04-10-2016
Investigadores, periodistas y ONG coinciden en la falta de transparencia. Estudios señalan la existencia de unos 40 de estos programas sociales, pero hay algunos de los que sólo se conoce el nombre
Tratar de establecer cómo ha ejecutado el gobierno de Venezuela el dinero destinado a las misiones sociales así como medir su eficiencia se ha convertido en una misión imposible, según se desprende de investigaciones que han intentado, por separado, profesores universitarios, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Auditar las misiones no es posible por falta de datos oficiales, coinciden quienes lo han intentado. Sobre el particular el sociólogo y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Pedro España, precisó que la encuesta de opinión es prácticamente el único instrumento que se puede utilizar, desde el punto de vista metodológico, para tratar de determinar la cobertura de esos programas sociales. “Pero por gestión son inauditables”, aseguró.
Al ser consultado por el equipo de Prensa Unidad Venezuela sobre si se podía conocer el monto de los recursos asignados a ellas destacó, sencillamente, que “son una caja negra”.
Una investigación de junio de 2016 realizada por Harvard Kennedy School, titulada “Pobreza, cobertura de las misiones y necesidades de protección social para la reforma económica de Venezuela”, del cual España es corredactor, indica que se han llegado a contabilizar 38 misiones sociales “que se suponía que atendían igual número de problemas sociales”.
“La receta de esta política social era simple. A cada problema social una acción, un establecimiento, una estrategia de mercadeo (para captar beneficiarios y partidarios) y un funcionario responsable. El resultado nunca fue objeto de monitoreo o evaluación adecuado, al menos no con resultados de carácter público. A la fecha son muy pocas las evaluaciones realizadas por los propios programas, sólo investigaciones parciales y con severas limitaciones de información que han tratado de dar cuenta del resultado e impacto de las misiones. Pero en muchos, si no todos los casos, los anuncios gubernamentales sobre metas y objetivos de los programas, terminaban con ejecuciones realmente bajas, incluso en los momentos de mayor disponibilidad presupuestaria”, señala el estudio.
La investigación refiere que “el impacto social cuantificado, la articulación con otras políticas, la transparencia en el manejo de los fondos, la selección de beneficiarios según criterios de necesidad social y progresividad distributiva, nada de eso estuvo presente en las misiones sociales, de allí la dificultad para medir su impacto y las severas dudas sobre su eficiencia”.
Mercedes de Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, presentó la semana pasada ante el vigesimosexto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en ocasión del Examen Periódico Universal, un informe en el que refiere la imposibilidad de auditar los recursos empleados por el gobierno venezolano para mantener esos programas sociales, así como para saber sus verdaderos alcances.
No se dispone de “información completa, verificable y clara sobre los recursos destinados al diseño y desarrollo de los programas sociales, el listado de beneficiarios, criterios de selección, contratos de servicios, obras, compras, adquisiciones y contrataciones, así como auditorías de procesos y análisis de riesgos de corrupción e ineficiencia en programas sociales”, asegura.
“La opacidad y la corrupción han afectado el cumplimiento de las obligaciones, por parte del Estado venezolano, de garantizar los derechos humanos”, agrega, al tiempo que indica que se espera que en noviembre la ONU haga sus recomendaciones al Estado venezolano en esta materia.
No están todos los que son…
En su análisis, el informe de Harvard incluye datos de la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) sobre Pobreza y Misiones Sociales Noviembre 2015, realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y Central de Venezuela, que reflejan que estos programas también tienen fallas en cuanto al alcance y distribución de sus potenciales beneficios.
En ese sentido asegura que solo 40% de los beneficiarios pertenecería a hogares en situación de pobreza de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI). “Esto quiere decir que las transferencias recibidas (directas o indirectas) de ningún modo están concentradas en los sectores más necesitados, porque ninguno de los programas sociales del gobierno tiene por criterio de elegibilidad la situación de pobreza”, señala.
“La ausencia de principios de focalización no sólo hace que en su mayoría las personas que forman parte de los programas sean no pobres, sino que además mucha población en situación de pobreza no recibe ningún programa social. Para el año 2015, según la Encovi de ese año, 66,32%20 de los pobres por NBI no era beneficiario de ningún programa social”, indica.
Como ejemplo de ello cita el caso de Mercal, el principal programa de protección social ofertado por el gobierno, el cual, asegura, excluye al 73% de los pobres por NBI. “Esto quiere decir que al menos 7 de cada 10 pobres por NBI en Venezuela dicen no ser beneficiarios de Mercal”.
Otro dato interesante que arroja la Encovi es el aumento, entre 2014 y 2015, del número de personas que empezó a utilizar los servicios de Mercal para abastecerse de alimentos y los de Barrio Adentro para recibir asistencia médica.
En el caso de la primera la cifra se elevó de 1.923.383 a 6.573.207 (casi cinco millones de nuevas personas) y en el de la segunda pasó de 1.713.070 a 2.640.511 (casi un millón de nuevos usuarios).
“La causa del aumento de estas dos misiones puede estar relacionada con un evidente aumento de su demanda producto de la crisis de ingreso que empezó en 2014 y se agudizó en 2015. En el caso de la asistencia médica es razonable suponer que la demanda se vio obligada a desplazarse del sector privado al público, tanto por razones de costos, como por la caída de los montos de cobertura de los seguros médicos privados”, sostiene la investigación.
Otras misiones como Amor Mayor - dirigida a personas en edad de jubilación pero sin pensión del seguro social - retrocedieron en el número de beneficiarios. En 2014 ese programa atendió a 231.624 personas, mientras que en 2015 lo hizo a 169.291, lo que representa una reducción de casi 27 %.
Los programas referidos a las áreas de educación y trabajo, registraron los mayores descensos. El número de beneficiarios de las misiones educativas (Ribas, Sucre y Robinson) bajó de 70 % a 45 %, mientras que en las formativas (Saber y Trabajo) la reducción fue de 80%.
El informe Harvard recomienda, con miras a la asignación de futuros programas sociales de protección social, y en consideración del mapa actual de los beneficiarios de las Misiones Sociales, hacer “un esfuerzo importante por incluir a la población en pobreza que hoy dice no recibir ningún beneficio de las misiones”, ya que esta representa a “la gran mayoría de los pobres y hogares de ingresos bajos”, estimada en 19,4 millones de personas, cifra que engloba al 63 % de la población total del país.
Cuánto hay pa´ eso
Trabajos de investigación periodística dan cuenta, por su parte, de la existencia de casi 40 misiones desde su lanzamiento en el año 2003 hasta 2011, lapso durante el cual el gobierno habría invertido en su ejecución unos 49 millardos de dólares por vía presupuestaria y por aportes de la industria petrolera, de acuerdo a una información publicada por el diario El Universal a finales de 2011 en la que, sin embargo, no se precisa la fuente de tal monto.
En 2014 Maduro aprobó, vía Ley Habilitante, la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones. El objetivo de esa norma, según dijo el propio presidente, fue crear “un fondo único para todas las misiones y grandes misiones para manejar de manera más eficiente, desde el punto de vista administrativo, y llevar la inversión creciente desde el punto de vista social a cada misión”.
Otra decisión relacionada con los recursos de las misiones está contenida en el Decreto Presidencial 2.185, publicado en la Gaceta Oficial 40.829, del 15 de enero de 2016, que estableció que los saldos líquidos y no líquidos que no fueron utilizados al cierre del ejercicio económico financiero 2015 se transferirán al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), para atender las necesidades sociales, económicas, productivas y de proyectos de infraestructura y servicios de los venezolanos, enmarcados en el denominado Plan de la Patria.
La larga lista
En 2013 el gobierno anunció la creación de siete nuevas misiones: Eficiencia o Nada, Gran Misión Negro Primero, Jóvenes de la Patria, Nevado, Eléctrica Venezuela, Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Transporte.
Estas se sumaron a las ya existentes: Robinson, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras (que luego se convirtió en Che Guevara), Cristo, Miranda, Piar, Zamora, Barrio Adentro, Milagro, Esperanza, Sonrisa, Misión Vivienda y Hábitat, Villanueva, Mercal, Guaicaipuro, Identidad, Vuelta al Campo, Marte, Cultura, 13 de abril, Ciencia, Niño Jesús, Niños y Niñas del Barrio, Negra Hipólita, José Gregorio Hernández, Madres del Barrio e Hijos de mi Pueblo Venezuela que agrupa otras de orden social como la Misión Niño Jesús, Alimentación y Madres del Barrio.
Además están la Gran Misión Vivienda Venezuela - que es una ampliación de la Misión Vivienda y Hábitat - y la Gran Misión Agro Venezuela, que abarca la Misión Vuelta al Campo y la Gran Misión Saber y Trabajo.
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