Efecto Cocuyo
El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo; la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez; el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza; y el presidente Nicolás Maduro, encabezan la lista, en ese mismo orden, del Tuitómetro del gobierno en Venezuela. Este informe realizado por la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) señala a 26 funcionarios gubernamentales del poder nacional, regional y local, que han utilizado la red social Twitter para dirigir mensajes agraviantes en contra de periodistas y medios de comunicación.
De 691 tuits emitidos desde el 1 de enero de 2013 al 30 de mayo de 2015, al menos el 99,5% fue publicado por representantes públicos, y activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), actualmente en el gobierno. Otro 0,5% son publicaciones de alcaldes y gobernadores de partidos de oposición, congregados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
En la lista también destacan el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles; el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz; y el gobernador del estado Lara, Henri Falcón. El ranking muestra que los funcionarios han transmitido “recurrentes mensajes de intimidación que buscan inhibir la deliberación democrática. Desde sus perfiles en Twitter ha insistido en dirigir acciones administrativas y amenazas penales contra medios de comunicación y periodistas”, destaca el informe.
De acuerdo a Ipys cada semana, en promedio, hubo 5 mensajes de descrédito u ofensa por parte de funcionarios gubernamentales en Twitter. En ese mismo lapso Ipys Venezuela reportó 773 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que estuvieron relacionadas con el uso abusivo del poder del estado en materia de comunicaciones, limitaciones de acceso a la información, agresiones y ataques, medidas de censura, normativas, acciones legales y administrativas excesivas que afectan la expresión.
Al menos 16 funcionarios y militantes del PSUV que destacan en esta medición insistieron en acusar a los medios privados de generar “paranoia”, “zozobra”, y de ser los responsables de una “guerra mediática”, una “guerra económica”, con la supuesta finalidad de invisibilizar los logros del gobierno. Esta red, además, les ha servido para amplificar el discurso proselitista del PSUV.
Los 26 funcionarios públicos aparecen como responsables en 114 de estos casos, lo que representa 15% del total de incidentes. Estos datos se fundamentan en el monitoreo permanente sobre la libertad de expresión, el derecho a la información que realiza esta organización, según los principios establecidos en la Constitución Nacional y los estándares internacionales.
(Deslice el ratón por la línea azul del ranking)
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