Tal Cual
23-04-2016
SARAI COSCOJUELA
La Asamblea Nacional inciará averiguaciones, y aunque el PSUV dice apoyar la transparencia no apoya las pesquisas. Abogados recomiendan al Ministerio Público mecanismos para actuar, así como activar mecanismos ante la Contraloría
Muchos nombres reconocidos salieron a relucir en Panamá y no precisamente por bailar La Murga. La investigación que realizó un grupo de periodistas a nivel mundial ha dado dolores de cabeza a más de un político, futbolistas y hasta cantantes. Además, a esto se le suma la disposición que han tenido las Fiscalías de diferentes países para esclarecer las actividades de las empresas offshore que fueron creadas gracias al bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
A pesar de que esta firma jurídica argumenta que fue víctima de un hackeo, y que ese realmente ha sido el delito en este caso, el Primer Ministro de Islandia, SigmundurGunnlaugsson, presentó su renuncia el pasado 5 de abril por estar involucrado en estos famosos "Papeles" con una empresa offshore que manejó junto a su esposa.
Otro de los mencionados fue el presidente argentino, Mauricio Macri, quien incluso fue uno de los primeros en responder que no tiene "nada que esconder".
El portavoz de la Casa Rosada aseguró que la empresa constituida en Bahamas y que tenía por director a Macri no tuvo movimientos, ni acciones ni recursos.
Sin embargo, aunque Macri ha dicho estar tranquilo, la Fiscalía de ese país solicitó una investigación. La denuncia fue presentada por el diputado kirchnerista Darío Norman Martínez y el fiscal Federico Delgado dio lugar a la investigación judicial.
Según el diario argentino Clarín, el dictamen de Delgado reza que se debe verificar si hubo o no intencionalidad en la omisión por parte del primer mandatario, en no declarar esta empresa en su declaración jurada.
HAY QUE INVESTIGAR
Otras Fiscalías han decidido iniciar averiguaciones en contra de los nombrados en los Papeles de Panamá. Tal es el caso de Guatemala, España e incluso de Panamá, que ofreció su colaboración internacional para esclarecer estos casos.
Venezuela también forma parte de estos trabajos de investigación, pues el país sale a relucir en 241.000 documentos de presunta corrupción.
Esto dio pie a que distintos funcionarios del Gobierno no pudieran eludir el tema e incluso el presidente Nicolás Maduro aseguró que se debe hacer una pesquisa.
Por su parte, el diputado por el Gran Polo Patriótico de la Asamblea Nacional Hugbel Roa, señaló que los delitos con divisas deberían ser declarados como "traición a la patria" y que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela no existe temor ante cualquier investigación sobre los casos de los Papeles de Panamá.
Aunque la primera publicación de estos trabajos de investigación se dio el pasado 3 de abril, no fue sino hasta el lunes 11 cuando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre estos hechos en una entrevista para Globovisión.
Ortega aseguró que estos documentos ya fueron consignados ante el Ministerio Público y que ya cuatro fiscales, sin especificar quiénes, se encuentran haciendo las labores de investigación. Agregó además que se presumen delitos de legitimación de capitales y de corrupción, "vamos a esperar cuál es el resultado".
El abogado penalista, Alberto Arteaga Sánchez, aseguró a TalCual que lo que debe hacer la Fiscalía es investigar todos los casos que salgan mencionados en los Panama Papers, pero que en primer lugar no se puede pre juzgar, "pues no todos los que abren una empresa offshore están cometiendo delito".
Arteaga explicó también que se debe indagar para determinar si estos funcionarios utilizaron dinero del Estado para sus negocios offshore y establecer si hubo daños al Patrimonio Público.
También resaltó el hecho de que la Fiscalía debe solicitar las declaraciones juradas de estos ciudadanos nombrados para poder verificar si dichas empresas fueron agregadas o no.
Sobre este punto, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional propuso y aprobó el pasado miércoles 13 de abril, iniciar una investigación sobre los Panamá Papers. Con algunos de los periodistas que realizaron la investigación presentes, el diputado Freddy Guevara indicó que entre las indagaciones que harán, está la de solicitarle a la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de los implicados en los casos.
A pesar de que el PSUV siempre se muestra dispuesto en su discurso a investigar y sancionar a los corruptos, no votaron a favor de iniciar esta investigación y además el diputado William Pérez criticó la labor de la Comisión de Contraloría señalando que hacen "shows" y que los periodistas deben ser más precisos en sus investigaciones.
REFORMAR LA LEY
Además de las respectivas investigaciones, hay otros puntos que la Fiscalía podría tocar para ejercer un mejor trabajo a la hora de investigar y sancionar a los presuntos corruptos. Sobre esto, el abogado y profesor de derecho penal económico Fernando Fernández explicó a TalCual que se podría modificar la Ley contra la Corrupción.
Fernández indica que en la Ley, decretada vía habilitante en el año 2015, se podrían hacer al menos tres reformas.
En primer lugar la legislación establece que es el Procurador el que tiene la acción civil, "pero no dice si es la acción civil independiente o la derivada del delito y eso hay que aclararlo".
Asegura que la Fiscalía General de la República debe obtener el monopolio de la acción civil dependiente del delito y además debe exigir al Estado venezolano ser la única autoridad que pueda actuar ante tribunales nacionales e internacionales para "abrir investigaciones, detectar bienes y responsables de esos posibles hechos ilícitos, lograr la cooperación judicial internacional, poder detener a los posibles responsables y lo más importante, recuperar activos".
Sobre la recuperación de activos, el abogado señala que con al menos obtener el 20% del dinero que ha sido desviado o utilizado para enriquecimiento ilícito, "Venezuela superaría su crisis, por lo menos para lo más importante como abastecimiento de alimentos y medicinas".
Otra de las reformas que recomienda el jurista es agregar en las disposiciones finales de la Ley Contra la Corrupción la normativa complementaria del Tratado contra la Corrupción de las Naciones Unidas.
Actualmente en la Ley se contempla como normativa complementaria, aunque nunca se ha aplicado, el Tratado Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, lo que significa que Venezuela puede pedir la cooperación internacional de organismos como Fiscalías "de toda América, más embargos y extradición".
"Sugiero que también el tratado de la ONU que es mucho más extenso y es para el planeta entero, se incorpore como parte de la legislación interna, de manera tal que el Fiscal tenga la capacidad de poder hablar de tú a tú con los Fiscales de Suiza, Andorra, España, Francia, Sudáfrica, EEUU, entre otros. La fórmula es realmente muy sencilla y es repetir lo que ya existe. Eso aliviaría las cosas muchísimo", agrega Fernando Fernández.
Una de las últimas sugerencias que hace el penalista es notificar a la ONU, específicamente al organismo encargado de la previsión del delito y la lucha contra la corrupción, "que la única autoridad para reclamar internacionalmente los activos robados, despilfarrados, etc., sea el Fiscal General, porque en esos disparates cometidos todos estos años, se dijo que los tres integrantes del Poder Moral eran autoridades únicas, lo cual es un disparate porque o son únicas o es un colegio, una asociación y lo grave de que sea una asociación es que cada uno de ellos, Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo, cada vez que cambien de mandato pueden tener un criterio distinto y en estas cosas no puede haber cambio de criterio, hoy puedo decir que eres culpable pero mañana ponen al Defensor del Pueblo y dice que es inocente, entonces se frustra todo, debe ser una sola autoridad", sentenció el abogado.
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