Gobierno sigue empeñado en limitar libertad de expresión

Tal Cual
27-12-2016
SARAÍ COSCOJUELA

Defensores de derechos humanos aseguran que existe un patrón definido en contra de periodistas y medios. Diosdado Cabello mantiene un ventajismo en la demanda contra TalCual, El Nacional y La Patilla por presunta difamación

El 25 de enero de 2015, el diario ABC de España publicó una entrevista al capitán Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad del ex presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, asegurando que este tenía vínculos con el narcotráfico y lideraba el Cartel de Los Soles.

Esta información fue reproducida en los impresos de TalCual y El Nacional así como en los portales web de esos medios y La Patilla, lo que provocó que Cabello introdujera una demanda en contra de los directivos de estos medios el 21 de abril de ese mismo año. La solicitud va en contra de 22 directivos, entre ellos Teodoro Petkoff, Manuel Puyana, Juan Antonio Golía y Francisco Layrisse de este medio.

Sin sorpresas la solicitud de demanda fue aceptada y se aprobó prohibirle la salida del país a los directivos. Algunos de ellos vive fuera del país como Miguel Henrique Otero, director de El Nacional y Alberto Ravell de La Patilla. Sumado a esto también deben presentarse semanalmente ante los tribunales para evitar su fuga.

Hace un par de meses, los directivos que se encuentran en el país solicitaron al juez Aris La Rosa Álvarez levantar estas medidas, además porque según la ley caducó la orden, pero solo uno salió beneficiado. A José Simón Elarba, directivo de El Nacional, le revocaron las medidas cautelares luego de haber dejado constancia en el expediente que Cabello era un hombre respetuoso y de familia y que lo que se publica en El Nacional era responsabilidad exclusiva de Miguel Henrique Otero.

"A pesar de que la ley dice que cuando se toma una medida como esta, se debe extender al resto de los acusados, y de que hicieron la solicitud, sin incluir las disculpas, el juez, La Rosa Álvarez, negó la petición y dijo que la situación del señor Elarba era especial y por eso se limitaba a él", explica el abogado de TalCual, Humberto Mendoza De Paola.

El proceso de juicio ha sido, según Mendoza, desigual. Todas las peticiones de Cabello al juez La Rosa Álvarez, pasan sin problema, mientras que los acusados nunca han visto la balanza a su favor. Ahora hay un nuevo pedido del dirigente del PSUV y es que separen las causas de los acusados que están aquí en el país y de los que no.

"Probablemente luego de esta petición, que ya debe estar acordada, las partes sean llamadas a una audiencia conciliatoria y algunos pretenderán repetir la solicitud de perdón a Cabello, y dependerá de él, el que los perdone o no", explica el abogado. Sin embargo, en el caso de TalCual asegura que los directivos no pedirán disculpas y "seguramente Cabello no estará dispuesto a conciliar".

ES UN PRECEDENTE
Mariengracia Chirinos, coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad, asegura que TalCual ha sido un objetivo político del Gobierno durante los últimos 15 años, "con una serie de demandas por distintos cargos demostrando que ha habido una intención de perseguir al periódico que ha tenido una línea crítica con el gobierno de Chávez y Maduro".

Cabello no solo mantiene esta demanda en contra de los tres medios.

En el año 2014 introdujo una querella en contra de los directivos de TalCual y el articulista Carlos Genatios, luego de que este criticara una supuesta declaración del dirigente chavista sobre la inseguridad.

En este caso también fue sobre difamación y Chirinos asegura que esto va en contra de los estándares internacionales pues la ONU y la CIDH le han recomendado a Venezuela eliminar los delitos de difamación de su legislación.

Mendoza asegura que en el país la responsabilidad penal es personal y que los terceros no deben responder por hechos de los cuales no son actores. En este caso, "no considero que el artículo de Genatios sea delito, pero el juez lo consideró así y además responsabilizó a los directores, que vienen a ser terceros ".

Para Carlos Correa estos hechos son graves y en el caso de la difusión del artículo del diario ABC, se pone en disputa si los medios pueden reproducir fielmente lo que dice un tercero. "El trabajo del periodista, en este caso es garantizar el derecho a la información y en la medida que un periodista hace un reporte fiel de la fuente original, la responsabilidad no es del medio que divulga esa información".

La responsabilidad es de quien la origina, aunque ABC puede argumentar que obtuvieron esa noticia de una fuente directa, "pero lo que hace esto es castigar la posibilidad de que se difunda información de interés público", agrega Correa.

Estos medios se limitaron a hacer un reporte fiel de una información de otro periódico, porque además ABC estaba citando a una fuente, que se entiende como absolutamente confiable, "y Leamsy Salazar se estaba responsabilizando por lo que le estaba declarando al periodista de ABC", explica Mendoza.

Para el directivo de TalCual, Manuel Puyana, este juicio tiene como objetivo que los medios se censuren y se inhiban de publicar informaciones donde están involucrados funcionarios públicos. Por lo tanto el caso no solo afectará a La Patilla, El Nacional y TalCual, sino también sirve para que todos los medios "se vean en el espejo de estos casos" y se autocensuren.

Lo mismo considera el director de Espacio Público, Carlos Correa, quien asegura que ya abrir un proceso es un castigo y esto busca generar inhibición para que no se traten determinados temas afectando también el derecho de los ciudadanos a estar informados "sobre lo que pueda estar ocurriendo, contra funcionarios en Tribunales de otros países".

Aunque en el Examen Periódico Universal de la ONU el Estado venezolano aseguró que no hay procedimientos judiciales contra los medios, Chirinos explica que para IPYS hay un patrón definido en contra de periodistas y dueños de medios que han tenido una visión crítica del Gobierno. "Esto no es una medida generalizada, es selectiva y ha sido aplicada a editores y dueños de medios y periodistas críticos, donde entra Teodoro Petkoff y TalCual".

Por su parte, Manuel Puyana asegura que asistirá al juicio aunque no se muestra optimista por el resultado del mismo, ya que todas sus peticiones durante el proceso han sido negados, incluyendo el de la medida de prohibición de salir del país. "Si al juez yo le hubiera pedido que me confirmara que el sol sale por Petare, me hubiera dicho que sale por Catia".

SE ATACA AL MEDIO Y NO A LA CORRUPCIÓN
El ahora semanario Correo del Caroní del estado Bolívar también ha sufrido la persecución judicial de este gobierno. El tribunal Supremo de Justicia decidió en la sentencia 520, del 6 de diciembre de este año, desechar la apelación que presentó el pasado agosto la defensa del director de este medio, David natera, contra la sentencia de cuatro años de cárcel por difamación e injuria.

Una investigación realizada por la periodista clavel Rangel en el año 2013, dio cuenta de la corrupción existente en Ferrominera orinoco donde uno de los involucrados es yamal mustafá, dueño del diario Primicia, quien luego emprendió una demanda en contra del Correo del Caroní y su director por supuestos “daños y perjuicios” en su contra.

Como cuenta iPyS venezuela, mustafá se fundamentó en la presunta “campaña de descredito que han emprendido en su contra”, y logró a través del tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar la prohibición para el Correo del Caroní de publicar más información sobre su vinculación en el caso de Ferrominera.

El tribunal señaló que el periódico debía abstenerse de publicar “o permitir publicar, informaciones subjetivas o prejuiciosas, emitidas de manera directa o indirectas, simuladas o figuradas, relacionadas al ciudadano Yamal mustafá, así como referido a cualquier otro proceso penal que se llegue a instaurar contra su persona, que pudiera interpretarse como lesiva de sus derechos constitucionales, como lo es el debido proceso, presunción de inocencia, del derecho al honor y la reputación”.

El secretario general del Sindicato nacional de trabajadores de la Prensa, marco Ruiz, aseguró que con esta decisión del tSJ se instaura un mal precedente para el ejercicio del periodismo de denuncia y de investigación, lo que podría generar más auto censura en otros periodistas y medios de comunicación.