Fecha: 08/02/2017
El caso San Miguel y otras, relacionado con el despido de tres funcionarias por haber firmado para activar el referéndum revocatorio en 2004, tendrá audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el próximo martes 14. Sin embargo, aún antes de la audiencia, el Estado venezolano enfrentó su primer revés, según decisión dada a conocer anoche por el tribunal internacional.Los representantes de las víctimas promovieron a Ana Julia Jatar, Colette Capriles, Román Duque Corredor y Oscar Lucien como peritos expertos para declarar en el juicio, en torno a diferentes aspectos relacionados con la discriminación política en Venezuela y el marco jurídico que rige a los funcionarios públicos en su relación laboral con el Estado.
El pasado 9 de enero, el Estado presentó ante la Corte una solicitud para recusar a los peritos propuestos, “por haberse pronunciado en reiteradas oportunidades contra el Estado venezolano en materia de derechos humanos” o haber escrito un libro sobre la lista Tascón, entre otros argumentos, que fueron acompañados además con capturas de pantalla de mensajes de las cuentas de Twitter de los expertos, las cuales, a juicio del Estado, constituyen evidencia de “falta de imparcialidad”.
Al respecto, Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos, afirmó: “Es insólito que el Estado cuestione a un perito por sus opiniones políticas, en un caso que se trata, precisamente, de discriminación por opinión política”.
En la noche del 7 de febrero, se pudo conocer una resolución1 de la Corte Interamericana que declaró “improcedente la impugnación interpuesta por el Estado”, por lo que éste pierde su primer alegato, aún antes del inicio de la fase oral en este caso.
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