GABRIELA ROJAS GROJAS@EL-NACIONAL.COM
19 DE FEBRERO DE 2017 12:01 AM | ACTUALIZADO EL 19 DE FEBRERO DE 2017 12:18 PM
Los votantes también han presenciado la destitución en tiempo récord de sus autoridades electas, quienes han sido desalojados de las sedes públicas para que en su lugar los sustituya un funcionario que representa a la tolda política que perdió las elecciones.
La lista de concejales y diputados que no están ejerciendo sus cargos también va en ascenso: unos porque obedecen a las movidas del ajedrez que se hace desde el Poder Ejecutivo y otros porque han sido destituidos, detenidos, exiliados e inhabilitados. En ambos casos, los ciudadanos que los eligieron se quedaron sin representación ante las instancias de poder. La voz del pueblo no es quien está dictando la última palabra.
La semana pasada, la Asociación Venezolana de Concejales, emitió un comunicado en el que expresan su preocupación sobre desconocimiento sistemático que desde 2013 se ha ejercido sobre los cargos electos y sobre la voluntad popular que se expresó en esas últimas elecciones municipales.
“Esta actitud antidemocrática, llevada a cabo por quienes debieran estar garantizando el Estado de Derecho, es una evidencia de la ausencia de instituciones que cumplan efectivamente el rol que les asigna la Constitución y las leyes. Al contrario, basan sus acciones autoritarias en expedientes forjados plagados de mentiras, carentes de evidencias y haciendo uso de testigos falsos; procedimientos que no tienen otro propósito que el de acallar la voz de los representantes del pueblo, quienes ejercen sus funciones en el poder público municipal, precisamente el poder llamado a ejercer sus competencias de cara al ciudadano, fuente de legitimidad de su acción y a su vez órgano básico de control de la gestión del gobierno local”, dice el comunicado.
En diciembre de 2015 se establece otro hito en esa práctica que quiebra la descentralización, señala el documento, con la desincorporación de los cuatro diputados electos en Amazonas, que no solo le resta a la oposición la mayoría calificada en el Parlamento sino que también deja sin representación a los ciudadanos de una entidad, un asunto que sigue sin resolverse más de un año después.
Caída y mesa limpia
Los estados Anzoátegui, Portuguesa, Aragua, Barinas, Cojedes y Sucre están a cargo de gobernadores interinos que asumieron la culminación de un período que sigue corriendo bajo el principio de continuidad administrativa, desde que el 18 de octubre de 2016, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara que las elecciones regionales serían reprogramadas para el primer semestre de 2017, sin precisar siquiera un posible mes.
Dos meses han transcurrido sin que se asome el cronograma electoral, por lo que los gobernadores recién llegados seguirán al frente de la toma de decisiones de manera indefinida mientras persista la mora, hasta que finalmente los votantes puedan manifestarse por quien quieren y no conformarse con quién les tocó.
El caso más reciente fue la designación del ex diputado Edwin Rojas como gobernador encargado del estado Sucre, el 30 de enero de 2017, que llegó a la secretaría de gobierno estadal apenas seis días antes de que se concretara la renuncia del gobernador Luis Acuña, que ocurre en el tiempo extra en el cual se encuentran todos los gobernadores por los retrasos del CNE.
Este traspaso de poder en las seis gobernaciones se produjo entre miembros de una misma tolda política pero en el caso de tres alcaldías, la sustitución implicó cambio de gobierno y de partido, en la correlación de la fuerzas, y en esos casos los que fueron sacados de sus cargos son militantes del partido Voluntad Popular: Delson Guárate en la alcaldía de Mario Briceño Iragorry, en Aragua, Warner Jiménez, en el municipio Maturín del estado Monagas y la alcaldesa de Guasdalito, en Apure, Lumay Barreto, que tiene una medida cautelar por parte del Tribunal Supremo de Justicia de suspensión temporal desde junio de 2015 cuando fue desalojada de la alcaldía y aún sigue separada del cargo, a pesar de que no se demostró que hubo abandono y su período sigue vigente hasta diciembre de 2017.
Las Constituciones de cada estado y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) establecen procedimientos similares ante la falta temporal o absoluta de la autoridad correspondiente. Por ejemplo, si un alcalde debe ausentarse por más de 15 días, la ley le exige una solicitud de permiso al Concejo Municipal para que lo autorice y si es así el alcalde designa a un funcionario de alto nivel para que asuma temporalmente sus funciones.
Si transcurren más de 90 días y el Concejo Municipal decreta la falta absoluta se debe convocar a nuevas elecciones si ha transcurrido menos de la mitad del período del alcalde electo (menos de dos años), como ocurrió con las detenciones del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y el alcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano, cuyas esposas se presentaron a las elecciones y ganaron.
Pero si ya pasó la segunda mitad del período, el Concejo Municipal designa a su presidente como alcalde temporal hasta terminar el período.
La falta absoluta, según la Loppm, ocurre con la muerte del alcalde, por incapacidad física o mental permanente o cuando hay una sentencia firme decretada por un tribunal, porque si ocurre una detención judicial, el Concejo Municipal elige un suplente pero queda a interpretación si se trata de una ausencia temporal.
En el caso de los gobernadores, las Constituciones estadales prevén que ante la falta absoluta que ocurra en la primera mitad del período (muerte, renuncia, condena penal mediante sentencia firme, abandono del cargo declarado por dos tercios del Consejo Legislativo o revocatorio popular) se debe convocar a una nueva elección en los siguientes 90 días y temporalmente queda encargado el secretario general de gobierno hasta que asuma el cargo el nuevo funcionario que resulte electo.
Si la falta absoluta ocurre en los dos últimos años del periodo (la mitad de los cuatro establecidos en la Constitución) se encargará de la Gobernación el secretario general de gobierno hasta terminar el mandato.
“Esto que está ocurriendo ya es el efecto visible, los asaltos a las entidades de manera directa pero es una táctica más que forma parte de la misma estrategia: centralizar el poder”, explica Carlos Mascareño, investigador del Cendes en temas de descentralización y políticas públicas.
Mascareño enumera otras cuatro tácticas para restarle fuerza a las autoridades regionales, que viene aplicándose de hace varios años: la judicialización de los procesos, ya que más de la mitad de los alcaldes de oposición tienen una causa jurídica cursando en los tribunales; la creación de instancias desconcentradas del gobierno central que le quitan competencias a gobernaciones y alcaldías y compiten por sus recursos; más los retrasos y obstáculos en los procesos electorales hasta que se convierten en instancias figurativas.
Un ejemplo significativo fueron las elecciones de juntas parroquiales que debieron realizarse en 2009 pero quedaron en un limbo hasta el año siguiente cuando en la práctica fueron sustituidas por la figura del consejo comunal, aunque esta última no esté contemplada en la Constitución. La primera oleada de consejos comunales debía conformarse a través de elecciones en las comunidades para poder tener figura jurídica legítima. Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones no ha podido actualizarse porque están en un proceso de regularización pendiente desde 2011.
Poco a poco
Entre las tácticas que menciona Mascareño, a su juicio, la que más efectos ha tenido es la asfixia financiera a las regiones a través de la disminución del situado constitucional que les corresponde.
“Cuando Chávez gana (1998), se encuentra con un país que había recorrido diez años de descentralización y si bien no se había consolidado, la población se había apropiado de ese sistema y comenzaron a aprender que esos eran sus recursos”, señala el profesor de la Universidad Central de Venezuela.
El proceso de descentralización fue el gran estandarte político de la década de los años noventa porque permitió la elección de autoridades regionales y municipales a través del voto, con la sanción en 1989 de las leyes sobre elección y remoción de los gobernadores de Estado y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público.
Mascareño observa que durante la llamada revolución bolivariana el concepto de poder y el liderazgo que se ejerció ha roto con la descentralización. “Chávez regañaba a sus propios alcaldes y gobernadores porque tenían que estar alineados con él y como no tuvo manera de eliminarlo comenzó a desarrollar estrategias para ablandar esas bases: la manera financiera fue la más efectiva”.
Los números lo indican: en 1998 los estados y municipios administraban 28,7% del presupuesto nacional de manera directa, una cifra por encima del 20% que se fijó como meta entre el año 1990 y 1994 con la Ley de Descentralización.
“Ese modelo financiero Chávez comenzó a recortarlo de tal manera que hoy día las regiones no llegan a administrar 12% del total de los recursos nacionales, incluso reciben menos que durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, que era 14%. Estamos en una época peor en cuanto a administración de recursos”, señala el investigador.
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