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viernes, 20 de noviembre de 2015

Candidatos del PSUV en Aragua usan recursos de la gobernación para su campaña

Tal Cual
19-11-2015


Ricardo Molina, Andreina Tarazón, Sumiré Ferrara, Rosa León y Pedro Hernández irrumpen el artículo 222 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales

Hace una semana, los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Aragua, entregaron junto a las autoridades de Fundacite, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y representantes del ministerio de Educación Superior, más de dos mil tabletas a estudiantes universitarios.

La actividad fue calificada como “la mayor entrega del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología que han hecho en la región aragüeña”.

Entre la vocería oficial estuvo la rectora de la casa de estudio, Bettys Muñoz, el presidente de FUNDACITE Aragua, Pedro Merentes, el representante del ministerio Engels Jugo y los denominados “candidatos de la patria”.

El que fuese ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, aseguró que en total son 48 mil tablets que entregarán en Aragua para jóvenes estudiantes de distintas casas de estudios. “Esto es apenas la continuación de un programa de equipos de altísima calidad, tecnología de punta para que los estudiantes tengan mejor capacidad de comunicarse y cada vez más tener conciencia en revolución de seguir avanzando”.

En este sentido, Ricardo Molina, Andreina Tarazón, Sumiré Ferrara, Rosa León y Pedro Hernández irrumpen el artículo 222 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual reza:

“Los organismos públicos nacionales, estadales o municipales no podrán realizar publicidad y propaganda electoral, y en tal sentido, no podrán difundir mensajes destinados a promover, auspiciar o favorecer determinada candidatura u organización con fines políticos o grupo de electoras y electores, y comunidades u organizaciones indígenas, así como todo aquello que promueva o tienda a promover la imagen negativa de alguna candidata o candidato, organización con fines políticos, grupo de electoras y electores y comunidades u organizaciones indígenas. No se permitirá el uso de los bienes propiedad de la República, ni de los estados o municipios con el fin de favorecer o promover una candidatura o realizar propaganda electoral”.

Con información de El Pitazo

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