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Ricardo Luna, canciller de Perú, afirmó este jueves que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, usó una figura idiomática al señalar la semana pasada que EE UU no se preocupa de América Latina porque no causa problemas, a excepción de Venezuela, informó en una nota oficial.
Según el comunicado, el canciller aseguró que las declaraciones que hizo el gobernante peruano el 25 de febrero en la Universidad de Princeton fueron una “figura idiomática” para señalar que América Latina no presenta problemas ni representa peligro para EE UU.
Kuczynski señaló que el gobierno de Washington pone el foco en las regiones que causan problemas y por ello no invierte mucho tiempo en América Latina. “Es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra y no genera ningún problema, pero en el caso de Venezuela, ese sí es un gran problema”, señaló.
El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves que enviará una nota de protesta a Perú a nombre de los pueblos de América Latina y el Caribe contra las declaraciones despreciativas de Kuczynski. El mandatario nacional acusó a su homólogo de conspiración contra Venezuela.
Por otra parte, el gobierno de Perú envió el lunes una nota de protesta a Venezuela y llamó a su embajador en Caracas por las expresiones insolentes de Maduro, que ya había pedido a Kuzcynski retractarse por sus declaraciones en Princeton.
“Como se mencionó en otras oportunidades, parte de las conversaciones (con Trump) tuvieron que ver con la situación humanitaria que viven nuestros hermanos de Venezuela, de ahí a pensar que el presidente haya sugerido una invasión, es algo ridículo”, indicó.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el deterioro continuado de las condiciones de vida de los venezolanos, y enumera una serie de medidas que se deben aplicar para mejorar la situación. Recuerda que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2016, efectuado por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, la pobreza por ingresos alcanza a 81,8% de los hogares e insta a que se derrote la inflación que ha provocado ese deterioro.
“Nos sentimos obligados a reiterar la urgencia de reducir drásticamente el déficit del Estado, eliminar su financiamiento monetario, unificar el tipo de cambio en torno a sus valores reales de equilibrio y liberar a las fuerzas productivas para que puedan responder a las necesidades del mercado doméstico”.
Agrega que es necesario sanear las cuentas del sector público, eliminando el gasto improductivo y aumentando sus ingresos. “Deben sincerarse los precios de los bienes y servicios que brinda el Estado, venderse empresas que hoy desangran las arcas públicas y combatir eficazmente las corruptelas que tantos recursos le han robado a los venezolanos”.
La academia añade que las finanzas mejorarían significativamente si se actualizan los precios de los combustibles internos y se rescata la industria petrolera de los compromisos impuestos, que le han impedido cumplir con su misión de producir competitivamente crudo, gas y sus productos. “De esta manera la industria podrá encarar exitosamente sus requerimientos de inversión, de pago de compromisos y prescindir del dinero sin respaldo que le entrega el BCV”.
También advierte que es necesaria la unificación del tipo de cambio en torno a valores que equipararían el poder de compra interno y externo del bolívar, y la creación de condiciones que permitan el libre acceso a la divisa.
“El actual control cambiario, con sus tasas tan dispares y distorsionadoras de los precios internos, ha acentuado la fuga de capitales, la devaluación incesante de nuestra moneda y la merma de las reservas internacionales del país”.
La Unidad Democrática anunció este martes al país la adopción de un compromiso para hacer frente a la amenaza de ilegalización y cancelación de los partidos políticos de oposición, y a la estrategia del Gobierno de desconocer y eliminar definitivamente el derecho al voto de los venezolanos.
El compromiso fue adoptado de manera irrestricta por todos los partidos políticos que integran la Unidad Democrática y por sus diferentes líderes, coincidieron en señalar los diputados Winston Flores y Freddy Guevara al hacer el anuncio, en representación de la alianza opositora, durante una rueda de prensa.
“El compromiso fue acatado de manera unánime por todos los partidos, porque el espíritu del documento es el del rescate de la democracia y para decirle a los venezolanos que esta Mesa de la Unidad no se doblega, que los partidos que forman esta Mesa de la Unidad tampoco se doblegan ante la situación; y que estamos más unidos que nunca, que aquí se demuestra lo que quiere el país y que la reestructuración que ha venido teniendo la Mesa está dando sus resultados”, dijo Flores.
“Es un acuerdo muy importante que hemos alcanzado todos los partidos políticos de la Unidad, y que nos compromete y sobre todo nos blinda para evitar que el régimen cumpla su objetivo de elegir a su oposición, dividirnos y sacar del camino a los candidatos o partidos que a ellos no les convengan. De esta manera creemos que hemos avanzado en una importante estrategia que blinda al pueblo de Venezuela y blinda a los partidos de la Unidad Democrática”, apuntó Guevara.
“Aquí están Primero Justicia con liderazgos tan importantes como los de Julio Borges y Henrique Capriles; Acción Democrática, con el liderazgo de Henry Ramos Allup; Avanzada Progresista, con el liderazgo de Henry Falcón; Un Nuevo Tiempo, con el liderazgo de Manuel Rosales; Movimiento Progresista de Venezuela, con el liderazgo de Liborio Guarulla. Tenemos a Alianza Bravo Pueblo, que representa el liderazgo de Antonio Ledezma; a Vente Venezuela, que representa el liderazgo de María Corina Machado; a Voluntad Popular, que representa el liderazgo de Leopoldo López; y a La Causa R, que representa el liderazgo de André Velázquez”, precisó Guevara.
“Es un compromiso en el que todos los partidos políticos y todos los liderazgos estamos de acuerdo, y es un paso fundamental para defender a la Unidad Democrática”, insistió el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
“La idea es no canibalizarnos entre nosotros sino buscar la manera de que todos podamos quedar. Pero para el caso de que alguno no quede o decida no participar (en el proceso de validación), está este acuerdo político. De esta manera estamos uniéndonos y protegiéndonos entre todos”, aseguró.
Uno para todos y todos para uno
Al ampliar detalles de los alcances del compromiso, Guevara señaló que la Unidad Democrática seguirá reconociendo a los partidos que integran la coalición, independientemente de que mañana el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “valiéndose de alguna locura de ellos” desconozca a alguna de estas organizaciones políticas.
Explicó que mediante este acuerdo, el partido de la Unidad que logre sobrevivir al proceso de renovación exigido por el CNE, prestará su tarjeta para todos los candidatos de los demás partidos, candidatos que serán escogidos mediante elecciones primarias, proceso en el cual la Unidad comenzará a trabajar en lo inmediato.
“Los candidatos serán los que definamos en las primarias, independientemente de que el partido al cual pertenezca ese candidato esté legalizado o no. Todos pueden participar porque nosotros reconocemos lo que está acá, en este documento, no lo que diga el resto. Es un reconocimiento de nosotros”, señaló.
“La tarjeta que quede viva, bien sea la de la Unidad, que no está en juego pero que sabemos que tiene una amenaza de ilegalización, o las que queden validadas, las podrán usar todos los partidos, sin condicionamientos”, aclaró.
“Eso quiere decir que si, por ejemplo, la tarjeta de Voluntad Popular sobrevive al proceso de validación, entonces la prestará para que se inscriban todos los candidatos. Pero no por ello VP va a exigir a cambio la Alcaldía de Libertador, por poner un ejemplo. Si el acuerdo unitario dice que las primarias en ese municipio las ganó Winston Flores, que es de Vente Venezuela, la tarjeta de VP tendrá que inscribir a Winston Flores, queramos o no”, apuntó.
“Esta es la forma en la cual nos estamos protegiendo. Por supuesto, tendremos que avanzar en el tema de las primarias. El desarrollo de estos aspectos lo dejaremos para un próximo pronunciamiento. Ya estamos en contacto con los equipos técnicos para ver de qué manera podemos iniciar cuanto antes este quinto compromiso que es la activación del proceso de las primarias”, añadió.
“Estamos haciendo todo por unificar los esfuerzos, corregir los entuertos, aprender de los errores y reafirmar lo positivo para que todos juntos podamos avanzar en una estrategia y en una visión unitaria que le señale el camino a Venezuela para salir de esta dictadura lo antes posible”, enfatizó.
Advirtió que este no es un problema ni de los líderes ni de los partidos políticos, sino de toda la sociedad democrática venezolana para enfrentar esta dictadura que está moribunda pero que se niega a morir. “Como decía (el líder del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses) Martin Luther King, aquí ya no está en discusión si va a haber un cambio, aquí lo que está en discusión es cuán costoso va a ser el funeral para el pueblo. El funeral de la dictadura se le está haciendo muy costoso al pueblo porque (el Gobierno) se niega a reconocer que perdió la realidad y se aferra al poder por los temores que tiene y por la defensa de sus privilegios”, indicó.
Volverá la presión interna
Guevara reiteró que el proceso de renovación de los partidos en nada impide que el CNE convoque las elecciones de gobernadores que se debieron realizar en 2016, ni las de alcaldes que se deben efectuar este año. “La tarjeta de la Unidad Democrática está hoy legal. Que ellos la tienen bajo amenaza, es otra cosa. Sabemos que el Gobierno tiene esa intención, pero el proceso de validación de los partidos no impide la convocatoria de las elecciones que nos deben. El país tiene que tener elecciones. Se robaron el revocatorio y suspendieron las elecciones de gobernadores el año pasado. No podemos seguir permitiendo eso”, dijo.
“Esto es parte de las otras cosas en las que tenemos que avanzar en la Unidad para recuperar la fuerza, recuperar la confianza, recuperar el camino y poder ejercer una presión efectiva que haga que este país tenga elecciones: las de gobernadores, que nos deben; las que corresponden este año, que son las de alcaldes; y, por supuesto, las que necesitamos, que son las elecciones presidenciales para resolver los problemas de raíz”, apuntó.
“Ellos no las han convocado todavía, pero precisamente este acuerdo parte de la decisión de no esperar más a que el CNE anuncie el cronograma para realizar nosotros el proceso de las primarias, sino que queremos avanzar en esto desde ya”, explicó.
En este sentido anunció que paralelamente a las acciones que representantes de la Unidad vienen emprendiendo en el plano internacional, se continuará con la presión nacional, que es la más importante. “Dentro de poco se estarán anunciando unas convocatoritas para ejercer la presión que hace falta y que haga que esta dictadura abra una compuerta para que el pueblo de Venezuela se pueda expresar y pueda elegir a quiénes quiere que lo gobierne”, señaló.
En cuanto al proceso de renovación de los partidos, Guevara refirió que la decisión del CNE sobre el tema de la doble militancia es inconstitucional. “Pero estamos enfrentándonos a una dictadura y entendemos que tenemos que avanzar por encima de los obstáculos que nos pongan”.
En tal sentido hizo un llamado a la población a tener presente que si firman por un partido no deben hacerlo por otro.
Refirió que las condiciones impuesta por el CNE para la renovación de los partidos se hace muy cuesta arriba porque no hay ni el tiempo ni los equipos necesarios para poder lograrlo. “Hay sitios en los cuales ni aunque estuvieran firmando las personas durante las 48 horas, se alcanzaría la meta. Esa situación se está presentando en Zulia, Lara, Carabobo o Miranda, donde solo hay un centro por municipio. El municipio Sucre, del estado Miranda, tiene 500 mil votantes y un solo centro. En Maracaibo es igual. Eso es absurdo”, concluyó.
Venezuela entera y el mundo saben que el régimen que representa Nicolás Maduro y la cúpula que lo acompaña es rechazado por la gran mayoría del pueblo venezolano: cualquier proceso electoral libre, justo y transparente resultará en una gran victoria de las fuerzas democráticas, y por ende, en otra gran derrota para la dictadura.
Por ello, el régimen decidió avanzar en una estrategia dictatorial que busca desconocer y eliminar definitivamente el derecho al voto de los venezolanos. Ejemplo claro de ello son el desconocimiento de la Asamblea Nacional; tanto la suspensión inconstitucional del Referendo Revocatorio como de las elecciones de Gobernadores que debieron realizarse el año pasado; las amenazas de ilegalización a la tarjeta de la Unidad; y la sentencia del TSJ que obliga a los partidos políticos a participar en un proceso “validación y registro de militancia” bajo condiciones injustas y sin sentido.
No tenemos ninguna duda que esta nueva maniobra de la dictadura atenta con el sistema plural de partidos políticos democráticos, incluidos partidos que apoyan al propio gobierno; dejar a la discreción del régimen la selección de su oposición; así como propiciar la división de los partidos de la MUD a través de un proceso de canibalización política que evite la consolidación de tarjetas y candidaturas únicas para las elecciones que deben ser realizadas cuanto antes.
Es justamente en estos momentos difíciles cuando más se necesita de la Unidad, el compromiso y la responsabilidad de todos las organizaciones, líderes y ciudadanos comprometidos con la construcción de un futuro mejor, para impedir la consecución de los objetivos del régimen y lograr los del pueblo de Venezuela, representados por la alternativa democrática.
Por todo lo anterior expuesto, los partidos políticos abajo firmantes, miembros activos y militantes de la Unidad Democrática, nos comprometemos ante toda Venezuela a:
Reafirmar públicamente nuestro compromiso con el cambio urgente y constitucional, así como nuestro compromiso irrestricto de unidad. Para ello, asumimos íntegramente la defensa de todos y cada uno de los partidos políticos que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática ante el intento inconstitucional e ilegitimo de su ilegalización.
Reconocer y mantener como integrantes de pleno derecho, bajo las mismas condiciones actuales, a los partidos que actualmente forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática, independientemente de su reconocimiento o no por parte del Consejo Nacional Electoral tras el actual proceso de validación o ante cualquier acción que busque desconocer, intervenir o ilegalizar a cualquier partido de la MUD a través del Tribunal Supremo de Justicia o cualquier otro órgano del régimen.
Defender, reconocer y respetar los símbolos y siglas de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática como patrimonio de todos los venezolanos que apuestan por el cambio y los partidos políticos que hacen vida en la MUD
Colocar las tarjetas de los partidos políticos que logren validarse y/o tengan la posibilidad de presentarse en los procesos electorales venideros al servicio pleno, irrestricto y sin condiciones de la Unidad. Nos comprometemos a inscribir ante la instancia electoral la totalidad de los candidatos unitarios, independientemente de sus partidos de origen, para que pueda expresarse la voluntad mayoritaria de cambio del pueblo venezolano.
Ratificamos el compromiso de escoger los candidatos unitario a través de elecciones primarias y en consecuencia a partir de hoy instrumentaremos todo lo conducente para lograr ese fin
Asumiendo este compromiso firme ante el pueblo de Venezuela y nuestros compañeros de la unidad los partidos de La Mesa de la Unidad Democrática
Consuelo Iranzo, miembro de la directiva del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) y profesora de la UCV, señaló que la política laboral del actual gobierno ha estado dirigida a arrinconar y a reducir el poder del movimiento sindical venezolano.
Durante el foro “Problemas y perspectivas del movimiento sindical en Venezuela organizado por la Fundación Friedrich Ebert, Iranzo detalló el debilitamiento del sindicalismo en el país por la políticas de los Gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro.
“Otras acciones que están enmarcadas en esta política han sido el despido de dirigentes y de empleados por causas de orden político, la promoción del paralelismo sindical y el intervencionismo en las elecciones sindicales a través del CNE”, comentó Iranzo.
Reconoció que ciertamente el Estado también ha promovido medidas favorables a los trabajadores, pero ellas han sido hechas al margen de las organizaciones sindicales y son presentadas no como derechos de aquellos sino como dádivas del Gobierno.
“En síntesis, el principal problema del sindicalismo venezolano hoy en día es la existencia de un pésimo panorama económico con un campo de acción mínimo en el marco del autoritarismo-populista del Estado actual”.
La integrante de la directiva del Inaesin explicó que a pesar del contexto y escenarios adversos, el movimiento sindical venezolano podría tener una mejor realidad. “La primera de ellas es su sempiterna subordinación a los partidos, que los ha llevado a anteponer los intereses de estos a los de los trabajadores, o sus propios intereses como dirigentes políticos al de su condición de dirigentes sindicales. Igualmente la dispersión y las diferencias entre las centrales han contribuido a ese debilitamiento”, aseguró.
Concluyó que si prevalece una fuerte autocrítica y deseos de una radical renovación seguramente el movimiento sindical venezolano logrará sobrepasar sus propias deficiencias.
“Su acción exige hoy más que nunca de una enorme creatividad, indispensable para superar las acciones meramente defensivas. Los últimos esfuerzos que está haciendo para establecer nuevas alianzas con las otras organizaciones de la sociedad civil apuntan en una dirección prometedora”.
Organizaciones sociales y de derechos humanos enviaron una carta al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que insisten en la petición hecha el pasado 24 de octubre de 2016, en la que solicitaban la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).
A través de su cuenta en Twitter, Almagro informó que recibió el documento, por lo que en breve concluiría la actualización del informe sobre la situación en Venezuela.
“Hoy nos comunicamos con usted para insistir en esta solicitud de activar los mecanismos presentes frente a la situación venezolana, debido a la continuación del agravamiento del quiebre de la institucionalidad democrática y los retrocesos en materia de derechos sociales”, reza la carta de las ONG.
En la misiva, las organizaciones dejan claro que consideran que el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición “es importante y necesario”, aunque hicieron la salvedad: “hasta ahora el Ejecutivo Nacional ha mostrado evidencias de no tener la voluntad política para respetarlo y, por el contrario, se ha valido de su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para evitar dar cauce democrático a la crisis social y política de Venezuela”.
Algunas de las ONG que firmaron la carta son: Acción Ciudadana Contra el Sida, Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Amigos Transplantados de Venezuela, Asamblea de Educación, Aula Abierta Venezuela, Convite AC, Fenasopadres, Fundaval, Redes Ayuda, Unión Afirmativa, Un Mundo Sin Mordaza, entre otros.
A continuación la carta enviada al Secretario General:
Caracas, 24 de febrero de 2017
Doctor Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Su despacho.-
Reciba ante todo nuestro respetuoso saludo y reconocimiento al valioso trabajo que viene realizando desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Somos un grupo de personalidades, organizaciones sociales y de derechos humanos que fuimos parte de la comunicación remitida a usted el pasado 24 de octubre de 2016, en la cual denunciábamos la violación de los principios presentes en la Carta Democrática Interamericana (CDI) por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como la petición de activar los mecanismos presentes, tanto en su artículo 19 como en su artículo 20, para su activación frente a la situación venezolana. Hoy nos comunicamos con usted para insistir en esta solicitud, debido a la continuación del agravamiento del quiebre de la institucionalidad democrática y los retrocesos en materia de derechos sociales.
Con atención seguimos los esfuerzos que usted realizó durante el año 2016 para visibilizar el deterioro político y social sufrido por Venezuela. También sabemos que este impulso inicial debió esperar por los resultados del proceso de diálogo iniciado en noviembre de 2016, el cual contó por primera vez con un interlocutor que gozaba de la confianza de todas las partes: El Vaticano. Sin embargo, como es de su conocimiento, el gobierno venezolano se negó sistemáticamente a asumir compromisos, profundizando su ataque contra las libertades democráticas, suspendiendo de manera indefinida los procesos electorales pendientes y tomando decisiones que han empeorado la dificultad de acceso de la población a los alimentos y medicinas, en un contexto de alta inflación y crisis económica.
Consideramos que el diálogo es importante y necesario en cualquier conflicto, pero hasta ahora el Ejecutivo Nacional ha mostrado evidencias de no tener la voluntad política para respetarlo y, por el contrario, y, por el contrario, se ha valido de su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para evitar dar cauce democrático a la crisis social y política de Venezuela. Por ello creemos que, independientemente de si el mecanismo de diálogo seguirá llevándose a cabo en el país, la OEA debe continuar con el proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Esto significaría suspender al Estado venezolano de la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. Asimismo, implicaría realizar una convocatoria al Consejo Permanente de la OEA para la evaluación de la situación venezolana, estimulando todas las gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática en nuestro país.
Continuaremos informando a la Secretaría General sobre las represalias contra nuestras organizaciones que pudieran generarse por haber realizado esta solicitud y exigir, a viva voz, el fin de la ruptura del hilo constitucional y por la adopción de medidas eficaces para detener el aumento de la pobreza en Venezuela.
Quedando de usted atentamente, nos despedimos.
Suscriben la presente comunicación
Individualidades
Hasler Iglesias, presidente saliente Federación de Centros Universitarios UCV.
Margarita López Maya, historiadora.
Oscar Murillo, periodista
Organizaciones:
Acción Ciudadana Contra el Sida
Acceso a la Justicia Acción Solidaria
Amigos Transplantados de Venezuela
Asamblea de Educación Aula Abierta Venezuela
Cátedra de DDHH de la UCLA
Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comisión de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del estado Apure
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ Convite
AC Civilis Derechos Humanos Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (FUNDAMUJER)
Fundación Venezolana y de América Latina (FUNDAVAL)
Foro Penal Venezolano
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS DDHH
Federación de Sociedad de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
Fundación Incide
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
María Estrella de la Mañana AC
Laboratorio de Paz Observatorio de DDHH de la Universidad de los Andes
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Oficina de DDHH del vicariato de Puerto Ayacucho
Padres Organizados de Venezuela Promoción, Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (Red Ara)
Redes Ayuda
Sociedad Hominis Iura (SOHI) Sinergia
Stop VIH Transparencia Venezuela Una Ventana a la Libertad Unión Afirmativa Un Mundo Sin Mordaza
El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) emitió un comunicado este viernes sobre la acefalía –carencia de cabeza– de la Unión de Naciones Suramericanas y su deficiente papel en el diálogo político entre Gobierno y oposición, por lo que recomienda al Unasur cambiar a su secretario general y pide a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.
El Consejo explica en el texto que Unasur carece de cabeza al tener un secretario general con período vencido en el poder y que en lugar de seguir el reglamento interno de la organización, Ernesto Samper en conjunto con Venezuela que ejerce la Presidencia Pro-Témpore, han nombrado como secretario encargado a Yuri Chillán, quien estuvo enredado en el escándalo del “carrusel de la contratación” en la Alcaldía de Bogotá en 2010. A su vez, Chillán ha extralimitado sus competencias y designó al boliviano Mauricio Dorfler, Director de Asuntos Políticos y Defensa, para seguir intentando “reactivar” el diálogo en Venezuela. Ninguno de estos nombramientos fueron aprobados por los cancilleres de Unasur, por lo que las acciones resultan ilegales y el proceso muy irregular.
Por esto COVRI recomienda a la Mesa de la Unidad Democrática a “no reconocer la legitimidad de estos supuestos representantes de la UNASUR, quienes se abrogan atribuciones al margen de la normativa de esa organización”.
Además señala que el presidente Maduro ha utilizado al Poder Judicial para bloquear las competencias de la Asamblea Nacional; cerrar la posibilidad de una amplia amnistía para liberar a los presos políticos y permitir el retorno de los exiliados; conculcar el derecho de los venezolanos a realizar elecciones para revocarlo y renovar las autoridades regionales, además de haber sacado del aire al canal CNN en español y nombrar un gabinete más radical liderado por Tareck El Aissami, quien fue sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
COVRI también declara que los tres expresidentes que actúan como facilitadores del diálogo ya no tienen la fortaleza y credibilidad necesaria para participar en él, por lo que aconsejan cambiarlos por otros expresidentes que hayan demostrado preocupación por la situación que vive Venezuela.
Asimismo, proponen la creación de un Grupo de Países Amigos como mecanismo de acompañamiento al diálogo, y propone la candidatura del actual embajador argentino en Chile, el Dr. José Octavio Bordón, para asumir la Secretaría General de Unasur.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es una alianza política de los partidos políticos democráticos de Venezuela con la finalidad de lograr la concertación de estrategias y políticas unitarias, así como la coordinación de acciones políticas y organizativas comunes para lograr sus fines.
Su objetivo principal es el cambio político profundo que con urgencia reclama el país, el cual debe ser por la vía constitucional, democrática, electoral, y pacífica para establecer un Gobierno de Unidad Nacional, para lo cual debe oír e incorporar a sus diferentes planes a todos los sectores que constituyen al pueblo venezolano.
Sus decisiones se toman de acuerdo al presente reglamento, con los cambios o modificaciones que se le hagan en el futuro. Los Partidos políticos que integran la MUD no están limitados para desarrollar sus propias políticas de crecimiento enmarcadas dentro de las estrategias y políticas unitarias acordadas por la MUD con la participación de sus integrantes para lo cual deben privar las normas y reglamentos de obligatorio acatamiento. Quien vulnere las decisiones adoptadas por la MUD se colocará al margen de la misma.
Artículo 1: La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es una alianza de partidos políticos que está integrada por los que así lo decidan, comprometiéndose a cumplir sus decisiones y a acatar este reglamento.
Artículo 2: La estructura organizativa de la MUD será la siguiente:
El Congreso Nacional de la Sociedad Democrática (CONASODE), máxima instancia de asesoría y consulta conformado por los partidos políticos miembros de la MUD, los Invitados Permanentes y las organizaciones sociales, gremiales, universitarios, sociedad civil, que manifiesten su voluntad de adscribirse al CONASODE o sean invitadas por éste. Todas estas organizaciones podrán participar previa convocatoria con el fin de deliberar abiertamente sobre los temas de interés para los objetivos de la alianza, y como mecanismo de consulta permanente.
Parágrafo Único: El CONASODE nombrará un Equipo Ejecutivo, instancia encargada de la vinculación entre la MUD y la Sociedad Civil, que estará compuesta por una representación paritaria escogidos del CPO y elegidos de los sectores representativos de la sociedad civil.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), máxima instancia de decisión y dirección de la MUD, conformada por los partidos miembros de la alianza que tengan representación principal parlamentaria (AD, PJ, UNT, VPA, MPV, CR, AP, VENTE, ABP, PVZLA, CC, GE, CONVERGENCIA), y la representación de los partidos(Unparve, FDC, NOE, UVV, MR, FL, Moverse, Va Palante) que participan de la alianza unitaria pero no obtuvieron representación parlamentaria principal.
Dicha representación, principal y alterno, será escogida trimestralmente dentro del bloque de estos partidos.
El Comité Político Operativo (CPO) estará conformado por los partidos AD, PJ, UNT, VPA, MPV, CR, AP, VENTE, ABP. Esta instancia de dirección se reunirá semanalmente y tomará decisiones operativas preferiblemente por unanimidad o, en su defecto, cuando agotado el debate coincidan al menos la mayoría más uno de los partidos miembros de la MUD y del setenta por ciento (70%) o más del total de los Votos Ponderados de los presentes en dicha instancia. Serán invitados permanentes a este Comité los Gobernadores pertenecientes a la MUD, aplicando este criterio incluso a la Alcaldía Mayor de la Gran Caracas, y el Jefe de la Fracción Parlamentaria de la MUD. Los Gobernadores y el Alcalde Mayor no pueden delegar su representación en esta instancia, a menos que sea justificado debidamente por causas de fuerza mayor. El CPO podrá designar vocero encargado de las declaraciones e informaciones de la MUD
Coordinador Operativo. La Mesa de la Unidad escogerá un Coordinador Operativo para que cumpla labores operativas, de coordinación política y para que se encargue de la dirección del debate y la convocatoria a las reuniones, velando en todo momento por el cumplimiento de este reglamento.
Equipos de Trabajo, instancia de trabajo y activismo de los partidos miembros de la MUD compuesto por tres (3) equipos:
a) Equipo de Apoyo Político que tendrá a su cargo las áreas: regiones, comunicación, internacional, estrategia, programática y electoral; b) Frente Lucha Social encargado de la relación con los diferentes sectores de la sociedad civil; c) Equipo de Apoyo Técnico encargado de las áreas: sala situacional, GTAE, administrativa. Cada equipo tendrá un Coordinador elegido por sus miembros. Los Equipos de Trabajo estarán conformados por siete (7) representantes de los partidos miembros de la MUD y cuyo objetivo será el trabajo, análisis de propuestas a presentar a las instancias de la MUD
Artículo 3: Se establece un voto ponderado de cada partido miembro de la MUD de la siguiente manera:
Parágrafo único: La presente tabla de ponderación deberá ser actualizada una vez se realicen nuevos procesos electorales que sirvan de referencia para una nueva valoración
Artículo 4: Las decisiones de la MUD se tomarán preferiblemente por unanimidad o, en su defecto, cuando agotado el debate coincidan al menos la mayoría más uno de los partidos miembros de la MUD y el 70% o más del total de los Votos Ponderados.
Disposición Transitoria: En un lapso de 10 días continuos contados a partir de la aprobación de este reglamento, todas las organizaciones políticas que desean integrar la alianza deberán designar por escrito a su representante principal con su respectivo alterno ante la MUD y sus instancias.
Artículo 5: Todos los cargos de elección popular serán provistos en elecciones primarias, salvo que en alguno o algunos de ellos el candidato sea propuesto por consenso de las organizaciones en la forma en que lo determine el reglamento respectivo.
Artículo 6: Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por la MUD.
El Aissami publicó en el diario estadounidense The New York Times una carta pública dirigida al secretario del Departamento de Tesoro, Steven Mnuchin, en la que rechazó las sanciones que le impusieron la semana pasada
El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami afirmó el miércoles que la sanción por narcotráfico que le impuso el Departamento del Tesoro responde a acciones de sectores políticos estadounidenses que buscan evitar que Caracas y Washington restauren sus relaciones políticas y diplomáticas.
El Aissami publicó en el diario estadounidense The New York Times una carta pública dirigida al secretario del Departamento de Tesoro, Steven Mnuchin, en la que rechazó las sanciones que le impusieron la semana pasada y que implicaron la anulación de su visa y la confiscación de sus propiedades en Estados Unidos.
El vicepresidente sostuvo que Mnuchin ha sido “engañado” por sectores políticos de Estados Unidos que están interesados en evitar que Caracas y Washington “restauren” su relación bilateral. Ambos países están sin embajador desde 2010.
En la publicación de una página El Aissami pidió a las autoridades estadounidenses rectificar la medida alegando que van en contra del derecho internacional y representa un peligro para las relaciones internacionales.
Lea completa la carta de Tareck El Aissami publicada en The New York Times
Tal Cual
22-02-2017
El Vicepresidente publicó en el diario estadounidense una carta pública dirigida al secretario del Departamento de Tesoro, Steven Mnuchin, en la que rechazó las sanciones que le impusieron la semana pasada y que implicaron la anulación de su visa y la confiscación de supuestas propiedades en Estados Unidos
A través de un comunicado la coalición opositora se pronunció para resaltar tres aspectos que consideran necesarios para el esclarecimiento de las acusaciones al vicepresidente de República
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se pronució este martes, 14 de febrero, sobre las sanciones contra el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami y un empresario señalado de ser su testaferro en delitos vinculados al narcotráfico, por parte del Departament del Tesoro de Estados Unidos.
A través de un comunicado la coalición opositora se pronunció para resaltar tres aspectos que consideran necesarios para el esclarecimiento de los señalamientos. En primer lugar piden una respuesta de la situación por medio del inicio de una investigación transparente y sin manipulaciones.
Piden a la Fiscalía que indague de forma penal solicitando a la ONA la información correspondiente a los hechos, o si guardan relación con más personas con los mismos antecedentes señalados en el país.
De igual modo indican que promoverán a qué se inicie una investigación sobre el caso que acapara la opinión pública desde este lunes 13 de febrero cuando se conoció la noticia, a la que el mismo Gobierno ha respondido que es una “amenaza imperial miserable” que busca quebrantar a la Revolución, pero que no la vencerá, dictan sus reacciones.
A continuación el comunicado completo
Ante las sanciones anunciadas ayer lunes 13 de febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el ciudadano Tarek El Assaimi, vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, y contra un empresario señalado de ser su testaferro por presuntos delitos vinculados con narcotráfico, la Mesa de la Unidad Democrática fija posición en los siguientes términos:
1) La desgastada retórica “anti-imperialista” no puede ser la respuesta del régimen de Maduro frente a las delicadas acusaciones contra el vicepresidente El Aissami. La gravedad de las acusaciones y la alta investidura de quien es objeto de las mismas merecen una respuesta seria que le permita a los venezolanos aclarar en detalle todos los aspectos de la situación. En un sistema democrático lo usual fuese que se abriera una investigación independiente y transparente por parte de la Fiscalía para que los venezolanos podamos determinar con precisión la responsabilidad o no de los señalados. De allí que sea necesario que los venezolanos conozcamos todas las evidencias que se puedan tener a los efectos de establecer las responsabilidades respectivas. No es aceptable que se manipule el concepto de soberanía para impedir una investigación y mucho menos para proteger a determinadas personas. La sanción impuesta solo tiene efectos en Estados Unidos y aplica sobre bienes ubicados en Estados Unidos. Ha sido una decisión tomada de acuerdo a las leyes de ese país, tal y como podría haberlo hecho el nuestro.
2) Lo único aceptable es una investigación seria. Instamos a la Fiscalía a abrir una investigación penal y a que la realice de manera objetiva, solicitando información a la ONA y haciendo uso de los acuerdos internacionales para obtener las probanzas necesarias dentro y fuera del país. Eso es respetar a Venezuela y a los venezolanos, en lugar de buscar excusas desgastadas y repetidas. Ante esta situación, es válido preguntarse: ¿Existió o existe alguna relación del Vicepresidente El Assaimi con los narcotraficantes allí mencionados? ¿Cuál ha sido el testimonio de Makled quien acusó a varios funcionarios venezolanos y hoy se encuentra detenido por narcotraficante? ¿Cuál es la relación entre El Assaimi y Samark López? ¿Tiene Samark López relaciones y negocios con el régimen de Maduro? ¿De dónde proviene si riqueza? ¿Por qué tiene cuantiosos bienes en Estados Unidos? Son preguntas sobre las cuales los venezolanos merecemos respuesta. La corrupción y el narcotráfico han llevado al sufrimiento de muchos a cambio del disfrute de la cúpula que hoy (des)gobierna nuestro país.
3) Promoveremos y apoyaremos las investigaciones que se hagan desde la Asamblea Nacional, único poder público autónomo en el país. El pueblo de Venezuela tiene derecho a conocer la verdad sobre esta y otras situaciones similares de las que se ha hablado desde hace mucho tiempo sin que se haya producido investigación alguna, en tiempos en que también la Asamblea Nacional estaba subordinada al Poder Ejecutivo. Una vez evaluados todos los aspectos y efectuada la investigación respectiva, no descartamos que el Parlamento pueda y deba ejercer las facultades previstas en los artículos 187 y 240 de la Constitución a los efectos de aprobar un voto de censura contra el actual Vicepresidente, si los resultados de la investigación así lo determinan.
El Foro Cambio Democrático afirma que la oposición debe considerar positivamente cualquier invitación a reunirse con el gobierno en el Vaticano
La ong Foro Cambio Democrático envió una carta a los facilitadores del diálogo en Venezuela, en la que cuestionan la acción del gobierno a través del TSJ y del CNE para "sabotear la posibilidad de que se produzca un proceso de diálogo franco que contribuya a la superación de la grave crisis social, económica y política que atraviesa Venezuela".
El politólogo Alejandro Martínez, el embajador Oscar Hernández, experto en negociaciones, y Rafael Curvelo, licenciado en Estudios Liberales, todos directivos del Foro CD, expresaron que su organización "entiende que el diálogo es el camino a transitar para el retorno a la constitucionalidad".
-El mecanismo dispuesto para la renovación de los partidos políticos, dice Alejandro Martínez, por las características que tiene, es un instrumento con el que el gobierno y los Poderes Públicos que acatan sus órdenes buscan ilegalizar un importante número de partidos políticos de la oposición e incluso partidos que han sido aliados del gobierno, así como retrasar la realización de las elecciones regionales constitucionalmente previstas para 2016, y anunciadas públicamente por la presidenta del Consejo Nacional Electoral para el primer semestre de 2017.
Entre las razones que según Martínez evidencian el uso del proceso de renovación como un mecanismo de dilación y control político, se hallan:
a) Decidir realizar este proceso de renovación en este momento lo que sólo se explica por el interés de postergar las elecciones regionales.
b) Este procedimiento administrativo no puede retrasar el término constitucionalmente establecido para la realización de las elecciones regionales.
c) Se establece un período de diez semanas para la realización de todo el proceso de renovación, en el que cada partido político deberá recabar 0,5 % del número de inscritos en el registro electoral de al menos doce estados en DOS DIAS, haciendo extremadamente difícil su obtención.
d) Se establece el uso de 390 máquinas de votación para la realización de la renovación. El Consejo Nacional Electoral dispone de más de 40.000 máquinas.
e) El Tribunal Supremo de Justicia establece que los venezolanos sólo puedan expresar su apoyo exclusivamente a UNA organización política.
-Todas estas razones evidencian una grave violación de los principios democráticos en general, y del proceso de diálogo en particular, sentencia Martínez.
Por su parte, el embajador Oscar Hernández expresó el respaldo del Foro CD a la mediación del Vaticano en el proceso de diálogo, recordando que su organización fue de las que primero sugirió esta posibilidad en junio del año pasado.
-Apoyamos a Su Santidad el Papa Francisco y sus gestiones en Venezuela, expresa Hernández, pues consideramos que, como se ha demostrado en otros procesos de diálogo en el mundo, su participación puede ser y es decisiva para lograr las negociaciones entre el gobierno y la oposición con miras a la reconciliación de todos los venezolanos.
Por otra parte, el embajador Hernández recomendó desde el Foro CD a los partidos de oposición aliados en la MUD a aceptar la invitación a encontrarse en el Vaticano con el gobierno en presencia del Papa, pues considera que "todo escenario debe ser aprovechado para dejar saber las exigencias y reclamos de la sociedad democrática frente al régimen autoritario que nos atropella".
La Unidad Democrática remitió este viernes un comunicado a Unasur y a los facilitadores del proceso de diálogo. De seguido, el texto del documento:
“El Gobierno habla de diálogo mientras intenta ilegalizar a los partidos”
1) El pasado 20 de enero el entonces Secretario General de Unasur, Ernesto Samper; los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Monseñor Aldo Giordano, Nuncio Apostólico del Vaticano en Venezuela,, hicieron entrega a la Mesa de la Unidad Democrática de un documento titulado “Acuerdo de Convivencia Democrática”, contentivo de 21 puntos relativos a la aguda crisis política, económica y social que sufre Venezuela como consecuencia de la corrupción generalizada, la ineptitud sistémica y el proyecto ideológico promotor de miseria que caracterizan al régimen anti-democrático de Nicolás Maduro Moros.
2) Tras estudiar los 21 puntos de ese documento, la MUD anunció en comunicado público el pasado 26 de enero su decisión de elaborar un documento propio, que recogiera las exigencias que la sociedad democrática venezolana plantea al régimen de Nicolás Maduro y las hiciera conocer a la comunidad internacional. Entonces dijimos con claridad que “el experimento de ‘diálogo’ que se desarrolló en Venezuela del 30 de octubre al 6 de diciembre de 2016 es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir” debido al incumplimiento del gobierno, y que “el que estemos dispuestos a elaborar y debatir este documento alternativo no significa ‘borrón y cuenta nueva’. Por el contrario: la confiabilidad de cualquier mecanismo futuro de verificación y cumplimiento de acuerdos se basa en lograr que los acuerdos anteriores sean honrados”.
3) Cumpliendo lo anunciando, en el día de ayer jueves 9 de febrero la Mesa de la Unidad Democrática hizo entrega formal al expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y a Mauricio Doffler, representante de Unasur, de un documento en respuesta al entregado por ellos el 20 de enero. Este documento se titula “ACUERDO PARA LA SUPERACION DE LA CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL”, y esta centrado en cuatro aspectos básicos: Fecha concreta de realización de elecciones para solventar la crisis, libertad de TODOS los presos políticos, atención urgente a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Aclaramos que estos no son “puntos de agenda” para “empezar a dialogar”, sino las bases de cualquier acuerdo posible, SIEMPRE Y CUANDO ESE ACUERDO CUENTE CON SUFICIENTES MEDIDAS ADICIONALES PARA SU VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE Y OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
4) Mientras con la entrega de este documento la Unidad Democrática reitera su condición de fuerza mayoritaria, democrática y pacifista, al mismo tiempo denunciamos ante el mundo como el régimen minoritario de Maduro Moros cada día empuja a Venezuela hacia el abismo de la violencia, al cerrar las vías políticas para la resolución del conflicto. El régimen secuestra referendos, suspende elecciones, detiene concejales, alcaldes y diputados violando fueros e inmunidades, anula pasaportes de parlamentarios opositores y ahora pretende ilegalizar a los partidos de oposición.
MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA
Caracas, 10 de Febrero 2017
A través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) manifestó su rechazo a las normas para la renovación de los partidos políticos, anunciadas este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“La Mesa de la Unidad Democrática rechaza las inaceptables condiciones impuestas por el CNE, pues las mismas confiscan el derecho de los venezolanos a organizarse y participar políticamente y constituyen una afrenta, una burla a la democracia”, expresa la coalición opositora en el texto.
A continuación, reproducimos el comunicado íntegro:
Ante las ilegales e inconstitucionales normas para el proceso de relegitimación de los partidos políticos, anunciadas con inconsulta nocturnidad por la mayoría pesuvista del directorio del Consejo Nacional Electoral ayer 7 de febrero de 2017, la Mesa de la Unidad Democrática, representante fiel de la determinante mayoría del pueblo venezolano, fija posición en los siguientes términos:
Esta es una agresión del régimen contra el país, no sólo contra los partidos políticos. Fue el país el que exigió a los partidos democráticos que, en un gesto de desprendimiento, no usaran sus tarjetas y símbolos y acudieran todos a las elecciones usando la TARJETA ÚNICA, la tarjeta de la Unidad Democrática, “la de la manito”, como terminó llamándola el pueblo. Poniendo por encima de sus intereses y tradiciones el interés del país, los partidos políticos así lo hicieron. Hoy el régimen quiere utilizar esta circunstancia para acabar con los partidos democráticos, al diseñar un mecanismo de relegitimación de estas organizaciones ante el CNE que transforma tal proceso en una carrera de insalvables obstáculos. Una vez más, la mayoría oficialista del CNE actúa no para promover sino para impedir y coartar el ejercicio del derecho constitucional del pueblo venezolano a la organización y participación política.
La Tarjeta Única de los demócratas se transformó el 6 de diciembre de 2015 en la más votada de toda la historia electoral de Venezuela. Por eso hoy el régimen no sólo dificulta en grado extremo la relegitimación de los partidos políticos, sino que ha amenazado también con anular el registro de la Mesa de la Unidad Democrática como organización con fines políticos, para lograr así un objetivo tan perverso como antidemocrático: ganar cualquier elección futura no porque tengan más votos, que ya saben que no los tienen, sino por armar de manera fraudulenta unas elecciones sin contendores. Y eso lo quieren lograr usando el único poder que les queda, el poder de la violencia (en este caso, la violencia institucional ejercida a través del CNE y el TSJ) para convertir al sistema electoral venezolano en un remedo del sistema electoral cubano o nicaragüense, es decir, un sistema electoral en que el pueblo quizá puede votar, pero no puede elegir…
¡Venezuela no es Cuba ni Nicaragua! En efecto, en Cuba hay elecciones, pero al ser un sistema de partido único los únicos candidatos por los que el elector cubano puede votar son los del Partido Comunista. En el caso de Nicaragua, donde la Constitución no contempla el sistema de partido único, la dictadura de Daniel Ortega ha usado su poder sobre la administración de justicia y sobre el órgano electoral para proscribir la existencia de partidos opositores y anular la proclamación de los parlamentarios demócratas. De esa manera, en Cuba y en Nicaragua los ciudadanos pueden votar pero no pueden elegir, condenados como están a “escoger” solamente entre las opciones que el régimen presenta. Ese es el escenario que el madurismo quiere imponer en Venezuela: acabar con la democracia participativa y protagónica mediante la imposición de estas restrictivas normas de relegitimación de partidos.
El 6 de diciembre de 2015 el pueblo le demostró al régimen que la voluntad de cambio de los venezolanos era capaz de vencer al monstruoso ventajismo estructural oficialista, alcahueteado por el órgano electoral. La respuesta del régimen a esa realidad es este torpe intento de convertir a Venezuela en otra Nicaragua. El pueblo venezolano y su expresión político-electoral, la Mesa de la Unidad Democrática, rechaza enérgicamente esta maniobra que el régimen pretende perpetrar contra la Constitución y contra el derecho de los ciudadanos a elegir su destino, votando en elecciones libres y realmente competitivas.
La Mesa de la Unidad Democrática rechaza las inaceptables condiciones impuestas por el CNE, pues las mismas confiscan el derecho de los venezolanos a organizarse y participar políticamente y constituyen una afrenta, una burla a la democracia. ¡Destinan para el proceso de relegitimación 390 máquinas captahuellas, cuando el CNE dispone de 40 mil! ¡Establecen para que cada partido reúna la cantidad de adherentes necesarios apenas 14 horas a lo largo de un fin de semana, lapso que originalmente era de cuatro meses! Estos son solo dos ejemplos del carácter restrictivo y fraudulento de las normas cuyo rechazo hoy hacemos público.
Esta agresión no es sólo contra los partidos de la Unidad Democrática: ¡También los partidos de la alianza oficialista podrían ser afectados mortalmente por esta maniobra! Ya la opinión pública ha conocido la posición crítica de voceros de organizaciones como el Partido Comunista de Venezuela y el partido Redes. Esto ocurre porque esta agresión no es contra “unos” partidos sino contra LOS partidos, en tanto que instrumentos del pueblo para su organización y participación político-electoral.
Hacemos un llamado de alerta a la Organización de Estados Americanos, a Unasur, a Mercosur, a la ONU, a la Unión Europea, al Vaticano, al cuerpo democrático acreditado en Venezuela y a toda la comunidad internacional: estamos en presencia no de una simple atrocidad burocrática, sino de una muy severa agresión contra la paz en Venezuela y en toda la región. Cerrar la vía democrática y electoral para la resolución de conflictos en un país como Venezuela, con una crisis económica profunda, una violencia social inmensa y un gobierno probadamente minoritario, es empujar a toda la Nación al abismo de la confrontación abierta. Si eso llegara a ocurrir el impacto afectaría a toda la región.
Es necesario entonces que una intensa y asertiva movilización de la comunidad internacional acompañe el rechazo del pueblo venezolano para derrotar este atentado contra la democracia perpetrado desde instituciones que deberían servir a la democracia, y para garantizar que este ilegítima pretensión oficial no se transforme en un nuevo pretexto para retrasar o no realizar las elecciones municipales y regionales que en Venezuela están previstas por la Ley y la Constitución, y para evitar el adelanto de elecciones presidenciales que hoy es clamor nacional.
Mesa de la Unidad Democrática
Caracas, 8 de febrero de 2017
Transparencia Venezuela advirtió que dicha reasignación se debe hacer mediante contrataciones públicas transparentes que respondan a claros criterios de capacidad, precios y calidad
Transparencia Venezuela emitió un comunicado en el que asegura que los venezolanos necesitan con urgencia las obras que la constructora brasileña Odebrecht dejó inconclusas. Indicó que celebran el anuncio realizado por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado domingo en su programa dominical, sobre la intención de reasignar este grupo de proyectos a empresas nacionales para su culminación.
Sin embargo, advirtió que dicha reasignación se debe hacer mediante contrataciones públicas transparentes que respondan a claros criterios de capacidad, precios y calidad, y no por adjudicación directa, como sucedió, no solo con Odebrecht, sino con otras empresas brasileras como Camargo Corrêa, QueirozGalvão y Andrade Gutierrez.
“Este tipo de adjudicación, que se ampara en recursos legales o en el marco de convenios internacionales entre países, genera altos riesgos de corrupción y la prueba está a la vista con el caso de Odebrecht y los sobornos que admitió haber hecho en 12 países, entre ellos, Venezuela”, señaló la directora Ejecutiva del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, Mercedes De Freitas.
SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Transparencia Venezuela aseguró que por insólito que parezca, nada se le oyó decir al Presidente sobre la investigación de los sobornos por 98 millones de dólares que admitió Odebrecht haber pagado a funcionarios venezolanos, a cambio de la adjudicación del conjunto de obras.
Ante esto consideró que para el jefe de Estado venezolano debería ser una prioridad aclarar los delitos de corrupción y recuperar para el país los bienes objeto de los ilícitos.
La ONG salió al paso ante las críticas del Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Reportó cerca de 2.500 fallecimientos en enero de 2017 en todo el país, entre homicidios y resistencia a la autoridad
A través de un comunicado, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) enfatizó que los datos proporcionados por varios medios de comunicación el pasado 2 de febrero de 2017 sobre las muertes registradas en la Morgue de Bello Monte en Caracas, no fueron proporcionadas por esa ONG.
“Ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los detalles de lo que allí se ha registrado”, se desprende del comunicado.
El Observatorio Venezolano de la Violencia ve como positivo el hecho de que las autoridades puedan informar la cifra de muertos ingresados a la morgue de la capital en el mes de enero de 2017.
A continuación el texto completo del comunicado:
Del OVV a la Opinión Pública Los equipos de investigadores de las universidades nacionales UCV, UCAB, UDO, UCAT, UCLA, ULA, que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), queremos informar a la opinión pública nuestra posición en relación a las recientes declaraciones de altos funcionarios de la administración pública: 1- Queremos aclarar que los datos dados a conocer por varios medios de comunicación, el 2 de febrero de 2017, sobre las muertes violentas registradas en la morgue de Bello Monte no fueron proporcionados por el Observatorio Venezolano de Violencia. El OVV no utiliza en sus estudios o proyecciones los datos de la morgue de Bello Monte. Desde hace unos años los investigadores de la Universidad Central de Venezuela, quienes desde diversas facultades cooperaban en el estudio y análisis de los datos forenses, no tienen acceso a las informaciones de la morgue, pues los convenios de cooperación fueron terminados. 2- Entendemos que los datos de las morgues, de gran relevancia, son entregados a las fuentes periodísticas por personas honestas que trabajan en las entidades públicas y que entienden que esos datos son públicos, es decir, son propiedad de la sociedad venezolana. 3- Consideramos positivo que las autoridades puedan ofrecer a la sociedad un reporte de lo ocurrido en la morgue de Bello Monte en el mes de enero de 2017, ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los detalles de lo que allí se ha registrado. 4- Afirmamos y reiteramos nuestras estimaciones sobre lo ocurrido en el año 2016 donde indicamos que hubo 28.479 muertes violentas a nivel nacional, para una tasa de 91,8 fallecidos por cada cien mil habitantes, de los cuales 18.230 corresponden a homicidios formalmente aceptados como tales, 5.281 cadáveres clasificados como resistencia a la autoridad y 4.968 víctimas violentas en situación de averiguación de muerte. 5- De igual modo, y desde nuestras estimaciones, el mes de enero de 2017 concluyó con cerca de 2.500 muertes violentas en todo el país, cifra en la cual no se incluyen accidentes, muertes naturales, ni suicidios. Esto representa un promedio de 80 muertes violentas cada día, lo que indica un leve incremento en relación al año anterior, cuando el promedio fue de 78 fallecidos por día. 6- A los equipos de las universidades nacionales que integramos el OVV nos duelen y preocupan las muertes violentas que ocurren en el país, las que suceden por el robo a ciudadanos honestos, las de balas perdidas o las que resultan de enfrentamientos; nos duelen y preocupan por igual las que ocurren en cualquier parte del territorio, sin distingo de color, nivel social o afiliación política, a todas las personas debe garantizársele su derecho a la vida. Como investigadores, nuestra meta es la de conocer la magnitud de esta violencia, comprender las razones de su incremento, para así proponer al Estado y a la sociedad, opciones que contribuyan a reducir y detener esta mortalidad violenta en nuestro país. Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)
Caracas, 6 de febrero de 2017
Runrunes
Por Observatorio Venezolano de Prisiones
Fecha: 29/01/2017
“Lo que hay que hacer es reforzar la educación preventiva en los niños para que ellos no pasen lo que nosotros pasamos. La reinserción tiene que ser un plan de Gobierno. Queremos que los ex presidiarios tomen las redes y cuenten sus historias para que puedan superar lo que han pasado”, son las palabras de Gilber Caro, quien tras cumplir una condena de 10 años en la cárcel, logró reivindicarse con la sociedad, aunque en la actualidad el Gobierno venezolano lo mantiene detenido en un clara violación al debido proceso.
Antes de dedicarse a la política y resultar electo como diputado, en 1994 Caro cayó preso en El Rodeo por homicidio cuando apenas tenía 20 años de edad. No obstante, él asegura que su fe lo hizo tomar un camino distinto y encontró consuelo en la Asociación Civil “Liberados en Marcha”, por lo que al salir de prisión hizo todo su esfuerzo para crear su propia fundación “Dale la mano a tu par”, destinada a prestar apoyo a los presos y sus familiares.
Su misión es clara: Caro quiere aportar sus conocimientos en materia penitenciaria en la Asamblea Nacional y ayudar a otros reos a reinsertarse en la sociedad como él lo hizo. En una entrevista para Efecto Cocuyo, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), aseguró que “casi ningún ex presidiario ostenta un cargo público y si lo ocupan, no hablan de su pasado por temor a lo que la gente pueda pensar”.
“A Gilber lo conocí en una oportunidad que la organización Liberados en Marcha me invitó a conocer su sede y a dar mi testimonio de vida ante un público de familias que tenían o estaban al lado de su ser querido, que por una u otra razón estuvieron presos”, refirió Prado.
“No me gustaba para nada la política. En el barrio se decía que el político era un ladrón”, dijo Caro en una oportunidad. No obstante, el dirigente ahora piensa que su reinserción y su experiencia en ambas caras de la moneda, lo ayudará a trabajar en materia de seguridad, en lo concerniente al sistema de justicia, los cuerpos policiales, la prevención y los centros penitenciarios. “Esos cuatro pilares tienen que trabajar juntos. Hasta ahora no lo han hecho ¿Al preso quién lo agarra? Un policía ¿Y si ese policía es corrupto?“, sentenció.
“A Gilber se le han vulnerado todos sus derechos, se encuentra preso sin una orden judicial. Resulta un grave error del director de la Cárcel donde se encuentra, tener detenida una persona sin boleta de encarcelación, pues está privando ilegítimamente a una persona de su libertad”, sentenció Prado.
Asimismo, enfatizó que “me solidarizo con Gilber porque es un hombre que ha luchado en la vida y ha alcanzado metas muy importantes. Sobre el delito que le imputan, solo les digo que Gilber no es de ese tipo de personas”.
En tanto, Prado pronunció unas palabras de aliento para el detenido: “Gilber adelante, Dios nos pone en el camino, muchos obstáculos y lo importante es seguir luchando por lo que creemos, que no es otra cosa que la reincersión del ser humano privado de libertad. Algunos políticos te gritarán que eres un ejemplo y otros te insultarán pero acuérdate que aún detrás de las rejas la lucha es por la alegría, y los polipresos que nunca faltan siempre estarán jalando mecate para tener privilegios, cuestión que tu nunca buscaste”.
Los hechos
El 22 de enero, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, difundió vía Twitter unas fotografías del diputado suplente en prisión, quien fue detenido el pasado 11 de enero.
“Los fascistas imaginan que nosotros haríamos lo que ellos. Independientemente de sus crímenes, el trato es digno”, escribió la ministra en la publicación, que fue catalogada por defensores de los derechos humanos como una clara violación a los derechos del detenido, quien según las leyes venezolanas es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Vulnerando su derecho a la dignidad y privacidad, la ministra divulgó fotos de Gilber uniformado y con el pelo rapado, lo que generó gran polémica entre los venezolanos, pues incluso el detenido asegura que se encuentra “secuestrado”.
Como se recordará, Caro resultó detenido el pasado 11 de enero por presuntamente portar un arma de fuego y explosivos. Posteriormente, fue trasladado al Centro para Procesados 26 de Julio, cárcel ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico, según informó el defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek Willian Saab.
Violación al debido proceso
En el caso de Gilber Caro se observa una escandalosa violación al debido proceso en virtud de que el referido ciudadano se ha mantenido privado de libertad durante 17 días y hasta la fecha no ha sido presentado ante un Órgano Jurisdiccional, vulnerándose de manera abierta tratados internacionales suscritos por Venezuela en materia de DDHH, así como la Legislación Nacional como lo es el artículo 373 del COPP, el cual dispone que cuando una persona sea detenida en flagrante delito.
Asimismo, Caro no tuvo acceso a su abogado defensor, sino después de 11 días de detención, así como tampoco se le permitió la visita de sus familiares, violentándose los artículos 127.2,3 del COPP y 44.2 y 49.1,2, ambos de la Constitución Nacional. Tampoco se permite a las partes interesadas, constatar de forma personal cuál es su estado de salud físico y mental.
Adicionalmente, después de su detención se le recluyó en una instalación militar, como lo es el Círculo Militar de Valencia y allí permaneció durante varios días, aún cuando se trata un civil. “Estamos en presencia de una flagrante privación ilegítima de libertad por parte de las autoridades que llevaron a cabo esta arbitraria detención, y además también existe responsabilidad penal para aquellos funcionarios que teniendo conocimiento de esta situación, lo han tolerado, lo cual está previsto como delito en los articulo 176 y 180 ambos del Código Penal”, puntualizó el director del OVP.
Las organizaciones exigieron que se lleven a cabo las elecciones regionales en el país. Señalan que las gobernaciones tienen un gran papel en el funcionamiento democrático del país
En una reunión realizada en Caracas, 21 organizaciones civiles y sociales aprobaron una declaración donde exigen la realización de comicios regionales y a su vez, a los los partidos del PSUV a la MUD, reclaman primarias en todo el país.
Las organizaciones son: CTV, Sinergia, Ciudadanía Activa, Expresión Libre, Grupo La Colina, Parlamento Educativo, Compromiso Ciudadano, Colegio de Enfermería de Caracas, Escuela de Vecinos de La Pastora, Caricuao Propone, Fundación de Defensa de Antímano, Comunidanas de Petare, Red Vecinal de Baruta, Asamblea de Vecinos de La Candelaria, Fundamor de la Tercera Edad, Acción Campesina, Voluntariado Abriendo Caminos, Asociación Civil Mi Parroquia, El Disidente, Unidad Visión Venezuela, Conversatorio Ciudadano. Voceros de esta declaración fueron: Angélica Machado, de Ciudadanía Activa, y Manuel Sánchez, del Grupo La Colina.
A continuación, la declaración que suscriben dichas organizaciones:
Hoy, sábado 28 de enero de 2017, las organizaciones civiles y sociales que suscriben, queremos referirnos a algunos temas de nuestra realidad más inmediata.
1. Exigimos que las Elecciones Regionales de Gobernadores y Consejos Legislativos, inconstitucionalmente pospuestas, sean convocadas de inmediato y que su realización sea, como fue anunciado por las autoridades electorales, durante el primer semestre de este año. Subrayamos que las Gobernaciones tienen una gran importancia para el funcionamiento democrático del país, porque:
· Contribuyen eficientemente a la gobernabilidad del país y su equilibrio democrático, a la vez que robustecen el proceso de descentralización política, frente a cualquier proyecto autoritario y centralista. · Las estructuras regionales son instancias esenciales para la aplicación de las medidas sociales que el país reclama con urgencia para paliar la agobiante tragedia que los venezolanos padecen en carestía de la comida, desabastecimiento de medicamentos, caos de los servicios públicos, inseguridad, y corrupción.
2. Demandamos, igualmente, que no se siga postergando ilegalmente en el Tribunal Supremo de Justicia la decisión sobre la elección de los Diputados de Amazonas y el de la Región Indígena Sur, que ya tiene más de un año de retraso. El desenlace de este caso, cualquiera que sea, debe concretarse en el menor plazo posible, para reivindicar los derechos de los venezolanos afectados por una evidente manipulación de los citados magistrados. 3. Reclamamos, así mismo, que las Elecciones Municipales de Alcaldes y Concejos Municipales se realicen cuando constitucionalmente están pautadas, en diciembre del presente año. 4. A los partidos políticos, a todos ellos, desde los partidos que integran la MUD hasta el PSUV y sus partidos aliados, les exigimos la realización inmediata de elecciones primarias partidistas o abiertas, de modo que los candidatos puedan ser seleccionados de abajo hacia arriba y no a dedo. Martin Luther King señalaba que el fin se prefiguraba en los medios. Si nuestro fin es la democracia, los cambios deben hacerse democráticamente, y los procedimientos deben ser democráticos, principio que comienza por casa.
El diálogo ha servido para dividir a los factores de la oposición y sembrar “un mayor pesimismo en la población venezolana acerca del futuro de sus libertades”, expresó este jueves en Bruselas la Internacional Demócrata de Centro (IDC – CDI), asociación dirigida por el ex presidente colombiano Andrés Pastrana.
A través de una resolución, IDC – CDI lamenta que el diálogo no haya servido para restablecer el derecho al voto, el cual asegura que fue “confiscado” por el gobierno y por el Poder Electoral.
La organización insta a los gobiernos democráticos del mundo y a las organizaciones internacionales a que “asuman una postura firme y concertada que contribuya a aliviar las condiciones de vida inhumanas que sufren los venezolanos”.
Pide a la comunidad internacional que “trabaje con mayor ahínco por la libertad de los presos políticos, el restablecimiento de las elecciones y por el restablecimiento de la autonomía y las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional”.
Expresa su preocupación por “la grave crisis humanitaria, el autoritarismo y la fragmentación social que sufre Venezuela”.
Afirma que el conflicto político nacional es generado por el gobierno de Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia, los cuales desconocen la autonomía del Poder Legislativo.
A la organización de Andrés Pastrana le preocupan las perspectivas económicas para este año y la proliferación de la violencia, cuya cifra –destaca- alcanzó en 2016 el promedio de 91,1 fallecidos de manera violenta por cada 100.000 habitantes.
La Comisión expresa su preocupación ante la información que indica que un gran número de venezolanos se han visto forzados a migrar a otros países de la región como mecanismo de supervivencia, como consecuencia de la situación humanitaria, en particular a los efectos que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos. Ante la falta de canales legales, regulares y seguros para migrar, muchas personas no han tenido otra opción que recurrir a canales clandestinos que provee la migración irregular, a través de riesgosas rutas terrestres y marítimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama los Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas para reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida con relación a la situación de los migrantes venezolanos, a la vez que les insta a no adoptar medidas que limiten o vulneren los derechos humanos de los migrantes y de los solicitantes de refugio procedentes de Venezuela.
Nota de prensa
En este orden de ideas, la CIDH expresa su preocupación ante las actuaciones llevadas a cabo el pasado 9 de diciembre en Brasil con el objeto de deportar a aproximadamente 450 personas migrantes venezolanas en situación migratoria irregular de Boa Vista, estado de Roraima, Brasil, cerca de la frontera con Venezuela. Las personas migrantes eran en su mayoría indígenas del Pueblo Indígena Warao, entre los que se encontraban hombres y mujeres, así como más de 180 niños y niñas, incluyendo recién nacidos.
De acuerdo con información de público conocimiento, en la madrugada del 9 de diciembre de 2016 se realizó un operativo de control migratorio en la Feria del Passarão, en la ciudad de Boa Vista, con el fin de detectar, detener y expulsar a personas migrantes venezolanas en situación indocumentada en Brasil. Como resultado de este operativo, alrededor de 450 personas migrantes venezolanas, en su mayoría indígenas Warao, fueron puestas en detención migratoria, mientras esperaban para ser deportadas.
Durante el tiempo que permanecieron detenidas, a los indígenas Warao no se les habría permitido exponer sus circunstancias individuales y colectivas ni establecer contacto con miembros de la Pastoral y otras organizaciones de la sociedad civil que deseaban orientarlos y darles asistencia legal. En el mismo día las personas migrantes venezolanas fueron montadas en autobuses para ser trasladadas hasta la ciudad de Santa Elena de Uarién, en la frontera entre Brasil y Venezuela, en donde serían entregadas a las autoridades migratorias de Venezuela.
Ante estos hechos, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil presentó un recurso de habeas corpus con solicitud de medida cautelar, a efectos de detener la expulsión colectiva de las personas migrantes venezolanas, por ser estos hechos violatorios de la Constitución de la República y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Tribunal Federal publicó la decisión del habeas corpus mediante la cual concedía la medida cautelar y ordenaba asegurar el derecho a permanecer en el país a la colectividad de venezolanos hasta que se haya proferido la decisión final en un proceso administrativo en el que se garantice el debido proceso legal. El 10 de diciembre de 2016 se detuvo la deportación de las personas migrantes venezolanas. La Comisión destaca la importancia de las medidas emprendidas por la Defensoría Pública de la Unión y la decisión del Tribunal Federal como medidas ejemplares a efectos de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas.
De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la CIDH recuerda al Estado brasileño que tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de todas las personas migrantes bajo su jurisdicción. La garantía efectiva del derecho a la vida exige que el Estado adopte medidas especiales de prevención, protección y asistencia cuando tiene conocimiento de situaciones de personas migrantes o necesitadas de protección internacional en tránsito o en fronteras internacionales que se encuentran en peligro. Estas medidas deben abordar las necesidades especiales de las personas migrantes o en necesidad de protección internacional en materia de edad, género, así como cualquier otra situación de vulnerabilidad, como puede ser el hecho de ser miembro de un pueblo indígena. La asistencia del Estado debe ser proporcionada sin discriminación y de manera culturalmente apropiada a todas las personas migrantes o necesitadas de protección internacional en grandes movimientos migratorios, incluyendo atención médica, comida y agua adecuadas, mantas, ropa, artículos sanitarios y oportunidades de descanso. A su vez, el Estado también tiene la obligación de establecer medidas para responder a las necesidades especiales de la niñez migrante o en necesidad de protección internacional. Asimismo, el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de operativos de control migratorio.
La Comisión toma nota de que el pasado 6 de diciembre de 2016, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de Ley 2.516/15, mediante el cual se busca establecer una nueva Ley de Migración. La Comisión insta al Estado brasileño para que la ley sea aprobada y se encuentre acorde con un enfoque de derechos humanos e incorpore las normas y estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos.
Al respecto la Comisión recuerda a los Estados de la región que la detención migratoria debe ser una medida excepcional, de último recurso y siempre por el menor tiempo posible, una vez realizada una evaluación individualizada de cada caso y a la consideración de medidas alternativas. Asimismo, los Estados no pueden recurrir a la detención migratoria de niñas o niños y sus padres para cautelar los fines de un proceso migratorio o un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado.
La CIDH también recuerda que de acuerdo con normas y estándares internacionales es obligación de los Estados identificar dentro de las personas migrantes a aquellas que tengan necesidades especiales de protección, tales como solicitantes de asilo y refugiados, personas con necesidades de protección complementaria, víctimas de trata, entre otros, y adoptar medidas para su protección. Los Estados también deben adoptar medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de procedimientos migratorios y de determinación de la condición de refugiado, a la unidad familiar, a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement) y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. Los procedimientos migratorios, en particular los que puedan conllevar la deportación de migrantes, deben analizar, fundamentar y decidirse de forma individual y respetar garantías mínimas tales como el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa; a contar con interpretación y traducción; a contar con representación legal; a la protección consular; a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; a impugnar la decisión de deportación; y a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación.
Según información de público conocimiento, la migración de personas de nacionalidad venezolana a los Estados de la región ha venido aumentando de forma exponencial en los últimos años. En este sentido, la Comisión observa con suma preocupación el aumento exponencial en el número de solicitantes de asilo provenientes de Venezuela. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 2012, la cifra de solicitantes de asilo de Venezuela era de 505, pasando a 1.153 en 2013, 4.820 en 2014 y 15.094 para finales de 2015. Lo anterior representa un aumento porcentual de 2.889% en el número de personas venezolanas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el exterior entre 2012 y 2015.
Con relación al aumento de la migración de personas venezolanas a los países de la región, dentro de un marco de responsabilidad compartida, la Comisión insta a los Estados de la región a adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela a través de la protección de los refugiados, a considerar formas de protección complementaria de conformidad al artículo 22.8 de la Convención Americana, a aplicar regímenes de visas humanitarias, a aplicar regímenes de protección temporal por razones humanitarias, así como aplicar otras alternativas de regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional.
Asimismo, la Comisión expresa su preocupación por la decisión de Venezuela de cerrar sus fronteras. Venezuela decretó el cierre de la frontera con Brasil el pasado 14 de diciembre de 2016. El cierre de la frontera con Brasil se suma al ya existente cierre de la frontera con Colombia desde agosto de 2015. Al respecto, la CIDH insta a Venezuela a dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como a solicitar y recibir asilo, a solicitar y recibir protección complementaria u otra respuesta de protección.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) analiza la forma en que los ciudadanos de 176 países perciben al sector público, a través de un puntaje en el que 1 es “altamente corrupto” y 100 es “ínfimamente corrupto”. Se trata de un índice compuesto, integrado por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones independientes que se especializan en análisis sobre gobernabilidad y entorno de negocios.
La última calificación obtenida por Venezuela, de 17 puntos sobre 100, si bien no varía con relación a la de 2015, representa la peor en los 21 años en los que el país participa en la construcción del IPC. La más alta fue en el año 2002, aunque apenas alcanzó a 2.5 sobre 10 puntos.
A nivel global, Somalia tiene los peores resultados del IPC 2016, con apenas 10 puntos esta vez. Sudán del Sur se ubica en el penúltimo puesto, con una puntuación de 11, seguido por Corea del Norte con 12 y Siria con 13. En el otro extremo, Dinamarca y Nueva Zelanda muestran los mejores, con puntuaciones de 90, seguidas de cerca por Finlandia con 89 y Suecia con 88.
Al dar a conocer los resultados este 25 de enero desde Berlín, Transparencia Internacional alertó que 69% de los 176 países que participaron presentan calificaciones de menos de 50 puntos, lo que habla del carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público. A propósito, la organización hace un llamado urgente a combartir esta desviación, que conlleva al reparto desigual del poder y de la riqueza.
“No basta con realizar ajustes técnicos a leyes específicas contra la corrupción. Se necesita implementar con urgencia reformas sistémicas profundas que puedan contrarrestar el creciente desequilibrio de poder y riqueza. Es necesario combatir la corrupción con urgencia, para que mejore la vida de las personas en todo el mundo”, enfatiza José Ugaz, presidente de la organización.
