Intimidar al mensajero: persecución y acoso a fuentes de información en Venezuela

Tal Cual
23-02-2017

El Gobierno de Venezuela avanzó en 2016 en las prácticas de vigilancia, hostigamiento y detenciones a fuentes de información. Las declaraciones de las víctimas en medios de comunicación o la difusión de datos por parte de periodistas han precedido la mayoría de las actuaciones por organismos de seguridad del Estado, que ha exigido a los detenidos o interrogados que revelen las identidades de sus fuentes de información

Un editor preso y doce ciudadanos y periodistas fueron llevados, sin orden judicial, a la sede de organismos de seguridad e inteligencia policial por ejercer el derecho a la información y la expresión, de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela, entre mayo de 2016 y enero de 2017. Este es el saldo que marca el Estado de Excepción y de la Guerra Económica, vigente en el país y que restringe las libertades políticas y civiles. Esto ha ocurrido mientras el gobierno venezolano implementa mecanismos para obtener información sobre fuentes sensibles y enviar un mensaje a otros actores, que pretende hacer de los casos de detenciones un ejemplo para quienes ejerzan la crítica o expresen opiniones adversas a la actual gestión de gobierno. El fin último es intimidar y silenciar la crítica, promover la autocensura y limitar la capacidad de los medios y periodistas.

En los últimos tres años, han sido recurrentes las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); así como otras instancias creadas desde el gobierno para impulsar acciones de vigilancia entre ciudadanos, como los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap), y los grupos de choques.

Cuando se ejecutan sin causa probable u órdenes judiciales, estas acciones vulneran los derechos al debido proceso, la privacidad y a la información, garantías ciudadanas consagradas en la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la justicia.

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