Venezuela cerrará el año 2016 con al menos cinco mil personas asesinadas a manos de cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo con estimaciones preliminares ofrecidas por el criminalista Fermín Mármol García al condenar la llamada Masacre de Barlovento.
“Lo que aconteció en Barlovento vulnera el más elemental principio procesal y eso es condenable”, manifestó el experto a Prensa Unidad Venezuela al ser consultado sobre la desaparición y posterior muerte, en octubre, de al menos 12 jóvenes presuntamente a manos de efectivos del Ejército en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), y cuyos cadáveres fueron hallados el pasado fin de semana en dos fosas comunes en esa área mirandina.
“No solo mancha el plan de seguridad, no solo mancha la seguridad ciudadana del país, no solo aleja a la ciudadanía de sus instituciones, aún más de lo que ya estaba, sino que ahora también se mancha la República”, argumentó el especialista, quien sostiene que en la llamada revolución también hay casos por los cuales el país podría ser condenado, al igual que ocurrió en la que denominó la ‘democracia civil’ ”.
“El caso de Barlovento va a traer secuelas para la República. Es lamentable, porque las instituciones del Estado están para proteger a los ciudadanos, para hacer cumplir la Constitución, y cuando funcionarios del Estado vulneran derechos fundamentales, la República debe responder por esos daños”, agregó.
Espera que las instituciones sean “contundentes” en las investigaciones, pues de lo contrario los familiares estarían en su derecho de apelar a la justicia internacional, lo que comprometería una vez más al Estado en materia de Derechos Humanos.
Indicó que las cifras no son alentadoras a la hora de hablar de la actuación de funcionarios de seguridad de Estado. “Nosotros estamos calculando que en el año 2016, en manos de policías municipales, estatales, policías nacionales y Fuerza Armada Nacional, alrededor de 5 mil personas han perdido y van a perder la vida en lo que resta del año 2016”, sentenció.
Agregó que ese balance, por el contrario, arroja que “más de 400 policías y militares van a perder la vida o ya la perdieron en este año 2016”.
Criticó que el Ministerio Público no haya concretado acusaciones penales en casos como estos. “Es cierto que está investigando, pero no conocemos de acusaciones formales contra funcionarios en el marco de las OLP”, aseguró.
Rechazó que las autoridades apelen al silencio para evitar que se filtren de sus mismas filas hechos irregulares. “Me sorprendió, por ejemplo, que en menos de 48 horas, en un memorándum interno de las fuerzas de seguridad de Estado, se les pidiera a los jefes que estén pendientes con las aplicaciones que tienen en los teléfonos los funcionarios, como Whatsapp y Telegram, para que no se divulgue la información (…) ¿Señores, realmente esa es la prioridad? ¿La censura, la falta de transparencia? Esas son las cosas que no comprendemos”, acotó.
El umbral de los 30 mil homicidios
Mármol García criticó que la OLP sea considerada una “política de seguridad” cuando ni siquiera está escrita en algún lado y, además, aseguró que no ha cumplido en absoluto la promesa de bajar la criminalidad.
“No puede existir en los países modernos una política pública que no esté escrita”, argumentó Mármol García, quien aseguró que a estas alturas nadie conoce exactamente cuáles son los objetivos, finalidad y duración en el tiempo de la llamada OLP.
Cuestiona también que después de más de un año y medio de ejecución los operativos enmarcados en la OLP no han arrojado resultados favorables.
“No detiene el crimen, no detiene la violencia. Mucho menos lo hace retroceder. Y por eso veremos al cierre de 2016 cómo el homicidio, secuestro, la corrupción y el robo a mano armada crecerán con comparación con respecto a 2015, lo que demuestra que el plan OLP no funcionó”, apuntó.
Indicó que la proyección para 2016 hecha por agrupaciones que se encargan del estudio de la criminalidad, indica que Venezuela va a superar el umbral de los 30 mil homicidios por cada cien mil habitantes, lo que revela un incremento en comparación con los 26 mil 700 registrados en 2015.
Precisó que entre los indicadores que permiten realizar esta proyección no solo se encuentra el incremento en la cifra de asesinatos de policías, sino también de mujeres y transportistas, cifras que aún no tiene a mano.
Lo que no se ha hecho
Mármol García dijo que ninguno de los planes adelantados por la llamada Revolución se aprecia la intención de aplicar experiencias ya exitosas en otros países de la región. Y criticó que no se tomen en cuenta los aportes hechos por especialistas a la hora de adelantar planes como la OLP.
Aseguró que esto no existe ni una arista de rescate de la confianza ciudadana en ninguno de los planes ya aplicados, como el Plan Patrullaje Inteligente, el Plan Desarme, el Plan Pacificación – que dio nacimiento a las zonas de paz – y, mucho menos, el de la OLP.
Indicó también que en los países modernos la denuncia es uno de los ejercicios ciudadanos por excelencia, pero que el venezolano no quiere ejercer. “Realmente hemos alejado la denuncia del ciudadano de las instituciones. Eso afecta el ejercicio de la ciudadanía y genera desconfianza”, agregó.
Tampoco se aplican experiencias ya probadas en Brasil, México o Colombia, países con políticas de seguridad exitosas, donde fueron convocados los sectores privado, universitario, la Iglesia de distintos cultos y los medios de comunicación.
Explicó que en esos países se aplicaron planes represivos a corto plazo – de 4 a 6 años – con el propósito de la territorialidad, que es lo primero que se pierde ante la acción de la delincuencia organizada.
“Por eso es que en Venezuela tenemos colectivos armados y violentos dominando territorios, bandas y megabandas dominando territorios. Tenemos pranes dominando cárceles, a los boliches o al frente Bolivariano de Liberación dominando territorio y a pseudosindicatos de la construcción y mineros, dominando territorios”, apuntó.
Manifestó que los planes exitosos también buscan rescatar el monopolio de la violencia, que según explicó es desarmar a esos grupos, para lo que se “requiere de una mano muy dura”.
Otra recomendación echada a un lado es la preconstitución de pruebas por parte de los funcionarios que actúan en los operativos para poder, de esta manera, salvaguardarlos.
Explicó que una forma de hacerlo es filmando en tiempo real la operación policial y militar. “Hoy con la tecnología tan avanzada que existe en los uniformes del funcionariado se puede filmar en tiempo real la operación y eso defiende a los uniformados ante cualquier señalamiento que pueda sobrevenidamente surgir”, apuntó, agregando que para este fin pueden usarse también drones para filmaciones aéreas del operativo.
Indicó que tampoco ha sido escuchada la propuesta de realizar estas incursiones militares y policiales con acompañamiento de unidades de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que puedan estar en los lugares donde se produzcan enfrentamientos “para preservar la escena del crimen, el sitio del suceso y para velar por los Derechos Humanos”.
PRENSA MUD
29/11/2016 9:23am
