Juan González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica del estado Aragua, junto con Julio Ávila, secretario de reclamos del mismo, son dos de los trabajadores contra los cuales el ministerio del Trabajo emitió boleta de despido pese a gozar de fuero sindical, en abierta violación a derechos consagrados tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
En declaraciones a Prensa Unidad Venezuela, González informó que tal arremetida se desató luego de que un grupo de trabajadores acudiera a la Asamblea Nacional, el pasado mes de abril, para “denunciar las aberraciones que se están presentando en el sector eléctrico nacional”.
Las acciones se acrecentaron a raíz de la decisión tomada el pasado 14 de julio por la Federación de Trabajadores de la Energía Eléctrica de Venezuela (Fetraelec) de llamar a un paro nacional, sin afectar la prestación del servicio, para presionar la firma del contrato colectivo, proceso que está manejando la vicepresidencia ejecutiva de la República en representación del gobierno.
A González y a Ávila, cuya causa formó parte del mismo expediente, los acusaron de “falta de probidad” (ausencia de honradez) por supuestos daños contra instalaciones de la empresa. En el caso del primero, además, el proceso administrativo se le abrió mientras se encontraba de vacaciones, lo cual viola también disposiciones del contrato colectivo vigente y de la LOT.
“Todo esto es por atender el llamado al paro (de Fetraelec) y por reclamar las malas condiciones que estamos viviendo los trabajadores, por reclamar la dictadura que tenemos dentro de Corpoelec, al menos acá en Aragua, donde todo está militarizado, por reclamar que los baños no funcionan, porque están llenos de excrementos, y por lo cual algunas mujeres ya padecen infecciones vaginales. A raíz de estos reclamos que hemos hecho nos metieron una calificación de despido”, dijo González, quien, además de abogado, lleva 25 años trabajando como liniero en el sector.
“A raíz de eso ha venido una arremetida por parte de este patrón indolente, por parte de este dictador, porque no tiene otro nombre, que es Motta Domínguez, junto a los generales que tiene en la parte de talento humano, porque casi todos son militares”, insistió.
Otra irregularidad procesal fue el que no se le permitiera acceso al expediente sino un día antes de la evacuación de pruebas. “Y fue solo un día para refutar y evacuar pruebas, cuando el lapso es de cinco. Hicimos una cantidad de diligencias donde denunciamos que no se nos había permitido el acceso al expediente, y esas diligencias no aparecen en el expediente”, aseguró.
“Lo más aberrante es que en menos de una semana sacaron la providencia administrativa a favor del patrono. Los testigos que presentamos no tuvieron ningún valor probatorio. El recibo de pago del bono vacacional, donde consta que yo estaba de vacaciones, tampoco tuvo valor probatorio”, prosiguió.
González desmintió las acusaciones en su contra, tanto porque asegura que le deber mucho a la empresa, como por el hecho de que ha sido el mismo Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Trabajo, el que ha multado a Corpoelec por el deterioro en el que se encuentra. “Esos informes los presentamos, pero tampoco le dieron valor. Fueron instrucciones que giraron al inspector del ministerio del Trabajo, que es un capitán que sigue ordenes de sus superiores militares, para que nos botaran a como diera lugar”, comentó.
Bajo un régimen castrense
Aunque a González se le prohibió la entrada a las instalaciones de la corporación en Aragua, sus compañeros le han informado que efectivos militares están constantemente visitando las oficinas para obligarlos a cumplir sus labores y que no acaten el llamado a paro. “Los amenazan con despedirlos y llevarlos presos al Sebin. Esto es una dictadura disfrazada de democracia. El gobierno obrerista lo que hace es golpear, humillar y ofender a los trabajadores porque estamos reclamando nuestros derechos”, dijo.
Como ejemplo indicó que, este miércoles, trabajadores del área de servicios generales fueron obligados a ir a “un cuartel” para un operativo del “plan cambalache” que tiene en marcha el gobierno. “Eso no es trabajo nuestro, pero el general Alberto Godoy los amenazó con despedirlos si no lo hacían”.
Asimismo denunció que los trabajadores son obligados a cumplir labores que ponen en riesgo sus vidas por no tener los equipos necesarios para realizarlos, y si se niegan también son amenazados con ser despedidos, razón por la cual muchos han optado por renunciar.
“Aquí se trabajamos con las uñas. No tenemos insumos, ni conectores, ni fusibles, ni vehículos. Los propios trabajadores somos los que estamos garantizando la continuidad del servicio con lo poquito que tenemos. Con el poquito salario que nos pagan compramos los materiales para garantizar la continuidad del servicio”, aseguró.
“Lo que estamos viviendo nosotros dentro de la corporación eléctrica es el reflejo de lo que está viviendo Venezuela”, concluyó.
PRENSA MUD
20/7/2016 3:07pm
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