20-07-2015
JUAN PABLO AROCHA / @JPArocha
La ONG estuvo el fin de semana en la zona, que el lunes pasado fue allanada por los cuerpos de seguridad. Vecinos ya acudieron a la Fiscalía, para plantear los casos.
El pasado viernes habitantes de la Cota 905 acudieron a la Fiscalía a denunciar una serie de atropellos de los que fueron víctimas el lunes 13 de julio, durante una intervención policial en la zona. Ya la ONG Provea había advertido que durante la denominada “Operación Protección y Liberación del Pueblo”, se legitimó una "masacre" que violentó el respecto a los derechos humanos y las garantías legales.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, ha pedido a las ONG que presenten sus denuncias ante el organismo, una posición que incomoda al equipo de Provea. "Él está obligado a investigar de oficio. Han salido tantas denuncias sobre supuestas ejecuciones y detenciones arbitrarias, solo con los testimonios debería actuar", reclama Inti Rodríguez, vocero de Provea.
El pasado fin de semana, activistas de DDHH acudieron hasta la Cota 905 para recoger testimonios de los vecinos. Rodríguez estuvo en la comunidad “Las Quintas”, un sector popular de la zona con casas de tabla que colinda con el Cementerio General del Sur. “Toda la comunidad rechaza que se acusa a colombianos de paramilitares. Sin vecinos ya amigo de toda la vida”, les dijeron a Provea.
Hoy pudimos registrar buena parte de las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias cometidas en #OLP pic.twitter.com/R30JD66WGI
— Inti Rodriguez (@intiamaru79) julio 19, 2015
Los vecinos denunciaron a la ONG que incluso menores de edad fueron sacados de sus viviendas mientras dormían, golpeados y detenidos por más de 14 horas. Rodríguez reseñó que voceros de comités de salud y tierra de “Las Quintas” recogieron firmas para rechazar atropellos durante la intervención policial.
"Lo que no se robaron, lo destrozaron". Así relatan los habitantes de Las Quintas en #Cota905 la actuación policial pic.twitter.com/Y1Rf3SX3vx
— Inti Rodriguez (@intiamaru79) julio 19, 2015
DISPARO DIRECTO
Un disparo en el pómulo derecho fue el que segó la vida de Edison. Lo mataron a corta distancia. Lo mismo que, según reseñó El Nacional le ocurrió a Alberto José Rausseo, quien registró tres impactos de bala en el tórax.
Dos casos que preocupan a Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano: "Hay normas clarísimas para hacer este tipo de incursiones policiales, que son las reglas de enfrentamiento. En la ejecución de los disparos hay muchas maneras de inutilizar, sin necesidad de matar. Incluso para preservar la vida de la persona para convertirlo en informante".
A través de un comunicado, Provea dijo el martes que la Operación deja abierta la posibilidad de legitimar las ejecuciones policiales. "Ya hay antecedentes de este tipo de operativos. Allí se producen detenciones arbitrarias e, incluso, robos colectivos", dice Inti Rodríguez, vocero de la organización.
El comunicado de Provea no fue del agrado de una parte de la población. Pasaron de héroes a villanos. Los culparon de defender a los antisociales. "Sr. Coordinador de Provea, viva un mes en la Cota 905, llegue a altas horas, suba y baje en bus, a ver si va pensar lo mismo", escribió en Twitter la usuaria @rosmar2015.
"Desde una sociedad desesperada se aplaude el asesinato de delincuentes, pero la ONG tiene que ser firme en los principios, un delincuente también tiene derecho a la vida. Lo que ocurre es que como el Estado no es capaz de educar, de reinsertar en la sociedad, prefiere asesinar", defiende la postura San Miguel. Advierte, además, que en medio de estos operativos, cuando se deja a discrecionalidad policial la vida de terceros, se cobran la vida de inocentes.
El Nacional aseguró el martes que, pese al despliegue policial, el líder de los grupos que operan en la zona, Luis Revete, se escapó. En cambio, familiares de Elio Jesús Martínez ¬otro de los fallecidos de 25 años de edad¬ contaron que los uniformados se robaron alimentos de la vivienda, un televisor, un DVD, perfumes y hasta las cadenas de bautizo de sus hijas.
Estos últimos testimonios fueron ya formalizados ante Provea, quien denuncia que hubo amenazas de muerte, allanamientos ilegales, robos masivos y detenciones arbitrarias. Además de tratos crueles a los detenidos en la Comandancia General de la GNB, entre ellos 20 menores de edad.
SIN ESTRATEGIAS
La prevención es clave, dice San Miguel, para evitar tener que llegar a intervenciones como las del pasado lunes. Destaca un punto interesante: la Cota 905 se encuentra dentro de una zona de seguridad, por estar en los alrededores de la sede de la GNB. "¿Cómo es posible que siendo esto así, haya llegado a tener presencia paramilitar en el barrio? Hay aspectos que no están siendo cubiertos".
Ya hay antecedentes al respecto. Provea recuerda que en 2006 un informe que elaboró la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) reseñó la actuación irregular de los funcionarios de seguridad del Estado: "En 2005, por cada civil que es lesionado en enfrentamientos con la policía, fallecen en iguales condiciones 3 ciudadanos. Es decir, que estamos frente a una policía que mata más que hiere, triplicando la cifra de decesos la de lesionados", dice el documento.
En data más reciente, Provea registra que en 2014 fueron asesinadas 189 personas por efectivos policiales (principalmente CICPC y PNB) sin esgrimir la defensa propia. Esta vez, la fiscal Luisa Ortega Díaz salió en defensa de los uniformados, y aseguró que en la Operación de la Cota 905 participaron 18 fiscales del Ministerio Público: "Hay un equipo técnico de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales que constata el estado de salud de los detenidos en este operativo e igualmente hará el reconocimiento post mortem de los fallecidos".
LA ACERA DE ENFRENTE
"Entre los vecinos había cierta alegría por lo que se estaba haciendo. Parecía que la sensación era que finalmente se estaba haciendo algo, cuando de normal lo que se escuchan son relatos de personas que han sido atracadas en la zona", recuerda. Desde lejos la operación parecía positiva.
"El desafío que tienen los defensores de DDHH es educar. No hay que dejarse engañar, y dejar al arbitrio de los cuerpos de seguridad del Estado el derecho a la vida", dice San Miguel. Ya hay antecendente: la noche del 27 de junio de 2005 seis estudiantes de la USM fueron asesinados en el sector Kennedy, al oeste de Caracas. Los ultimaron en medio de un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y la policía científica (Cicpc). Eran inocentes. Su ¿error? fue dejarse ganar por el miedo y esquivar una alcabala de seguridad que habían instalado en la zona, con la idea de capturar a un delincuente que días antes había asesinado a un efectivo.
LA POLÍTICA DE CABELLO
El jefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se valió de la polémica pública por la intervención en la Cota 905 para atacar, de nuevo, a las organizaciones no gubernamentales. "La ONG Provea ataca al Gobierno cuando se atacan a los paramilitares colombianos, ¿Es que hay un vínculo ahí entre esa ONG y los paramilitares colombianos?", se preguntó el dirigente del PSUV ¬y se respondió también¬ en su monólogo semanal de VTV.
Cabello arremetió contra la postura de Provea y Control Ciudadano. "El gobierno quiere sacarle provecho político, y valerse de eso para criminalizar a los críticos en Venezuela", dice la activista Rocío San Miguel. Sabe, en todo caso, que es una vieja política de Estado, liderada por Cabello: hace más de un año se le acusó de estar vinculada a grupos militares insubordinados presos en la DIM, sin que todavía hayan presentado pruebas.
También a varios activistas de DDHH se les expuso al escarnio público en el programa de Cabello en VTV, tras acudir a la ONU para plantear violaciones a las leyes en derechos fundamentales.
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