El ex canciller de Panamá, Jorge Eduardo Ritter, opinó en una entrevista al canal de TVN que “los desplazamientos laborales se dan muchas veces porque no se encuentra a la persona calificada en el país para el trabajo”. La mano de obra calificada extranjera llena un vacío necesario para el desarrollo de Panamá. La cifra oficial de desempleo en 2016 rondó un 5,5%.

Entretanto, el gobierno panameño elaboró en febrero un proyecto de ley para aumentar las multas a las empresas que contraten a extranjeros sin permiso de trabajo. Las sanciones alcanzarían hasta los 10 mil dólares a las compañías que reincidan en la contratación de empleados sin permiso laboral.

Las estadísticas del SNM señalaron que 342.944 venezolanos entraron en territorio panameño en 2016, del total de los 3.230.507 extranjeros que lo hicieron por puertos, aeropuertos y carreteras. No hay cifras sobre el número de venezolanos que permanecen ilegalmente en el país, pero el director del SNM declaró que el total de extranjeros de todas las nacionalidades que desean regularizar su situación migratoria no alcanza los 100 mil.

viernes, 10 de marzo de 2017

Tribunal revocó beneficio de Régimen de Confianza a “Wilmito” y el pran volvió a Tocorón

Runrunes
Por Ronna Rísquez
Fecha: 09/03/2017


Wilmer José Brizuela Vera, pran de la cárcel de Vista Hermosa, sí estuvo en la isla de Margarita en febrero de este año, y sí recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada otorgado por la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Runrun.es tuvo acceso a la boleta de notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del estado Carabobo, en la cual se revoca el beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que había otorgado la ministra de Servicio Penitenciario al pran conocido como “Wilmito”, el pasado 18 de diciembre de 2016. Luego de esta medida el delincuente tuvo que volver al Centro Penitenciario de Aragua.

Un documento del Circuito Judicial Penal de Carabobo dice, entre otras cosas, lo siguiente: “…Acuerda revocatoria de Régimen de Confianza Tutelado. Ordena librar orden de captura, en la causa que se le sigue a Wilmer José Brizuela Vera… por la comisión del delito de secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, quebrantamiento de condena, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”.


La decisión del juzgado fue emitida con fecha del 21 de febrero de 2017, cuatro días después de que Brizuela Vera -quien cumplía condena por secuestro y homicidio en Tocorón- fuera herido de bala cuando estaba una playa de la Isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, el 17 de febrero de 2017. Además de anular el beneficio, el tribunal también ordenó la captura de “Wilmito”, pues a efectos legales el pran se había fugado debido a que se encontraba en el estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros del centro de régimen especial Simón Bolívar de El Paraíso, en Caracas, donde debía permanecer según lo establecido en el beneficio de Régimen de Confianza.

Lee también: “Wilmito” sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

Aunque, en su momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial que confirmara o negara el incidente que involucró a un preso que estaba en una playa en lugar de estar tras las rejas, fuentes del Ministerio de Servicio Penitenciario “filtraron” unas fotografías para desmentir lo publicado por los medios sobre el atentado a “Wilmito” en playa Parguito en Margarita. En las gráfica se veía a Brizuela compartiendo con la orquesta penitenciaria supuestamente, mientras un compañero mostraba un ejemplar del diario Últimas Noticias con la fecha el sábado de 18 de febrero, día en que se conoció la noticia de que “Wilmito” había sido herido.

Luego de aquel suceso playero, se supo que Brizuela debía estar preso y cumpliendo con una sentencia de más de 14 años de prisión, por complicidad en el asesinato de María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial Penal de Bolívar, a quien el pran habría mandado a matar. Además se conoció que “Wilmito” también espera un juicio por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos efectivos de la GNB: Lewis Antonio Ruda y Miguel Ibarra Sánchez. Por estás razones, y otras condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, era ilegal considerar el Régimen de Confianza Tutelada en su caso.

Lee más: Jueza Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”

De acuerdo con una fuente extraoficial vinculada al poder judicial, la orden de los tribunales de Carabobo fue acordada el 21 de febrero de 2017 y publicada un día después. Se libró luego de que los medios de comunicación publicaran que “Wilmito” había sido herido en un atentado en playa Parguito, en Margarita.

Ellos estaban en el poder cuando Odebrecht contrató obras

Tal Cual
09-03-2017
LISSETH BOON /@boonbar


Muchos siguen ejerciendo cargos de importancia en el gobierno de Maduro. Mientras en otros países ya hay nombres concretos de implicados en Venezuela reina el silencio


Aquel 3 noviembre de 2006, cuando el presidente Hugo Chávez develó la piedra fundacional del Metro Los Teques, nadie imaginó que una década más tarde estallaría el escándalo de corrupción de dimensión continental por los sobornos que Odebrecht. La compañía brasilera –dedicada a la construcción de obras de gran magnitud– pagó coimas durante 14 años a funcionarios públicos e intermediarios de 12 países de África y América Latina con el fin de obtener contratos para proyectos de infraestructura.

En ese acto de apertura del sistema de transporte público que une a Caracas con los Altos Mirandinos, hace 11 años, estuvieron presentes junto con el primer mandatario: el ministro de Infraestructura José David Cabello, el presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López; el gobernador de Miranda, Diosdado Cabello y el ministro de Vivienda y Hábitat, Ramón Carrizalez (que hasta el año anterior había sido titular de Infraestructura).

En diciembre de 2016, diez años después del encendido de la primera estación del Metro Los Teques (aún en construcción), Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber sobornado con 98 millones de dólares a funcionarios públicos en Venezuela. Esto representa 12% de los 788 millones de dólares que repartió en comisiones la empresa brasilera, entre burócratas e intermediarios en una docena de países, para obtener el placé de sus proyectos sin mayores exigencias.

Venezuela fue el segundo país que recibió más coimas, después de Brasil, por parte de la constructora, y ante este escándalo la única respuesta del Gobierno fue anunciar que continuará la construcción de las obras suspendidas. “Las terminaremos con trabajo nacional”, aseguró Nicolás Maduro el 5 de febrero de 2017, sin detallar aspectos como financiamiento, responsables, cronograma de entrega, ni nueva contratación.

Buena parte de los encargados de los organismos con los que Odebrecht firmó contratos de construcción durante la administración de Chávez y Maduro continúan ocupando cargos en el actual gobierno. Hay nombres y apellidos ligados a cargos de dirección, que participaban en la toma de decisiones. Si bien esto no implica la participación automática en irregularidades relacionadas con las contrataciones, si supone una responsabilidad, tal como lo establece el artículo 33 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, que obliga a “vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración Pública confiados a su guarda, uso o administración”.


El interés de las constructoras brasileras por establecer vínculos con Chávez quedó registrado en los cables diplomáticos del gobierno de Brasil en Venezuela, que han trascendido gracias a la operación LavaJato, que investiga el mayor caso de corrupción transnacional de Brasil. En un cable del 05/02/2005, el embajador Joao Caros de Souza-Gomes informaba que había solicitado a la Cancillería venezolana reuniones de trabajo con el mandatario venezolano para el presidente de la constructora Camargo Correa, Carlos Rosa y para su homólogo de Odebrecht, Emilio Odebrecht (quien paga condena por 19 años).

Siete de las 10 obras de Odebrecht en Venezuela que quedaron inconclusas comenzaron a levantarse cuando José David Cabello, ex titular de Industria y Comercio, y actual superintendente del Seniat, era ministro de Infraestructura. A este despacho estaban adscritos el Metro de Caracas y Metro Los Teques, y que además asumió obras de envergadura como el tercer puente sobre el Orinoco y el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo (Puente Nigale).

Gustavo González López, actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como presidente del Metro de Caracas (2006-2009), también coincidió con las contrataciones de Odebrecht para la construcción del Metro de Los Teques, Línea 5 del Metro de Caracas, Sistema de transporte Caracas-Guarenas-Guatire, MetroCable y CableTren Bolivariano. En años anteriores, fue designado director general de la Oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Infraestructura (durante gestión de Diosdado Cabello) y presidente de la Fundación para el Equipamiento de Barrios, Fundabarrios, adscrito a la cartera de Infraestructura.

Además en los cargos de dirección también figuraban: Elías Jaua, Isidro Ubaldo Rondón Torres, Hugo Cabezas, Erika Farías, Daniel Eduardo Machado Gómez, Américo Mata, Asdrúbal Armando Veloz, Carlos Martínez Mendoza, Luis Gustavo Graterol Caraballo y Juan García Toussaintt.



FISCALÍA SIGILOSA

El Ministerio Público venezolano se ha movido con sigilo. Entre sus reacciones al escándalo de las coimas, asignó abrir una investigación a la fiscalía 55º nacional y auxiliar, anunció que habían ordenado la detención de una persona (sin revelar su nombre) por estar vinculada a irregularidades de Odebrecht. El 15 febrero, después de allanar las oficinas de la constructora en Caracas, declaró el congelamiento de cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa.

A su regreso de una reunión celebrada el 16 de febrero en Brasil con el procurador general de ese país, Rodrigo Janot, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no declaró sobre las investigaciones. Siguen sin conocerse nombres de los responsables.

jueves, 9 de marzo de 2017

Aumentar o no aumentar el pasaje, un dilema que divide a los caraqueños

Runrunes
Por Francisco Zambrano
Fecha: 08/03/2017



Opiniones encontradas generó una consulta sobre un posible aumento del pasaje de transporte público a 300 bolívares a partir del mes de abril. Mientras algunos usuarios criticaban el incremento, otros lo justificaban debido a la pujante inflación en el país.

“No me parece que vayan a aumentarlo otra vez, el sueldo no alcanza para pagar eso, los transportistas se llenan los bolsillos y el pueblo en la misma”, dijo José Ascanio.

El pasado lunes dirigentes del sector transporte se reunieron en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela para exponer sus exigencias a la opinión pública. Al principio se había anunciado un paro, pero posteriormente el presidente de la Federación de Transporte de Venezuela, Erick Zuleta, dijo que se trataba de una jornada de protesta.

“En 17 estados se llevaron a cabo manifestaciones para hacerle un llamado al colega Maduro y al vicepresidente de la República de que tenemos que sentarnos a resolver un problema que creó el propio Ministro de Transporte”, dijo Zuleta, quien además manifestó que el gobierno pretende eliminar el pasaje estudiantil.

“Es insuficiente un aumento de 300 bolos, los repuestos, los aceites, todo está caro”, comentó el conductor de la línea de Valle Arriba, Ramón Bandres.

El gobierno ha tenido una reacción tajante. “No se tiene previsto el aumento del pasaje a 300 bolívares para el mes de abril, como aseguran algunos transportistas”, aseguró el Ministro de Transporte, Ricardo Molina.

Como todo en Venezuela, el tema del eventual incremento del pasaje se ha politizado. “Nosotros decimos que el transporte colectivo es público y privado. Aquellos que pretenden generar intranquilidad en nuestro pueblo pertenecen a un sector relativamente pequeño del sistema de transporte colectivo privado”, añadió.

A propósito del tema, la Asamblea Nacional discutió este martes el informe presentado por la Comisión Permanente de Administración y Servicios, en cuanto a la situación del sector transporte.

“Tres meses de uso puede tener un caucho. Qué economía puede sustentar y mantener estos altos costos de la vida que están dolarizados”, dijo la presidenta de la Comisión, Melva Paredes.

“Proponemos que con los transportistas y con los estudiantes hagamos una inspección de manera inmediata a todas las proveedurías que son focos de corrupción. Asimismo hay que hacer una revisión del cementerio de unidades Yutong que existen en el país, entendemos que hay más de 3 mil 500 unidades que están fuera de servicio”, sostuvo el diputado de la MUD, Jony Rahal.

AFP: Comer de la basura, el drama de los más pobres en Venezuela

Runrunes
Por Agence France-Presse
Fecha: 08/03/2017


Foto: Williams Marrero – El Nacional

El camión de la basura frena y Rebeca corre hacia el contenedor para hurgar las bolsas. Es su carrera diaria contra el hambre, que tiene a muchos en Venezuela viviendo de sobras. Antes de que los desechos sean triturados, revisa veloz y encuentra un poco de pasta.

Rebeca León tiene 18 años, actualmente termina la secundaria y vive en Petare, en una casa que pese a su miseria cuenta con servicios básicos.

Un hijo de dos años desnutrido, una madre discapacitada y semanas “a punta de agua” la llevaron a las calles desde hace seis meses. Recorre sectores acomodados para buscar comida en la basura.

“Mi mamá no lo quería aceptar, pero qué más se hace con lo mal que está el país. Se iba a morir de hambre, se le veían los huesos. Mi hijo se me estaba desnutriendo”, contó a la AFP.

Su rutina es agobiante. Estudia en las tardes y del colegio sale a cazar carros recolectores y a escarbar desperdicios en restaurantes, de donde saca restos de pollo, pan, pescado o queso.

Duerme en la calle y vuelve a casa en la mañana para limpiar lo que recogió, descansar y echar a andar de nuevo el engranaje.

“Vivimos de la basura”

Esta joven morena de ojos vivaces dejó la vergüenza a un lado para sobrevivir a una angustiosa crisis, en la que escasean 68% de los productos básicos y la inflación crece incontrolable (según el FMI llegará a 1.660% en 2017).

“Lloraba porque me sentía humillada. Ya no le paro (no me preocupa), porque si no trabajas o buscas algo en la basura, no comes”, dijo mientras aguardaba un camión que nunca llegó.

Con ella, unas 70 personas -incluidos varios niños- esperan los carros recolectores y se reparten el control de la basura de restaurantes.

Rebeca registra las sobras de una marisquería de Altamira. Cerca de allí, en un local de comidas rápidas, un hombre fue apuñalado hace poco en una pelea por una bolsa, cuenta un empleado.

En ese lugar José Godoy, albañil desempleado de 53 años, lame ansioso un plato desechable. Lo acompañan dos hijas de seis y nueve años que beben jugo sacado de un bote. Están anémicas. Una vez al día comen yuca o plátano.

“Me daba pena, pero una noche nos acostamos sin comer. No se lo deseo a nadie. Los niños lloraban: ‘tengo hambre’. Vendí las herramientas, todo, y por último salí a la calle. Miles vivimos de la basura”, relató José, quien dice estar cansado de hacer en vano colas para comprar productos subvencionados.

Unos 9,6 millones de ciudadanos de Venezuela -casi un tercio de la población- ingieren dos o menos comidas diarias. La pobreza por ingresos aumentó casi nueve puntos entre 2015 y 2016 a 81,8% de los hogares, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida. Un 51,51% están en pobreza extrema.

93,3% de las familias no les alcanza para comprar alimentos, mientras siete de cada diez personas perdió en promedio 8,7 kilos de peso en el último año, detalla el estudio de un grupo de universidades.

“Yo era gordo, ahora mire: flaquito. A ella tuve que sacarla del colegio porque no podía darle comida para que llevara”, dice Godoy señalando a una de las hijas, quien tímida dice que hace mucho no come carne.

“Desmayados de hambre”

La nutricionista Maritza Landaeta, coautora de la investigación, sostiene que 10% de las personas en pobreza extrema (unos 1,5 millones) comen de lo que les regalan familiares, o de la basura y sobras de restaurantes, exponiéndose a enfermedades.

Pero el presidente Nicolás Maduro asegura que en 2016 la pobreza en el país con las mayores reservas petroleras del mundo bajó de 19,7% a 18,3%, y la miseria de 4,9% a 4,4%, pese al desplome del crudo, prácticamente único ingreso en una economía dependiente de las importaciones.

El gobierno socialista, que atribuye la escasez a una “guerra económica”, reivindica que Naciones Unidas reconoció en 2015 sus esfuerzos contra el hambre.

Además, que su programa de venta de productos subsidiados en zonas populares -creado hace un año-, beneficiará a seis millones de hogares en 2017.

Sin embargo, esas bolsas de alimentos solo han llegado dos veces a la vivienda de Rebeca, donde una nevera dañada sirve de alacena para proteger la comida de los ratones.

Con el semblante roto por el trasnocho, el hambre y la desazón por no haber hallado nada, vuelve a su barrio -el más peligroso de Caracas-, desde donde debe caminar una hora hasta el liceo por calles empinadas. Allí, cuenta, algunos compañeros “se desmayan de hambre”.

“No quiero quedarme así”, dice con el uniforme escolar que está ansiosa por dejar para estudiar turismo. Por ahora se alista para otra jornada de esta lucha que no vislumbra su fin.

Pérdidas de empresas del Estado superaron el gasto público en 2016

Tal Cual
08-03-2017


La ONG Transparencia Venezuela aseguró que aproximadamente un 70% de las 511 estimaron, en conjunto, pérdidas de 1,29 billones de bolívares en 2016

Transparencia Venezuela publicó este miércoles el seguimiento que constantemente hace a las empresas propiedad del Estado y arrojaron que aproximadamente un 70% de las 511 estimaron, en conjunto, pérdidas de 1,29 billones de bolívares en 2016.

La información, obtenida de las Gaceta Oficial N° 6.213, 40.966 y 6.261 muestra que estas pérdidas superan en 14% el gasto social total dedicado en 2016 a educación, salud, vivienda y seguridad social el cual sumó 1,13 billones de bolívares.

Las empresas gubernamentales recibieron 500.271 millones de bolívares por transferencias desde el sector público en 2016, mientras que para seguridad social el Gobierno destinó 432.805 millones de bolívares, es decir 67.466 millones de bolívares menos.

A educación se le asignó 364.882 millones de bolívares, a salud 278.039; vivienda 21.198 y otros 33.783 millones de bolívares, totalizando el gasto social en 1,13 billones de bolívares.

En la investigación se subraya que el sector más favorecido fue el agroalimentario, al cual le fue asignado 114.669 millones de bolívares, con un 22% de las transferencias provenientes del Ejecutivo. Asimismo fue también la que estimó mejor situación financiera en 2016 (ganancias de 3,4 millardos de bolívares), sin embargo, no lograron paliar la crisis por el desabastecimiento de alimentos esenciales ni han impedido los problemas de desnutrición en poblaciones vulnerables.

Al sector de electricidad le asignaron 88.145 millones (17,62%), las instituciones financieras y seguros 81.957 millones de bolívares, (16,38%); manufactura 53.596 millones (10,71%) y otros 161.905 millones (32,36%).

Puede leer más aquí

Datos de Venezuela afirma que el principal legado de Maduro ha sido la tristeza del venezolano

Tal cual
08-03-2017
María Gabriela Sifontes
@magasifontes


Prodavinci expone que los elementos más resaltantes de la crisis económica, que ha promovido el déficit y la reducción de la producción venezolana, se traducen en inflación, caída del poder adquisitivo y altos niveles de escasez. Esto ha conllevado a la población a la utilización de, parte de tiempo sustancial, en la realización de largas colas de búsqueda de productos básicos.

La depresión financiera, la escasez de productos básicos y, finalmente, el aumento del desempleo forman parte de las adversidades que transita el ciudadano común en medio de la crisis venezolana. Esta desencadenó, durante el 2013, la denominada inestabilidad social. Este desequilibrio nacional, durante los últimos años, también ha propiciado la manifestación de una serie de sentimientos que embargan, a diario, a la ciudadanía: la tristeza, la rabia, la decepción, la frustración, el temor, la incertidumbre y la desesperanza conforman, en la actualidad, las principales emociones.

El vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, informó en su Memoria y Cuenta que “en el balance económico del 2016, la tasa de desempleo cerró en 7,5 % y la meta, para este año, es de 4,5 %”. En la misma línea, el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, en el informe enero 2017, Navegando las contracorrientes en la economía mundial: Perspectivas más recientes para América Latina y el Caribe, manifestó que “Venezuela continúa sumida en una profunda crisis económica que avanza hacia la hiperinflación. Se prevé para este año que continuará acelerándose”.

Información publicada por Prodavinci constató que el Banco Central de Venezuela (BCV) no publica su índice oficial de escasez desde abril de 2014. El último informe estimó, para el momento, un indicativo de 25,3 %. Sin embargo, en una publicación, Ecoanalítica expuso un índice de 35,9 % correspondiente a febrero de 2016, evidenciando de esta manera, un aumento de 10,6 puntos porcentuales (pp) con respecto a la cifra de 2014.

Datos de Venezuela, por medio de una investigación de mercado, expuso en estudios estadísticos que el 2015 fue el año en el que la tristeza se apoderó del "corazón venezolano". La rabia, ocupó la segunda posición, durante mayo de 2016. La primera fue gestándose, paulatinamente, también, durante mayo de 2016, logrando así, su máxima apreciación en enero de 2017. El incremento del salario mínimo, durante las fechas iniciales, permitieron el declive emocional de los connacionales. La última denotó el punto límite, como consecuencia, del impedimento de las elecciones regionales.

El gerente general de Datos de Venezuela, Luis Maturen, expone que, de acuerdo a un estudio realizado en diciembre de 2016, la Generación Z, comprendida entre 18 - 21 años de edad, es la descendencia con mayor deseo de migración, mientras que Los Millennials, entre 22 - 35 años, ocupan la segunda posición. Seguidamente, la Generación X, entre 36 - 51, y, en cuarta posición, los Baby Boomers, entre 52 - 70. Finalmente, se sitúa la denominada Generación Silenciosa, por alcanzar un período de tiempo no contemporáneo con el resto por contar con una edad entre 71 - 99.

En la misma línea, de acuerdo al mismo análisis, la aflicción del temor ha ocupado una posición introvertida porque su desplazamiento no ha alcanzado enormes dimensiones. La población, por su parte, ha expresado miedo desde febrero de 2015. Esta ha alcanzado su máxima expresión durante mayo de 2016, minimizándose en el primer mes del año actual. A pesar de las diversas contiendas suscitadas, en el país, la esperanza se ha mantenido en vilo. El mes de mayo, del año pasado, continúa siendo parte del período levitante que incita al mantenimiento de un sentimiento de cambio en los habitantes.

Maturen expone que el ciudadano se ha caracterizado en su vida común por distanciarse de una vida ermitaña. Indica que el consumo de bebidas alcohólicas se ha convertido en un gasto no prioritario promovido por la desvalorización monetaria acontecida en nuestra nación. Este, de acuerdo a la clasificación, se ubica en 14 % y 28 % dentro del listado. El entretenimiento, apartado del hogar, continúa dentro de las restricciones elementales representando 32 % en dicho estudio. La compra de ropa al igual que el de calzado se ubica en la última posición, del estudio, ocupando el 23 % de la totalidad del mismo.

La estimación prevé que estos resultados convergen con el salario mínimo actual establecido, en enero del año actual, en la Gaceta Oficial N° 41.070, en 40.638 bolívares. El poder adquisitivo venezolano se ha reducido enormemente limitando, cada vez más, la obtención de productos básicos. El aumento del incremento salarial, la asignación de bonos especiales, el aumento de los tickets de alimentación, entre otras apreciaciones, han sido las medidas consideradas por las entidades empresariales para la retención del músculo laboral en el país para promover la prosperidad ecómica de sus organizaciones.

Falta de insumos compromete zafra 2017

Tal Cual
08-03-2017
FÉLIX SATURNO


Inseguridad reinante que perjudica producción de alimentos en las zonas rurales de Venezuela. Reuniones con el Gobierno no arrojan resultados factibles para incentivar el sector agrícola

El pronóstico es poco alentador de cara a la zafra que inicia el venidero mes de mayo debido a la escases de agroquímicos, semillas, materias primas y repuestos para maquinarias agrícolas. Según Antonio Pestana, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), los agricultores están preocupados pues a la fecha, no se tiene una clara distribución de insumos.

“Los fertilizantes años anteriores los comenzábamos a acopiar desde el mes de noviembre. En estos momentos no hemos recibido ni un grano de semilla, ni un litro de producto en ninguno de los programas de producción tanto público como privado”, dijo Pestana.

Juan José Lara es trabajador del campo y pertenece a la Asociación de Productores del Estado Monagas. Desde hace 8 años cría ganado cosecha maíz, pero afirmó que de no obtener los insumos a tiempo, dejará de sembrar porque “no voy a solicitar un crédito para una siembra de maíz que comienza en el mes de mayo y que los insumos lleguen en el mes de julio. La siembra implica semilla, fertilizante, plaguicidas y en muchas ocasiones maquinarias”.

Pestana detalló que esta situación ha generado que los agricultores utilicen semillas provenientes de sus propios campos, solución que puede reducir el rendimiento de la cosecha. “Que estamos haciendo nosotros, tomando el pimentón, abriéndolo, tomamos las semillas, la secamos la convertimos en plántulas y así es que se la estamos facilitando a los diferentes agricultores del país, ese no el deber ser, pero si no hacemos eso, no sembramos”.

Estas dificultades para obtener insumos se debe en gran parte, porque en Venezuela solo existe un solo proveedor no puede atender a todo el sector agrícola del país. “Existe un monopolio en el tema de los insumos, que es Agropatria. Los privados salieron del juego porque deben internacionalmente. El Gobierno que debió haber convertido sus bolívares en dólares y por eso tenemos todos los créditos cerrados”, insistió Pestana.

Inseguridad en el campo

El panorama es aún peor para los agricultores debido a los contantes flagelos que han venido ocurriendo en los últimos años. El presidente de la asociación de agricultores señaló que la producción ha mermado debido a la inseguridad en los campos venezolanos. “La delincuencia corrió a los productores, no solo tuvieron que dejar su campo, sino muchos de ellos están fuera del país, y no es que quisieron irse sino es que están corridos por la delincuencia”.

Esta realidad se repite año tras año, tal como lo relata Carlos Sandoval, presidente de la Unión de Ganaderos de la Villa del Rosario en el estado Zulia. Este productor agropecuario aseguró que los delincuentes “llegan tipo comando, entran a la finca, amarran al personal y se llevan hasta la comida. También matan animales y se llevan vacas paridas para venderlas”.

Asimismo, Richard Meléndez, agricultor del estado Guárico denunció que en los últimos años, los repuestos de maquinarias agrícolas son las preferidas de los delincuentes, pues estas partes escasas y costosas. “Nos atacan con la maquinaria. Lo que son las bombas de inyección, arranques, alternadores y baterías se las llevan a cada rato. También nos roban los insumos y en la parte de la ganadería, se están robando el medicamento y los insumos del ganado”, añadió.

Ante tales hechos, Pestana manifestó que el Gobierno tiene que implementar políticas para reducir en el corto plazo los robos, secuestros, amenazas y extorciones que predominan las principales zonas agrícolas del país. “El gobierno nacional tiene que ponerse los pantalones en el tema de la delincuencia y enfrentarlos con dureza”.

Otra deficiencia que tiene el sector es la maquinaria agrícola, que según estudios de Fedeagro indicaron que el 68% de los tractores agrícolas vencieron su vida útil, pues tienen 15 años en funcionamiento. “Venezuela tiene un cementerio de maquinarias, tenemos tres años sin importar repuestos. Si tú a un parque de maquinarias de tractores, que alcanza los 74.000 tractores, le sumas que no tienen los repuestos evidentemente tienes un cementerio como efectivamente lo tenemos”, dijo Pestana.

Pese a esta coyuntura la faena en el campo no se detiene. Según el presidente de Fedeagro, en estos meses está en pleno desarrollo el ciclo de verano, ideal para cultivar hortalizas, girasoles, caraotas, frijoles y arroz. Al mismo tiempo están en plena cosecha la caña de azúcar y el café, cultivos que duran un año.

Pero el ciclo más importante, es el de invierno que arranca en mayo. Durante este período el maíz que es el rubro de mayor área de siembra del país.

Producción por rubro

Según cifras de las últimas zafras de Fedeagro, en 2015 se sembraron 395.000 hectáreas y en 2016 se lograron sembrar 451.000 hectáreas, de las cuales 65% fue de maíz amarillo y el 35% restante de maíz blanco.

Aunque se observó un incremento en la última zafra, se necesita incrementar la siembra en 850.000 hectáreas, aproximadamente para cubrir las necesidades del mercado.

Según Fedeagro, la producción nacional de maíz blanco abastece solo el 33% de las necesidades del mercado, mientras que la producción de maíz amarillo provee el 38% de esa necesidad.

Para abastecer el mercado, se requieren 1.400.000 toneladas de maíz blanco y 2.500.000 de maíz amarillo.

Por otra parte el arroz registró una caída del 30%, pues en 2015 se sembraron 152.000 hectáreas y en 2016 se disminuyó a 105.000 hectáreas

Algo similar ocurrió con el azúcar. Según la Federación de Asociaciones de Cañicultures de Venezuela (Fesoca) se produjeron 4.942.787 toneladas en 2014, mientras que en 2015 la producción se ubicó en 3.174.250 toneladas, lo que se traduce en una caída de 35%.

En relación al café, el panorama es más alentador debido a un incremento del 25% en la producción. El presidente de Fedeagro afirmó que en 2016 se alcanzaron los 600.000 quintales, a diferencia de los 450.000 quintales conseguidos en 2015.

Sin embargo, existe un déficit de 1.400.000 quintales, pues se necesitan alrededor de 2.000.000 quintales para abastecer el mercado nacional.

Diálogos con el Gobierno

Desde hace un año los principales gremios del país han desarrollado reuniones con el Gobierno para tratar de solventar los problemas que afectan las principales cadenas productivas del país. Sin embargo, los avances han sido pocos.

“El balance del primer año no fue bueno. Qué conseguimos nosotros, temas puntuales algún pago de un subsidio, logramos que en el estado Barinas, Apure, Zulia se eliminara la anarquía que no dejaban salir alguna de las producciones internas para el resto del país”, afirmó Pestana.

Sin dudas, la agricultura nacional es una solución para solventar la grave crisis de alimentos, pues lo cosechado en nuestras tierras, es un mecanismo que genera productos más accesibles, empleo y pueden convertirse en una fuente generadora de divisas ideales para impulsar la economía de Venezuela.

“En 10 años podemos llegar al 144%, es decir 44% de disponibilidad para las importaciones, es decir abastecemos el mercado venezolano completamente y tenemos 40% para exportar”, afirmó el Presidente de Fedeagro.

Por los momentos, lo que se observa es un mercado de alimentos cada vez más desabastecido, que impacta directamente a una población que sigue reduciendo el consumo de alimentos. “Se habla que 19.000.000 de venezolanos, en los últimos 8 meses, han bajado de peso de entre 5 y 20 kilos y 3.000.000 de venezolanos han reconocido que han buscado en la basura”, puntualizó Pestana.

miércoles, 8 de marzo de 2017

Gobierno y sociedad civil deben trabajar juntos para reducir los homicidios

Runrunes
Por Sabrina D'Amore
Fecha: 07/03/2017


El trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Gobierno Nacional, junto a programas focalizados en homicidios y data calificada, son esenciales para reducir homicidios en Venezuela. Así lo afirman Doriam Borges e Ignacio Cano, investigadores del Laboratorio de Análisis de la Violencia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.

“La polarización que existe en el país dificulta muchas alternativas, pero dada la gravedad de las circunstancias, todos los actores deben sentarse para lograr crear planes efectivos que encaminen el problema hacia una solución”, asegura Cano. Para finales del 2015, la tasa de homicidios en el país era de 58.1 por cada 100.000 habitantes, según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Ambos especialistas en violencia, criminalidad y seguridad pública, se encuentran en el país para realizar diversas actividades con distintas organizaciones y la sociedad civil, incluyendo el taller Programas y experiencias para la reducción de homicidios en América Latina, este jueves 9 de marzo.

Borges y Cano coinciden en que si bien el Estado es un ente fundamental para crear programas que disminuyan los homicidios, “la sociedad, las empresas, las organizaciones, y los gobiernos estatales tienen un papel importante que deben jugar”.

Además, resaltan la importancia de la focalización de los programas, ya que no es suficiente crear políticas generales de prevención de violencia: “en primer lugar debemos entender que hay que lograr diagnósticos locales. No venimos con una receta, no hay fórmula mágica. Hay que focalizar programas específicos para la reducción de homicidios”, dijo Cano.

El propósito inicial de la visita de los especialistas es difundir, a través del taller, un estudio realizado cuyo resultado fue una radiografía de todos los programas existentes en la región, para disminuir los índices de homicidios. Fueron identificados 93 en Latinoamérica y 2 en Venezuela. En segundo lugar, esperan poder trabajar con instituciones del estado y demás organizaciones dispuestas, para mejorar la calidad de la data de homicidios en Venezuela.

La opacidad de la data venezolana

Para Borges y Cano, Venezuela es un caso “paradigmático de la necesidad de tener cifras convergentes y únicas sobre violencia”, y apuntan que la falta de datos oficiales en nuestro país es un inconveniente importante para generar políticas públicas eficientes, sobre todo cuando incluso funcionarios del gobierno manejan datos que discrepan entre sí.

Los expertos explican que actualmente están trabajando con la fiscalía, por sus “condiciones técnicas y nivel de independencia”. Aunque también han trabajado con las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, y con la Policía Judicial, esta vez esperan poder reunirse con el sector de la salud.

Cano argumenta que la unión entre los datos de la Policía Nacional, junto a los que tengan las organizaciones de la salud, es fundamental: “los datos del sector salud nos permiten contrastar con los de la policía. Cuando cruzas las defunciones y los registros criminales, obtienes una idea más precisa sobre los homicidios, y es ideal para tener una data confiable”. Además, resalta la importancia de realizar un ejercicio de convergencia para generar más y mejores datos, “pues, al final, el gobierno es el más interesado en que su pueblo confíe en sus cifras”.

De los 93 programas que los expertos hallaron en su estudio en la región, 2 están en Venezuela: “uno, es la campaña para la valoración de la vida, realizada por un grupo de universidades. Fue una campaña de valores. Por otro lado, el proyecto Alcatraz. Ambas iniciativas de la sociedad y la academia”, afirma Cano.

Este último proyecto, recluta jóvenes transgresores con la misión de transformar ese liderazgo violento en positivo, haciendo uso de trabajo intensivo, educación en valores y utilizando la práctica del rugby como mecanismo de prevención de violencia.

Sobre la experiencia en Brasil

Con respecto al problema de violencia que se vive en Brasil, Cano resalta que aunque no se ha solucionado, ha habido programas importantes que han ayudado a disminuir las tasas de homicidios. Sin embargo, la falta de continuidad, la corrupción policial y la no inserción de los efectivos de seguridad en las comunidades, han sido impedimentos importantes en la resolución del conflicto.

Dorien Borges, también sociólogo, explica que los programas más importantes han sido Pacto de la Vida, y las Unidades de Policía Pacificadora. El primero, aplicado en la región de Pernambuco, logró que “los números de homicidios bajaran, mientras en el resto de las regiones iban en aumento”, asegura Borges.

“Este programa tuvo varias acciones delegadas, pero una muy interesante fue la división de los territorios a partir de diagnósticos según las características de los homicidios cometidos, y de acuerdo a eso los policías trabajaban en cada zona. La población participó en la construcción del plan y se aplicó represión cualificada y mucha investigación”, explica Borges. Sin embargo, la crítica principal es que, luego de ser aplicado, se dejó de consultar a las comunidades y no se monitoreó correctamente el funcionamiento.

En cuanto a las Unidades de Policía Pacificadora, se iniciaron en Río a finales del 2009, y el plan consistía en la “ocupación temporal de las favelas por grupos policiales. Al ocurrir esto, los delincuentes abandonaban la zona. Aunque tuvo buenos resultados al principio, la proximidad entre los funcionarios policiales y la gente de las comunidades no fue la esperada, y al abandonar las favelas, los delincuentes volvían”, comenta el sociólogo.

El investigador agrega que a esto se suma que algunos policías se involucraban demasiado y terminaban cometiendo los mismos delitos que, en un principio, estaban tratando de eliminar. “Esto generó muchos enfrentamientos, y cuando ibas a revisar los resultados del plan, te encontrabas con una bola de nieve de muertes y más muertes”, argumenta.

¿Qué pasa en la región?

Actualmente, la mayor cantidad de homicidios a nivel mundial ocurren en la región latinoamericana. Según Ignacio Cano, de los 93 programas para disminuir los homicidios que lograron identificar en Latinoamérica, solo el 20% han sido objeto de un control de impacto. Eso quiere decir que el resto fue aplicado, más no monitoreado, por lo que no se sabe si fue efectivo, ni sus capacidades de mejora.

“Esto, junto a la falta de diagnósticos específicos, son fallas que se repiten en la mayoría de los países. Si queremos dejar de ser la región con mayor tasa de homicidios, tenemos que hacer una intervención más direccional”, asevera Cano.

No obstante, no todos los países que integran el bloque latinoamericano se encuentran en igual situación de gravedad. Por ejemplo, Cano explica que las tasas de homicidios en países andinos y del cono sur, exceptuando a Brasil, son fácilmente comparables con las tasas de homicidios en Europa.

Lo contrario ocurre cuando nos vamos a la zona de américa central, donde países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen los números más alarmantes. “Luego, con un nivel medio-alto, se encuentran naciones como Colombia, México y Brasil. A Venezuela podríamos ubicarla entre este nivel y el de los países del centro”, explica Cano.

El especialista añade que otro elemento importante para crear planes eficientes en la región es distinguir los tres niveles de prevención que existen. “Tenemos el nivel primario, que es el más general; el secundario, dirigido a grupos específicos; y el terciario, dirigido a personas que ya han sido víctimas o han cometido hechos violentos. Este último es el más focalizado”, comenta.

“Tampoco se hacen diagnósticos reales, simplemente se aplican ideas basadas en datos formulados desde EEUU y Europa, que no tienen nada que ver con nosotros”, agrega Cano.

En relación a la corrupción que puede generarse dentro de los cuerpos policiales cuando se aplican planes como los implementados en Brasil, ambos investigadores coinciden en que es un riesgo que hay que asumir, junto a medidas de fiscalización efectivas que permitan la denuncia.

“Los modelos policiales militares apuestan al distanciamiento entre la comunidad y la policía, y para evitar la corrupción rotan a los funcionarios cada cierto tiempo. Los últimos años de estudios de policía comunitaria han puesto de manifiesto que la proximidad es necesaria, y no puede haber proximidad y vinculación si cada cierto tiempo el policía cambia de lugar. Hay que aceptar los riesgos que esto supone, para poder ver lo beneficios”, finalizó Ignacio Cano.

Fiscalía fortalece caso de sobrinos Flores con nuevas evidencias

Runrunes
Por El Nacional
Fecha: 07/03/2017


Mientras los dos bufetes de abogados que defienden a Campo Flores y Flores de Freitas trabajan en la elaboración de recursos que buscan revertir el veredicto de culpabilidad del jurado, el gobierno estadounidense puso sobre la mesa nuevos datos sobre el caso con la intención de eliminar las pocas posibilidades que existen de que el tribunal falle a favor de los sobrinos y pueda iniciarse un nuevo juicio.

En la información suministrada por el gobierno estadounidense al tribunal se hace énfasis en que los acusados tenían un negocio de drogas en marcha antes de que apareciera la DEA, con lo cual buscan restarle fuerza al argumento expuesto por la defensa en su moción y dejar claro que los dos familiares de la primera dama Cilia Flores no son unos “estúpidos novatos”, sino unos narcotraficantes activos y conocedores de la industria de drogas.

En febrero, y gracias a revelaciones de nuevos testimonios y la data extraída de los celulares de ambos acusados, se determina que en mayo de 2015 los primos Flores participaban en negocios relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía introdujo datos que profundizan las relaciones que sostenían con capos de la droga que son buscados en Estados Unidos, tal como Hermágoras González Polanco y Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, ambos presos en cárceles venezolanas.

Puedes leer la nota completa de Maibort Petit para El Nacional AQUÍ

martes, 7 de marzo de 2017

Freedom House: Venezuela se quita su fachada democrática

Por Redacción Runrun.es
Fecha: 06/03/2017


Venezuela se ha unido a Cuba y se ha convertido en el segundo país en América clasificado como No Libre por Freedom House. De no hacer algo al respecto, la crisis humanitaria podría provocar una migración a gran escala.

Freedom House, traducido por Runrun.es

Con las amenazas globales a la democracia multiplicándose diariamente, es fácil pasar por alto a Venezuela. Sus crisis políticas, económicas y de salud lucen relativamente autocontenidas comparadas al flujo de emigrantes de Medio Oriente y Africa. Y la promoción del “Socialismo del siglo XXI” –otrora fuente de angustia en Washington– es mucho menos preocupante para los defensores del orden liberal internacional que el surgimiento del populismo y del nacionalismo de derecha en Europa y los Estados Unidos. Dada su disminución en la influencia ideológica y el deterioro de la economía, Venezuela se retrata con más frecuencia como un país en lento declive, sirviendo como un cuento cauteloso para otras naciones dependientes del petróleo.

Sin embargo, esta narrativa no cuenta la importancia del 2016 como el año en que Venezuela se quita completamente su careta democrática. También disminuye la urgencia de frenar el barrido autoritario del país.

Ignorando elecciones

Por más de una década, Venezuela fue referida como un estado autoritario competitivo, donde algunos de los derechos estaban restringidos, pero las elecciones ocurrian regularmente y los partidos de oposición podrán participar, a pesar de las desventajas del proceso. Sin embargo, en 2016, los canales institucionales usados por los ciudadanos para influenciar las desiciones gubernamentales fueron cerradas completamente, y la voluntad del pueblo, expresada en la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de 2015, fue ignorada por completo. Los rivales del gobierno fueron apresados con alarmante rapidez, y los esfuerzos de legisladores para solicitar apoyo externo para hacer frente a la crisis humanitaria fueron bloqueados por razones políticas. Hoy, un poder ejecutivo irresponsable y un poder judicial partidario gobiernan a una ciudadanía que efectivamente carece de representación política.

Como resultado, en Freedom in the World 2017, Venezuela cayó en la categoría de No Libre, uniendose a Cuba como uno de los dos países en América que obtuvo la peor calificación. En 2009, Freedom House concluyó que Venezuela ya no estaba en la categoría de “democracia electoral”, pero mantenía un estatus Parcialmente Libre. Como sugiere la última actualización, Venezuela es ahora un régimen inequívocamente autoritario.

Aunque el año 2016 incluyó una continuación de la larga tendencia descendente de Venezuela, el gobierno hizo menos esfuerzos para velar sus tácticas represivas que en años anteriores. Habiendo perdido las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 a la coalición de la Mesa Redonda de Unidad Democrática (MUD), el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se movió rápidamente para despojar a la legislatura de sus funciones constitucionales. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -la Corte Suprema de Justicia de Venezuela-, invalidó los resultados de la votación de cuatro escaños legislativos, eliminando así la supermajoría de la oposición, necesaria para nombrar a instituciones clave como el Consejo Nacional Electoral (CNE). El TSJ anuló repetidamente la legislación aprobada por la Asamblea Nacional sobre supuestos motivos de inconstitucionalidad, incluyendo un proyecto de ley para permitir la ayuda humanitaria extranjera a Venezuela. La rama ejecutiva también impulsó un presupuesto federal sin permitir la revisión legislativa, en clara violación de la constitución.

Las fuerzas de oposición se convirtieron en un proceso constitucionalmente sancionado para organizar un referendo revocatorio presidencial, pero esto también fue bloqueado por razones flagrantemente políticas. Con los índices de aprobación del presidente Nicolás Maduro ya en mínimos históricos, el CNE inicialmente pospuso y luego suspendió indefinidamente la campaña de referéndum basada en falsas acusaciones de fraude. La decisión prácticamente garantiza que el PSUV retendrá el poder hasta el final del mandato de Maduro en 2019.

El rechazo del CNE al proceso ha dejado a los venezolanos en una posición de impotencia. La escasez crónica de alimentos y medicinas, los crecientes índices de delitos violentos y la inflación incontrolable han sumido a algunos venezolanos de clase media en la pobreza y dejaron a gran parte del país luchando por protegerse y satisfacer las necesidades diarias. Sin embargo, el gobierno ha ignorado repetidamente las demandas de los ciudadanos al descartar la profunda crisis como una “guerra económica” emprendida desde el exterior, sin hacer nada para detener su propagación.

Criminalizando a la oposición

El gobierno sigue intensificando su represión contra los opositores políticos. De acuerdo con la organización venezolana de vigilancia y asistencia jurídica Foro Penal, habían 11 presos políticos cuando Maduro llegó al poder en 2013. El número asciende ahora a unos 100, y más de tres docenas han sido añadidos a las filas en 2016. Delson Guarate, alcalde del estado de Aragua, y Alejandro Puglia, periodista y empleado de la Asamblea Nacional, fueron detenidos a principios de septiembre. Los activistas de la oposición Francisco Márquez y Gabriel San Miguel fueron arrestados en junio mientras recogían firmas para la petición de retirada t liberados el 18 de octubre a condición de que abandonaran el país. Más de una docena de personas siguen encarceladas por participar en protestas el 26 de octubre para condenar el rechazo de la CNE al referendo revocatorio. Y al menos otros cuatro ya han sido detenidos desde principios de 2017. El líder de la oposición, Leopoldo López, ha estado encarcelado desde 2014.

Los funcionarios de inteligencia venezolanos actúan cada vez más como una especie de policía secreta, a menudo arrestando a líderes políticos o de la sociedad civil sin una orden judicial y violando el debido proceso. En algunos casos, los miembros de la familia son mantenidos en la oscuridad sobre el paradero de las víctimas durante horas o incluso días antes de que se confirme que la víctima ha sido llevado a una prisión venezolana. Yon Goicoechea, un prominente líder del partido de oposición Voluntad Popular, permanece encarcelado después de desaparecer el 29 de agosto. Fue detenido ilegalmente durante más de un día antes de que los oficiales de inteligencia confirmaran su paradero. Se enfrentó a dudosos cargos de poseer explosivos.

Los funcionarios de seguridad usaron la violencia durante las frecuentes manifestaciones multitudinarias durante el año, particularmente contra periodistas y líderes estudiantiles. En muchas ocasiones, las autoridades detuvieron temporalmente a periodistas, en muchos casos confiscaron su equipo de grabación y otros dispositivos, en un claro intento de limitar la información crítica sobre los problemas económicos y sanitarios del país. El periodista Braulio Jatar fue arrestado en septiembre tras grabar en video un incidente en el que los ciudadanos cacerolearon al presidente Maduro durante su visita a la isla de Margarita. Jatar sigue encarcelado por cargos falsos, a pesar de mostrar signos de rápido deterioro de la salud y haber sido diagnosticado con cáncer. A más de una docena de periodistas extranjeros se les negó la entrada al país en 2016, en su mayoría al intentar cubrir manifestaciones masivas contra Maduro.

¿Una nueva generación de líderes, o una nueva ola de emigrantes?

Con la crisis empeorando y cada forma institucional de lograr el cambio político cerrada, los venezolanos están desesperados. Un gran número de personas, entre ellas jóvenes, han huido del país. Hasta 150.000 venezolanos pueden haber salido solo en 2016, en algunos casos emprendiendo peligrosos viajes en botes. Mientras muchos activistas juveniles han permanecido, otros han buscado seguridad en el extranjero después de ver a sus amigos encarcelados o con prohibiciones de viajar. El crecimiento de una generación políticamente comprometida y exclusivamente creativa dedicada a lograr la libertad para todos ha sido un subproducto positivo del cambio autoritario de Venezuela, pero esos avances podrían desaparecer si una parte significativa de la población juvenil se pierde por la emigración, el hambre, y la falta de oportunidades económicas.

Mientras la administración de Maduro ha dado la espalda al pueblo venezolano, la comunidad internacional tampoco ha hecho lo suficiente para prestarle apoyo. La Organización de los Estados Americanos ha encontrado su voz en el marco del Secretario General Luis Almagro, quien rompió con su predecesor al condenar abiertamente y reiteradamente a Maduro por violar los derechos humanos. Se necesitará más para obligar a los líderes de toda la región a actuar.

Un país de promesas ilimitadas, Venezuela puede prosperar una vez más. Pero eso requerirá una presión internacional sostenida para complementar los valientes esfuerzos de millones de venezolanos que han salido a la calle una y otra vez con la esperanza de recuperar su futuro.

En todo el mundo, los líderes políticos están despreciando abiertamente las normas de derechos humanos y cuestionando los principios básicos que sustentan las instituciones democráticas. Aquellos que valoren la libertad y los derechos humanos universales deben defenderlos con la misma convicción que los jóvenes venezolanos han mostrado, o tendrán que enfrentar repercusiones que van mucho más allá de Venezuela.

Sidor siembra girasoles mientras la producción de acero se desploma

Runrunes
Por Reuters
Fecha: 06/03/2017


Por María Ramírez/Reuters

Hace apenas una década, Sidor, la mayor siderúrgica de Venezuela y de la región andina, produjo 4,3 millones de toneladas de acero líquido, su mayor volumen desde que fue inaugurada en 1963, reseña Reuters.

Sin embargo, tras su nacionalización decretada por el fallecido presidente Hugo Chávez en el 2008, la producción de la planta retrocedió año a año, golpeada por tímidas inversiones, obsolescencia de sus equipos y constantes conflictos laborales.

Con una producción menor a la décima parte de su capacidad instalada de 5 millones de toneladas de acero líquido al año, la directiva inició el año pasado un plan para que decenas de sus trabajadores siembren girasoles y otros cultivos, con el objetivo de colaborar en los planes del Gobierno para aumentar la provisión de alimentos.

Mientras, el Ejecutivo socialista intenta reactivar la planta, que tiene unos 15.000 empleados y está ubicada al sur del país.

“Los trabajadores estamos sentados, viéndonos la cara. Nunca había visto esto así. Hay una gran preocupación”, confesó Carlos Ramírez, un trabajador con 31 años de servicio en Sidor.

A mediados del año pasado, el presidente de Sidor, el militar Justo Noguera, planteó la siembra de 40 hectáreas de girasoles, sorgo y hortalizas en la fachada principal de la acería como parte de un plan de abastecimiento de alimentos.

Pero cuatro meses después de la siembra, el estado de los cultivos es desigual: al lado de relucientes girasoles, el sorgo y las hortalizas lucen raquíticos.

“La única siembra que tenemos ahora es la de 100 trabajadores buscando empleo en el portón de Sidor”, dijo Leonel Grisett, empleado de la firma.

“Sin rumbo”

El objetivo de la siembra confunde, incluso, a quienes simpatizan con el Gobierno: “No ha salido la primera cosecha, yo creo que eso se sembró para embellecimiento”, dijo José Meléndez, sindicalista de Sidor y adepto al oficialismo.

Trabajadores dijeron a Reuters que la directiva perdió el rumbo, no sólo por la falta de políticas eficientes para elevar la producción, sino por abocarse a actividades que no forman parte de la misión medular de la empresa.

El presidente de Sidor no respondió a una solicitud de información por parte de Reuters.

Además de la siembra, la empresa construyó un centro de equinoterapia para brindar atención a niños con condiciones especiales.

Sidor no ha dado cifras oficiales de producción hace un año, pero, según trabajadores, en enero se produjeron 11.300 toneladas de acero líquido, apenas 3 por ciento de su capacidad.

A ese ritmo, Sidor se acerca a producir 135.000 toneladas al cierre del 2017, lo que significaría su peor cifra desde que fue inaugurada.

“Esta gerencia ha demostrado ser incapaz en todo lo que se ha propuesto. No queremos más su populismo, queremos producir y ocupar el sitial que antes teníamos en América Latina”, se quejó Cruz Hernández, trabajador de la acería.


El chavismo se atrinchera en Venezuela

Runrunes
Por elPaisES
Fecha: 06/03/2017


La Revolución Bolivariana se atrinchera para enfrentar el vendaval que, calcula, se le viene encima. El presidente Nicolás Maduro y los suyos han reconocido que 2016 fue el año más difícil para el régimen venezolano, asediado por los efectos de la brutal crisis de abastecimiento y el incremento vertiginoso de la inflación, atribuidos todos por la narrativa oficial a una “guerra económica” que el imperialismo estaría librando para derrocar al chavismo.

Pero solo ahora los jerarcas de la dirección colegiada que administra el poder desde la muerte de Hugo Chávez empiezan a resentir la pérdida de dos de las bazas fundamentales que jugaron a favor del autodenominado bolivarianismo desde que conquistó el poder en diciembre de 1998: la habilidad para ganar elecciones —origen irrefutable de su legitimidad— y un entorno internacional propicio.

La reacción primaria ante la nueva situación reproduce viejos gestos de los autoritarismos: aumento de la represión y suspensión de hecho de unos comicios que el Gobierno, como señalan todos los estudios de opinión, no está en condiciones de ganar. Usando los resortes institucionales que domina, en 2016 pudo zafarse del doble compromiso del llamamiento infructuoso a un referendo revocatorio por parte de la oposición, por una parte, y de las elecciones para alcaldes y gobernadores que, según la Constitución, debieron tener lugar el año pasado.

Durante el reciente asueto de Carnaval, la inteligencia militar detuvo a Santiago Guevara, un profesor de Economía jubilado de la Universidad de Carabobo (centro de Venezuela), que ha publicado artículos de prensa donde prevé posibles escenarios de transición política en el país. Puesto bajo custodia de los tribunales castrenses, ahora Guevara enfrenta cargos por “traición a la patria”.

El viernes pasado trascendió también que un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el Gobierno controla, ordenó a la Contraloría General y a la fiscalía la apertura de una investigación contra el vicepresidente de la opositora Asamblea Nacional, Freddy Guevara (no es familiar del profesor detenido), bajo la presunción de que habría incurrido en una “usurpación de funciones” al intentar desde el Parlamento realizar pesquisas acerca de irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el expresidente de la petrolera estatal PDVSA y actual embajador ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez.

Pero, junto con estas clásicas medidas intimidatorias, el Gobierno despliega nuevos mecanismos de control social que apuntan a la modulación de las dos preocupaciones mayoritarias en la opinión pública: el acceso a los productos de primera necesidad y la inseguridad.

Continúa leyendo la nota de Ewald Scharfenberg en El País

La violencia de género mata a más venezolanas que el hampa

Runrunes
Por El Nacional
Fecha: 06/03/2017


Gabriela Rojas y Jean Freddy Gutiérrez
El Nacional


Desde 2014 el feminicidio es tipificado como delito en Venezuela. Aún así permanece oculto entre las cifras de violencia criminal, en la cobertura periodística de sucesos e incluso en las propias estadísticas del Ministerio Público. Cotejo.Info revisó la información sobre asesinatos de mujeres que publicaron medios digitales del país durante 2016. Los resultados de la investigación -que se publican en el marco de la conmemoración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer- revelan que la violencia de género mata a más venezolanas que el hampa. Revise los detalles en la siguiente infografía interactiva.


LA YUCA AMARGA ALIMENTA LA MUERTE EN VENEZUELA

Publicado en El País
Por: Maolis Castro


Al menos 28 personas han fallecido por comer una variedad venenosa del tubérculo, que forma parte de la dieta diaria por su precio asequible.


La familia Linares Cruz ha enterrado a cuatro parientes en una semana en Caracas. Las dos primeras muertes parecían una desafortunada coincidencia. El 12 de febrero, Jonathan Stiven, el quinto de ocho hermanos, había enfermado repentinamente durante el entierro de su tío Jesús María. Su malestar –los vómitos, los mareos y el dolor en el estómago– sobrevino en otro funeral: el suyo. Hasta ese momento los médicos habían hecho un diagnóstico impreciso de las causas de los decesos: un síndrome convulsivo y un edema cerebral, sucesivamente.

Solo la muerte de Alonso Cruz Durán, el tío de Jonathan y el hermano de Jesús María, ha esclarecido que se trataba de un envenenamiento colectivo por comer yuca amarga, un tubérculo originario de Sudamérica y que únicamente en su variedad dulce es comestible. Para el momento de este hallazgo ya Xenia Cruz, otra pariente de los fallecidos, y su vecina Bertha Sánchez habían comido unos trozos del tubérculo. Ninguna se repuso.

Los envenenados vivían en el barrio Isaías Medina de Catia, al oeste de Caracas, y compraron el alimento a vendedores informales. Sus vecinos pensaron que eran diezmados por una epidemia. “Al principio, creíamos que había un virus en el ambiente que nos mataba, pero después supimos que había sido la yuca amarga. Antes, habíamos escuchado de intoxicaciones por ingerir leche o sardinas en mal estado. Esto nos asustó”, dice Benilde Guerra, una mujer afincada en este sector de la capital.

La toxicidad de la yuca amarga radica en el ácido cianhídrico (o cianuro de hidrógeno), un compuesto que genera daños en el aparato digestivo, las células nerviosas y en órganos como los pulmones y los riñones. En Venezuela, es procesado para la elaboración del casabe, un delgado pan tradicional de las etnias indígenas. Solo de esa manera es comestible.

El médico José Manuel Olivares, un diputado opositor de la Asamblea Nacional, asegura que, al menos, 28 personas han fallecido por comer yuca amarga desde octubre en los Estados de Anzoátegui, Bolívar, Lara, Monagas y en la ciudad de Caracas. “La gente consume eso por la extrema situación de pobreza y la ausencia de controles sanitarios de los alimentos. Apenas es una de las consecuencias de la precariedad”, indica.

Antes del conteo emprendido por el parlamentario, la yuca amarga ya había dejado su rastro en la ciudad de Maturín, en el Estado de Monagas (oriente de Venezuela). La muerte de Kevin Lara, un estudiante de 16 años, ha sucedido el 26 de julio de 2016 –el mismo día de su cumpleaños– tras devorar este tubérculo. Su madre había declarado a varios medios de comunicación que no tenían comida para saciar el hambre.

Las historias que siguen tienen un patrón parecido. Abel Flores, un médico pediatra del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín, ha presenciado la muerte de cuatro niños desde enero. “Todos habían comido grandes porciones de yuca amarga. Se registran muchas intoxicaciones por este motivo, pero no se salvan los que consumieron en exceso”, advierte.

El plato de los pobres

De las muertes ocurridas en Caracas solo hubo un desatinado comentario del presidente Nicolás Maduro. Después de comparar al opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, con un “helado de yuca amarga” por considerarlo “desabrido”, el mandatario venezolano recordó que existen dos variedades del tubérculo. “La amarga no se puede comer. En estos días alguien se comió una yuca amarga y tuvieron problemas graves”, dijo hace dos semanas. Hasta ahora es su única alusión a los envenenamientos.

Tulio Linares, el padre de Jonathan y cuñado de los otros tres fallecidos, admite con desencanto las secuelas del hambre. “Rebajé 16 kilos en un año. Mi esposa, hijos y nietos también están flacos. Si Chávez estuviese vivo no estaríamos así”, afirma. El hombre es un obrero que convive en una casa de dos pisos con 17 personas, algunos dependen económicamente de él. Pero su salario de 10.000 bolívares diarios o 2,4 dólares –calculados en el mercado negro– solo sirve para comprar una lata de atún grande.

Es el común denominador en este país. Los ingresos de un 93,3% de las familias venezolanas son insuficientes para comprar alimentos y el 32,5% (9,6 millones de personas) solo comen dos o menos veces al día, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada el año pasado por tres prestigiosas universidades de este país. De ahí que el consumo de la yuca, que cuesta menos de 30 centavos de dólar por kilógramo, se haya elevado durante la crisis económica.

LOS RASTROS DE LA COMIDA

Lo que no se encuentra con facilidad en los supermercados está en las calles de Caracas, en puestos de vendedores ambulantes. Se llaman “tetas” por su forma similar a un seno, pero son bolsas plásticas que contienen porciones mínimas de café, azúcar, aceite, leche y otros productos básicos. Sus costos son asequibles para las personas con poco dinero. “No cuentan con las condiciones higiénicas necesarias para ser consumidos, esto los convierte en una amenaza para la salud. De este modo pueden provocar enfermedades e intoxicaciones, porque se desconoce su procedencia”, dice Maritza Landaeta, coordinadora de investigación de la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición.

Pero la crisis ha empujado al límite a los venezolanos más pobres. Yenny González, una madre soltera, ha apelado por alimentar a su bebé de ocho meses con leche empaquetada por vendedores informales. “A veces me da miedo, porque no sé si está adulterada. Es lo que me queda, ya que tengo poco dinero. A mi hija le doy eso y yo consigo comida regalada en los mercados para mí”, comenta.

Las dimensiones de la carestía pueden ser catastróficas en este país sudamericano. Un estudio de Cáritas de Venezuela hecho en Caracas y los Estados de Miranda, Vargas y Zulia, entre octubre y diciembre, señala que el desespero por el hambre ha arrojado a un 8% de las familias evaluadas a los basureros para hurgar en búsqueda de sobras de comida.

lunes, 6 de marzo de 2017

Los 13 récords mundiales del “comandante galáctico”

Por Unidad de Investigación Runrunes
Fecha: 05/03/2017


Más allá de la solemnidad y la magnificencia con que los líderes y la militancia del chavismo se refieren al legado de Hugo Chávez, la realidad lo que muestra es la fotografía de un país en ruinas. Un territorio conocido ahora por una larga lista de registros negativos, que sirven para identificar a Venezuela internacionalmente como la nación más corrupta del continente, la segunda con más homicidios en el mundo o la tierra donde el papel tualé no existe.

Después de 17 años de “revolución”, Venezuela también es el país del “socialismo” menos equitativo, donde sus líderes se desplazan en Hummer y hacen mercado en Aruba, mientras el pueblo deambula de cola en cola para adquirir —con restricciones— los pocos alimentos que se consiguen. O el país de las excusas más insólitas, donde una iguana es responsable de un apagón nacional y un hombre admite que va perdiendo la guerra sin armas —la guerra económica— que él mismo creó.

Las curiosidades son infinitas: el país donde la política se confunde con la farándula —El Potro, Roque Valero, Nacho y otra decena—, el país donde el Gobierno es el principal enemigo de las instituciones del Estado, y así hasta llegar al hombre con el pie más grande del mundo, éste sí validado por el Guinness World Records.

El equipo de investigación de Runrunes recopiló 13 récords que reflejan la destrucción que inició “el comandante galáctico” en 1999 y que profundizó su heredero, Nicolás Maduro. A cuatro años de su “siembra”, gracias a su legado hoy somos:


Unidad de investigación Runrunes



Venezuela es el país más corrupto de América Latina y el noveno en el mundo por segundo año consecutivo. Tan dudoso honor le fue conferido en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) del 2016, que desde 1995 elabora cada año la organización Transparencia Internacional.

Pero no es una novedad que Venezuela tenga la peor calificación regional por temas relacionados con la corrupción. En realidad, mantiene una tendencia negativa que registra en la última década. Con 17 puntos (dos puntos peor que la calificación del 2014), el 2016 se ubicó junto con Irak en el puesto 166 de 176, por detrás de naciones como Guatemala (puesto 136), Nicaragua (145) y Haití (159).

La medición se basa en estudios y encuestas que recogen la percepción de expertos sobre la corrupción en el sector público de distintos países.

El ranking de Venezuela como máximo exponente de la corrupción regional cuestiona los resultados de la gestión del Cuerpo Nacional contra la Corrupción que creó Nicolás Maduro en 2014, un organismo adscrito a la presidencia al que asignaron un equipo de fiscales y funcionarios policiales. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez no niega que haya irregularidades, pero las atribuye a casos puntuales y coyunturales y no a la estructura.

En el otro extremo, se encuentran Uruguay y Chile como las naciones más transparentes de América Latina (21 y 24 respectivamente) mientras que los países nórdicos Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia encabezan la lista internacional. Transparencia Internacional identifica características claves: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber el origen del dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad de los funcionarios públicos y poder judicial independiente.

Basta revisar estas razones y las condiciones en la que se encuentran los países mejor rankeados para entender por qué Venezuela no ha mejorado su posición en el listado.

MAS INFO AQUÍ

Malaria podría cobrar 350 vidas y dejar medio millón de casos en 2017

Runrunes
Por El Nacional
Fecha: 05/03/2017


La explosión de la epidemia de malaria que se ha registrado en el último lustro en Venezuela no solo ha dejado los números más altos de la historia en casos notificados, sino que también se ha traducido en mayor cantidad de muertes. La Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología revelaron datos que el Ministerio de Salud se ha empeñado en ocultar desde noviembre de 2014 cuando suspendió la publicación del Boletín Epidemiológico Semanal: en 2016 la malaria cobró la vida, al menos, de 150 personas.

La cifra es 15 veces mayor a la de hace cuatro años, cuando en 2012 hubo apenas 10 fallecimientos por esta epidemia.

“Y podrían ser más víctimas mortales, porque sabemos que hay un amplio subregistro de casos. El Informe Mundial de la Malaria de 2016 estima valores que están por encima de los que manejamos en el país. Ese documento habla de 220 fallecidos en Venezuela”, advierte el ex ministro de Sanidad, José Félix Oletta.

El crecimiento de la epidemia se ha descontrolado. El año pasado el aumento de infectados fue de 76%. Los 240.631 casos de malaria se convierten en un número rojo que hace olvidar los tiempos en los que el país, después de Estados Unidos y Rusia, fue el tercero en erradicar la enfermedad.

“Para 2017 la proyección no es mejor. Los cálculos que hemos hecho estiman que los contagios aumentarán entre 510.000 y 550.000 casos, con grave impacto sobre la salud de la población. Si esa proyección se mantiene, podríamos ver entre 320 y 350 muertes. Y esa situación puede ser peor si la malaria se sigue diseminando en el resto del país. El problema puede ser muy grande porque no hay capacidad de diagnóstico”, indica Oletta.

En este momento 16 entidades federales están en epidemia o alarma por el paludismo. Bolívar es el que más casos aporta. Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Apure, Guárico, Anzoátegui, Barinas y Miranda también tienen focos activos de la enfermedad. 16% de la población está expuesta a la malaria.

Puedes continuar leyendo en El Nacional

domingo, 5 de marzo de 2017

Aumenta número de jóvenes contagiados con VIH

Stop VIH insisten en que la falta de educación incide en la transmisión sexual

El presidente de la Organización Stop VIH, Jonathan Rodríguez, informó que ha aumentado significativamente los casos de nuevos infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)-SIDA, como consecuencia de la falta de distribución gratuita de preservativos y de educación sexual. Hasta ahora existen en el país un aproximado de 300.000 personas enfermas, de las cuales 65.000 recibe los medicamentos a través del Ministerio de Salud.

Indicó que los nuevos infectados son jóvenes que adquieren el virus a través del acto sexual sin protección. “Vemos con preocupación lo que está ocurriendo, sin duda la desinformación colabora para la expansión de la enfermedad. En Venezuela 11.000 personas se infectan anualmente y notamos que estos números crecen cada día más”, agregó.

Detalló que la Organización Stop VIH tiene una data informativa en la que aseguran que 19.000 menores de 17 años están huérfanos por el SIDA, mientras que 2.300 niños menores de 12 años han sido infectados por la madre durante la gestación o la lactancia. Consideró que es necesario reactivar las campañas informativas “que han sido abandonadas desde el año 2005 para prevenir esta enfermedad”.

“Ante la falta de preservativos la sensibilización, la concienciación y el despojo de los prejuicios se pueden realizar grandes cosas en beneficio de los jóvenes de nuestra sociedad”, concluyó.

Rhoxana Carrasco
EL PERIODIQUITO
Fotos DO