Rosanna Battistelli | Pola Del Giudice l Alejandra Hernández l Jesymar Añez l Jhonathan R. Segovia | Oriana Faoro | Sheyla Urdaneta | El Pitazo
Febrero 5, 2017 8:54 Am
| Foto: Archivo
Veinte policías, entre estadales y municipales, fueron intervenidas en Venezuela desde el año 2014 hasta el presente (enero de 2017), luego de que algunos de sus funcionarios cometieran delitos de violación de derechos humanos, robo, secuestro, extorsión y homicidio.
La medida se aplicó a través del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), dependencia a cargo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), con el fin de depurar estos organismos preventivos y sancionar a los uniformados que no actuaron apegados a la ley. Sin embargo, los resultados de estas intervenciones resultaron nulos, a juzgar por el hecho de que en algunos casos los funcionarios volvieron a incurrir en hechos punibles; los delitos en las calles siguen incrementándose y además, los cuerpos de seguridad local no cuentan con los equipos adecuados para garantizar la paz y la seguridad ciudadana.
En las salas de guarda y custodia de detenidos, otro aspecto a revisar durante estos procesos es el grave problema que existe de hacinamiento; a esto se suma la falta de alimentación y de medidas higiénicas. Ninguno de los organismos policiales cuenta con el estándar internacional para estimar el número de funcionarios policiales de acuerdo a la densidad poblacional. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la medida debe estar entre 300 y 400 funcionarios por cada 100.000 habitantes.
Un traspié tras otro
En el estado Miranda le pusieron la lupa a cinco policías municipales. La de Cristóbal Rojas (Charallave), en los Valles del Tuy, es una de ellas. La detención de tres uniformados por secuestrar y extorsionar a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en mayo de 2014, fue el detonante de la acción ministerial. Los acusados pertenecían a un colectivo de Caracas y tenían un mes de haber ingresado a la institución municipal. En esa oportunidad, le exigieron a la víctima el pago de Bs. 50.000 en efectivo para no sembrarle una pistola.
Luego de este incidente, en diciembre de 2014, el presidente de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial, Freddy Bernal, informó la destitución de 25 funcionarios de 350 que había en ese organismo. Un mes después, un nuevo escándalo empañó a este cuerpo de seguridad, cuando tres policías fueron arrestados por extorsión, tras detener a una pareja en la redoma de La Silsa de Charallave, a quienes les exigían Bs. 20.000 para devolverles la moto.
Las irregularidades que empañaron a este cuerpo policial no quedaron allí: en marzo de 2015, 11 funcionarios fueron atrapados con un fusil AR-15 y una subametralladora, que pertenecían a la extinta Policía Metropolitana de Caracas (PM) y que estaban solicitadas por hurto.
Una situación similar ocurrió en septiembre de 2015. Un policía y su compañero fueron detenidos por funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas), luego de un procedimiento de pago controlado por extorsionar a un comerciante, en la urbanización Matalinda de Charallave.
Tal vez, el caso más espeluznante fue la participación de tres funcionarios en el homicidio del exmagistrado Rafael Arístides Rengifo Camacaro, de 69 años, en enero de 2016. Las investigaciones determinaron que los uniformados formaban parte de una red de robacarros con conexión en el estado Zulia. Este grupo estaba integrado por 17 oficiales de Policharallave.
En marzo de 2016, dos policías se robaron un vehículo y solicitaron 600 mil bolívares a su propietario por el rescate.
En noviembre de 2016 finalizó la intervención de este cuerpo de seguridad, que actualmente cuenta con 235 funcionarios activos, equipados con siete motos y dos patrullas, en un municipio que cerró con 180 crímenes el año pasado, 18% más que en 2015.
Otro caso en Miranda es la intervención de la Policía Municipal de Zamora, a partir de enero de 2015. Desde ese momento, Joel Modesto Trocel fue designado por la alcaldesa Thais Oquendo (Psuv) para que realizara una depuración interna en el cuerpo policial.
Trocel informó a El Pitazo que en 2016, cuatro funcionarios fueron puestos a la orden del Ministerio Público, con cargos de secuestro y extorsión. “Al momento de la intervención, había 400 funcionarios activos. Ya se han retirado 268”, informó. Desde la intervención hasta enero de 2017, Polizamora ha sido dotada con 6 vehículos y 5 motos. Los funcionarios policiales siguen a la espera de nuevos suministros.
Sin resultados en Maturín
Cuando la Policía Municipal de Maturín fue intervenida el 19 de enero de 2015, la entonces ministra de Interior, Justicia y Paz de aquel entonces, Carmen Meléndez, informó que la medida obedecía a una alta participación de funcionarios en hechos de violación de derechos humanos. Pero, a la fecha, no han precisado la cifra de policías implicados en delitos.
Durante el proceso de intervención de Polimaturín, ahora conocida como Policía Socialista de Maturín, han pasado cuatro directores: Héctor Azócar, Víctor Romero, Yilbert Salazar y Aquiles Paredes. Este último informó que la medida estaba a punto de culminar y que el cuerpo de seguridad está depurado. “Ya los maturineses pueden ver a diario a los funcionarios patrullando en los 14 cuadrantes del Plan Patria Segura”, declaró a medios locales el 22 de enero.
Otra de las razones de la intervención era el mejoramiento de la institución, la dotación con más unidades, armas y uniformes. Sin embargo, cifras de la anterior gestión municipal dan cuenta de lo contrario. Durante la gestión del alcalde Warner Jiménez en 2015, se entregaron 25 unidades, comunicó el exdirector general de la Alcaldía de Maturín, Antonio Goncalves. No obstante, un funcionario que prefirió no identificarse afirmó que actualmente solo ocho unidades están operativas.
La directiva regional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) se ha dedicado a sistematizar los hechos de violencia en los 13 municipios del estado Monagas, haciendo énfasis en Maturín. El secretario general, Ángel Aristimuño, afirma que en dos años de intervención los índices de violencia han aumentado.
Aristimuño explicó que en 2016 las estadísticas de violencia y de homicidios aumentaron 51%, con respecto al 2015. Hace dos años en Maturín hubo 490 homicidios, mientras que el año pasado se registraron 740.
Acusados de saquear en Bolívar
La Policía del estado Bolívar (PEB) fue intervenida el 19 de diciembre de 2016, luego de que dos de sus funcionarios fueron vistos cargando alimentos durante los saqueos registrados en Ciudad Bolívar, los días 17 y 18 de diciembre. Presuntamente, los oficiales incautaron la comida, pero no reportaron el procedimiento, razón por la que fueron destituidos y puestos a la orden del Ministerio Público. El director de la PEB, Miguel Guerra, también fue separado de su cargo.
La Policía Municipal de Heres, en Bolívar también está bajo observación desde el 4 de noviembre, día en que un funcionario propició el robo de todo el parque de armas del cuerpo policial. El oficial implicado fue asesinado la madrugada del 5 de noviembre, tras un enfrentamiento con las autoridades. El organismo sigue intervenido y solo han destituido a un funcionario, no relacionado con el robo de armas.
En Zulia no se respetó la Ley Orgánica de Policía
En el estado Zulia, entre los años 2014 y 2016, estuvieron intervenidas al menos ocho policías municipales, pero a la fecha, solo quedan tres.
La de Maracaibo es la que tiene más tiempo con esta medida desde la publicación en la Gaceta Oficial 40.608 del 25 de febrero de 2015. También están intervenidas la de Machiques, desde el pasado 13 de diciembre de 2016, y la del municipio San Francisco, que entró en el grupo el 28 de octubre de 2016.
| Foto: Archivo
Estas tres instituciones tienen en común que la medida se dio sin respetar algunos aspectos establecidos en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que destaca que “(…) El Órgano Rector podrá intervenir los cuerpos de policía cuando se determine la participación masiva y continuada de sus funcionarios y funcionarias en violación de los derechos humanos,(…) a solicitud del Ministerio Público, del Gobernador o Gobernadora, el alcalde o alcaldesa correspondiente”. Nada de esto sucedió.
Otro punto en común es la falta de dotación. La Policía de Machiques no tiene patrullas y solo cuenta con 30 motos. Polimaracaibo solo posee 20 patrullas y 100 motos, y en Polisur están utilizando los vehículos de la Policía del Pueblo. Fuentes ligadas a este cuerpo policial aseguran que se quedaron sin vehículos propios.
Policeiba se adecua a normas de Visipol
Las malas prácticas policiales pusieron en aprietos al gobierno del municipio La Ceiba, al oeste del estado Trujillo, cuando su policía fue señalada de presuntos atropellos. El 10 de noviembre de 2014, Policeiba fue intervenida por orden el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, según la Gaceta Oficial número 40.537. El dictamen obedeció a la participación masiva y continuada de sus funcionarios en violación de los Derechos Humanos.
Policeiba | Foto: Diario Los Andes
Tras 90 días de revisión, el Instituto Autónomo de Policía del municipio La Ceiba sacó de sus filas a 10 funcionarios señalados de incurrir en situaciones al margen de la ley. Ese organismo de seguridad local fue señalado de múltiples atropellos por las comunidades de las cuatro parroquias de esa jurisdicción, considerada la segunda más violenta del estado Trujillo por su alto índice de asesinatos, robos y extorsiones.
El Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol) monitorea el comportamiento de Policeiba y trabaja con la alcaldía para fortalecer al cuerpo policial. Para este año estiman autorizar la formación de 60 nuevos funcionarios, lo que permitirá reforzar las actividades de prevención del delito y la lucha frontal contra los grupos delictivos, que tienen en jaque a casi 30 mil vecinos.
Intervención reciente
La Policía del estado Amazonas es la más reciente de las intervenidas por el MPPRIJP. La medida fue publicada en Gaceta el pasado 25 de enero de 2017 y se aplicó por la presunta participación masiva y continuada de sus funcionarios en hechos de violación de Derechos Humanos.
Se estableció una junta interventora que durante 180 días realizará una auditoría a todos los funcionarios del órgano policial. Durante este proceso, los oficiales no podrán portar armas, municiones ni equipamiento básico.
Distintas visiones
A juicio del alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, el tema de las policías debe excluirse de la agenda política, pues quienes pagan las consecuencias de las intervenciones son los ciudadanos, acosados cada vez más por la inseguridad.
La Policía municipal de Chacao fue intervenida el 30 de mayo de 2016, luego de comprobarse la actuación de dos uniformados en el asesinato del mayor general (r) Félix Antonio Velásquez, en la urbanización Santa Mónica de Caracas.
Un mes después, el mandatario local consideró que el Gobierno nacional debía concentrarse en equipar a los cuerpos policiales con patrullas y motos para atacar el problema de la inseguridad en el país.
La seguridad de la ciudadanía es un tema que no debe pasar por militares ni funcionarios formados para la guerra, manifestó, por su parte, el director de la policía del estado Miranda, Elisio Guzmán Cedeño. Al referirse a los casos de los cuerpos de seguridad de Miranda, destacó que se cumplieron dos años de la intervención y las cifras delictivas no han disminuido, e indicó que en los municipios Brión y Acevedo (Barlovento) no se ven mejoras en el tema de la seguridad.
“No se trata de cambiar el nombre del director o enmarcarlo en la Ley de Policía Nacional”, dijo Guzmán, quien también aseguró que se planteó una intervención por el incremento de los delitos en las localidades mirandinas, donde funcionan las llamadas zonas de paz implementadas desde 2002 por el Ministerio de Relaciones Interiores.
“Se empeñan en militarizar la seguridad en las calles y no se enfocan en la prevención del delito, en la educación del delincuente para la reinserción en la sociedad y en dar presupuesto y dotar a las policías que sí están trabajando”, afirmó Guzmán.
A principios de 2015, la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad, en ese momento liderada por Freddy Bernal, calculó que aproximadamente en 50% de los casos de delincuencia organizada hay policías involucrados, por acción u omisión. Esto quiere decir que en uno de cada dos secuestros está metido un policía; en una de cada dos extorsiones aparece involucrado un funcionario policial, y así.
No siempre proceden a la intervención de un organismo policial cuando descubren que hay policías involucrados en delitos; en algunos casos estos reciben “acompañamiento técnico” de la comisión presidencial para mejorar su funcionamiento.
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