03-10-2016
Ana Arias
Ya pasaron 30 días desde que la comunidad de Villa Rosa en Nueva Esparta "caceroleó" al presidente Nicolás Maduro. Lo que siguió mantiene con temor a sus habitantes
En efecto, este 2 de octubre se cumple un mes de que el arrojo y la irritación no vieron peligro en hacer público su sentimiento y sin muchas frases preconstruidas o pancartas con mensajes elaborados, dejaron que las ollas vacías hablaran de su angustia por la escasez de alimentos, falta de medicinas, desesperante inflación, inseguridad, y varios etcéteras.
“No teníamos por qué tener miedo, es nuestra realidad y si hay algo que en estos años hemos aprendido es a protestar, de hecho hace unos meses hicimos una gran manifestación que hasta cerramos la autopista justamente porque no nos vendían nada en Villa Rosa”, afirma una de las manifestantes de aquella noche, pero en seguida con preocupación agrega, “lo que nunca pensamos es que después de aquel fuerte cacerolazo el silencio tuviera que ser lo que llene las calles de Villa Rosa”.
La aprensión anda suelta
En los 40 años de construida que tiene la urbanización, el miedo a los robos, a la delincuencia, por la ausencia de custodia policial, siempre estuvo de ronda, y pasada la confrontación con el Presidente la aprensión sigue, irónicamente, ahora, por la fuerte presencia militar y represión que sintieron los habitantes de la zona.
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“Fueron horas y días terribles, cuando en la comunidad se supo lo que ocurrió y empezamos a ver el poco de militares y policías rondando. Sentimos mucho miedo porque hoy en día se sabe lo que es caer preso, seas inocente o culpable”, afirmó Odalis Quintero, todavía recelosa de revelar su identidad. “Las persecuciones fueron a lo loco, por eso para los que vivimos aquí, de verdad este hecho nos marcó, ahora sí tenemos miedo, y yo sí creo que el Presidente no actuó correctamente, porque pasar por donde su seguridad sabía que había un cacerolazo y encima bajarse del carro, fue un atrevimiento”.
Pareciera que fue tanto el temor que se infundió en las horas y días siguientes, que a un mes del hecho en las panaderías, ni en los supermercados, ni siquiera en los carritos por puesto se habla del tema, los habitantes hasta quisieran que los políticos del país no siguieran nombrando a Villa Rosa, “no vaya a ser que Maduro vuelva a dar órdenes de seguir buscado gente aquí”, comentan.
Ni tan normal
Aunque algunos afirman que “ya todo está normal”, para otros la situación se mantiene muy delicada. Es el caso de las madres de los jóvenes que fueron detenidos a raíz de la situación, y la familia del editor de la página digital Reporte Confidencial, Braulio Jatar, detenido al siguiente día de publicar el video del cacerolazo que circuló por las redes.
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Lucila Araque, tiene que llevar a su hijo a presentación en tribunales cada 30 días. Fue uno de los dos menores detenidos a la semana siguiente del cacerolazo, involucrado con un supuesto cierre de vía que se haría durante un acto de desagravio del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
“Aquí la gente quedó traumatizada, yo sufrí mucho al ver como injustamente implicaron a mi hijo que tan solo esa tarde salió a la bodega”, afirma, y reclama que los cuerpos de seguridad no trabajen con la dignidad que corresponde, pues apenas retiraron la presencia militar la verdadera delincuencia volvió a activarse. En un día se robaron los compresores de aire acondicionado de cinco viviendas.
También July Carrasquel, madre de uno de los jóvenes que se encuentra privado de libertad, dice: “me duele que ya a la gente casi como que se le olvidó todo. Una persona se asombró en estos días cuando le dije que mi hijo estaba preso en El Dorado por el caso de Villa Rosa. Pero bueno la represalia que se tomó fue muy fuerte y la gente prefiere no acordarse ya”.
Firme, asegura Carrasquel que su hijo no tiene nada que ver con la acusación de pretender quemar cauchos para perturbar la concentración del Gobierno una semana después. Por razones de seguridad de la Cumbre de Países No Alineados fue trasladado junto con mil privados de libertad desde la isla de Margarita a Puente Ayala y luego pasado a El Dorado, estado Bolívar. “He podido saber que está bien. Me dijo que no fuera porque le preocupa más que deje solo a los otros niños menores que tengo, y además él tiene a su esposa embarazada de siete meses. Supuestamente lo van a regresar y yo espero que así sea, porque no tiene nada que ver en esto”.
El mismo sufrimiento ha soportado la familia de Jatar. “Se le han violado todos los derechos, no hemos podido reunirnos con él y con cada traslado la situación arranca de cero”, ha manifestado su esposa Silvia Martínez, para quien aunque el delito que se le está imputando a su esposo es el de legitimación de capitales, no cabe duda que la razón es política, “para intimidar a los medios de comunicación en su publicación de la realidad de lo que sucede en Venezuela, pues esa era la única labor de Braulio, ser la voz del pueblo”.
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Así pues, a un mes del cacerolazo en Villa Rosa en general creen que se hizo lo correcto estando en democracia, el pueblo levantó su voz, no obstante la persecución y represión que siguió a este acto, hacen dudar de volver a protagonizar una protesta en la zona pues sienten que “nos tienen el ojo puesto”.
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