ATENCIÓN USUARIOS DE ARAGUA SIN MIEDO

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jueves, 4 de febrero de 2016

AN crea comisión para constatar emergencia Sanitaria en MBI

El Periodiquito
Miércoles, 03 febrero a las 21:19:31


Miembros de la comisión de Administración y Servicios del parlamento Nacional encabezarán el recorrido

La comisión permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, efectuará la mañana de este jueves una visita in situ al municipio Mario Briceño Iragorry, que estará integrada por los miembros de la Comisión de Administración y Servicios, más el total de los diputados electos al parlamento por el estado Aragua, para de esta manera constatar la situación de la basura.

La visita que realizará la Asamblea Nacional tiene dos objetivos fundamentales, levantar un informe que se desprende de la inspección donde se constata la emergencia y las criticas circunstancias a las que ha sido sometido el pueblo mariobricense; y lograr una reunión de trabajo, donde estén presentes el alcalde de la jurisdicción,DelsonGuarate y el Gobernador Tareck El Aisami.

Por su parte, el diputado de la AN, Ismael García, insistió en la necesidad de verificar el retraso en la entrega d recursos, por lo que además de la comparecencia del Gobernador de Aragua, propuso elevar a la Comisión de Contraloría de AN las pruebas que demuestran que unidades recolectoras de basura entregadas al instituto paralelo de MBI son utilizadas en otros municipios mientras la jurisdicción ve vulnerado su derecho a la salud.

Foto Cortesía

Catalogan la situación como crítica: Miranda alertó sobre niveles de agua en embalse Camatagua

El Periodiquito
Miércoles, 03 febrero a las 19:23:55


La temporada de sequía ha causado un impacto adverso en el reservorio de agua que surte al Sur de la entidad y parte del estado Guárico

La diputada a la Asamblea Nacional y representante de Venezuela ante el Parlamento Suramericano (Parlasur), Carolina Miranda, calificó como alarmante el nivel de descenso que registra la represa Ernesto David León, conocida como el embalse de Camatagua, ubicada al sur del estado Aragua, luego de la visita que realizara a este cuerpo de agua.

Resaltó que la sequía ha dejado un impacto negativo a este embalse que surte de agua a las poblaciones aragüeñas San Casimiro, Camatagua, San Sebastián de los Reyes, así como los Valles del Tuy, parte de San Juan de los Morros y Caracas.

En la inspección constató los focos de contaminación existentes, así como la sedimentación y pérdida parcial o total de la flora y fauna que existían el cual eran de gran atractivo turístico en la zona.

La parlamentaria nacional hizo un llamado a las instituciones del Estado encargadas de la represa a invertir en la recuperación del espacio y realizar un plan de racionamiento de agua que sea efectivo.

El agua que se surte desde la represa, la rebombea a la estación Zuata, para surtir agua para San Sebastián de los Reyes, y se requiere realizar tratamiento al agua debido a que la calidad no es óptima para su consumo.

Foto Cortesía

El próximo 18 de febrero: Profesores jubilados y activos planifican marcha regional

El Periodiquito
Miércoles, 03 febrero a las 18:12:25


El gremio adelantó que las federaciones sindicales tendrán un derecho de palabra en la Asamblea Nacional con el fin de exigir un presupuesto justo para las instituciones educativas y pedir mejoras salariales

Docentes jubilados y pensionados del estado Aragua, sostuvieron una asamblea este miércoles con el fin de apoyar la convocatoria de protesta planteada por el gremio en todo el territorio nacional con el fin de exigirle al gobierno respeto al contrato colectivo.

En la reunión se acordó una manifestación pacífica de calle para el próximo jueves 18 de febrero que iniciará desde el liceo Agustín Codazzi hasta la plaza Girardot de Maracay, e igualmente se informó que las federaciones sindicales tendrán participación dentro de la Asamblea Nacional para dar a conocer sus requerimientos.

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Pensionados y Jubilados de la entidad; manifestó que el Ministerio de Educación se ha negado a informar las cláusulas económicas, pues desde el 14 de noviembre se está discutiendo esta convención colectiva de trabajo pero, sin respuesta.

Parte de los requerimientos que exigen los educadores son reactivación del HCM, aumento salarial, cesta ticket, bono recreacional y adelanto de prestaciones sociales, entre otras reivindicaciones.

Blanca Agelvis
Foto Pablo Ramos

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El gobierno importa billetes para combatir la inflación

Tal Cual
04-02-2016
Kejal Vyas


Al menos 5.000 millones de billetes fueron importados por autorización del gobierno del presidente Nicolás Maduro en el segundo semestre de 2015, con la que intenta apuntalar la oferta de una moneda que vale cada día menos

En los últimos meses, millones de kilos de provisiones llegaron en tres docenas de Boeing 747 desde diversos países para dar alivio a la paralizada economía venezolana. Sin embargo, no eran alimentos ni medicamentos, sino otra cosa que a menudo escasea aquí: billetes de la moneda de Venezuela, el bolívar.

Esos cargamentos fueron parte de una importación masiva de al menos 5.000 millones de billetes autorizada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el segundo semestre de 2015, con la que intenta apuntalar la oferta de una moneda que vale cada día menos, según siete personas al tanto.

Esto no es todo. En diciembre, el Banco Central de Venezuela inició negociaciones secretas para encargar otros 10.000 millones de billetes, dijeron cinco de estas personas, lo cual duplicaría la cantidad de efectivo en circulación. El número es muy superior a los 8.000 millones de billetes que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo imprimen respectivamente cada año, con la diferencia de que dólares y euros se utilizan en todo el mundo.

Cuatro voceros del banco central no respondieron a llamadas y correos electrónicos solicitando comentarios.

Los economistas advierten que estas importaciones podrían agravar la crisis económica de Venezuela. La inyección de grandes cantidades de billetes podría atizar la inflación, que el Fondo Monetario Internacional estima alcanzará 720% este año, la tasa más alta del mundo. Los datos del banco central muestran que en 2015 Venezuela más que duplicó su masa monetaria, una medida utilizada para medir el dinero en circulación en la economía, incluyendo depósitos bancarios.

La impresión de más bolívares debilita aún más la moneda. Esta semana, en el mercado negro cruzó por primera vez el umbral psicológicamente importante de 1.000 unidades por dólar. El país tiene varios tipos de cambio, incluyendo uno de 6,3 bolívares por dólar.

Los 30 millones de habitantes de Venezuela parecen no poder obtener efectivo lo suficientemente rápido, dice Steve H. Hanke, un experto en monedas en problemas de la Universidad de Johns Hopkins. “La gente quiere efectivo porque quiere deshacerse de él tan rápido como sea posible”.

Aunque ha aumentado el uso de tarjetas de crédito y transferencias bancarias, los venezolanos deben llevar fajos de billetes debido a que muchos comerciantes tratan de evitar las tarifas por las transacciones. Una cena en un buen restaurante puede costar un fajo de billetes del tamaño de un ladrillo. Una arepa con queso se vende a casi 1.000 bolívares, o 10 billetes de 100 bolívares, la denominación más alta, cada uno de los cuales vale menos de 10 centavos de dólar.

Según los economistas, los rígidos controles de precios sólo han empeorado la situación y han generado un floreciente mercado negro para casi cualquier producto, desde neumáticos de autos a pañales de bebé, en el que el efectivo es la forma preferida de pago.

Para más información te invitamos a leer sobre este trabajo en The Wall Street Journal.

Richard Blanco aseguró que ministros Reverol y Varela deben acudir a la AN

Tal Cual
03-02-2016
Luisa Quintero / @l_andrequintero


El presidente de la comisión de Cultos y Régimen Penitenciario indicó que no desean sancionar a ningún funcionario, aunque no les "temblará el pulso" si deben hacerlo

La reunión de la comisión de Cultos y Régimen Penitenciario se realizó el miércoles 4 de febrero con la deuda de la asistencia de la ministra de Asuntos Penintenciarios, Iris Varela, quien se excusó de asistir a la comparecencia que le exigió este espacio de la Asamblea Nacional para explicar la situación de las cárceles venezolanas luego de los sucesos acaecidos en el recinto penitenciario de San Antonio (Isla de Margarita), por la muerte del pran conocido como "El Conejo".

Richard Blanco, presidente de la Comisión, aseguró que "no desean sancionar a ningún funcionario aunque no les temblará el pulso para realizarlo sino se presentan a la AN y dan a información solicitada a los parlamentarios para poder realizar sus informes y legislar en función de ello".

El presidente de la comisión de Cultos y Régimen Penitenciario hizo referencia sobre la no comparecencia del Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, Comandante Néstor Reverol, "Hasta la fecha no hemos recibido ninguna comunicación o llamada telefónica del General Reverol excusándose, él debe saber que estas invitaciones que se hacen son de estricto cumplimiento".

Le puede interesar: Funcionarios del Ejecutivo ignoraron las invitaciones de la AN

Los funcionarios del Gobierno no deben asumir las citaciones de la comisión que preside o del Parlamento como una suerte de "inquisición" en su contra, sentenció Blanco, quien además aclaró que lo que se quiere es conocer qué está ocurriendo en los centros penitenciarios y conocer cuáles son los elementos y dispositivos que implementa su despacho para establecer el control en los alrededores de los centros penitenciarios.

A su vez, el presidente de la Comisión anunció que "fue ratificada la citación para la Ministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela y el Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, Comandante Néstor Reverol para el miércoles 17 de febrero a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, respectivamente".

Visitas y leyes

Dentro de la reunión de la comisión de Asuntos Penitenciarios se aprobó un cronograma de visitas que se extenderá por los próximos seis meses para conocer la situación de las distintas cárceles del país. El diputado Blanco no especificó cuando se iniciarán o cuáles cárceles se visitarán, pues espera la comparecencia de la ministra Iris Varela para luego iniciar esta labor. Además, se creó una subcomisión para constatar el estado de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, la cual estará presidida por el parlamentario Juan Pablo García, y será integrada por los diputados Chaim Bucaran y Mariana Lerin.

En los próximos dias también se presentará el anteproyecto de Ley elaborado con anterioridad por la diputada Delsa Solorzano y el parlamentario Richard Blanco, la cual lleva por nombre Ley que regula el uso de teléfonos e internet dentro de los penales de Venezuela, que se realizará en conjunto con la comisión de Pollítica Interior.

Conozca los privilegios de Pérez Venta en El Helicoide

Tal Cual
03-02-2016
Con información de El Nacional


Los detenidos reciben tratos privilegiados y constantes visitas de altos funcionarios del gobierno nacional, como el diputado Diosdado Cabello

José Pérez Venta y Carlos Trejo, autores materiales confesos del asesinato de Liana Hergueta en agosto de 2015, se encuentran recluidos en El Helicoide, Caracas. Los detenidos reciben tratos privilegiados y constantes visitas de altos funcionarios del gobierno nacional, como el diputado Diosdado Cabello.

Así lo aseguró Pedro González, padre de Andrea González de León, quien se encuentra detenida por el Sebin desde agosto de 2015, junto a Betty Grossi y Alejandro Zerpa, por presuntamente querer ejecutar un plan para asesinar a la hija de Diosdado Cabello, Daniela.

“Él es una especie de detenido preferencial, tiene privilegios y lo visita gente muy importante, como Diosdado Cabello, en muchas oportunidades (…) Incluso se le permitió pintar el interior de su celda”, aseguró.

“Hergueta era amiga de Andrea, vecinas de San Antonio, se veían con frecuencia (…) Ellas se pusieron de acuerdo para advertirle la gente a través de Twitter que Trejo era un estafador”, agregó.

Al igual que Pérez Venta y Carlos Trejo; González de León, Grossi y Zerpa aún no han sido presentados ante ningún tribunal ni se le ha imputado ningún cargo, “el caso quedó congelado”.

Trejo al parecer no fue quien inculpó a los tres jóvenes, sino Pérez Venta, quien dijo haber escuchado a Trejo -quien no confirma ni niega información alguna- hablando sobre el supuesto plan.

Implicación de Andrea González

Según explicó Pedro González, su hija, quien mantenía amistad con Liana Hergueta, se vio involucrada en el caso cuando apoyó a Liana en su denuncia de que Carlos Trejo la había estafado con una transacción de dólares. Liana denunció la estafa a través de redes sociales y Andrea la apoyó retuiteando sus mensajes, fue ahí cuando a través de la misma plataforma digital Andrea fue contactada por Pérez Venta, quien dijo tener el dinero de Liana y le dio su número para entregárselo.

Acto seguido, Liana llamó y se reunió con Pérez Venta, este la secuestró, torturó, asesinó y descuartizó. Después de cometer el crimen, Pedro detalló que el asesinó empezó a llamar a su hija desde el teléfono de Liana, quien ya estaba desaparecida.

Pedro no espera que la Ley de Amnistía resuelva la situación

El presidente de la República, Nicolás Maduro, tendría que revisar el proyecto de Ley de Amnistía, el cual no beneficiaría a quienes están recluidos por acusaciones de terrorismo. Si el presidente rechaza dicho proyecto la propuesta pasaría a manos del TSJ, que en caso de que lo apruebe tendría que esperarse más de seis meses para que se haga efectiva la propuesta, tomando en cuenta las excepciones de los casos que no cumplirían los requisitos para ser beneficiados.

Enrique Márquez asomó que sancionarán a Jorge Arreaza por no acudir a la AN

Tal Cual
03-02-2016


El primer vicepresidente del Legislativo informó que el ministro será reconvocado ante la instancia que debate la crisis universitaria

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, aseguró que la ausencia del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, a la comparecencia frente al Parlamento no es solo un incumplimiento ante el Poder Legislativo, sino ante el pueblo de Venezuela.

Márquez cuestionó el compromiso del representante del Ejecutivo con el país: "Se le está haciendo un daño al propio Gobierno y ponen en duda su compromiso con la solución de los problemas".

Denunció que pese a que Arreaza puso fecha y hora a su comparecencia, no asistió este miércoles al Palacio Federal Legislativo. Es la segunda vez que el ministro de Educación se excusa de asistir a una convocatoria hecha por la comisión especial que trata la crisis universitaria. En la primera ocasión, Arreaza se excusó de asistir debido a que recibió la convocatoria con poco tiempo de anticipación, aunque su despachó la firmó con 72 horas de anterioridad a la cita, destacó Márquez.

En la convocatoria pautada para el miércoles 3 de febrero, el ministro Arreaza indicó a la comisión que se encontraba de viaje en el exterior por orden presidencial.

El diputado Márquez afirmó que el representante del sector educación será convocado nuevamente y además se estudia con la divisón de Consultoría Jurídica cuáles serán las sanciones correspondientes por incumplir ante una llamado a comparecencia realizado por la Asamblea Nacional. Se espera que la nueva convocatoria se realice una semana después de los carnavales.

El representante del Parlamento explicó que la asistencia del ministro es un deber constitucional. "No tienen que venir cuando les dé la gana, tienen que venir cuando se les llame", sentenció.

Hampa bien equipada: Así se mueve una granada en Venezuela

Tal Cual
03-02-2016
Adriana Nuñez Moros/Runrun.es


Estos explosivos son hechos por Cavim y se mueven libremente entre los malandros, protagonizando hechos delictivos y metiendo miedo en los funcionarios de seguridad

A propósito del ataque con granadas que sufrió la madrugada de este 27 de septiembre la Policía de Baruta en la entrada de la urbanización Las Mercedes, desempolvamos este trabajo publicado en el semanario TalCual y en este portal el pasado 24 de mayo que explica por qué ese armamento de guerra es popular en el hampa común.

A continuación el reportaje:

Cual peloticas de goma, las granadas “ruedan” en los barrios, en las calles y en las cárceles venezolanas, bien lejos de los reglamentarios depósitos militares. A pesar de que el monopolio de su uso recae exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez son más comunes en las manos de los delincuentes que, como en una guerra, no tienen reparo para accionarlas al enfrentarse contra otras bandas o grupos policiales

Desde enero hasta la tercera semana de mayo de 2015 se contabilizaron 24 hechos delictivos que incluyeron el uso de granadas fragmentarias. “No hay cosa que conmocione más a un policía que un malandro con una granada en la mano”, asegura Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc.

Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, reseñado por el periodista Javier Ignacio Mayorca el 17 de mayo de 2015 en El Nacional, reveló que Venezuela fue la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de estos objetos. Venezuela figura, además, en el segundo lugar del ranking de heridos por la explosión de granadas, con 16 víctimas.

Once personas muertas y cuatro heridas (dos civiles y dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc) se han sumado a la lista de la ONU desde la última semana de abril hasta el cierre de esta edición. Además, tres subdelegaciones del Cicpc sufrieron daños estructurales por ataques con estos explosivos.

La alerta llegó hasta altas esferas del poder. Cuando aún era presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, Freddy Bernal confesó su preocupación por el auge de estas armas desde 2014. “Dos elementos que empiezan a hacerse frecuentes: el uso de fusiles AR15 y el uso de granadas fragmentarias”, dijo Bernal a Runrunes. El excomisionado subrayó que: “ningún cuerpo policial tiene fusiles, armas de guerra. ¿Quién le da unos fusiles de alta potencia a una banda criminal? Pueden venir de la FANB o del extranjero, o de los perros de la guerra. Exhortamos al Ministerio de Defensa a descubrir el origen de esas municiones y eso sería darle un golpe duro a las bandas criminales”.

Miguel Dao, exdirector del Cicpc, tiene una respuesta: “las granadas se las dan unos malandros a otros malandros. No podemos culpar a todo el sector militar, sino a esos funcionarios que desvían el rumbo”.


¿De dónde vienen estos explosivos?
Juan González, nombre ficticio asignado a un alto funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) para resguardar su identidad, explica que Venezuela no compra granadas en el exterior desde aproximadamente 15 años. Los explosivos tampoco son fabricados por esta empresa militar.

Sin embargo, revela que en Cavim se está desarrollando tecnología para producir este tipo de armas a largo plazo y así reducir la dependencia de otros países.“Antes, cada componente adquiría sus granadas. De unos años para acá toda la responsabilidad de la importación la asume Cavim”.

Los cuatro componentes de la FANB son los únicos organismos autorizados para el manejo de este tipo de armas, explica Godoy. “Los cuerpos de seguridad no tienen granadas. De hecho, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solo las utiliza en funciones de resguardo de la frontera”, señala. Entonces, ¿cómo llega una granada a las manos de un delincuente?

Godoy descarta la posibilidad de que sean traídas desde el extranjero por “perros de la guerra”. “Armas que vienen de afuera, puestas en un mercado negro, son difìciles de adquirir por delincuentes de baja monta”, asegura el especialista.

¿Quién las saca del arsenal de la FANB?
En noviembre de 2006, los soldados del Ejército Alexis Antonio Fuentes Soto y Gregory José Espinoza Jhon fueron imputados ante el Ministerio Público sustraer efectos pertenecientes a la FANB. Entre el botín de los soldados, adscritos a la 51 Brigada de Infantería de Selva (estado Bolívar), se encontraron 12 granadas. La consulta a especialistas arroja cinco posibles caminos que “toman” estos explosivos para llegar a los delincuentes.

En primer lugar, a través de algunos jóvenes que ingresan al servicio militar y se retiran en menos de dos años. En ese tiempo, sustraen las armas de los almacenes. Otra posibilidad está en las incautaciones de estas armas no declaradas de los cuerpos policiales.

Una tercera vía es el robo a casas de militares retirados, quienes las almacenan como souvenires de su paso por las FANB. También está la posibilidad de que el material bélico ingrese por las fronteras. La quinta fuente serían los funcionarios de la FANB que se las llevan de las prácticas y entrenamientos.

Miguel Dao advierte que “es una cadena de corrupción bien grande. De ella se conoce el origen, pero difícilmente el final”.

¿Cuántas armas circulan en el país?
De cada 1.000 armas irregulares que circulan en las calles de Venezuela, una podría ser una granada, de acuerdo con proyecciones de Godoy. La Dirección de Armas y Explosivos (Daex) calculó en 2013 que el armamento ilegal alcanzaría un millón 678 mil. Según esta cifra, más de mil 600 granadas podrían estar en manos de delincuentes.

El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estos casos. La responsabilidad recae sobre los ministerios de Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJP). La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, creada en 2013, no logró que la FANB revelara el tamaño del arsenal.

Alegó “secreto de Estado” y hasta allí llegaron las averiguaciones. “No rinden cuentas. ¿Les podemos confiar el monopolio de las armas? Lo están cediendo a grupos irregulares”, reflexiona el exjefe de homicidios del Cicpc. González, desde Cavim, corrobora que las cifras se manejan como un tema de seguridad nacional. Sin embargo, destaca que sí hay un registro reservado de las granadas existentes, así como de las faltantes y las “extraviadas”.

Las milicias también pueden pedir granadas La Milicia Nacional Bolivariana también tiene la potestad de solicitar armamento de guerra al Comando Estratégico Operacional (CEO), según González, funcionario de Cavim, a pesar de que la Constitución de Venezuela establece que la FANB está compuesta por la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Aviación. “Hay que entender el concepto de corresponsabilidad. Todos debemos defender al país. En una situación de guerra, ellos (la milicia) deben actuar”, asegura.

¿Cómo detenerlas?
De las 12 granadas incautadas a los soldados Fuentes Soto y Espinoza, 10 eran “polivalentes”, destinadas a misiones ofensivas, defensivas e incluso pueden ser lanzadas con un fusil. Las dos restantes eran ofensivas, menos mortales que las primeras, pero igualmente peligrosas.

El ex Polimirada Rodolfo Contreras (nombre ficticio asignado a un exfuncionario de la Policía de Miranda, quien pidió el resguardo de su identidad) aseguró que la mayoría de las granadas fragmentarias que posee la FANB son de origen estadounidense (modelo M26) y alemán (modelo DM51).

“Venezuela no ha sido un mercado de armas ilegales. Por el contrario, las armas ‘orgánicas’ son extraídas del país y vendidas en los mercados negros internacionales. Es muy fácil corromper el estamento militar”, señala Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa. Las granadas de mano están diseñadas para el combate en frontera, recuerda Cedeño. González justifica su existencia: “sirven para defender la soberanía”. Pero manipulada por delincuentes se convierten en una válvula de emergencia ante el acorralamiento, para amedrentar a la policía”, explica Godoy.

Existen tres tipos de granadas: de ejercicio, de práctica y de guerra, explica el funcionario de Cavim. La última es considerablemente más peligrosa. Se distingue por el color del anillo de seguridad. Quien no conozca esos, puede ser intimidado con facilidad. Dao califica el uso que hacen de ella los delincuentes como “temerario”, pues nada les garantiza que ellos mismos no serán barridos por la onda expansiva.

Encarcelar a quienes sean hallados con estas armas no es suficiente, a juicio de los especialistas consultados. Hacer un inventario claro de las que aún están en los almacenes de la FANB y realizar operativos para “recoger” las granadas son los primeros pasos para que estas armas de guerra dejen de “rodar” por las calles de Venezuela.

Fiscalía solo llevó a juicio 2,7% de sus investigaciones por corrupción

Tal Cual
03-02-2016


Transparencia Venezuela evaluó el informe de la Fiscal General y se encontró con que de las 7.859 investigaciones por presuntos hechos de corrupción en 2015, solamente 207 fueron a juicio

El Ministerio Público realizó 7.859 investigaciones por presuntos hechos de corrupción en 2015; sin embargo, de ese total solo 207 (2,7%) se llevaron a juicio. El dato está contenido en el informe que este martes 2 de febrero presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante la Asamblea Nacional.

Ortega Díaz indicó que en 2015 se acusó por delitos de corrupción a 3.119 personas entre funcionarios y particulares, pero no precisó las instituciones públicas que estarían involucradas en estos expedientes.

El informe apunta que por ilícitos cambiarios fueron imputados 1.796 personas naturales y los representantes legales o accionistas de 120 personas jurídicas, mas no se ofrece ninguna información acerca de los resultados arrojados por la comisión presidencial conformada en 2013 con la participación de la titular del Ministerio Público, y que tenía la misión de investigar las causas y responsables de la fuga de más de 20 mil millones de dólares ocurridos en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Ortega Díaz reconoció la necesidad de revisar los cuerpos policiales nacionales, debido a su alto grado de participación en delitos como secuestro, extorsión y homicidios. El informe de gestión señala que se iniciaron 227 investigaciones contra funcionarios policiales adscritos a entes del Estado, pero no menciona a qué cuerpos de seguridad pertenecen.

Preguntas que deja el informe del Ministerio Público

De las 124 páginas que contiene el informe anual, solo cinco abordan los resultados en materia de lucha contra la corrupción. La falta de precisión deja en el aire muchas incógnitas:


  • ¿Cuál fue el organismo del Estado que terminó con el mayor número de funcionarios imputados por corrupción?
  • ¿Cuánto es el monto por el que fueron imputadas las 1.796 personas por el uso ilícito de divisas?
  • ¿Cuántas ordenes de aprehensión firmadas por el Ministerio Público no fueron ejecutadas por los órganos policiales?
  • ¿Por qué de 7.859 investigaciones que inició el MP por delitos de corrupción solo se llevaron a juicio el 2.7%?

SIP condenó al Gobierno por "coacciónar”a medios independientes

Tal Cual
03-02-2016


Tanto Globovisión como el canal Televen están en la mira del Gobierno por su “cobertura equilibrada” de los hechos en la nueva Asamblea Legislativa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este miércoles el uso de dos instancias oficiales por parte del Gobierno para “coaccionar” y “presionar” a los medios independientes del país.

La SIP, con sede en Miami, acusó a Venezuela de usar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la estatal papelera Corporación Maneiro como “instrumentos de coacción” contra los canales de televisión y diarios independientes.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, calificó esta medida como “mecanismo de extorsión contra los medios independientes” y pidió a las “entidades intergubernamentales del continente” una pronta reacción.

Conatel realizó el pasado lunes una “inspección técnico-administrativa” a las instalaciones de Globovisión con el argumento de que el plazo de la concesión al canal está vencido.

En Venezuela alrededor de 800 estaciones de radio y todos los canales de televisión tienen sus concesiones de transmisión vencidas, precisó la SIP. Tanto Globovisión como el canal Televen están en la mira del Gobierno por su “cobertura equilibrada” de los hechos en la nueva Asamblea Legislativa.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuestionó a ambos canales de televisión en público y prometió llevar a cabo acciones concretas. El periodista de Globovisión, Vladimir Villegas aseguró en su programa que la concesión “no la tenemos vencida por irresponsabilidad del canal, sino porque desde hace un año se hicieron todos los trámites y hasta ahora no se ha tenido la respuesta”.

Villegas apuntó que la inspección oficial busca “amedrentar a los trabajadores”, aunque Conatel rechazó este extremo y tachó de “falsas y desinformadas” las opiniones vertidas por el periodista independiente.

Magistrado Cuenca: Luis Velásquez Alvaray mantuvo hasta diciembre un comisariato en el TSJ

Tal Cual
03-02-2016
Christhian Colina / El Cooperante


“A mí nadie me investiga, a mí no me están investigando, están investigando es a Arbia y su dueño, yo no puedo ser garante", explicó el magistrado

El magistrado suplente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan Carlos Cuenca, desestimó las acusaciones en su contra vinculados al enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El jurista explicó que desde el año 2005, cuando se negó a acatar una orden del defenestrado magistrado Luis Velásquez Alvaray, su vida cambió, por cuanto fue destituido por “un comisariato” y surgieron las denuncias en su contra en los medios digitales “Costa Rica Hoy” y “Aporrea”, denunció al medio El Cooperante.

Cuenca mostró una orden de allanamiento suscrita por la jueza Yorleny Campos de Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José de Costa Rica el 26 de junio de 2013, en el que su nombre aparece señalado entre los beneficiarios de transferencias bancarias de la empresa Arbia Internacional, S.A., que era investigada por el presunto delito de legitimación de capitales a través de Suministros Venezolanos Industriales C.A.




El magistrado señaló que por una fiscal “deficiente intelectualmente” es vinculado a la investigación, luego de hacerse eco de una denuncia de Aporrea en la que se afirma que se encontraba prófugo de justicia. Reconoció haber recibido de la empresa costarricense representada por Agustín Lyon dos transferencias bancarias por un total de 150 mil dólares, correspondientes a estudio económico orientado a futuras inversiones, realizado siete meses antes del presunto ilícito.

Ante las acusaciones decidió contratar un abogado en el país centroamericano que se encargó de tramitar una serie de documentos para demostrar la inexistencia de vínculos con el caso.

“A mí nadie me investiga, a mí no me están investigando, están investigando es a Arbia y su dueño, yo no puedo ser garante. Si tú me pagas ahorita un dinero por un trabajo que yo te hice, yo no puedo ser garante que tú dentro de siete meses te robes una plata, y te agarren y te quiten el dinero del banco porque es dinero robado, y vengan siete meses para acá y digan que yo estaba compuesto contigo para hacer eso”, argumentó.



Fundación La Salle: El caso que lo llevó a enfrentarse a Velásquez Alvaray

Juan Carlos Cuenca aseveró que le “hicieron la cruz” desde el año 2002 cuando, por instrucciones de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, reemplazó en un juzgado de primera instancia a una “ungida” por el entonces presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ.






Señaló que en 2005, siendo Juez Superior 4º Civil, Mercantil y de Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, fue objeto de presiones por parte de Luis Velásquez Alvaray (entonces presidente de la Comisión Judicial, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de la Sala Constitucional) para ordenar ratificar medidas de otros tribunales en los que se intervenía la administración de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, “colocando como directivos a individuos vinculados al magistrado de ese entonces”.

Pese a ello decidió dejar sin efectos las medidas y ordenó a la junta directiva del ente educativo resolver los conflictos internos en el seno de su directiva. “La Fundación La Salle tenía un fideicomiso enorme a su favor en el Banco Provincial, me presionaron para que los autorizara a movilizarla, lo cual por supuesto no hice, tenía 23 campus en toda Venezuela y además tenía la concesión sobre la Sierra de Imataca, dada por el presidente Carlos Andrés Pérez en su primer Gobierno”, agregó.

“Como les quite a estos bandoleros de la mano la bicoca del fideicomiso, la bicoca de los 23 campus y la bicoca de todos los minerales y las riquezas de la Sierra de Imataca, evidentemente lo más fácil era agarrar a cualquier palangrista de Aporrea y decir que a mí me dieron 1 millón de dólares por eso (…) Mi sentencia la dicto nueve días antes que me destituyeran. Entre la sentencia y mi destitución, dictada por tres títeres de Luis Velázquez Alvaray pasaron solo nueve días, esa es la realidad de Juan Carlos Cuenca”, relató.

Por último, aseveró que el exmagistrado, en condición de asilado político en Costa Rica, “mantuvo un comisariato hasta ahorita, hasta que se fueron jubilados los que se acaban de ir jubilados” (sic). Se le increpó por su terquedad en ejercer acciones legales en una instancia que, por más de 10 años, le fue adversa: “En el argot militar te puedo decir, ¿por qué voy a pedir la baja si yo aspiro a ser ministro de la Defensa?(…) Yo sé que soy bueno, trabajador y capaz, ¿Por qué debo dejarle el Poder Judicial a una sarta de bandidos?”.

Juan Guaidó: Debemos buscar justicia rápidamente

Tal Cual
03-02-2016
MARIALEJANDRA ARAUJO/ EMILY PLACENCIA


El vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) señala que lo más importante con los dos proyectos de Amnistía que recibió la comisión, es que se va a lograr la libertad de todos aquellos que son víctimas de injusticias por pensar distinto

-¿Quiénes están en la lista de personas que pudieran recibir el beneficio de la aprobación del Decreto de Amnistía?
-Como tal no existe una lista de presos políticos, sin embargo, existen aproximadamente unos dos mil privados de libertad por causas políticas, inhabilitaciones y persecución. La idea es que se amnistíe la causa, es decir la potestad de liberar presos con nombre y apellido la tiene el Presidente.

-Después de discutir el proyecto de Amnistía en la comisión y luego si es aprobada en el Parlamento ¿Cómo se aplicaría esta ley?
-Debería de remitirse a los tribunales y allí se da un debate jurídico donde están las causan que competen o son competencia de la Ley de Amnistía para la evaluación de cada juez. Allí cada uno de los que se sienta beneficiados de esta ley solicitar pasar por ese proceso.

-Si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) logra impedir la aprobación de la Ley de Amnistía ¿Cuál sería el siguiente paso?
-El TSJ es un poder que se elige en segundo grado y que elige la AN, por lo tanto el Ejecutivo y la Asamblea son poderes originarios, es decir, se eligen por voto directo del pueblo. Es incluso competencia modificar la ley del TSJ de incluso como se eligen los magistrados como puede ser la constitución de cada una de las salas que componen el Tribunal. Mal pudiera un poder entorpecer el funcionamiento correcto de las otras instancias de los poderes independientes y autónomos.

-¿Tienen previsto reunirse con el Comité de Víctimas de las Guarimbas?
-Sin duda, debe existir un amplio debate que ya comenzó, hace un par de semanas cuando las ONG´s presentaron los proyectos para la ley asistieron al Parlamento víctimas y familiares que se sienten afectados con lo que es este proceso de Amnistía, el cual servirá precisamente para humanizar el tema.

-El proceso para la liberación de la persona, una vez aprobada la Amnistía ¿Cuánto tarda en salir de la cárcel para su plena libertad?
-Estamos trabajando en eso, debemos buscar rápidamente justicia. Entonces eso va a depender de los poderes y de la Asamblea Nacional. Estamos buscando las mejores prácticas legales y por supuesto políticas para que se otorgue justicia.

-¿Cuánto puede durar el debate jurídico para la aprobación de la Ley de Amnistía?
Dependiendo de la cantidad de artículos puede pasar una o dos semanas. Eso pasaría al debate de la Comisión y la libre consulta pública de lo que sería la Ley.

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