Los abogados Rosalino Medina y Gabriel Chacón, en representación de la directiva del Colegio de Abogados de Aragua, junto a Cristian Moreno y Gerardo Tepedino, especialistas en derecho penal y defensor de los Derechos Humanos, explicaron que el Código Orgánico Procesa Penal establece que para dictar una privativa de libertad es necesario que exista un peligro de fuga eminente, ser juzgado por delito grave, no demostrar arraigo al país y dejar en evidencia no interesarse por la causa, y que en el caso de Emer Álvarez, ninguno de estos requisitos aplica, “pues él siempre ha dado la cara”.
El abogado Gabriel Chacón declaró que por el tipo de querella, el imputado goza de su derecho de ser juzgado en libertad.
Los gremialistas se pronunciaron en apoyo a su colega y exhortaron al Poder Judicial a no tomar decisiones contrarias a derecho, por el contrario que estén apegadas a la norma adjetiva penal vigente.
Señalaron que de cumplirse la amenaza de la privativa, se estará violando el derecho a la defensa y el debido proceso contemplado en el COPP y en la Constitución.
Entre tanto, el concejal del municipio Mariño, Emer Álvarez, denunció que los legisladores chavistas que conforman la Cámara Municipal de Mariño, después de aprobar su desincorporación bajo argumento ilegal, ahora pretenden someterlo a una especio de juicio político, y despojarlo de su investidura, sin causa alguna, así como de los beneficios que goza por la función de legislador local que cumple desde hace más de tres años.
Expresó que la persecución política en su contra continúa “pues ahora el alcalde Alberto Mora estaría ejerciendo presión ante el Poder Judicial de Aragua” para que le dicten una medida de privativa de libertad al concejal Emer Álvarez, por la demanda que introdujo en su contra por difamación.
“La persecución en mi contra por orden del alcalde comenzó por la vía política y ahora pretenden hacerla por la vía judicial”, denunció Álvarez.
A finales del pasado mes de diciembre el alcalde Alberto Mora interpuso una querella en contra el concejal Emer Álvarez, ante el Tribunal Primero de Juicio, a cargo de Carmen Celia Cortez, juez que se inhibió, desconociéndose los motivos, y ahora el expediente está en manos del Tribunal Quinto de Juicio a cargo del Juez suplente Javier Córdoba, quien según los denunciantes tendría afinidad con personas ligadas al oficialismo.
Álvarez expresó que no se descarta que sea solicitada la radicalización del caso, “ante la manipulación que existe de la justicia en Aragua”, pues aseguró, que existe antecedentes con otros casos que ha sido sentenciados de manera ilegal en el Palacio de Justicia de Maracay.
elsiglo
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