El Arco Minero pasó hasta por encima de los derechos indígenas

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Por Lorena Meléndez
Fecha: 23/02/2017

Un año después de que se publicara el decreto que oficializó la creación de esta Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, los indígenas de Bolívar y Amazonas critican no haber sido consultados, a pesar de que así lo ordenan los tratados internacionales y las leyes venezolanas

Por Lorena Meléndez G.
@loremelendez

Corría el mes de agosto de 2011 cuando un Hugo Chávez ya calvo por los efectos de las primeras sesiones de quimioterapia, presentaba por primera vez un proyecto de desarrollo al que le veía un “enorme” potencial. Estaba en medio de un Consejo de ministros y, para explicar su idea, pidió una mapa de Venezuela que, poco después, rayó con un marcador para delimitar el área donde está la Faja Petrolera del Orinoco y la riqueza que está al sur de esta: una media luna llena minerales como bauxita, diamantes, coltán y oro que había que empezar a extraer pronto.

“Aquí está una estrategia que se nos ocurrió para engranar, en una sola estrategia de desarrollo, lo petrolero con lo minero y, más allá, lo social, lo económico… Pero, digamos, esos dos carriles geoeconómicos. Hace varios años que estábamos hablando de eso y no habíamos concretado una estrategia”, reconoció poco antes de agradecer a Rafael Ramírez, quien para ese entonces era vicepresidente del Área de Desarrollo Territorial, y a Elías Jaua, otrora vicepresidente de la República, por ayudarlo a confeccionar aquel plan que él mismo había llamado “arco minero”.

Pero en lo que no pensó Chávez es que, en ese proyecto, debía incluir a la voz de una de las minorías que tanto había defendido desde los inicios de su gobierno: la de los indígenas. A ellos debía consultarles, sin dilación alguna, si estaban de acuerdo con la explotación de casi 112 mil kilómetros cuadrados del territorio que ellos consideraban sagrado. Así lo establecen los tratados que Venezuela ha suscrito con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que se han consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes nacionales.

Sin embargo, el fallecido primer mandatario aprobó ese mismo día su “plan de acción estratégica conjunta”. Cinco años después, el presidente Nicolás Maduro lo convirtió en decreto. Él tampoco recibió el beneplácito de los indígenas.



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