25-Sep 08:06 am | David González
Viviendas, infraestructuras y plantaciones han sido afectadas, mientras los moradores de las poblaciones ribereñas temen que ocurra una tragedia de mayor proporción
Las aguas no han dejado de elevar su nivel desde hace tres décadas, pero en 2011 alcanzó una cota sin precedentes desde comienzos del siglo XX | Raúl Romero
La casa donde viven Lida García y su hijo adolescente está a 120 metros del muro que contiene a un vecino amenazante: el lago de Valencia. La vivienda es una de las dos que quedan habitadas en la Segunda Transversal de La Punta, en Maracay, estado Aragua, y tiene una apariencia fantasmal porque está rodeada de otras que fueron abandonadas o demolidas por el riesgo de inundación. La mujer, de 51 años de edad, no puede disimular el sobresalto cuando comienzan los ventarrones y truenos que anticipan otra noche lluviosa. Voltea de un lado a otro y acelera las palabras. Desde la puerta de su residencia se observa cómo las olas se agitan y sobrepasan parcialmente la barrera, que está ubicada sólo 30 centímetros por encima de las aguas. García apenas tiene fuerzas para ponerle su propio muro al miedo: "El lago es el terror. Quiero marcharme, pero no tengo dónde ir".
Se excusa por no recibir a los visitantes dentro de su casa de 118 metros cuadrados: "Aquí vivimos sin dignidad". Habla desde la misma calle anegadiza que la dejó sin enseres: no tiene nevera (compra cada día lo que va a comer) ni lavadora (limpia la ropa a mano). La compañía de 5 perros guardianes la hace sentir menos vulnerable ante los apagones nocturnos y el abandono en que terminó esa parte del vecindario. Trabajó 15 años en la multinacional Sony puede hilvanar frases básicas en japonés pero hoy está desempleada. En julio la afectó un lumbago que se manifestó después de 11 días consecutivos de cargar baldes para sacar el agua que entró a su vivienda.
En ese período apenas comió porque quedó aislada. Hace 3 décadas superó un cáncer en la garganta, pero hace 4 años reapareció un tumor visible en esa parte del cuerpo. Cuando se le pregunta si ha vuelto al oncólogo, guarda un breve silencio y mueve la cabeza con un gesto negativo: "Esto es demasiado para mí". Luego agrega otra frase: "El presidente Hugo Chávez, que padece cáncer, sabe de lo que estoy hablando".
El lago de Valencia no ha sido una bendición para García, ni para los vecinos de La Punta, ni para muchos pobladores de sus riberas en Aragua y Carabobo.
Abundan quienes piensan que es una presencia pestilente que inunda viviendas, destruye infraestructuras, acaba con plantaciones y se desborda como cloaca cuando debería ser algo muy distinto: un área para la recreación, la pesca y la obtención de recursos hídricos para el consumo humano. Su ascenso de 2 metros en lo que va de 2011 lo hizo escalar hasta la cota 412 sobre el nivel del mar, 4 metros por encima de los límites de seguridad. Una altura semejante sólo puede ser comparada con las que se registraban a comienzos del siglo pasado, según las investigaciones de Octavio Jelambi, quien fuera miembro de la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y experto en el área.
A pesar de que es uno de los principales reservorios de agua dulce de Venezuela, el Estado lo ha empleado por más de 3 décadas para disponer los desechos de la zona central del país.
Por formar parte de una cuenca cerrada, el lago carece de salidas para descargar su contenido al mar, lo que lo convierte en una suerte de recipiente gigantesco en el que se ha acumulado por décadas material contaminado. Por eso los expertos afirman que el ascenso ha sido provocado esencialmente por la intervención humana: "El lago se estaba desecando, pero las aguas servidas revirtieron esa tendencia. Se calcula que crece a un ritmo de 8 metros cúbicos por segundo. Esto constituye una de los más graves problemas ambientales del país", dice Arnoldo Gabaldón, ex ministro de Obras Públicas.
Abandono. A Lida García la persigue la idea de que una noche será arrastrada por una corriente imparable. Siente que ha sido abandonada a su suerte por las autoridades, a pesar del riesgo que corre y de que el tiempo va en su contra.
El Tribunal Supremo de Justicia admitió en 2007 la responsabilidad del Estado en el descontrol del lago y con la sentencia 1632 ordenó al Ministerio del Ambiente indemnizar a los residentes afectados de las urbanizaciones vecinas de La Punta y Mata Redonda, que debían ser desalojados por ser un área de peligro. Pero todavía 872 familias permanecen en ambas zonas. Muchos propietarios consideran que el Poder Ejecutivo ha incumplido al no ofrecerles compensaciones justas. La Gobernación de Aragua ahora aplica un esquema de cambios "casa por casa" que no ha satisfecho a todos los vecinos. García, sin embargo, está convencida de que sufre una retaliación porque en 2006 acusó a una funcionaria de una actuación negligente en su caso: "Me gritó que me quedaría a vivir en la porquería. Luego se extraviaron los documentos que le había entregado para mi indemnización. No existe compensación alguna para todo lo que me han hecho padecer".
No puede sino explotar cuando se entera que voceros oficiales afirman que ha rechazado opciones para mudarse: "Es indignante que digan eso".
El muro de La Punta y Mata Redonda es una imagen representativa. Tiene aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud, 4 metros de altura y 6 metros de ancho.
Ha sido construido como una barrera para mantener a raya a un enemigo. Su parte superior, de tierra y arena compactada, se ha convertido en un camino por el que transitan personas. Por estos días, lo recorre gente que no deja de expresar incredulidad. Una pareja de un sector cercano, 13 de Enero, se aproxima al borde y expresa: "Hace un mes el agua no estaba tan alta". Urbanizaciones completas ya han quedado sumergidas. En un punto no muy lejano donde solía estar un vecindario que se llamaba Las Vegas apenas se observan los extremos superiores de postes de alumbrado y el tanque de agua de una vivienda que debió ser la más alta del sector. Quien crea que el muro ofrece una protección a prueba de filtraciones se equivoca. Basta voltear para ver las casas habitadas, que están por debajo de la cota del lago, y las acumulaciones de agua recubiertas con lemna. Parecen alfombras de grama hasta que se lanza una piedra contra ellas y saltan las salpicaduras.
Fernando Klein, comerciante y profesor de inglés jubilado, de 60 años de edad, también vive junto con su esposa y su hija a 50 metros del lago. Frente a su casa hay un árbol en el que clavó un cartel oxidado que dice "Calle A. La Punta". Antes de salir de su vivienda se coloca botas de goma, una gorra y lentes oscuros y se convierte en un guía que ubica los puntos por dónde se filtra el lago. "Esas burbujas indican que por ahí el agua está entrando hacia nuestro lado". Hasta hace 10 días trabajó la maquinaria enviada por el Ministerio del Ambiente para elevar en 70 centímetros la altura del muro, una obra que fue cuestionada por especialistas que señalan que la barrera no soporta más peso y puede colapsar y porque no es una solución de fondo."Estamos en una zona sísmica. Por aquí pasa la falla de La Victoria y no quiero pensar qué sucedería si ocurriera un temblor", advierte.
Hace 3 años Klein había conseguido una quinta en Carabobo para marcharse con su familia. "Me pidieron un soborno y no lo pagué. Entonces los encargados cometieron 3 errores con mis documentos y el proceso se trabó". Las nuevas ofertas que ha recibido son por apartamentos de 60 metros cuadrados: "Mi casa es de 118 metros cuadrados. El Gobierno está obligado a indemnizarnos justamente". En cambio, José Martínez, quien habita en la Segunda Transversal de La Punta, no adelanta los detalles de una negociación a punto de terminar. "Tenemos fe en que todo se va a resolver y que nos iremos como otros a los que les consiguieron sus casas". En el ínterin prefiere no visitar el muro para ver cuánto han crecido las aguas: "No quiero torturar a mi familia con eso".
Contaminación. En otras zonas del sur de Maracay, el aumento del nivel del lago ha hecho colapsar las cloacas. La Avenida Central, la Avenida 1 y la calle Agricultura de Paraparal 2 están anegadas con un líquido negro y maloliente que no cede un centímetro del terreno ganado desde hace 2 meses.
Felicia Páez, de 62 años de edad, afirma que funcionarios de Protección Civil visitaron la localidad para levantar un censo y convencer a los residentes de la necesidad de un desalojo: "No me voy a ir un refugio como sugirieron. Soy propietaria y llevo 29 años viviendo aquí".
En los últimos cinco años, las autoridades han logrado desocupar urbanizaciones vecinas que luego comenzaron a sumergirse: La Vaquera, Armando Reverón y Platanal están en esa lista. Un sector denominado Las Casitas, inaugurado en los años noventa, debía estar libre de ocupantes.
Muchos se fueron, otros permanecieron porque rechazaron en su momento las indemnizaciones por considerar que no respondían a las expectativas. "Nos ofrecieron muy poquito dinero. Además, no creo que lo que pasa es culpa del lago", afirma Ingrid Parra, de 53 años de edad, quien se resiste a creer que esté en situación de riesgo. Mery Mijares, que vive al otro lado de la calle, no tiene dudas: "Hubo funcionarios de la gobernación que se internaron con una oruga y llegaron asustados al comprobar la situación". Con las aguas, también han llegado animales extraños al entorno urbano. Los vecinos coinciden en que han visto "babos". Si se les consulta, dirán que se refieren a caimanes de dos metros de largo.
Melania Castillo, una vecina de otra comunidad denominada Aguacatal 2, está ansiosa de que la saquen de la casa donde vive alquilada acompañada de cinco adultos y cuatro niños.
"Protección Civil ya se llevó a dos familias en el último mes, pero con nosotros se han tardado más". El nerviosismo crece en la misma medida que observa el avance lento, pero sostenido, del lago. Desconoce, como muchos en la capital aragüeña, las medidas que debe tomar en una contigencia: "No me han explicado nada".
Pérdidas y piratas. La crecida ha facilitado un nuevo negocio ilegal en las aguas del lago: lancheros utilizan sus embarcaciones para saquear las fincas.
Se llevan los techos de las casas, maquinarias, postes de alumbrado y transformadores. "Se aprovechan impunemente de lo que estamos pasando", dice Tirso Pérez, un productor que es delegado de la Misión Agrovenezuela en la parroquia San Martín de Porres, en el municipio Libertador de Maracay.
El vandalismo, sin embargo, es el menor de los problemas de los agricultores de la ciudad.
Hace 5 meses, Pérez todavía podía recibir visitas en la casa principal de su finca de 4 hectáreas en el sector La Cuarta. Hoy la vivienda está sumergida casi totalmente, como las plantas de maíz que eran cosechadas por el personal que trabajaba para él. "Soy representante de un área donde hay 80 pequeños productores cuyas tierras quedaron bajo las aguas". Tiene 46 años de vida y ha pasado más de 30 dedicado a la actividad en esa zona. "En menos de 8 meses, las aguas han subido más de 1,80 metros por aquí.
En esta parroquia se perdieron 400 hectáreas de cultivos".
Pérez y Cándido Hernández, un productor de 31 años de edad, no quieren dejar dudas sobre el alcance del problema.
Ambos se lanzan a un área en la que todavía el agua, por fortuna, sólo les llega a las rodillas y comienzan a descubrir las mazorcas. "Adelantamos la cosecha de un maíz que no está listo porque sabemos que, si esperamos más, no lo podremos rescatar", dice Hernández. Su hermano mayor, Carlos, también propietario de una pequeña finca afectada, insiste en que en la zona se obtienen semillas de alta calidad que luego se emplean en otros estados como Guárico y Portuguesa. "Allá también se verán afectados por nuestra situación". Campesinos que eran contratados en esas fincas ahora están desempleados, de vuelta a sus lugares de origen o vagando, porque no tienen casas dónde vivir. Es el caso de Altagracia Freitas, de 47 años de edad, quien trabajaba para Pérez. No tuvo más remedio que ocupar con su esposo y 3 hijos una casucha diseñada para albergar al personal de vigilancia: "Vivimos 10 años en la finca y ahora estamos aquí. Ojalá nos ayuden. Lo peor son las ratas que vienen de noche".
La empresa Gramito, que beneficia pollos, ha levantado con arena y piedras un terraplén sobre las aguas del lago. Cualquiera que visite la zona verá la circulación constante de camiones que transportan material. De acuerdo con los conductores de las unidades, cada viaje cuesta entre 150 y 200 bolívares y pueden hacer 10 en un día. El muro ha dañado las cercas de los productores vecinos, un agravio que se suma al ocasionado por el propio lago. "Lo han hecho sin nuestro consentimiento y dicen que nos van a pagar, pero no hay acuerdo firmado. Nos causaron un daño adicional", se queja Pérez.
En la empresa se limitan a enviar como emisario al jefe de seguridad. "Le vendemos a Pollos del Alba. A los agricultores se les va a cancelar, aunque desconozco si hay un compromiso escrito. Queremos proteger una empresa que da 300 empleos.
Dime si a esos productores les queda algo que puedan recuperar en las fincas".
Los propietarios de la Hacienda La Laguna también optaron por levantar un muro. Más de 200 hectáreas están inundadas.
En 8 meses, el lago avanzó 200 metros y le falta menos de un kilómetro para alcanzar la vía de Palo Negro. El trayecto puede hacerse a pie y no deja de provocar una sensación de escalofrío sobre qué puede pasar.
La imagen de la parte superior de un galpón se observa a la distancia: parece una pequeña embarcación flotando. Alí Ibarra, el encargado de la unidad, maneja una bomba de achique que trabaja 24 horas y descarga 8 pulgadas cúbicas por segundo de vuelta al lago: "Es para mantener lo mejor posible lo poco que no se ha perdido".
Cualquiera pensaría que es un esfuerzo inútil por detener el avance progresivo del lago de Valencia, un cuerpo de agua que está fuera de control.
