Efecto Cocuyo
“Expresamos nuestra solidaridad con los oficiales venezolanos fallecidos en Táchira, pero tenemos que alertar sobre la utilización politiquera que el Gobierno le está dando a esta situación (…) están buscando que se arme un zaperoco para decir que hay un estado de conmoción interno tan grande que dificulta la realización de las elecciones porque le tienen pavor”, aseguró Torrealba.
El secretario de la MUD subrayó que estas medidas en la zona fronteriza coinciden con los resultados de recientes encuestas que dan cuenta de que 80% de la población considera “mala” o “muy mala” la política económica del presidente Nicolás Maduro.
Recordó que es la primera vez que se produce un estado de excepción en los últimos 16 años y aseguró que en Táchira se están “lesionando los derechos humanos” de la gente. “Están deportando a madres colombianas cuyos esposos son venezolanos; están marcando las casas. Esto nos recuerda los tiempos de la Alemania Nazi, en los que marcaban las casas de los judíos con una estrella de David”, dijo.
Con un argumento parecido, el coordinador nacional de activismo y movilización del comando de la Venezuela Unida y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, señaló que el Gobierno nacional quiere “sabotear” el proceso electoral. “Como saben que no tienen chane de ganar, tienen un sueño ilógico en el que creen que van a lograr una situación de conmoción tan grande que logre que los venezolanos nos salgamos del camino electoral”, resaltó.
Anunció que esta semana juramentarán las 24 coordinaciones regionales del comando de campaña a nivel nacional, conformarán el equipo internacional de la MUD que será liderado por el politólogo y dirigente de Acción Democrática, Timoteo Zambrano, y denunciarán ante la Internacional Socialista, y en otros espacios internacionales, las acciones que se están llevando a cabo en los municipios fronterizos del Táchira con la consigna “no al estado de excepción sí a la elección”.
La coordinadora de Derechos Humanos de la MUD y candidata a las parlamentarias, Delsa Solórzano, aclaró que en medio de un estado de excepción no se pueden limitar los derechos políticos de los venezolanos y, por ende, suspender las elecciones. Evocó los artículos 337, 338 y 339 sobre los estados de excepción de la Constitución, en los que se establece la responsabilidad que tiene el Presidente de notificarle sobre el estado de excepción a una comisión designada de la Asamblea Nacional, en un lapso de ocho días, así como al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto.
“Maduro también tiene que notificarle tanto a la OEA como a la ONU, a través de sus secretarios generales, porque cuando usted decreta un estado de excepción afecta a todas las personas que están en esa zona. Es obligatorio que se le notifique a estos organismo”, afirmó.
Foto: Unidad Venezuela
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