Fuente: UnidadVenezuela.org
Por considerarlo de altísimo interés público reproducimos el documento que nos fue entregado el viernes 22 de abril de 2016 por once organizaciones de la sociedad civil, con planteamientos urgentes a todo el país y a la Mesa de la Unidad Democrática. A continuación el comunicado, que lleva como título la expresión que encabeza este texto:
“Quienes suscribimos, organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la grave situación del país, nos dirigimos a todos los venezolanos y a la dirigencia de la MUD.
Los venezolanos estamos sufriendo inmensas dificultades a causa del desabastecimiento y aumento en los precios de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad, además de la creciente inseguridad e impunidad, así como del desastroso estado de los servicios públicos, en medio de una polarización política cada vez más acentuada. Esas dificultades están ocasionando que millones de compatriotas no tengan cómo alimentar adecuadamente a su grupo familiar. Otra gran cantidad ha sufrido la pérdida física de algún pariente o amigo, por falta de medicamentos o por acción del hampa. En ese dramático escenario, una considerable cantidad de venezolanos ha abandonado el país, mientras miles hacen gestiones para emigrar.
Por eso, los partidos políticos agrupados en la Unidad tienen la impostergable tarea de dirigir la pronta superación de la extrema crisis que nos agobia. Desde la sociedad civil, contribuiremos con propuestas y acciones a esa tarea necesariamente unitaria.
EL PAÍS NO AGUANTA MÁS
En esa lucha por la supervivencia, nos preocupan las condiciones humillantes que sufrimos los venezolanos, especialmente los de menos recursos, enfrentando largas colas para conseguir productos básicos de la alimentación diaria o medicamentos. Entendemos que esto genere reclamos y manifestaciones de rechazo y creemos que la Unidad en su conjunto debe hacer un gran esfuerzo para ayudar a los ciudadanos a vincular sus justas protestas con el cambio de gobierno que se propone como salida política a la crisis.
Ante la insólita terquedad del gobierno, negado a corregir las políticas que han causado este desastroso estado de cosas, así como a aceptar cualquier idea constructiva de la oposición representada por la Mesa de la Unidad Democrática –lo que ahorraría sufrimientos al pueblo venezolano–, creemos que la alternativa necesaria es la consulta popular prevista en la Constitución para la sustitución del actual gobierno lo antes posible, por la vía electoral e institucional más adecuada al momento, dejando siempre abierta la puerta a un eventual entendimiento gobierno-oposición.
Como solución democrática, respaldamos la ruta para un cambio urgente, donde se integren iniciativas como: a) el Revocatorio del Presidente, b) la Enmienda Constitucional para recortar el mandato presidencial y eliminar la reelección indefinida, c) las Elecciones Regionales de Gobernadores y Consejos Legislativos, d) así como cualquier otra acción constitucional que reduzca el área de influencia de la cúpula gobernante y conduzca a un Gobierno de Unidad Nacional, para ofrecer un futuro de paz y prosperidad a todos los venezolanos, sin distingos de ningún tipo.
Para la selección de candidatos de los sectores democráticos a dichas Elecciones Regionales, que constitucionalmente deben efectuarse este año, la Unidad debe preservar la exitosa práctica de Elecciones Primarias prometidas públicamente, en las cuales la gente pueda expresar su opinión. Así se logrará no solo mayor legitimidad de las candidaturas que surjan, sino que éstas quedarán protegidas de tácticas sobrevenidas del CNE y se evitarán las postulaciones divisionistas.
EL GOBIERNO NO TIENE ESCRÚPULOS E IRRESPETA LA DEMOCRACIA
Queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a los actos arbitrarios de obstrucción a la Democracia, por parte de las Rectoras del Consejo Nacional Electoral y de un grupo de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos actúan para favorecer al actual partido de gobierno, pues han sido sus militantes o colaboradores inmediatos, lo cual los descalifica para integrar esos organismos que deben ser imparciales. Estos integrantes del CNE y del TSJ se han convertido en instancias que operan con el propósito de desconocer las decisiones de la Unidad y de la Asamblea Nacional, burlando así la voluntad de 15 millones de venezolanos que votamos en las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2015. Todas sus recientes decisiones son claramente ilegales, desde la desincorporación de los Diputados del Estado Amazonas, hasta la declaración de inconstitucionalidad de la mayoría de las leyes que ha aprobado la Asamblea.
Por eso, la Unidad como un todo debe ponerlos en evidencia frente al país y en el ámbito internacional, pues a través de esos funcionarios el Gobierno está intentando anular el derecho de los venezolanos a elegir sus representantes y desconocer de facto la Asamblea Nacional, que constitucionalmente representa al pueblo.La crisis de gobernabilidad fabricada por el Gobierno tiende a cerrar las vías para la convivencia y el desempeño democrático, alentando el surgimiento de aventuras golpistas que quizá sean la intención de un sector oficialista.
En ese mismo orden, queremos alertar que el Ejecutivo Nacional se dispone a dejar sin recursos y presupuesto a la AN a partir del mes de mayo de 2016, buscando de esta manera ilegal bloquear su funcionamiento y desconocer el derecho al voto de los venezolanos.
LA UNIDAD NECESITA REFORZARSE Y ENCABEZAR LA PROTESTA
En la sociedad civil, representada por las organizaciones que firman este documento, estamos listos para ofrecer nuestro concurso en la lucha por resolver los problemas de todos los venezolanos, para lo cual confiamos en que las fuerzas políticas integradas en la MUD mantengan y mejoren su alianza unitaria.
Ningún país puede progresar en medio de una división. Por lo tanto, se necesita en primer lugar fortalecer la plataforma de partidos que conforman la Unidad, que así contará con el mayor apoyo posible de los ciudadanos convencidos de las ventajas de la Democracia.A la vez, es necesario acercarnos a quienes por algún tiempo estuvieron esperanzados en un mensaje populista de redención y ahora ya saben que dicho mensaje ocultaba ansias de poder infinito y nos ha ocasionado el mayor nivel de corrupción de toda nuestra historia.
A la cabeza de ese proceso deben colocarse los partidos de la Unidad y quienes los respaldamos, haciendo realidad la Venezuela Unida que reclaman nuestros hijos. Exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil en todo el país a sumarse a este pronunciamiento.”
ABRIENDO CAMINOS
APERTURA VENEZUELA
ARAGUA EN RED
CIUDADANÍA ACTIVA
COMPROMISO CIUDADANO
COMUNIDANAS
GRUPO LA COLINA
MANIFIESTA
MUJERES POR LA LIBERTAD
RADAR DE LOS BARRIOS
RED ORG. VECINALES DE BARUTA
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domingo, 24 de abril de 2016
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Apreciación de la situación nacional # 58
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Jesús Elorza
Declaración de Aragua. 19 de abril de 2016
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Thurow: Humanizar la economía global
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Democracia económica y participación
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Parlamentarias rechazan posición del CNE ante solicitud de planillas
El Periodiquito
Sábado, 23 abril a las 18:46:00
Las diputadas a la Asamblea Nacional (AN), Amelia Belisario y Karin Salanova, junto a los legisladores regionales Betsy Bustos, José Ramón Arias, Rodrigo Campos y demás activistas del partido Primero Justicia, acudieron a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, para exigir la entrega inmediata de las planillas que permitirán registrar a quienes serán los convocantes del Referendo Revocatorio para el gobierno de Nicolás Maduro.
La parlamentaria, Amelia Belisario, denunció “cuando nos acercamos a la barricada que se encuentra en las adyacencias de la entrada al CNE-Aragua, inmediatamente funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana apuntándonos con su armamento nos impidieron el acceso”.
Belisario sentenció “ya basta de tanto abuso por parte de las instituciones públicas, el CNE tiene que responderle a los venezolanos que están ansiosos por revocar la escasez, el hambre y la inseguridad”.
Señaló que la planilla para convocar el Referendo Revocatorio es la mejor vía para reconciliar al país “es la única planilla de la paz y la única planilla de la tranquilidad para las madres venezolanas”.
La legisladora asegura que han cumplido con todos los requisitos y plazos establecidos en la normativa del CNE, sin embargo, el ente insiste en parcializarse.
“Necesitamos que cumplan con las normas, que nos entreguen las planillas para contarnos, con sus acciones incrementan la angustia y desesperación de los venezolanos que quieren la paz”.
Foto Cortesía
Sábado, 23 abril a las 18:46:00
Belisario asegura que los venezolanos requierenel formato para recoger firmas para el revocatorio
Las diputadas a la Asamblea Nacional (AN), Amelia Belisario y Karin Salanova, junto a los legisladores regionales Betsy Bustos, José Ramón Arias, Rodrigo Campos y demás activistas del partido Primero Justicia, acudieron a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, para exigir la entrega inmediata de las planillas que permitirán registrar a quienes serán los convocantes del Referendo Revocatorio para el gobierno de Nicolás Maduro.
La parlamentaria, Amelia Belisario, denunció “cuando nos acercamos a la barricada que se encuentra en las adyacencias de la entrada al CNE-Aragua, inmediatamente funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana apuntándonos con su armamento nos impidieron el acceso”.
Belisario sentenció “ya basta de tanto abuso por parte de las instituciones públicas, el CNE tiene que responderle a los venezolanos que están ansiosos por revocar la escasez, el hambre y la inseguridad”.
Señaló que la planilla para convocar el Referendo Revocatorio es la mejor vía para reconciliar al país “es la única planilla de la paz y la única planilla de la tranquilidad para las madres venezolanas”.
La legisladora asegura que han cumplido con todos los requisitos y plazos establecidos en la normativa del CNE, sin embargo, el ente insiste en parcializarse.
“Necesitamos que cumplan con las normas, que nos entreguen las planillas para contarnos, con sus acciones incrementan la angustia y desesperación de los venezolanos que quieren la paz”.
Foto Cortesía
Voluntad Popular rechaza cortes de cuatro horas diarias
José Caricote, miembro de la dirección regional de Voluntad Popular en Aragua, se pronunció en contra de la medida que este jueves fue tomada por el Gobierno nacional sobre el racionamiento eléctrico y que fue anunciado por ministro de Energía Eléctrica, Gral. Luis Motta Domínguez.
“Queremos rechazar rotundamente este pronunciamiento del Gral. Motta Domínguez, pues atenta contra la salud de los venezolanos, contra los comercios, contra la vida normal de los que vivimos en este país. A partir del lunes los ciudadanos no tendremos luz por cuatro horas diarias, cosa que a nosotros nos preocupa porque la situación en el HCM es grave cuando se va la luz, porque en los comercios y en las casas de los ciudadanos es grave porque se dañan los alimentos”, expresó.
Dijo Caricote que estas son las consecuencias de un gobierno que no ha invertido nunca en materia de electricidad “Desde Voluntad Popular iniciaremos un censo casa por casa y negocio por negocio, también estaremos en el HCM preguntándole a la gente de qué manera está siendo afectada por esto”, manifestó.
Igualmente, señaló que este censo lo estarán llevando a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional (AN), para que los diputados hagan valer el derecho de los venezolanos. “Por eso VP iniciará un proceso de calle duro en referencia a este tema eléctrico, estaremos censando así como lo hicimos el fin de semana con el revocatorio, así lo haremos ahora para que nos digan cómo se ven perjudicados por estos apagones de cuatro horas”, indicó.
De la misma manera, dio su apoyo a los diputados que estuvieron en el CNE exigiendo la entrega de planillas para iniciar el proceso revocatorio. “Hacia estos valientes que se encadenaron exigiendo la planilla del referéndum, y que la Guardia Nacional los sacó de manera despectiva y violenta, hasta ellos nuestra máxima solidaridad”, finalizó diciendo.
YANIRA CEDEÑO | elsiglo
Foto | FÉLIX BARRETO
José Caricote, miembro de la dirección regional de Voluntad Popular en Aragua
“Queremos rechazar rotundamente este pronunciamiento del Gral. Motta Domínguez, pues atenta contra la salud de los venezolanos, contra los comercios, contra la vida normal de los que vivimos en este país. A partir del lunes los ciudadanos no tendremos luz por cuatro horas diarias, cosa que a nosotros nos preocupa porque la situación en el HCM es grave cuando se va la luz, porque en los comercios y en las casas de los ciudadanos es grave porque se dañan los alimentos”, expresó.
Dijo Caricote que estas son las consecuencias de un gobierno que no ha invertido nunca en materia de electricidad “Desde Voluntad Popular iniciaremos un censo casa por casa y negocio por negocio, también estaremos en el HCM preguntándole a la gente de qué manera está siendo afectada por esto”, manifestó.
Igualmente, señaló que este censo lo estarán llevando a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional (AN), para que los diputados hagan valer el derecho de los venezolanos. “Por eso VP iniciará un proceso de calle duro en referencia a este tema eléctrico, estaremos censando así como lo hicimos el fin de semana con el revocatorio, así lo haremos ahora para que nos digan cómo se ven perjudicados por estos apagones de cuatro horas”, indicó.
De la misma manera, dio su apoyo a los diputados que estuvieron en el CNE exigiendo la entrega de planillas para iniciar el proceso revocatorio. “Hacia estos valientes que se encadenaron exigiendo la planilla del referéndum, y que la Guardia Nacional los sacó de manera despectiva y violenta, hasta ellos nuestra máxima solidaridad”, finalizó diciendo.
YANIRA CEDEÑO | elsiglo
Foto | FÉLIX BARRETO
Regionales
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Las implicaciones de vivir sin luz cuatro horas diarias
Runrunes
Por Lorena Meléndez
Fecha: 22/04/2016
@loremelendez
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, afirmaba en Twitter que el plan de racionamiento que su cartera y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) pondrá en marcha había tomado en cuenta “aspectos sociales, económicos y especiales”. Sin embargo, las consecuencias que deben enfrentar los venezolanos ante las cuatro horas de racionamiento diario de energía a las que serán sometidos, hacen que la sentencia oficial se derrumbe por completo.
Lo mejor es que de un vistazo a todo lo que fallará y se prepare. Tenga efectivo, evite usar ascensores, prepárese para las colas y cárguese de paciencia porque los cortes programados lo van a afectar en más cosas de lo que se imagina. Los apagones golpearán a los sectores que mueven la vida de un país que pareciera paralizarse poco a poco.
Comercio
“Sin energía no hay forma de hacer comercio porque no se puede facturar”, explica de entrada Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. El problema, insiste, no sólo perturba la lógica del intercambio comercial, sino también la laboral, puesto que quienes trabajan en el ramo ven interrumpida su labor por los cortes de luz.
La falta de servicio eléctrico impide que operen los puntos de venta y las cajas registradoras. En el caso de las últimas, la ausencia de electricidad tiene incluso implicaciones fiscales. Una vez que se abre una caja, su interrupción indebida genera un conflicto, puesto que reiniciarla comporta una ilegalidad, según Maldonado.
“Así los comerciantes quedan muy expuestos y mucho más indefensos en cuanto a inspecciones tributarias en las que no se tendrá en cuenta si hubo o no servicio eléctrico”, apunta.
Los sistemas administrativos, que registran los inventarios, tampoco estarán activos. Esto incide en la rapidez en la que se pueda reponer la mercancía que llega a los establecimientos. El problema va más allá: si, por ejemplo, un camión de productos básicos llega a un automercado que no tiene luz, la empresa deberá esperar que vuelva el servicio para descargar el vehículo y poder incorporar todo a su inventario.
“El gobierno prefiere apagar el país antes de resolver de otra manera el problema. Vamos a volver a la era de las cavernas. Esta lógica militar no funciona porque, a estas alturas, no se sabe qué va a pasar con la banca y las clínicas”, agrega el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas.
Banca
Desde la crisis eléctrica de 2010, a los bancos se les obligó a que generaran su propia energía para sus servidores. Así que, aunque haya apagón, las transacciones podrán hacerse vía online o a través de puntos de venta, porque la red se mantendrá activa al menos durante cuatro horas.
El problema está en las agencias de los bancos que no tienen plantas eléctricas. Una fuente del sector indica que con los apagones que ya ocurren en el interior del país, las sucursales sólo trabajan tres días y medio a la semana. Con los nuevos racionamientos, la situación va a empeorar. Los cajeros tampoco funcionarán.
De esta manera, los servicios más afectados serán los de promoción y atención al cliente. Una vez que llegue la luz, el reinicio de las actividades también consumirá tiempo. Para que se reactiven todos los servicios, deberán transcurrir entre 10 y 15 minutos, eso si no se corrompe la red con cada bajón de luz.
Vialidad
El tránsito se volverá más caótico. Los semáforos no tienen alimentadores exclusivos y se apagarán en cuanto se vaya la luz. Los semáforos inteligentes tienen batería, pero esta dura solamente 45 minutos y no las cuatro horas contempladas en los cortes programados.
Para solventar el escollo, Miguel Lara, ingeniero eléctrico y ex director de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (OPSIS), indica que las autoridades responsables deben activar agentes de tránsito en las calles, al menos en los puntos críticos.
Aunque el plan de racionamiento del gobierno no afectará, en primera instancia, a la capital venezolana, el experto señala que el Metro de Caracas sí funcionará porque tiene un alimentador de energía exclusivo. Sin embargo, si se corta el suministro en alguna zona, las estaciones que estén allí permanecerán a oscuras. Con el sistema Metrocable sucederá lo mismo.
En la oficina
Pasará lo mismo que en casa. Se presentarán problemas con los ascensores y los equipos que dependen de la electricidad. Si la oficina o el edificio no tiene planta eléctrica, ni siquiera será posible conectarse a internet.
Comunicaciones
Las comunicaciones van a colapsar con cortes tan prolongados, porque ninguna red está preparada para que la ausencia de luz sea tan larga. Los embates se sentirán, sobre todo, en los servicios de telefonía móvil e internet.
“Estas implementaciones se hacen sin pensar en las colas y estas colas jalan batería (de los surtidores)”, sentencia Frank Monroy, periodista especializado en tecnología. Agrega que los teléfonos inteligentes se quedarán sin cobertura de manera paulatina.
Las baterías de las celdas celulares, que rebotan la señal a medida de que el aparato se desplaza, pueden funcionar hasta 24 horas cuando están en un estado óptimo. Sin embargo, la alta demanda hace que este tiempo, tal como ocurre cuando un teléfono se pone en uso, se acorte y más si transmite datos.
Monroy explica que este consumo de batería provocará que la velocidad de las redes celulares (1G, 2G, 3G, 4G, LTE), vaya en picada hasta que, en última instancia, sólo quede activo el servicio de voz.
En cuanto a internet, Monroy indica que los nodos de las conexiones pueden tener autonomía durante 4 horas, justo lo que durarán los lapsos de racionamientos anunciados por el gobierno. El problema está en que, si se va la luz, los módems se quedan sin energía, a menos que se tenga una planta eléctrica instalada.
Los teléfonos residenciales tampoco funcionarán, puesto que la mayoría dependen de la electricidad.
El funcionamiento de las radios y televisoras pequeñas dependerá de capacidad de las plantas eléctricas que tengan.
En el hogar
En aprietos estarán quienes vivan en pisos altos. De paso, si algún habitante olvida el horario del corte de luz, podría quedarse atrapado en el elevador cuando éste comience.
Las puertas y portones eléctricos deberán dejarse en modo manual para que puedan usarse durante el apagón. Los cercos eléctricos se desactivarán si dependen de la red y no tienen batería de emergencia.
Las bombas de agua no podrán operar. O sea, es probable que aunque tenga el servicio de agua, no llegue el líquido a sus tuberías.
A pesar de las restricciones, los electrodomésticos sufrirán menos los efectos de la ausencia del servicio. Miguel Lara supone que, por el hecho de tratarse de racionamientos prolongados y no de interrupciones intermitentes, los equipos no deberían resultar afectados.
La preocupación la generan los pacientes que están en casa y que dependen de aparatos eléctricos para mantenerse vivos, como aquellos que por ejemplo están conectados a respiradores artificiales. Para ellos, la solución sería comprar una planta eléctrica cuyo costo supera los 14 salarios mínimos.
Por Lorena Meléndez
Fecha: 22/04/2016
@loremelendez
Lo mejor es que de un vistazo a todo lo que fallará y se prepare. Tenga efectivo, evite usar ascensores, prepárese para las colas y cárguese de paciencia porque los cortes programados lo van a afectar en más cosas de lo que se imagina. Los apagones golpearán a los sectores que mueven la vida de un país que pareciera paralizarse poco a poco.
Comercio
“Sin energía no hay forma de hacer comercio porque no se puede facturar”, explica de entrada Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. El problema, insiste, no sólo perturba la lógica del intercambio comercial, sino también la laboral, puesto que quienes trabajan en el ramo ven interrumpida su labor por los cortes de luz.
La falta de servicio eléctrico impide que operen los puntos de venta y las cajas registradoras. En el caso de las últimas, la ausencia de electricidad tiene incluso implicaciones fiscales. Una vez que se abre una caja, su interrupción indebida genera un conflicto, puesto que reiniciarla comporta una ilegalidad, según Maldonado.
“Así los comerciantes quedan muy expuestos y mucho más indefensos en cuanto a inspecciones tributarias en las que no se tendrá en cuenta si hubo o no servicio eléctrico”, apunta.
Los sistemas administrativos, que registran los inventarios, tampoco estarán activos. Esto incide en la rapidez en la que se pueda reponer la mercancía que llega a los establecimientos. El problema va más allá: si, por ejemplo, un camión de productos básicos llega a un automercado que no tiene luz, la empresa deberá esperar que vuelva el servicio para descargar el vehículo y poder incorporar todo a su inventario.
“El gobierno prefiere apagar el país antes de resolver de otra manera el problema. Vamos a volver a la era de las cavernas. Esta lógica militar no funciona porque, a estas alturas, no se sabe qué va a pasar con la banca y las clínicas”, agrega el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas.
Banca
Desde la crisis eléctrica de 2010, a los bancos se les obligó a que generaran su propia energía para sus servidores. Así que, aunque haya apagón, las transacciones podrán hacerse vía online o a través de puntos de venta, porque la red se mantendrá activa al menos durante cuatro horas.
El problema está en las agencias de los bancos que no tienen plantas eléctricas. Una fuente del sector indica que con los apagones que ya ocurren en el interior del país, las sucursales sólo trabajan tres días y medio a la semana. Con los nuevos racionamientos, la situación va a empeorar. Los cajeros tampoco funcionarán.
De esta manera, los servicios más afectados serán los de promoción y atención al cliente. Una vez que llegue la luz, el reinicio de las actividades también consumirá tiempo. Para que se reactiven todos los servicios, deberán transcurrir entre 10 y 15 minutos, eso si no se corrompe la red con cada bajón de luz.
Vialidad
El tránsito se volverá más caótico. Los semáforos no tienen alimentadores exclusivos y se apagarán en cuanto se vaya la luz. Los semáforos inteligentes tienen batería, pero esta dura solamente 45 minutos y no las cuatro horas contempladas en los cortes programados.
Para solventar el escollo, Miguel Lara, ingeniero eléctrico y ex director de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (OPSIS), indica que las autoridades responsables deben activar agentes de tránsito en las calles, al menos en los puntos críticos.
Aunque el plan de racionamiento del gobierno no afectará, en primera instancia, a la capital venezolana, el experto señala que el Metro de Caracas sí funcionará porque tiene un alimentador de energía exclusivo. Sin embargo, si se corta el suministro en alguna zona, las estaciones que estén allí permanecerán a oscuras. Con el sistema Metrocable sucederá lo mismo.
En la oficina
Pasará lo mismo que en casa. Se presentarán problemas con los ascensores y los equipos que dependen de la electricidad. Si la oficina o el edificio no tiene planta eléctrica, ni siquiera será posible conectarse a internet.
Comunicaciones
Las comunicaciones van a colapsar con cortes tan prolongados, porque ninguna red está preparada para que la ausencia de luz sea tan larga. Los embates se sentirán, sobre todo, en los servicios de telefonía móvil e internet.
“Estas implementaciones se hacen sin pensar en las colas y estas colas jalan batería (de los surtidores)”, sentencia Frank Monroy, periodista especializado en tecnología. Agrega que los teléfonos inteligentes se quedarán sin cobertura de manera paulatina.
Las baterías de las celdas celulares, que rebotan la señal a medida de que el aparato se desplaza, pueden funcionar hasta 24 horas cuando están en un estado óptimo. Sin embargo, la alta demanda hace que este tiempo, tal como ocurre cuando un teléfono se pone en uso, se acorte y más si transmite datos.
Monroy explica que este consumo de batería provocará que la velocidad de las redes celulares (1G, 2G, 3G, 4G, LTE), vaya en picada hasta que, en última instancia, sólo quede activo el servicio de voz.
En cuanto a internet, Monroy indica que los nodos de las conexiones pueden tener autonomía durante 4 horas, justo lo que durarán los lapsos de racionamientos anunciados por el gobierno. El problema está en que, si se va la luz, los módems se quedan sin energía, a menos que se tenga una planta eléctrica instalada.
Los teléfonos residenciales tampoco funcionarán, puesto que la mayoría dependen de la electricidad.
El funcionamiento de las radios y televisoras pequeñas dependerá de capacidad de las plantas eléctricas que tengan.
En el hogar
En aprietos estarán quienes vivan en pisos altos. De paso, si algún habitante olvida el horario del corte de luz, podría quedarse atrapado en el elevador cuando éste comience.
Las puertas y portones eléctricos deberán dejarse en modo manual para que puedan usarse durante el apagón. Los cercos eléctricos se desactivarán si dependen de la red y no tienen batería de emergencia.
Las bombas de agua no podrán operar. O sea, es probable que aunque tenga el servicio de agua, no llegue el líquido a sus tuberías.
A pesar de las restricciones, los electrodomésticos sufrirán menos los efectos de la ausencia del servicio. Miguel Lara supone que, por el hecho de tratarse de racionamientos prolongados y no de interrupciones intermitentes, los equipos no deberían resultar afectados.
La preocupación la generan los pacientes que están en casa y que dependen de aparatos eléctricos para mantenerse vivos, como aquellos que por ejemplo están conectados a respiradores artificiales. Para ellos, la solución sería comprar una planta eléctrica cuyo costo supera los 14 salarios mínimos.
El país se queda fuera de cobertura
Hace ocho años el parque tecnológico no se actualiza | Foto Archivo El Nacional
Un apagón en las telecomunicaciones ocurre por fases. La sequía de dólares obligó a las operadoras de telefonía móvil a suspender llamadas internacionales y servicio de roaming, por la imposibilidad de cumplir con los contratos con proveedores extranjeros. La estatal Cantv, aunque no ha hecho anuncios oficiales, también ha ido apagando algunos canales de la parrilla de la televisión satelital y la comunicación con el extranjero experimenta fallas y restricciones por falta de pagos y mantenimiento. Venezuela se desconecta y se queda atrás en un área prioritaria para el desarrollo
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El zapping se acorta por falta de dólares
CARMEN VICTORIA INOJOSA / SIETE DÍAS - EL NACIONAL
CINOJOSA@EL-NACIONAL.COM
24 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
Mientras se recupera la conexión, el dinosaurio de Google sigue allí, en las computadoras de los venezolanos. La barra espaciadora del teclado invita a saltar la mayor cantidad de cactus en tiempo récord y, como es recurrente quedarse sin Internet, en este “deporte” offline el país puede llevarse medallas. Llamar por teléfono, pagar con tarjeta de débito, mirar un canal de televisión internacional en Venezuela también implica otras destrezas: moverse de un sitio a otro para que la comunicación no se entrecorte en caso de que el discado haya superado el túnel de eco en que se quedan muchas llamadas o que el embotellamiento de datos en las insuficientes redes logren atravesar los constantes “fuera de servicio”, “sin línea”, “sin señal”.
La desconexión se hace cada vez más frecuente en Venezuela, cuyo parque tecnológico no ha tenido mayor renovación desde hace 8 años, cuando se nacionalizó la Cantv. El país fue pionero durante la década de los años noventa en la incorporación de planes prepagados y pospagos para móviles. En el año 2000 dio los primeros pasos en el uso de banda ancha por fibra óptica y lideró en América Latina el consumo de smartphones y datos para celulares. En la actualidad Venezuela está prácticamente fuera de servicio, desconectada del mundo, sin cobertura. Las divisas que faltan en casi todos los sectores de la economía, luego de 13 años de controles y una sequía de ingresos petroleros, van abriendo la zanja del aislamiento en las telecomunicaciones.
El coordinador de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Simón Bolívar, Renny Brada, señala que cuando el financiamiento es insuficiente la plataforma deja de evolucionar. Es lo que ha pasado en los últimos años, y la lentitud del Internet, el reciente anuncio de la desconexión de servicios de roaming y llamadas internacionales y de canales por operadoras son síntomas del atraso. “Mientras, se va incrementado el tráfico y la demanda del servicio, las velocidades de ancho de banda quedan estancadas Hay equipos que se pueden arreglar en el país, pero muchos son avanzados y no se cuenta con la capacidad técnica. Cuando no hay dólares se produce un deterioro en las labores de mantenimiento de toda la industria”.
La desmejora de los servicios es evidente. Y Rómulo Colmenares, presidente de la Cámara de Empresas de Telecomunicaciones (Canaemte), argumenta que es producto de la baja actualización de los equipos y tecnologías. Asegura que eso no permite ampliar ni actualizar las redes fijas y móviles: “Los proyectos de acceso fijo de banda ancha están atrasados desde hace varios años y en el país se continúa utilizando cables de cobres”. El uso de ese material limita las posibilidades de obtener más velocidades de navegación.
Uruguay, Argentina y Chile han mejorado sus indicadores de conectividad con fibra óptica. En Venezuela se necesita ampliar la red existente, desplegar más radio bases y ampliar el espectro radioeléctrico. “Si el Estado pone un cuello de botella en la asignación de divisas para inversión o asignación de espectro, las operadoras no podrán acometer las obras necesarias en infraestructura y será una consecuencia ineludible el deterioro del servicio”, agrega Colmenares.
Conatel dispone del Fondo de Servicio Universal, destinado a subsidiar los costos de infraestructura del sector. Las operadoras Movilnet, Digitel y Movistar aportan el equivalente a 1% de sus ingresos brutos. En 2015 el acumulado de recaudación fue de 1.303 millones de bolívares, un aumento de 73,06% con respecto a 2014.
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Mientras se recupera la conexión, el dinosaurio de Google sigue allí, en las computadoras de los venezolanos. La barra espaciadora del teclado invita a saltar la mayor cantidad de cactus en tiempo récord y, como es recurrente quedarse sin Internet, en este “deporte” offline el país puede llevarse medallas. Llamar por teléfono, pagar con tarjeta de débito, mirar un canal de televisión internacional en Venezuela también implica otras destrezas: moverse de un sitio a otro para que la comunicación no se entrecorte en caso de que el discado haya superado el túnel de eco en que se quedan muchas llamadas o que el embotellamiento de datos en las insuficientes redes logren atravesar los constantes “fuera de servicio”, “sin línea”, “sin señal”.
La desconexión se hace cada vez más frecuente en Venezuela, cuyo parque tecnológico no ha tenido mayor renovación desde hace 8 años, cuando se nacionalizó la Cantv. El país fue pionero durante la década de los años noventa en la incorporación de planes prepagados y pospagos para móviles. En el año 2000 dio los primeros pasos en el uso de banda ancha por fibra óptica y lideró en América Latina el consumo de smartphones y datos para celulares. En la actualidad Venezuela está prácticamente fuera de servicio, desconectada del mundo, sin cobertura. Las divisas que faltan en casi todos los sectores de la economía, luego de 13 años de controles y una sequía de ingresos petroleros, van abriendo la zanja del aislamiento en las telecomunicaciones.
El coordinador de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Simón Bolívar, Renny Brada, señala que cuando el financiamiento es insuficiente la plataforma deja de evolucionar. Es lo que ha pasado en los últimos años, y la lentitud del Internet, el reciente anuncio de la desconexión de servicios de roaming y llamadas internacionales y de canales por operadoras son síntomas del atraso. “Mientras, se va incrementado el tráfico y la demanda del servicio, las velocidades de ancho de banda quedan estancadas Hay equipos que se pueden arreglar en el país, pero muchos son avanzados y no se cuenta con la capacidad técnica. Cuando no hay dólares se produce un deterioro en las labores de mantenimiento de toda la industria”.
La desmejora de los servicios es evidente. Y Rómulo Colmenares, presidente de la Cámara de Empresas de Telecomunicaciones (Canaemte), argumenta que es producto de la baja actualización de los equipos y tecnologías. Asegura que eso no permite ampliar ni actualizar las redes fijas y móviles: “Los proyectos de acceso fijo de banda ancha están atrasados desde hace varios años y en el país se continúa utilizando cables de cobres”. El uso de ese material limita las posibilidades de obtener más velocidades de navegación.
Uruguay, Argentina y Chile han mejorado sus indicadores de conectividad con fibra óptica. En Venezuela se necesita ampliar la red existente, desplegar más radio bases y ampliar el espectro radioeléctrico. “Si el Estado pone un cuello de botella en la asignación de divisas para inversión o asignación de espectro, las operadoras no podrán acometer las obras necesarias en infraestructura y será una consecuencia ineludible el deterioro del servicio”, agrega Colmenares.
Conatel dispone del Fondo de Servicio Universal, destinado a subsidiar los costos de infraestructura del sector. Las operadoras Movilnet, Digitel y Movistar aportan el equivalente a 1% de sus ingresos brutos. En 2015 el acumulado de recaudación fue de 1.303 millones de bolívares, un aumento de 73,06% con respecto a 2014.
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El hijo de Elvis Amoroso exhibe una vida de lujos
Por Redacción Runrun.es
Fecha: 23/04/2016
No es la primera vez que Jesús Hidrobo, hijo del ex diputado chavista Elvis Jesús Hidrobo Amoroso, protagoniza un titular en la prensa venezolana. Las fotos de sus paseos en jets y sus viajes al “imperio” ya habían sido publicadas en páginas web hace un par de años. La noticia de ahora es que el derroche no ha parado despúes de aquel escándalo.
Las nuevas imágenes fueron subidas a la red por A todo momento. Allí aparece exhibiendo sus joyas, posando en un avión y en una lancha o a bordo de un auto deportivo.
VEA LAS FOTOS AQUÍ
Fecha: 23/04/2016
Las nuevas imágenes fueron subidas a la red por A todo momento. Allí aparece exhibiendo sus joyas, posando en un avión y en una lancha o a bordo de un auto deportivo.
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Tribunales al mando de la censura
Tal cual
23-04-2016
MARIENGRACIA CHIRINOS
Usando al Estado o a través de acciones de privados, el chavismo ha convertido a la prensa en la pera de boxeo de sus problemas de gestión
En el momento en el que se escribe esta página, el miedo y el silencio quieren tomar los espacios de periodismo venezolano.
Lo quieren lograr bajo el aval judicial.
En este instante, también, han pasado 34 días desde el poder judicial condenó al Correo del Caroní, del estado Bolívar, y a su director David Natera, pero aún el juez no ha dado a conocer la sentencia definitiva.
Para este momento, han transcurrido 356 días desde que el poder estatal quiso silenciar a TalCual, El Nacional y el portal de noticias La Patilla, en una misma causa.
Estos casos no han sido fortuitos y han sido trazados con la misma línea.
Se ha querido imponer la censura, con el aval judicial, luego de informar a los ciudadanos sobre hechos de corrupción.
La estrategia ha sido similar: personas que ejercen el poder del Estado y sus allegados han utilizado el sistema de justicia con la intención de imponer el mutismo en hechos que son de evidente interés público.
La táctica ha sido equivalente: con "acusaciones privadas" se ha alegado el daño al honor y a la reputación -de personas que deberían estar abiertas al escrutinio público- para justificar demandas penales por difamación agravada, un delito que aunque está establecido en la legislación, atenta contra la libertad de expresión y debería ser eliminado de las leyes nacionales, según las exigencias que le han hecho a Venezuela organismos internacionales como la Organización de Nacionales Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, han tenido curso judicial. Han recorrido el mismo camino en tribunales.
En ambos casos, en menos de 30 días admitieron las demandas penales y también atendieron exigencias especiales: una orden de censura, para el caso del Correo del Caroní; la prohibición de salida del país y la presentación regular en tribunales, en la demanda contra Tal- Cual, El Nacional y La Patilla. Comenzaron entonces las notificaciones y las audiencias en las sedes judiciales.
Estas acusaciones han sido acompañadas por demandas civiles que buscan imponer multas millonarias. Estas demandas complementarias también contaron con la aquiescencia judicial. Las investigaciones siguen en curso y -de aprobarse estas acusaciones- podrían derivar el cierre de estos cuatro medios.
Estos dos casos no son aislados. Con ellos suman 25 los procedimientos judiciales que se ejercieron entre 2013 y 2015, que criminalizan la labor informativa de periodistas y medios de comunicación.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha registrado un incremento en las acciones legales en este periodo, bajo la gestión presidencial de Nicolás Maduro. La mayoría de estas acciones se ha dirigido contra medios impresos y se han acompañado con medidas de censura que prohíben la cobertura de temas de criminalidad, violencia y corrupción.
Estos casos, también se enmarcan en el registro histórico de IPYS Venezuela que contabiliza 64 demandas entre los años 2002 y 2015. Justamente, 29 de estas acciones judiciales se han soportado en los delitos de difamación e injuria, establecidos en el Código Penal Venezolano y Código Orgánico Procesal Penal.
Al menos cuatro de estos procesos han derivado en órdenes de privativa de libertad, entre los que se cuenta la condena a cuatro años de prisión contra David Natera, que se dio en la madrugada del 11 de marzo de 2015, luego que se aprobara la acusación que ejerció Yamal Mustafá, dueño del diario local Primicia, de tendencia prooficialistas, y quien fue contratista de las empresas básicas de Guayana y de la gobernación del estado Bolívar, según el Registro Nacional de Contratistas, y quien alegó daños a su honor y reputación, por haber sido involucrado en la investigación oficial sobre la corrupción en Ferrominera del Orinoco, hechos que fueron reconocidos en 2013 por el Presidente de la República.
Contra el director del Correo del Caroní, además, se ordenó prohibición de salida del país, justamente, una medida similar a la que solicitó Diosdado Cabello, diputado por el partido oficial, en la demanda penal por difamación agravada que ejerció contra 22 directivos y miembros de los consejos editoriales de TalCual, El Nacional y La Patilla. En estos 13 años, las demandas por delitos de difamación e injuria han afectado a 36 personas y 22 de ellas (más de 50%) fueron acusadas por Cabello en la demanda que introdujo el 23 de abril de 2015, ante la reproducción de la información publicada en el diario español ABC, el 27 de enero de 2015, en la que se le vinculaba una investigación por narcotráfico.
Los tribunales han seguido en marcha para convalidar estas acusaciones pese a las obligaciones del Estado venezolano en materia de libertad de expresión. En julio de 2015, en Comité de Derechos Humanos, le exigió al Estado venezolano "despenalizar la difamación así como aquellas figuras que prevén sanciones penales para quienes ofendieren o irrespetaren al Presidente u otros funcionarios de alto rango u otras figuras similares y debería, en todo caso, restringir la aplicación de la ley penal a los casos más graves, teniendo en cuenta que la pena de prisión nunca es un castigo adecuado en esos casos".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, también le recomendó a Venezuela "promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático".
23-04-2016
MARIENGRACIA CHIRINOS
Usando al Estado o a través de acciones de privados, el chavismo ha convertido a la prensa en la pera de boxeo de sus problemas de gestión
En el momento en el que se escribe esta página, el miedo y el silencio quieren tomar los espacios de periodismo venezolano.
Lo quieren lograr bajo el aval judicial.
En este instante, también, han pasado 34 días desde el poder judicial condenó al Correo del Caroní, del estado Bolívar, y a su director David Natera, pero aún el juez no ha dado a conocer la sentencia definitiva.
Para este momento, han transcurrido 356 días desde que el poder estatal quiso silenciar a TalCual, El Nacional y el portal de noticias La Patilla, en una misma causa.
Estos casos no han sido fortuitos y han sido trazados con la misma línea.
Se ha querido imponer la censura, con el aval judicial, luego de informar a los ciudadanos sobre hechos de corrupción.
La estrategia ha sido similar: personas que ejercen el poder del Estado y sus allegados han utilizado el sistema de justicia con la intención de imponer el mutismo en hechos que son de evidente interés público.
La táctica ha sido equivalente: con "acusaciones privadas" se ha alegado el daño al honor y a la reputación -de personas que deberían estar abiertas al escrutinio público- para justificar demandas penales por difamación agravada, un delito que aunque está establecido en la legislación, atenta contra la libertad de expresión y debería ser eliminado de las leyes nacionales, según las exigencias que le han hecho a Venezuela organismos internacionales como la Organización de Nacionales Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, han tenido curso judicial. Han recorrido el mismo camino en tribunales.
En ambos casos, en menos de 30 días admitieron las demandas penales y también atendieron exigencias especiales: una orden de censura, para el caso del Correo del Caroní; la prohibición de salida del país y la presentación regular en tribunales, en la demanda contra Tal- Cual, El Nacional y La Patilla. Comenzaron entonces las notificaciones y las audiencias en las sedes judiciales.
Estas acusaciones han sido acompañadas por demandas civiles que buscan imponer multas millonarias. Estas demandas complementarias también contaron con la aquiescencia judicial. Las investigaciones siguen en curso y -de aprobarse estas acusaciones- podrían derivar el cierre de estos cuatro medios.
Estos dos casos no son aislados. Con ellos suman 25 los procedimientos judiciales que se ejercieron entre 2013 y 2015, que criminalizan la labor informativa de periodistas y medios de comunicación.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha registrado un incremento en las acciones legales en este periodo, bajo la gestión presidencial de Nicolás Maduro. La mayoría de estas acciones se ha dirigido contra medios impresos y se han acompañado con medidas de censura que prohíben la cobertura de temas de criminalidad, violencia y corrupción.
Estos casos, también se enmarcan en el registro histórico de IPYS Venezuela que contabiliza 64 demandas entre los años 2002 y 2015. Justamente, 29 de estas acciones judiciales se han soportado en los delitos de difamación e injuria, establecidos en el Código Penal Venezolano y Código Orgánico Procesal Penal.
Al menos cuatro de estos procesos han derivado en órdenes de privativa de libertad, entre los que se cuenta la condena a cuatro años de prisión contra David Natera, que se dio en la madrugada del 11 de marzo de 2015, luego que se aprobara la acusación que ejerció Yamal Mustafá, dueño del diario local Primicia, de tendencia prooficialistas, y quien fue contratista de las empresas básicas de Guayana y de la gobernación del estado Bolívar, según el Registro Nacional de Contratistas, y quien alegó daños a su honor y reputación, por haber sido involucrado en la investigación oficial sobre la corrupción en Ferrominera del Orinoco, hechos que fueron reconocidos en 2013 por el Presidente de la República.
Contra el director del Correo del Caroní, además, se ordenó prohibición de salida del país, justamente, una medida similar a la que solicitó Diosdado Cabello, diputado por el partido oficial, en la demanda penal por difamación agravada que ejerció contra 22 directivos y miembros de los consejos editoriales de TalCual, El Nacional y La Patilla. En estos 13 años, las demandas por delitos de difamación e injuria han afectado a 36 personas y 22 de ellas (más de 50%) fueron acusadas por Cabello en la demanda que introdujo el 23 de abril de 2015, ante la reproducción de la información publicada en el diario español ABC, el 27 de enero de 2015, en la que se le vinculaba una investigación por narcotráfico.
Los tribunales han seguido en marcha para convalidar estas acusaciones pese a las obligaciones del Estado venezolano en materia de libertad de expresión. En julio de 2015, en Comité de Derechos Humanos, le exigió al Estado venezolano "despenalizar la difamación así como aquellas figuras que prevén sanciones penales para quienes ofendieren o irrespetaren al Presidente u otros funcionarios de alto rango u otras figuras similares y debería, en todo caso, restringir la aplicación de la ley penal a los casos más graves, teniendo en cuenta que la pena de prisión nunca es un castigo adecuado en esos casos".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, también le recomendó a Venezuela "promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático".
CNE frena el referendo
Tal Cual
23-04-2016
JUAN PABLO AROCHA /@JPArocha
Desde 2007 los rectores del ente comicial crearon peajes que demoran la convocatoria definitiva. Oposición tendría que realizar dos recolecciones de firmas antes que se active la consulta
El referendo revocatorio marcha con el tiempo justo para realizarse este año. La demora la marca la eficiencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un enredado proceso para concretar la convocatoria que crearon en 2007 los rectores del ente comicial.
Con paso rápido, y con buena esperanza, apenas parece posible que la consulta se realice durante la primera quincena de diciembre.
"Este año se tiene que hacer el revocatorio", es la esperanza pública del diputado Julio Bor-ges, jefe de la fracción opositora en la Asamblea Nacional. "A partir del revocatorio, el país retomará la institucionalidad para trabajar en resolver la crisis, El pueblo quiere que haya revocatorio y nosotros queremos democracia. El único que no se quiere contar es el Gobierno. No quiere que el pueblo se exprese, porque saben que pierden", remató esta semana el gobernador de Miranda, Henrique Capriles.
Aunque la Constitución solo establece en su artículo 72 que para convocar el referendo apenas es necesario que un número no menor a 20% de los electores hagan la petición, el CNE se encargó de ampliar las exigencias en 2007 y, con ello, sumar días al proceso técnico para concretar el referendo: creación de una agrupación de ciudadanos, tres recolecciones de firmas, uso de máquinas captahuellas, además, verificación de rúbricas.
"El CNE ha dilatado de forma injustificada el proceso", se queja Vicente Bello, representante de la MUD ante el ente comicial. Este jueves se esperaba que el directorio del orga-nismo finalmente decidiera cuál era el proceso (la planilla) que se emplearía para que la Agrupación de Ciudadanos ya constituida por la oposición recogiera las firmas para legi-timarse oficialmente ante la institución.
Al cierre de esta edición se conoció que las autoridades del CNE habían decidido no anunciar los lineamientos que debían contener la planilla, pues se tomarían más tiempo para verificar los recaudos entregados días atrás donde la oposición informó la creación de la denominada Agrupación de Ciudadanos.
UNA NUEVA DEMORA
Bello explica que a mediados de marzo introdujeron una carta ante el CNE para avanzar en la conformación de la Agrupación de Ciudadanos, pero desde la directiva del ente comicial se les dijo que la misiva tenía una redacción confusa y no comprendieron cuál era el objetivo.
El tiempo, sin embargo, parece ir hasta ahora en contra de Maduro: entre enero y febrero creció en 7,6% el número de venezolanos que estarían dispuestos a votar para revocarle su mandato, de acuerdo a sondeos de la firma Datanálisis.
La oposición avanza con amplia ventaja, 52,1% de los consultados en febrero desean revocar a Maduro y apenas 30,1% defienden su derecho a culminar el mandato en 2019. Casi dos tercios de los venezolanos, de acuerdo a Datanálisis, quieren que se produzca un cambio inmediato en Miraflores.
Aunque el reto de la MUD va más allá de los porcentaje de las encuestas. En números absolutos, la oposición necesitaría obtener en un eventual referendo al menos 7.587.579 votos, lo que implicaría prácticamente replicar el caudal de votos que aglutinaron en las pasadas elecciones parlamentarias: hace cuatro meses la oposición sumó nacionalmente 7.707.422 votos.
Bello jura que si se les entregara la planilla definitiva, al día siguiente podrían reproducirla y en una semana estarían listos para entregar el primer grupo de casi 200 firmas que legitime la Agrupación de Ciudadanos. La rapidez, sin embargo, dependerá también de si el CNE no acuerda que es necesario que la rúbrica sea acompañada por la huella de los ciudadanos, para lo cual sería necesario avanzar en una logística mayor.
23-04-2016
JUAN PABLO AROCHA /@JPArocha
Desde 2007 los rectores del ente comicial crearon peajes que demoran la convocatoria definitiva. Oposición tendría que realizar dos recolecciones de firmas antes que se active la consulta
El referendo revocatorio marcha con el tiempo justo para realizarse este año. La demora la marca la eficiencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un enredado proceso para concretar la convocatoria que crearon en 2007 los rectores del ente comicial.
Con paso rápido, y con buena esperanza, apenas parece posible que la consulta se realice durante la primera quincena de diciembre.
"Este año se tiene que hacer el revocatorio", es la esperanza pública del diputado Julio Bor-ges, jefe de la fracción opositora en la Asamblea Nacional. "A partir del revocatorio, el país retomará la institucionalidad para trabajar en resolver la crisis, El pueblo quiere que haya revocatorio y nosotros queremos democracia. El único que no se quiere contar es el Gobierno. No quiere que el pueblo se exprese, porque saben que pierden", remató esta semana el gobernador de Miranda, Henrique Capriles.
Aunque la Constitución solo establece en su artículo 72 que para convocar el referendo apenas es necesario que un número no menor a 20% de los electores hagan la petición, el CNE se encargó de ampliar las exigencias en 2007 y, con ello, sumar días al proceso técnico para concretar el referendo: creación de una agrupación de ciudadanos, tres recolecciones de firmas, uso de máquinas captahuellas, además, verificación de rúbricas.
"El CNE ha dilatado de forma injustificada el proceso", se queja Vicente Bello, representante de la MUD ante el ente comicial. Este jueves se esperaba que el directorio del orga-nismo finalmente decidiera cuál era el proceso (la planilla) que se emplearía para que la Agrupación de Ciudadanos ya constituida por la oposición recogiera las firmas para legi-timarse oficialmente ante la institución.
Al cierre de esta edición se conoció que las autoridades del CNE habían decidido no anunciar los lineamientos que debían contener la planilla, pues se tomarían más tiempo para verificar los recaudos entregados días atrás donde la oposición informó la creación de la denominada Agrupación de Ciudadanos.
UNA NUEVA DEMORA
Bello explica que a mediados de marzo introdujeron una carta ante el CNE para avanzar en la conformación de la Agrupación de Ciudadanos, pero desde la directiva del ente comicial se les dijo que la misiva tenía una redacción confusa y no comprendieron cuál era el objetivo.
El tiempo, sin embargo, parece ir hasta ahora en contra de Maduro: entre enero y febrero creció en 7,6% el número de venezolanos que estarían dispuestos a votar para revocarle su mandato, de acuerdo a sondeos de la firma Datanálisis.
La oposición avanza con amplia ventaja, 52,1% de los consultados en febrero desean revocar a Maduro y apenas 30,1% defienden su derecho a culminar el mandato en 2019. Casi dos tercios de los venezolanos, de acuerdo a Datanálisis, quieren que se produzca un cambio inmediato en Miraflores.
Aunque el reto de la MUD va más allá de los porcentaje de las encuestas. En números absolutos, la oposición necesitaría obtener en un eventual referendo al menos 7.587.579 votos, lo que implicaría prácticamente replicar el caudal de votos que aglutinaron en las pasadas elecciones parlamentarias: hace cuatro meses la oposición sumó nacionalmente 7.707.422 votos.
Bello jura que si se les entregara la planilla definitiva, al día siguiente podrían reproducirla y en una semana estarían listos para entregar el primer grupo de casi 200 firmas que legitime la Agrupación de Ciudadanos. La rapidez, sin embargo, dependerá también de si el CNE no acuerda que es necesario que la rúbrica sea acompañada por la huella de los ciudadanos, para lo cual sería necesario avanzar en una logística mayor.
Fiscalía puede tener acceso a los Panamá Papers
Tal Cual
23-04-2016
SARAI COSCOJUELA
La Asamblea Nacional inciará averiguaciones, y aunque el PSUV dice apoyar la transparencia no apoya las pesquisas. Abogados recomiendan al Ministerio Público mecanismos para actuar, así como activar mecanismos ante la Contraloría
Muchos nombres reconocidos salieron a relucir en Panamá y no precisamente por bailar La Murga. La investigación que realizó un grupo de periodistas a nivel mundial ha dado dolores de cabeza a más de un político, futbolistas y hasta cantantes. Además, a esto se le suma la disposición que han tenido las Fiscalías de diferentes países para esclarecer las actividades de las empresas offshore que fueron creadas gracias al bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
A pesar de que esta firma jurídica argumenta que fue víctima de un hackeo, y que ese realmente ha sido el delito en este caso, el Primer Ministro de Islandia, SigmundurGunnlaugsson, presentó su renuncia el pasado 5 de abril por estar involucrado en estos famosos "Papeles" con una empresa offshore que manejó junto a su esposa.
Otro de los mencionados fue el presidente argentino, Mauricio Macri, quien incluso fue uno de los primeros en responder que no tiene "nada que esconder".
El portavoz de la Casa Rosada aseguró que la empresa constituida en Bahamas y que tenía por director a Macri no tuvo movimientos, ni acciones ni recursos.
Sin embargo, aunque Macri ha dicho estar tranquilo, la Fiscalía de ese país solicitó una investigación. La denuncia fue presentada por el diputado kirchnerista Darío Norman Martínez y el fiscal Federico Delgado dio lugar a la investigación judicial.
Según el diario argentino Clarín, el dictamen de Delgado reza que se debe verificar si hubo o no intencionalidad en la omisión por parte del primer mandatario, en no declarar esta empresa en su declaración jurada.
HAY QUE INVESTIGAR
Otras Fiscalías han decidido iniciar averiguaciones en contra de los nombrados en los Papeles de Panamá. Tal es el caso de Guatemala, España e incluso de Panamá, que ofreció su colaboración internacional para esclarecer estos casos.
Venezuela también forma parte de estos trabajos de investigación, pues el país sale a relucir en 241.000 documentos de presunta corrupción.
Esto dio pie a que distintos funcionarios del Gobierno no pudieran eludir el tema e incluso el presidente Nicolás Maduro aseguró que se debe hacer una pesquisa.
Por su parte, el diputado por el Gran Polo Patriótico de la Asamblea Nacional Hugbel Roa, señaló que los delitos con divisas deberían ser declarados como "traición a la patria" y que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela no existe temor ante cualquier investigación sobre los casos de los Papeles de Panamá.
Aunque la primera publicación de estos trabajos de investigación se dio el pasado 3 de abril, no fue sino hasta el lunes 11 cuando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre estos hechos en una entrevista para Globovisión.
Ortega aseguró que estos documentos ya fueron consignados ante el Ministerio Público y que ya cuatro fiscales, sin especificar quiénes, se encuentran haciendo las labores de investigación. Agregó además que se presumen delitos de legitimación de capitales y de corrupción, "vamos a esperar cuál es el resultado".
El abogado penalista, Alberto Arteaga Sánchez, aseguró a TalCual que lo que debe hacer la Fiscalía es investigar todos los casos que salgan mencionados en los Panama Papers, pero que en primer lugar no se puede pre juzgar, "pues no todos los que abren una empresa offshore están cometiendo delito".
Arteaga explicó también que se debe indagar para determinar si estos funcionarios utilizaron dinero del Estado para sus negocios offshore y establecer si hubo daños al Patrimonio Público.
También resaltó el hecho de que la Fiscalía debe solicitar las declaraciones juradas de estos ciudadanos nombrados para poder verificar si dichas empresas fueron agregadas o no.
Sobre este punto, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional propuso y aprobó el pasado miércoles 13 de abril, iniciar una investigación sobre los Panamá Papers. Con algunos de los periodistas que realizaron la investigación presentes, el diputado Freddy Guevara indicó que entre las indagaciones que harán, está la de solicitarle a la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de los implicados en los casos.
A pesar de que el PSUV siempre se muestra dispuesto en su discurso a investigar y sancionar a los corruptos, no votaron a favor de iniciar esta investigación y además el diputado William Pérez criticó la labor de la Comisión de Contraloría señalando que hacen "shows" y que los periodistas deben ser más precisos en sus investigaciones.
REFORMAR LA LEY
Además de las respectivas investigaciones, hay otros puntos que la Fiscalía podría tocar para ejercer un mejor trabajo a la hora de investigar y sancionar a los presuntos corruptos. Sobre esto, el abogado y profesor de derecho penal económico Fernando Fernández explicó a TalCual que se podría modificar la Ley contra la Corrupción.
Fernández indica que en la Ley, decretada vía habilitante en el año 2015, se podrían hacer al menos tres reformas.
En primer lugar la legislación establece que es el Procurador el que tiene la acción civil, "pero no dice si es la acción civil independiente o la derivada del delito y eso hay que aclararlo".
Asegura que la Fiscalía General de la República debe obtener el monopolio de la acción civil dependiente del delito y además debe exigir al Estado venezolano ser la única autoridad que pueda actuar ante tribunales nacionales e internacionales para "abrir investigaciones, detectar bienes y responsables de esos posibles hechos ilícitos, lograr la cooperación judicial internacional, poder detener a los posibles responsables y lo más importante, recuperar activos".
Sobre la recuperación de activos, el abogado señala que con al menos obtener el 20% del dinero que ha sido desviado o utilizado para enriquecimiento ilícito, "Venezuela superaría su crisis, por lo menos para lo más importante como abastecimiento de alimentos y medicinas".
Otra de las reformas que recomienda el jurista es agregar en las disposiciones finales de la Ley Contra la Corrupción la normativa complementaria del Tratado contra la Corrupción de las Naciones Unidas.
Actualmente en la Ley se contempla como normativa complementaria, aunque nunca se ha aplicado, el Tratado Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, lo que significa que Venezuela puede pedir la cooperación internacional de organismos como Fiscalías "de toda América, más embargos y extradición".
"Sugiero que también el tratado de la ONU que es mucho más extenso y es para el planeta entero, se incorpore como parte de la legislación interna, de manera tal que el Fiscal tenga la capacidad de poder hablar de tú a tú con los Fiscales de Suiza, Andorra, España, Francia, Sudáfrica, EEUU, entre otros. La fórmula es realmente muy sencilla y es repetir lo que ya existe. Eso aliviaría las cosas muchísimo", agrega Fernando Fernández.
Una de las últimas sugerencias que hace el penalista es notificar a la ONU, específicamente al organismo encargado de la previsión del delito y la lucha contra la corrupción, "que la única autoridad para reclamar internacionalmente los activos robados, despilfarrados, etc., sea el Fiscal General, porque en esos disparates cometidos todos estos años, se dijo que los tres integrantes del Poder Moral eran autoridades únicas, lo cual es un disparate porque o son únicas o es un colegio, una asociación y lo grave de que sea una asociación es que cada uno de ellos, Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo, cada vez que cambien de mandato pueden tener un criterio distinto y en estas cosas no puede haber cambio de criterio, hoy puedo decir que eres culpable pero mañana ponen al Defensor del Pueblo y dice que es inocente, entonces se frustra todo, debe ser una sola autoridad", sentenció el abogado.
23-04-2016
SARAI COSCOJUELA
La Asamblea Nacional inciará averiguaciones, y aunque el PSUV dice apoyar la transparencia no apoya las pesquisas. Abogados recomiendan al Ministerio Público mecanismos para actuar, así como activar mecanismos ante la Contraloría
Muchos nombres reconocidos salieron a relucir en Panamá y no precisamente por bailar La Murga. La investigación que realizó un grupo de periodistas a nivel mundial ha dado dolores de cabeza a más de un político, futbolistas y hasta cantantes. Además, a esto se le suma la disposición que han tenido las Fiscalías de diferentes países para esclarecer las actividades de las empresas offshore que fueron creadas gracias al bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
A pesar de que esta firma jurídica argumenta que fue víctima de un hackeo, y que ese realmente ha sido el delito en este caso, el Primer Ministro de Islandia, SigmundurGunnlaugsson, presentó su renuncia el pasado 5 de abril por estar involucrado en estos famosos "Papeles" con una empresa offshore que manejó junto a su esposa.
Otro de los mencionados fue el presidente argentino, Mauricio Macri, quien incluso fue uno de los primeros en responder que no tiene "nada que esconder".
El portavoz de la Casa Rosada aseguró que la empresa constituida en Bahamas y que tenía por director a Macri no tuvo movimientos, ni acciones ni recursos.
Sin embargo, aunque Macri ha dicho estar tranquilo, la Fiscalía de ese país solicitó una investigación. La denuncia fue presentada por el diputado kirchnerista Darío Norman Martínez y el fiscal Federico Delgado dio lugar a la investigación judicial.
Según el diario argentino Clarín, el dictamen de Delgado reza que se debe verificar si hubo o no intencionalidad en la omisión por parte del primer mandatario, en no declarar esta empresa en su declaración jurada.
HAY QUE INVESTIGAR
Otras Fiscalías han decidido iniciar averiguaciones en contra de los nombrados en los Papeles de Panamá. Tal es el caso de Guatemala, España e incluso de Panamá, que ofreció su colaboración internacional para esclarecer estos casos.
Venezuela también forma parte de estos trabajos de investigación, pues el país sale a relucir en 241.000 documentos de presunta corrupción.
Esto dio pie a que distintos funcionarios del Gobierno no pudieran eludir el tema e incluso el presidente Nicolás Maduro aseguró que se debe hacer una pesquisa.
Por su parte, el diputado por el Gran Polo Patriótico de la Asamblea Nacional Hugbel Roa, señaló que los delitos con divisas deberían ser declarados como "traición a la patria" y que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela no existe temor ante cualquier investigación sobre los casos de los Papeles de Panamá.
Aunque la primera publicación de estos trabajos de investigación se dio el pasado 3 de abril, no fue sino hasta el lunes 11 cuando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre estos hechos en una entrevista para Globovisión.
Ortega aseguró que estos documentos ya fueron consignados ante el Ministerio Público y que ya cuatro fiscales, sin especificar quiénes, se encuentran haciendo las labores de investigación. Agregó además que se presumen delitos de legitimación de capitales y de corrupción, "vamos a esperar cuál es el resultado".
El abogado penalista, Alberto Arteaga Sánchez, aseguró a TalCual que lo que debe hacer la Fiscalía es investigar todos los casos que salgan mencionados en los Panama Papers, pero que en primer lugar no se puede pre juzgar, "pues no todos los que abren una empresa offshore están cometiendo delito".
Arteaga explicó también que se debe indagar para determinar si estos funcionarios utilizaron dinero del Estado para sus negocios offshore y establecer si hubo daños al Patrimonio Público.
También resaltó el hecho de que la Fiscalía debe solicitar las declaraciones juradas de estos ciudadanos nombrados para poder verificar si dichas empresas fueron agregadas o no.
Sobre este punto, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional propuso y aprobó el pasado miércoles 13 de abril, iniciar una investigación sobre los Panamá Papers. Con algunos de los periodistas que realizaron la investigación presentes, el diputado Freddy Guevara indicó que entre las indagaciones que harán, está la de solicitarle a la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de los implicados en los casos.
A pesar de que el PSUV siempre se muestra dispuesto en su discurso a investigar y sancionar a los corruptos, no votaron a favor de iniciar esta investigación y además el diputado William Pérez criticó la labor de la Comisión de Contraloría señalando que hacen "shows" y que los periodistas deben ser más precisos en sus investigaciones.
REFORMAR LA LEY
Además de las respectivas investigaciones, hay otros puntos que la Fiscalía podría tocar para ejercer un mejor trabajo a la hora de investigar y sancionar a los presuntos corruptos. Sobre esto, el abogado y profesor de derecho penal económico Fernando Fernández explicó a TalCual que se podría modificar la Ley contra la Corrupción.
Fernández indica que en la Ley, decretada vía habilitante en el año 2015, se podrían hacer al menos tres reformas.
En primer lugar la legislación establece que es el Procurador el que tiene la acción civil, "pero no dice si es la acción civil independiente o la derivada del delito y eso hay que aclararlo".
Asegura que la Fiscalía General de la República debe obtener el monopolio de la acción civil dependiente del delito y además debe exigir al Estado venezolano ser la única autoridad que pueda actuar ante tribunales nacionales e internacionales para "abrir investigaciones, detectar bienes y responsables de esos posibles hechos ilícitos, lograr la cooperación judicial internacional, poder detener a los posibles responsables y lo más importante, recuperar activos".
Sobre la recuperación de activos, el abogado señala que con al menos obtener el 20% del dinero que ha sido desviado o utilizado para enriquecimiento ilícito, "Venezuela superaría su crisis, por lo menos para lo más importante como abastecimiento de alimentos y medicinas".
Otra de las reformas que recomienda el jurista es agregar en las disposiciones finales de la Ley Contra la Corrupción la normativa complementaria del Tratado contra la Corrupción de las Naciones Unidas.
Actualmente en la Ley se contempla como normativa complementaria, aunque nunca se ha aplicado, el Tratado Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, lo que significa que Venezuela puede pedir la cooperación internacional de organismos como Fiscalías "de toda América, más embargos y extradición".
"Sugiero que también el tratado de la ONU que es mucho más extenso y es para el planeta entero, se incorpore como parte de la legislación interna, de manera tal que el Fiscal tenga la capacidad de poder hablar de tú a tú con los Fiscales de Suiza, Andorra, España, Francia, Sudáfrica, EEUU, entre otros. La fórmula es realmente muy sencilla y es repetir lo que ya existe. Eso aliviaría las cosas muchísimo", agrega Fernando Fernández.
Una de las últimas sugerencias que hace el penalista es notificar a la ONU, específicamente al organismo encargado de la previsión del delito y la lucha contra la corrupción, "que la única autoridad para reclamar internacionalmente los activos robados, despilfarrados, etc., sea el Fiscal General, porque en esos disparates cometidos todos estos años, se dijo que los tres integrantes del Poder Moral eran autoridades únicas, lo cual es un disparate porque o son únicas o es un colegio, una asociación y lo grave de que sea una asociación es que cada uno de ellos, Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo, cada vez que cambien de mandato pueden tener un criterio distinto y en estas cosas no puede haber cambio de criterio, hoy puedo decir que eres culpable pero mañana ponen al Defensor del Pueblo y dice que es inocente, entonces se frustra todo, debe ser una sola autoridad", sentenció el abogado.
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