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Los jubilados y pensionados marcharán el próximo 29 de marzo hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir el respeto al derecho a la vida y para exigir el cumplimiento de las obligaciones que el gobierno del presidente Maduro tiene en mora.
El coordinador nacional del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados, Luis Cano, afirmó que “nosotros estamos sobreviviendo ante la mirada indolente del gobierno, debido a sus políticas fracasadas”.
Cano destacó que los jubilados y pensionados tienen razones de sobra para movilizarse el próximo 29 de marzo a la Defensoría del Pueblo, para “exigir respuestas por el incumplimiento del gobierno del presidente Maduro al pago del bono de medicinas y alimentos aprobado por la Asamblea Nacional y el TSJ”.
El dirigente indicó que es “una mentira del gobierno decir que no hay recursos para cancelar el bono de alimentación y medicinas a los jubilados y pensionados, porque apenas son 11.800 bolívares”.
Indicó que los pensionados y jubilados necesitan al menos 20 salarios mínimos para poder sobrevivir en Venezuela. Cuestionó al mandatario nacional: “Señor presidente, qué le hemos hecho los viejitos a usted, porque parece algo premeditado. Esto no es algo político, hemos ido a reclamar ante la vieja asamblea y la nueva y usted no nos da respuesta”, remarcó.
Los jubilados finalizaron su actividad al grito de “medicinas y alimentos” e invitaron a todos los venezolanos a acompañarlos el 29 de marzo en la movilización hacia la Defensoría del Pueblo.
Este miércoles en horas de la noche habitantes de la Urbanización Hugo Chávez, en La Guaira, estado Vargas, protestaron a las afueras de la residencia del gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro. Los manifestantes llevaron a cabo la protesta para pedir la distribución de comida en la zona.
A través de la cuenta en Twitter del periodista Alberto Rodríguez se muestran dos videos en donde se ve un numeroso grupo de ciudadanos que protestan por comida, y exigen al gobernador resolver esta situación.
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares también hizo eco de esta protesta y escribió en Twitter: “Carneiro no te escondas, te buscan quienes votaron por ti, tienen hambre, dales la cara”.
ULTIMA HORA | VIDEO – Protestan por comida frente a la casa del gobernador García Carneiro en Vargas (1/2) pic.twitter.com/RNb3JoVHZz
ULTIMA HORA | VIDEO – Protestan por comida frente a la casa del gobernador García Carneiro en Vargas (2/2) pic.twitter.com/pl6ADYThXT
— Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 9 de marzo de 2017
Expresó que contarán con pocas máquinas para que validen más de 24 mil personas
El coordinador regional adjunto del partido Primero Justicia (PJ) en el estado Aragua, José Ramón Arias, expresó que esta organización política en Aragua tiene lista su militancia para participar en el proceso de validación que le corresponde los días 25 y 26 de marzo, jornada que compartirá junto a partidos como Copei, Proyecto Venezuela y Acción Democrática.
Manifestó que PJ continúa presionando, por la vía administrativa, al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que reconsidere la cantidad de máquinas en los puntos de validación, pues aseguró que el número establecido actualmente por el ente electoral no es suficiente, “y se está atentando con el derecho de la militancia de legalizar a su partido”; además de correr el riesgo que algunas organizaciones políticas no puedan ser relegitimadas.
Informó que en el estado, el CNE colocó solo 21 máquinas y certificaron que por hora solo pueden validar 30 personas por máquina, “en una jornada de siete horas por día podrán solo participarán 210 personas, logrando apenas participar un promedio de 8.800 personas durante dos días” acotó.
Expresó que durante el fin de semana que le corresponde a PJ, AD, Copei y Proyecto Venezuela, contarán con pocas máquinas para que validen más de 24.000 personas, pues cada partido necesita en Aragua la validación de 6.500 personas. Recordó que una misma persona no puede firmar por dos partidos distintos.
La institución bancaria venezolana Banesco informó este martes, a través de una serie de tuits, que según un reporte periodístico, supo que dentro de las instalaciones del Internado Judicial de Carabobo, conocido como cárcel de Tocuyito, había una agencia bancaria ilegal que llevaba el nombre de la empresa financiera.
Vea el banco d la carcel d Tocuyito y cuentas d depósito; administrador? El Pran. Presos dicen necesitan “del banco” p tener dinero p comer pic.twitter.com/mcSDHmZZRu
Sabrá Banesco que lleva su nombre y tiene su logo allí? Es obvio que el Ministerio de Penitenciaria y Gobierno lo sabe https://t.co/QPAnacwrE5
— Alexandra Belandia R (@abelandia) 26 de febrero de 2017
Banesco señaló que fueron los reportes de la periodista Alexandra Belandia los que les condujeron al hallazgo.
“Estamos procediendo a denunciar esta grave irregularidad ante la Sudeban y ante las autoridades para que se proceda al cierre”, dice uno de los mensajes emitidos por el banco en su cuenta en Twitter.
“Resulta sorprendente que se pueda usurpar el nombre de un banco y abrir una agencia ilegal en un recinto penitenciario”, indica otro tuit.
Fuentes relacionadas con la institución bancaria afirmaron que “no existe, ni ha existido nunca, una agencia del banco en algún internado judicial del país”.
Presuntamente, una persona allegada al pran de Tocuyito es quien se encarga de la agencia que serviría para que los familiares de los reclusos depositen la “causa” semanal que les cobran por estar en el penal.
En una de las imágenes tuiteadas por Belandia se pueden ver carteles con un par de cuentas bancarias, a nombre de Omar Pereira, a donde supuestamente se estarían haciendo estos depósitos. Tales cuentas son del BOD (privado) y del Banco de Venezuela (del Estado).
Según las fuentes mencionadas, Banesco verifica actualmente si Pereira tiene una cuenta en esta institución. De comprobarlo, sería sometido al procedimiento que se aplica en los casos de legimitación de capitales.
Por @Abelandia, conocimos la supuesta existencia de una agencia bancaria ILEGAL en el penal Tocuyito, que usurpa el nombre de Banesco (1-3)
Estamos procediendo a denunciar esta grave irregularidad ante la @SudebanInforma y autoridades para que se proceda al cierre (2-3) — Banesco Banco Univ. (@Banesco) 28 de febrero de 2017
Resulta sorprendente que se pueda usurpar el nombre de un banco y abrir una agencia ilegal en un recinto penitenciario (3-3)
Entregaron un documento a parlamentarios del Cleba
Pensionados y jubilados de la administración pública, entregaron este martes un petitorio a las autoridades regionales del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), en el que exhortan al Gobierno a dar el visto bueno a la Ley de Bono para la Alimentación y Medicinas aprobada en meses pasados por la mayoría de la Asamblea Nacional (AN).
Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la entidad, destacó que tanto la AN como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobaron desde el año pasado la mencionada ley. “Solo falta el ejecútese del señor presidente Nicolás Maduro”.
Señaló que de esta forma podrán tener acceso a un bono de alimentación que les permita abastecerse. “Un sueldo de 40.000 bolívares no alcanza para nada debido al alto costo de la vida, nosotros queremos el cestaticket, somos 3.300.000 personas que no tenemos este beneficio”.
El representante de los educadores jubilados pidió una reunión con los directivos de la Corporación de Salud (Corposalud) para desarrollar un plan que les permita conseguir las medicinas sin dificultad, igualmente aprovechó para denunciar el maltrato que reciben por parte del personal militar cuando se forman a las afueras de un supermercado para comprar alimentos.
Alejandro Saénz / EL PERIODIQUITO Foto Cortesía
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Jubilados y pensionados exigen la promulgación del Bono de Alimentación y de Medicamentos
Ayer en las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Aragua, se concentró una nutrida representación de adultos mayores, pensionados y jubilados agrupados en las diferentes asociaciones y gremios pertenecientes tanto a nivel nacional, estatal y municipal, para manifestar su solicitud al Gobierno nacional, específicamente al presidente Nicolás Maduro, como es la promulgación de la ley de Bonos de Alimentación y de Medicamentos para Jubilados para que pueda ser publicada en Gaceta Oficial.
El profesor Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, indicó que dicha Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de marzo de 2016, y el 28 de abril de ese mismo año, a través de la sentencia Nº 327, el Tribunal Supremo de Justicia consideró totalmente constitucional dicha ley, faltando únicamente la aprobación y promulgación por parte del Mandatario nacional para su respectivo ejecútese.
En este sentido “en el día de hoy hemos acudido al Consejo Legislativo del estado Aragua, un grupo de jubilados y pensionados de diferentes instituciones de esta entidad para solicitarle apoyo a los diputados y diputadas de este recinto para que analicen y discutan este petitorio que estamos formulando, porque el alto costo de la vida no solo está golpeando el bolsillo de nuestros trabajadores y trabajadoras, sino también a toda la sociedad en general”, dijo.
Por tal motivo, con carácter de urgencia, “les pedimos que eleven nuestra solicitud al Presidente Maduro para la respectiva aprobación de la mencionada ley, ya que la misma contribuiría a que nosotros tengamos una mejor calidad de vida a la que tenemos hoy día y acorde a nuestra dignidad humana, ya que la mayoría de nosotros por las condiciones propias de la edad, padecemos distintas enfermedades y patologías”, expresó.
El profesor Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, entregó un documento a los diputados del CLEA
En las afueras del recinto legislativo desde tempranas horas los adultos mayores clamaban por el ejecútese de la ley del cestaticket y de medicinas
El presidente de la instancia que agrupa a los profesionales en Aragua aseguró que las reparaciones que se han hecho a la estructura son “pañitos de agua caliente”
El presidente del Colegio de Ingenieros del estado Aragua (Ceinar), Marino Azcárate, en compañía de representantes de la asociación de topógrafos de la entidad, denunció que el viaducto de La Cabrera continúa con fallas estructurales. Expresó que las reparaciones que el Gobierno ha realizado en esa parte de la Autopista Regional del Centro (ARC), son “pañitos de agua caliente que no han solventado los problemas estructurales.”
Refirió que han pasado ocho meses desde que se realizó una inspección por parte del centro de ingenieros de la región, para alertar a las autoridades acerca de la situación y hasta la fecha no han obtenido respuesta. “En el año 2005 dos ingenieros elaboraron un proyecto con una serie de sugerencias para reforzar la estructura del viaducto con la fortificación de sus bases y no fue tomada en cuenta”, dijo.
Indicó que en el mes de diciembre del año pasado se registraron 25 fallecidos y 46 lesionados en el tramo de la ARC, cifra que calificó como “preocupante” para el gremio, ya que a su juicio, como profesionales del aérea, no solo deben velar por el buen estado de la vialidad, sino por evitar daños materiales y menos pérdidas humanas por el colapso de la estructura.
Enfatizó que debido a las vibraciones que registra el viaducto se producen las averías en la capa de rodamiento “que no han logrado eliminar en las últimas reparaciones que ha hecho el Gobierno”. Exhortó a las autoridades a tomar medidas y a pronunciarse ante un problema al que debe dársele respuesta inmediata.
No descartaron llamar a un paro nacional estudiantil
Este viernes, el gremio de profesores adscritos al Ministerio de Educación exigió al ministro Elías Jaua, el pago correspondiente a la deuda de 17% por concepto de la contratación colectiva acordada en marzo del año 2016 por el Ejecutivo y los docentes.
Ledy Ponte de García, secretaria general de la junta directiva del Colegio de Profesores del estado Aragua señaló que la cláusula 62 de dicha contratación, estableció que el Ejecutivo nacional debía cancelar 17% en octubre pasado.
“Ellos violaron nuestro acuerdo y no nos pagaron, ahora ese porcentaje tiene incidencias en el último trimestre del año, aguinaldos y en el aumento que se hizo recientemente”, agregó que en días pasados el presidente de la República Nicolás Maduro se comprometió en cadena nacional a realizar el pago total de todas las deudas, cosa que aún no se ha cumplido “Solo nos pagaron un 25% pendiente”.
Ponte, informó que lucharan hasta las últimas consecuencias para obtener sus beneficios no descartando un paro nacional estudiantil.
Alejandro Saenz
Foto David Otamendi
El Periodiquito
Voceros del gremio aseguran que el ministerio de Salud tiene deudas desde 2013
Exhortaron a las autoridades a abocarse a solucionar la situación que presentan y a mejorar la dotación de insumos
Un grupo de trabajadores de los distintos sindicatos que hacen vida en la Dirección general de Salud Ambiental en Aragua, rechazó que el Ministerio de Salud tenga deudas de la contratación colectiva desde el año 2013, al igual que con el bono “hallaquero”.
José Solano, Secretario General del sindicato de Empleados del estado Aragua, precisó que el gremio requiere de un contrato que reivindique a los trabajadores y mejore la situación en la que se encuentran, ya que en varias oportunidades han introducido un pliego de peticiones para solucionar los problemas que los afectan, pero no reciben respuesta.
Exhortó a las autoridades a que se aboquen a la solución de la situación que mantienen por falta de insumos y lo que los llevó a un cierre técnico desde el año pasado. Denunciaron las desmejoras en los equipos de trabajo. “No contamos con las unidades de transporte y materiales para controlar las enfermedades en las áreas rurales de la entidad”, enfatizó.
Solano resaltó que los insumos que faltan son necesarios para combatir diversas patologías y aseguró que en Aragua se han presentado casos de malaria, aunque no ofreció mayores detalles, ni cifras al respecto.
La ONG salió al paso ante las críticas del Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Reportó cerca de 2.500 fallecimientos en enero de 2017 en todo el país, entre homicidios y resistencia a la autoridad
A través de un comunicado, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) enfatizó que los datos proporcionados por varios medios de comunicación el pasado 2 de febrero de 2017 sobre las muertes registradas en la Morgue de Bello Monte en Caracas, no fueron proporcionadas por esa ONG.
“Ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los detalles de lo que allí se ha registrado”, se desprende del comunicado.
El Observatorio Venezolano de la Violencia ve como positivo el hecho de que las autoridades puedan informar la cifra de muertos ingresados a la morgue de la capital en el mes de enero de 2017.
A continuación el texto completo del comunicado:
Del OVV a la Opinión Pública Los equipos de investigadores de las universidades nacionales UCV, UCAB, UDO, UCAT, UCLA, ULA, que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), queremos informar a la opinión pública nuestra posición en relación a las recientes declaraciones de altos funcionarios de la administración pública: 1- Queremos aclarar que los datos dados a conocer por varios medios de comunicación, el 2 de febrero de 2017, sobre las muertes violentas registradas en la morgue de Bello Monte no fueron proporcionados por el Observatorio Venezolano de Violencia. El OVV no utiliza en sus estudios o proyecciones los datos de la morgue de Bello Monte. Desde hace unos años los investigadores de la Universidad Central de Venezuela, quienes desde diversas facultades cooperaban en el estudio y análisis de los datos forenses, no tienen acceso a las informaciones de la morgue, pues los convenios de cooperación fueron terminados. 2- Entendemos que los datos de las morgues, de gran relevancia, son entregados a las fuentes periodísticas por personas honestas que trabajan en las entidades públicas y que entienden que esos datos son públicos, es decir, son propiedad de la sociedad venezolana. 3- Consideramos positivo que las autoridades puedan ofrecer a la sociedad un reporte de lo ocurrido en la morgue de Bello Monte en el mes de enero de 2017, ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los detalles de lo que allí se ha registrado. 4- Afirmamos y reiteramos nuestras estimaciones sobre lo ocurrido en el año 2016 donde indicamos que hubo 28.479 muertes violentas a nivel nacional, para una tasa de 91,8 fallecidos por cada cien mil habitantes, de los cuales 18.230 corresponden a homicidios formalmente aceptados como tales, 5.281 cadáveres clasificados como resistencia a la autoridad y 4.968 víctimas violentas en situación de averiguación de muerte. 5- De igual modo, y desde nuestras estimaciones, el mes de enero de 2017 concluyó con cerca de 2.500 muertes violentas en todo el país, cifra en la cual no se incluyen accidentes, muertes naturales, ni suicidios. Esto representa un promedio de 80 muertes violentas cada día, lo que indica un leve incremento en relación al año anterior, cuando el promedio fue de 78 fallecidos por día. 6- A los equipos de las universidades nacionales que integramos el OVV nos duelen y preocupan las muertes violentas que ocurren en el país, las que suceden por el robo a ciudadanos honestos, las de balas perdidas o las que resultan de enfrentamientos; nos duelen y preocupan por igual las que ocurren en cualquier parte del territorio, sin distingo de color, nivel social o afiliación política, a todas las personas debe garantizársele su derecho a la vida. Como investigadores, nuestra meta es la de conocer la magnitud de esta violencia, comprender las razones de su incremento, para así proponer al Estado y a la sociedad, opciones que contribuyan a reducir y detener esta mortalidad violenta en nuestro país. Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)
Caracas, 6 de febrero de 2017
Diputados de la Unidad Democrática y periodistas fueron agredidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana cuando los parlamentarios fueron a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) a exigir la realización de elecciones ya.
De acuerdo con la información suministrada a Prensa Unidad Venezuela por el diputado Jony Rahal, la iniciativa encabezada por él y los parlamentarios José Brito, Juan Requesens y Jorge Millán se realizó de manera sorpresiva, es decir, sin aviso previo y tuvo como finalidad entregar a las autoridades del ente comicial un documento en que el solicitan la realización de comicios de manera inmediata.
Durante la actividad los guardias nacionales agredieron a Brito y Requesens, a quienes sacaron a empujones del organismo electoral.
Destacó el parlamentario neoespartano que no obstante la agresión, una comisión integrada por ocho diputados pudo ingresar a la sede del CNE y entregar el documento al rector Luis Emilio Rondón.
“Vemos cómo se ha arrebatado el derecho al voto de los ciudadanos. Un gobierno que sabe que perdió el respaldo de la gente y le tiene miedo a la expresión popular. Vemos cómo el pasado 20 de octubre un régimen pasó de ser autoritario a dictatorial, cuando se dio el último zarpazo a la democracia al cercenar el derecho a activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro”, agregó.
Recordó que el año pasado la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que en el primer semestre de 2017 se efectuarían las elecciones de gobernadores, las cuales se debieron realizar en diciembre de 2016. “El régimen se sigue burlando de los venezolanos, a través del Consejo Nacional Electoral, porque no han fijado ni un cronograma, pareciera que no quieren hacer más elecciones”, enfatizó.
Explicó que por esa razón los diputados, pese a los ataques de las Guardia Nacional y de los colectivos, fueron hasta la sede del CNE en la plaza Caracas. Ratificó que siguen en la lucha por la restitución del hilo constitucional y que la mejor manera de cambiar a Venezuela es por la vía democrática y electoral.
Estudiantes apoyan la lucha, pero no avalan la paralización de las actividades
Las casas de educación superior ubicadas en el estado Aragua acataron este miércoles de manera parcial el llamado a paro por parte de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), en rechazo a los cambios que aseguran realiza el Gobierno a los servicios de atención médica que los beneficia y son competencia de cada universidad.
En la Universidad Central de Venezuela (UCV), campus Maracay, algunos profesores dictaron su cátedra de manera habitual, mientras otros se negaron a hacerlo.
Jorvik Bautista, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de dicha casa de estudios, señaló que apoyan la lucha de los profesores pero hacen un llamado al diálogo para evitar el cese de las actividades. “Aquí hay clases, algunos profesores están presentes y otros no asistieron. Entendemos el llamado a paralizar actividades, pero es hora de resolver las cosas y seguir adelante”, resaltó.
En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), algunas aulas se quedaron vacías. Los estudiantes manifestaron estar conscientes de los problemas que podría acarrear a los profesores la posible centralización de los servicios de salud, sin embargo, exhortan a mantener las manifestaciones sin suspender las clases y afectar el proceso académico.
Por su parte, Euclides Querales, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (UC), núcleo Aragua, indicó que el paro fue un éxito. “Acatamos la paralización para presionar al Estado ante su pretensión unilateral de quedarse con nuestro HCM”, enfatizó.
Aplaudió que el ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, se haya reunido con rectores de las universidades autónomas del país, pero resaltó que lo más importante es llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.
Coalición opositora reiteró la convocatoria de elecciones con una concentración en San Jacinto
Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Aragua, se concentraron desde las 9:00 am en El Obelisco de San Jacinto en Maracay, para entregar un documento a representantes del Consejo Nacional Electoral, en el que exigieron se realice el cronograma de elecciones en los próximos días.
El secretario de la coalición opositora en la entidad, José Gregorio Hernández, aseguró que la actividad de este lunes se realizó de forma contundente en las 23 entidades del país y donde consideró que la principal exigencia es el respeto a la soberanía popular, con unas elecciones que están contempladas en la Constitución.
“Hoy, como hace 59 años, la democracia se encuentra amenazada. Por eso está un pueblo en la calle dispuesto y decidido a exigir, que por la vía constitucional y electoral pueda abrirse un camino que logre ayudar al país a salir de esta crisis, que nos agobia a todos por igual”, pronunció.
Por otra parte, desestimó los últimos anuncios del Ejecutivo nacional sobre la designación de Ricardo Sanguino como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). “El Presidente cuando asume todas las política monetarias, nos daba un claro mensaje, es decir que no reconocía a Merentes, quien debió ser destituido desde hace mucho tiempo”, declaró.
Manifestó que los cambios que realizó el Gobierno no traen ningún beneficio al país. “Estas modificaciones demuestran que la situación monetaria de Venezuela va de mal en peor. No se han dado cuenta, o no han querido entender, que los problemas que tienen los ciudadanos se basan principalmente en la economía”, sentenció.
Texto y fotos: @boonbar
Imágenes video: @boonbar y @franciscozambrano
Video: Abraham Moncada
Una joven madre aprieta el paso en Altamira para alcanzar la marcha del 23 de enero de 2017 que partió desde el Parque Cristal, en el municipio Chacao. Con una mano carga una cesta con unos cuantos pepitos para vender y con la otra sujeta al mismo tiempo una bolsa gris llena de chucherías y a su hijo de unos 10 años. Es hora de ir a la escuela, pero el niño, vestido con una camisa blanca percudida y sin planchar, acompaña a su mamá a ganar algo de dinero en la concentración de la oposición.
Ella sabe bien que una marcha en Caracas es buen momento para vender lo que sea: agua mineral, refresco, mandarinas, platanitos. Pero igual puede estar ajena a las razones que la convocan. En esta ocasión, a los 59 años de la caída de “la última dictadura”, el llamado fue a exigir al gobierno de Nicolás Maduro que vuelvan a celebrarse elecciones, a votar de nuevo.
La marcha del lunes 23 de enero comenzó a tomar forma hacia el mediodía y la altura de Chacaíto. Allí confluyeron los que habían partido desde el distribuidor Santa Fe y nada más. Los otros puntos de concentración no llegaron a reunir mucha gente.
A los que portaban banderines de Primero Justicia, Voluntad Popular y Vente Venezuela, se sumaban jubilados con atuendos deportivos, estudiantes universitarios, jóvenes gerentes que dejaron su chaqueta en la oficina y abuelas que quieren un cambio porque “ellas ya vivieron una dictadura”.
Frente a la estatua de Martí en Chacaíto, un grupo de artistas hicieron un minuto de silencio tendidos sobre el asfalto de la avenida Francisco de Miranda para repudiar el asesinato del animador de televisión Arnaldo Albornoz y todas las muertes violentas en Venezuela. De aquellos a los que no le permitieron seguir viviendo.
La caminata se alargó por el segundo piso de la avenida Libertador con la intención de llegar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir una fecha de elecciones. Pero en el ambiente se intuía que eso no iba ocurrir. Que una vez más, no llegaría hasta el destino final. Que el gobierno bloquearía la manifestación violentando todo el derecho a la protesta consagrado en la Constitución.
Guión conocido: en la avenida Libertador con la avenida Las Acacias, un doble piquete de mujeres de la Policía Nacional Bolivariana en la primera línea más un refuerzo de agentes antimotines con sus respectivos escudos impedía el paso. Por si fuera poco, fue apostado un vehículo antimotines con una cinta electrónica que rezaba: “Bienvenidos al Comando Nº 43 del Distrito Capital de la GNB, casa de los expertos y cuna de la doctrina pública. Comprometida con el orden público de nuestra revolución bolivariana”.
El rector del CNE Luis Emilio Rondón debió acercarse en moto hasta esa línea limítrofe impuesta por las fuerzas de seguridad bolivarianas para recibir de la mano de Henrique Capriles el pliego de la MUD y su exigencia de convocar elecciones. Los manifestantes enardecidos gritaban en cara de las policías, con sus cabellos amarrados en cebollita como sus rostros: ¿por qué no nos dejan pasar? ¿Ustedes están contentas con este gobierno? ¿Ustedes no están pasando hambre?
Mientras, al otro lado de la ciudad, se desarrollaba la marcha oficialista convocada para acompañar el traslado de los restos del ex guerrillero Fabricio Ojeda desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional por orden de Maduro. Era custodiada en una esquina frente a un Mc Donald de la avenida Victoria por una legión de milicianos con uniforme caqui y sombrero de campaña, que sin armas ni escudos antimotines, contrastaba con la estampada de los piquetes de seguridad empotrados a la marcha de la oposición.
En el hombrillo de la avenida Fuerzas Armadas, una madre con un niño en brazos vendía sentada unos pepitos, aprovechando los compradores de la concentración chavista. Tampoco sabe nada de Fabricio Ojeda. Ni del 23 de enero. Ni la pérdida de la democracia en Venezuela.
Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), diputados y sociedad civil entregaron este lunes 23 de enero un documento al rector Luis Emilio Rondón en el que solicitan, entre otras cosas, el cronograma electoral de este año.
El texto se trata del Acuerdo firmado por la Asamblea Nacional la semana pasada en el que se comprometen a exigir Poder Público Nacional respecto al derecho al sufragio y a la convocatorio de elecciones.
Rondón tuvo que acercarse a Plaza Venezuela porque la concentración que iba a llevar el escrito hasta la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) no pudo pasar por el piquete de la PNB.
EL ARAGUEÑO
Por Jelliana Corvo Lobato el 23 enero, 2017
Una representación de la MUD pasó hacia las cercanías del CNE para hacer entrega del documento. // Foto: Carlos Becerra
La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática se dio cita en el Obelisco de San Jacinto para protagonizar una nutrida concentración previa a la movilización hacia la sede regional del CNE, en la que hicieron entrega de un documento a sus autoridades para exigir la realización de elecciones.
La actividad se llevó a cabo en el marco de la celebración del 59º Aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez y asistieron dirigentes regionales de todos los partidos, así como el secretario de la MUD en la entidad, José Gregorio Hernández, quien expresó que como hace 59 años, hoy la democracia venezolana se encuentra amenazada y es por ello que el pueblo está en la calle para que de forma pacífica y constitucional, sea posible abrir el camino para que la ciudadanía vote.
Hernández recordó que la soberanía reside en el pueblo y es por ello la necesidad de que se exprese en comicios.
Sobre los cambios en el Banco Central de Venezuela, Hernández aseguró que se trata de otra improvisación, tal como ocurrió con el billete de 100 bolívares, a diferencia de que se trata de un ente como el Banco Central de Venezuela que se supone debe tener autonomía, la cual es desconocida.
“Merentes debió ser destituido desde hace mucho tiempo y ahora el exdiputado Sanguino, quien quedará en la presidencia del banco, no dice nada positivo al país pues la política monetaria estará de mal en peor; ellos no han querido entender que el principal problema del país radica en la economía y que deberían tomárselo muy en serio”, cuestionó.
La marcha llegó sin contratiempos a la sede regional del CNE, donde los dirigentes hicieron entrega del documento aprobado por la AN.
Los residentes de Santa Cruz llevan más de 20 días sin recibir gas doméstico, lo que ha obligado a muchos a recurrir a las cocinas eléctricas o a la leña, para darles de comer a sus hijos y demás familiares.
Más de 20 días sin gas en Santa Cruz
Visiblemente molestos, y mientras hacían cola esperando el camión, los compradores denunciaron el pésimo servicio de este vital combustible doméstico.
“Llevamos más de tres semanas sin ver el camión del gas y cuando llamamos nos dicen que van saliendo y nada que llegan a vendernos el gas”, dijo Luis Rivero al respecto.
Luis Rivero
Por otra parte, Belkis Torres aseguró que los distribuidores aprovechan las fechas navideñas y la escasez para incrementar el precio de las bombonas; “la pequeña de 300 bolívares pasó a 700, la mediana de 700 a mil 300 y la grande mil 300 a 2 mil 100bolívares; me parece un abuso que jueguen con la necesidad de nosotros”.
Luis Fermín comentó: “En vista de la situación nos hemos visto en la necesidad de sentarnos a orillas de la carretera para cazar el camión y caerle como moscas a la miel, porque si no lo hacemos así vamos a recibir el año sin gas”.
Luis Fermín
Los santacrucenses insistieron en que la distribución de gas doméstico en el municipio Lamas es crítica y que muchas veces han tenido que trasladarse a otros municipios para comprar la bombona.
“Además los centros de distribución o las casas donde venden el gas han sido irresponsables y la mayoría de las veces tardan más de una semana para entregar el cilindro”, dijeron.
Igualmente denunciaron que el centro de distribución de la calle Irumba del Barrio Andrés Eloy Blanco, el camión se llevó las bombonas y no las han regresado, y menos responder por las bombonas ni por el dinero.
Los habitantes de la zona amenazaron con tomar acciones de calles, para presionar para que les vendan el gas al precio correcto y así como su distribución.
Rolman Rojas coordinador de Voluntad Popular en el estado Aragua, protagonizó el mediodía de este martes, una protesta pacífica en la avenida Bolívar de Maracay, junto a María Teresa Clavijo, coordinadora regional de Vente Venezuela y la diputada a la Asamblea Nacional, María Verónica Rengifo, en donde entre otras cosas exigían la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
“Hemos decidido salir a la calle, en vísperas de la navidad, exigiéndole a Nicolás Maduro que renuncie. Nosotros entendimos que la única forma que Venezuela se enrumbe hacia una democracia de paz bienestar y progreso es que Nicolás y su combo se vayan del poder”, dijo Rojas.
Rojas rescató que actualmente quienes ostentan el poder en Venezuela, “son parte de las organizaciones e instituciones más corruptas que han existido en la historia del país. Los Poderes Públicos juegan un papel político y no en función de solventar los problemas que padece el pueblo”.
Indicó que así como en Caracas se movilizaron hasta Miraflores y pidieron la renuncia de Maduro, en cada una de las ciudades del país también se dieron movilizaciones y concentraciones cívicas en donde exigían renuncia a Maduro.
Una batalla campal por la harina de maíz precocida, protagonizaron compradores y despachadores de un supermercado ubicado en pleno centro de Cagua, municipio Sucre.
Compradores manifestaron frente al supermercado exigiendo que le vendieran la harina
Un grupo de personas molestas porque no le vendieron la harina, cerraron las calles colocando barricadas, impidiendo el paso de los peatones y vehículos, exigiendo que les vendieran la comida que tenían guardada en los depósitos del supermercado.
Los manifestantes gritaban consignas “tenemos hambre”, “que saquen la harina”, “no al abuso, ni acaparamiento”, “estamos cansados de las colas”, asegurando que fueron agredidos por funcionarios policiales, quienes arremetieron en contra de las personas que se encontraban en la cola desde la madrugada para comprar los alimentos.
Los ánimos comenzaron a caldearse, piedras, palos, fueron algunos de los objetos lanzados, lo que generó la intervención de un piquete de la Brigada Especial, quienes dispersaron el conglomerado de personas con bombas lacrimógenas.
María Trujillo enfatizó, “desde las 4:00 de la mañana nos vinimos hacer la cola, vimos cuando llegó el camión, descargaron y comenzaron a vender una hora después, ni 30 personas compraron y dijeron que se había acabado. A los 15 minutos habían tres patrullas de la policía cargadas con bultos de harina y el pueblo muriéndose de hambre”.
MENCIONARON LOS DENUNCIANTES QUE EN REITERADAS OPORTUNIDADES HAN VIVIDO LA MISMA SITUACIÓN CON LOS UNIFORMADOS. “HUBO MUJERES Y NIÑOS DESMAYADOS, SIEMPRE PASA LO MISMO CON LOS POLICÍAS Y LOS COMERCIANTES MUCHAS VECES NOS BRINDAN EL APOYO Y NOS RESGUARDAN, PERO ELLOS TAMBIÉN ESTÁN CANSADOS DE LA SITUACIÓN”.
Finalmente a los manifestaste no les quedó más opción que retirarse a sus hogares con las manos vacías, pues la mercancía nunca fue sacada de los galpones para ser vendida a las personas que desde temprano hicieron su cola.
Los abuelitos, algunos de ellos con discapacidad, deben esperar por más de 10 horas de pie a las afueras del banco para saber si pueden cobrar
A pesar que el Ejecutivo nacional depositó desde hace más de semana y media los recursos para que los pensionados cuenten con sus aguinaldos, hasta la fecha, aproximadamente más de mil adultos mayores que cobran en el Banco Bicentenario de la avenida Miranda no han podido retirar su dinero.
Por tal razón, decidieron cerrar la avenida a manera de protesta durante el mediodía de este viernes, para exigir respuestas a las autoridades de la entidad bancaria que les permitan obtener sus recursos. Los pocos que han podido cobrar, debieron pasar entre cuatro y cinco días en cola, el banco solo les ha permitido retirar 10.000 bolívares diarios. Aunque la gerencia no les da respuesta, creen que es la falta de billetes la que está generando este retraso.
Daniel González, pensionado y afectado por esta situación indicó que además de las largas colas bajo el sol, la lluvia y pasando hambre, tienen que aguantarse el maltrato de los trabajadores de esta entidad financiera. “Estamos aquí desde las 4:00 am hasta las 4:00 pm y nunca podemos sacar nuestra plata, exigimos una solución inmediata”, dijo.
Señalaron que esta misma realidad se repite en otros bancos del Estado, en los que los pensionados llevan varios días esperando que el banco tenga dinero para pagarles.
Glorianny González
EL PERIODIQUITO
Foto Raúl Milán
A juicio del presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), Arnoldo Benítez, las entidades bancarias del país actúan contra la última providencia de la Sudeban que establece que la reducción del monto máximo de transacciones debe comenzar a regir desde el mes de marzo de 2017 y no en la actualidad como está sucediendo.
Indicó que esta situación aunadaa la escasez de billetes que hay en el país es lo que ocasiona el retraso en el pago de los aguinaldos para los pensionados. “La situación es tal que estamos produciendo un pequeño porcentaje de nuestros billetes y el resto lo estamos importando”, aseveró.
Considera que el gobierno no tomó las previsiones y en la actualidad se ven las consecuencias de una superinflación. “El Estado no tiene la capacidad para soportar el pago de las pensiones, no hay billetes”. Desde su punto de vista, la implementación inmediata de un nuevo cono monetario ayudaría mediamente a resolver esta situación.
Diariamente en Fevacu reciben denuncias de usuarios y consumidores quienes se están viendo afectados por la falta de billetes y en especial de los pensionados quienes hasta la fecha no han podido retirar de las entidades bancarias sus aguinaldos completos.
Algunos de los casos más relevantes que han sido denunciados es el del Banco Bicentenario de Cagua, donde los pensionados tienen que esperar que un usuario vaya a depositar determinada cantidad de dinero para ellos poder retirar una parte de su pensión y en este proceso se les ha ido más de seis días.
