Grupo Ávila: No se justifica el Decreto de Estado de Excepción

Por Redacción Runrun.es
Fecha: 23/05/2016

El Grupo Ávila, agrupación integrada por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de las relaciones internacionales, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la crisis política y económica del país y analiza el decreto de Estado de Excepción emitido por el presidente Nicolás Maduro.

A continuación, reproducimos íntegro el comunicado:

Venezuela atraviesa la crisis política, económica, social, sanitaria, alimentaria e institucional más compleja de su historia, dentro de un entorno económico internacional desfavorable, exacerbado por su desmesurada dependencia del ingreso petrolero, y la negativa gubernamental de reconocer y asumir su existencia y gravedad.

Al mismo tiempo, el gobierno persiste en desdeñar a la oposición democrática como interlocutor válido y desconoce además la voluntad popular manifestada en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuyos resultados constituyen un inequívoco mandato de la soberanía popular.

Como resultado de una actitud intransigente y del sistemático desconocimiento y entorpecimiento de las funciones y decisiones de la Asamblea Nacional, se sigue erosionando la gobernabilidad y la paz social del país, en medio del continuado deterioro de la ya menguada institucionalidad democrática, generando con ello mayores tensiones políticas y sociales, que ya no solo amenazan la tranquilidad interna, sino que podrían también afectar a algunos de nuestros vecinos de la región.

Frente a ello, la oposición ha dado innumerables muestras de su voluntad de participar en un diálogo con las autoridades gubernamentales, incluyendo la mediación de actores externos imparciales confiables para ambas partes; sin embargo, la ausencia de un claro reconocimiento del adversario, sin lo cual ningún diálogo tendría razón de ser ni denotaría una verdadera voluntad de negociar, la ha llevado a proponer vías pacíficas, dirigidas a tratar de superar dicha crisis, las cuales se decantaron finalmente por la solicitud de convocar al referéndum revocatorio presidencial previsto en el artículo 72 de la Constitución.

En este contexto, la adopción de un nuevo decreto de excepción y emergencia económica introduce un elemento de crispación que se añade a la escalada gubernamental de las tensiones políticas, resultantes de las numerosas acciones antidemocráticas e inconstitucionales.

A lo anterior debemos señalar el peligroso y creciente papel otorgado a las Fuerzas Armadas en dicho decreto y la realización de ejercicios militares sin precedentes a nivel nacional, con todo lo que ello significa para una ya sobredimensionada presencia militar en la sociedad venezolana.

Semejante decreto no tiene justificación, pues para atacar los problemas que señala existen las leyes ordinarias vigentes. La medida debe ser rechazada y denunciada ante el mundo, ya que: elimina atribuciones constitucionales del poder legislativo; criminaliza el derecho ciudadano de denunciar, cuestionar y oponerse a los abusos del poder; suspende de hecho el ejercicio de garantías constitucionales; desconoce las obligaciones internacionales de derechos humanos; prohíbe la cooperación internacional que pueda ser calificada discrecionalmente “con fines políticos” o de “desestabilización”; militariza las cadenas de producción, comercialización y distribución de alimentos; y promueve además métodos ilegales de control de orden público, entre otras acciones irregulares.

Como resultado del agravamiento de la crisis y ante la ausencia de respuestas concretas, el pueblo venezolano manifestó recientemente su masivo apoyo a la iniciativa del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución, como la vía más expedita para superarla.

En vista de todo ello, resulta indispensable establecer de común acuerdo una vía democrática que logre superar las tensiones que amenazan la paz social del país y abra las puertas a las oportunidades de corregir el rumbo del país. Cualquier iniciativa de diálogo que se adelante debe tener como condición primordial la de realizar esa consulta popular en el presente año, además de la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el cese del hostigamiento judicial a la disidencia.

Saludamos con beneplácito y agradecemos profundamente los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, en particular los de: la Unión Europea; el Secretario General de la OEA; la Conferencia Episcopal Venezolana; el grupo de ex presidentes y mandatarios de la región iberoamericana; parlamentarios; organizaciones mundiales de defensa de los derechos humanos; y diversas personalidades mundiales e intelectuales del mundo entero. Todos ellos han dado muestras de su profunda preocupación por la crítica situación venezolana, al exigir la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de encontrar una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral, exigencias que desafortunadamente solo han tenido como consecuencia la descalificación y la ofensa oficial gratuita e inmerecida.

Finalmente, hacemos un sincero llamado a retomar los caminos del diálogo, el respeto y la diplomacia, y a abandonar el fácil y estéril recurso al insulto y la descalificación como métodos para relacionarse con los diferentes actores, tanto internos como de la comunidad internacional, en aras de allanar el camino para la búsqueda de la concordia, la paz y el progreso que tanto anhela la nación.