Con voto pero sin defensa

En un mismo día, el 12 de enero de 2016, el Sebin se llevó detenidos casi de manera paralela al concejal Roniel Farías, del municipio Heres del estado Bolívar y a los concejales del municipio Maracaibo, Romer Rubio y Jorge Luis González. Sobre dos concejales del municipio Sucre de Miranda también pesan órdenes de aprehensión y se fueron al exilio

GABRIELA ROJAS| GROJAS@EL-NACIONAL.COM
19 DE FEBRERO DE 2017 12:01 AM | ACTUALIZADO EL 20 DE FEBRERO DE 2017 13:35 PM

Todas las destituciones de autoridades regionales y municipales que representan a partidos de oposición tienen en común una causa judicial en proceso. Con o sin sentencia, los funcionarios que llegaron a un cargo por votación popular permanecen detenidos o en el exilio mientras se agota el período de la gestión para la cual fueron electos. Los concejales también han engrosado esta lista de funcionarios que enfrentan alguna medida judicial en su contra.

En un mismo día, el 12 de enero de 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se llevó detenidos casi de manera paralela al concejal Roniel Farías, del municipio Heres del estado Bolívar y a los concejales del municipio Maracaibo, Romer Rubio y Jorge Luis González.

A Farías se le acusó de los delitos de complicidad en saqueos y devastación, instigación y agavillamiento. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, explicó que todos tenían orden de aprehensión por estar implicados en un “plan desestabilizador” y que habían encontrado un artefacto explosivo en un carro que era propiedad del concejal González. También aseguró que hallaron trozos de madera con clavos de acero y unas cajas “con 600 trozos de papel panfleto” que convocaban a la “rebelión civil”.

El 18 de octubre de 2016, el Sebin detuvo al concejal del municipio San Cristóbal, José Vicente García, cuando salía de su residencia hacia una sesión que iba a realizarse en el Concejo Municipal. A García se le acusó también de estar vinculado con actos terroristas. El señalamiento lo hizo el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a través de su cuenta Twitter, en la cual aseguraba que habían capturado al concejal “con armamento de guerra, granadas y chalecos”. En un siguiente tuit dijo: “Como padre de familia, me duele que jóvenes como JVG hayan preferido dedicarse al terrorismo que a la paz”.

El 20 de diciembre el tribunal de control de la causa del concejal García dictó una boleta de excarcelación para su liberación inmediata porque el Ministerio Público no presentó el acto conclusivo dentro de los 45 días que exige la ley, luego de la privación de libertad. Pero en el Sebin no recibieron la boleta por lo que el concejal García permanece detenido aunque el tribunal ordenó su liberación.

La Asociación Venezolana de Concejales emitió un comunicado en febrero de 2017 en el que muestra su preocupación por la persecución política sostenida contra estos dirigentes a través de causas judiciales. Destacan que además de la persecución, en materia de administración de los recursos, el gobierno sistemáticamente esconde y niega los recursos que les toca a los gobiernos locales y regionales, necesarios para atender a los municipios. “En la formulación del presupuesto de gastos del gobierno, el rubro de los aportes a los municipios por situado constitucional, es calculado por debajo de lo correspondiente. Los ingresos son estimados por debajo del monto real que se va recaudar, para poder disponer de excedentes sin la obligación de compartirlos con los estados y municipios como manda la ley. De esta manera afectan la capacidad de gasto de todos los estados y municipios del país en detrimento de nuestra población. Tampoco atienden las solicitudes de créditos adicionales para proveer oportunamente los recursos que los municipios solicitan para el pago de las deudas laborales que se han originado por los aumentos salariales decretados por la Presidencia de la República”, señala el documento.

Detenidos sin órdenes judiciales

El concejal del municipio Sucre, Darío Ramírez, fue denunciado por el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, como parte de un plan violento de los hechos ocurridos en las llamadas “guarimbas” de 2014. Los dirigentes de Voluntad Popular señalaron que Darío Ramírez iba a mantenerse en la clandestinidad porque “no existe claridad jurídica sobre su caso” y alertaron que desde el gobierno nacional había una persecución sostenida contra los dirigentes de esa tolda política. En 2016 Ramírez salió del país y su cargo lo ocupa el suplente.

Edmundo Rada, concejal del municipio Sucre de Miranda, fue detenido el 11 de junio de 2015, junto a otros concejales y diputados de Voluntad Popular, por participar en una huelga de hambre frente a la sede del CNE como forma de protesta para exigir –entre varios asuntos- que se fijara el cronograma de las elecciones parlamentarias. El concejal fue detenido por la GNB y trasladado a Fuerte Tiuna, donde estuvo más de 24 horas retenido. Fue presentado ante el Tribunal e imputado por resistencia a la autoridad, alteración del orden público y posesión ilícita de drogas, aunque no se presentaron pruebas para este delito. Un día después de la presentación en tribunales fue puesto en libertad con régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del Área Metropolitana de Caracas