Por Luis Vicente León | 24 de febrero, 2015
Creo que hay tres razones fundamentales por las cuales el presidente Maduro ha decidido radicalizar su posición frente a sus adversarios y apresar y amenazar a algunos actores claves de la Oposición, empezando por el Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. 1. La sensibilidad social vs. El miedo. La primera razón es que, en medio de una crisis económica de gran magnitud que sólo apunta a empeorar durante los próximos meses, es predecible que la sensibilidad social aumente. Eso se convierte en un caldo de cultivo peligroso, donde podrían germinar acciones políticas riesgosas para el gobierno.
Es diferente al ambiente de principios del 2014, cuando las posibilidades de provocar acciones masivas contra el gobierno eran limitadas, tal como se demostró con el fracaso de los intentos inducidos a través de las guarimbas y otras protestas que terminaron focalizadas en los segmentos de la clase media y alta venezolana.
La crisis actual es mucho más profunda: la calidad de vida de la población está infinitamente más deteriorada y los riesgos de convulsión son mayores. En un ambiente así, para el gobierno no sólo resultan peligrosas las acciones radicales que (deliberadamente) podrían buscar algunos segmentos políticos para desestabilizarlo, sino que además son riesgosas las protestas pacíficas, legales y constitucionales que buscan presionar los cambios y las rectificaciones necesarias para corregir la crisis.
En este marco, el gobierno decide minimizarlas todas, sin distinción. Y para eso escoge una ruta clásica de generación de miedo. Tal como plantea el Dr. Giovanni Sartori, los gobiernos que buscan concentrar poder ya no necesitan perseguir a todo el mundo, ni apresar a todos sus adversarios ni expropiar a todas las empresas: simplemente requieren construir una bóveda de miedo, apuntando “con rifle” (uno a uno) y no con ametralladora a los individuos que formen parte de un grupo bien focalizado de símbolos sociales, empresariales y políticos, con la intención de mostrarle al resto lo que el gobierno es capaz de hacer.
En esta tesis, la mayoría no-tocada entra en una bóveda de miedo generada por lo que le podría pasar, con el argumento lógico de: “Si se lo hicieron a él, imaginen lo que me harían a mí”. Esto podría desanimar cualquier acción futura (ilegal o legal, da lo mismo). El gobierno se coloca en una especie de “Modo Anti-Golpe” y manda el mensaje concreto de que se llevará por delante a quien intente enfrentarlo por la vía radical o, incluso, la pacífica.
Si mi olfato no falla, faltan algunos símbolos por apresar y luego nos haremo la gran pregunta: ¿la bóveda de miedo del gobierno funciona o, más bien, se le viene encima?
2. No hablemos de la crisis. El segundo objetivo es todavía más pragmático. Teniendo un deterioro económico evidente que afecta la vida cotidiana de la población, al gobierno no le conviene un debate permanente sobre esa crisis. Más allá de los intentos de crear chivos expiatorios, a través de discursos encendidos y acciones de encarcelamiento de empresarios (que evidentemente no son responsables de los desequilibrios económicos producidos por el mismo modelo de control e intervencionismo estatal), la verdad es que el resultado final es que la gente se divide en dos grandes grupos: por un lado están quienes culpan al gobierno de la crisis económica y por otro están quienes piensan que en efecto hay una guerra económica, pero sienten que el presidente ha sido incapaz de atenderla adecuadamente… y entonces es también su responsabilidad
Aún parándose de cabeza, es muy difícil para ellos plantear un debate que explique por qué Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, por qué estamos en una recesión severa, por qué se caen las inversiones y la producción, por qué los bonos de deuda externa se convirtieron en basura, por qué somos el único país latinoamericano (además de Cuba) con colas y desabastecimiento severo, ni cómo es que Venezuela (junto a Rusia) son los únicos países OPEP sin margen de maniobra para protegerse de la caída de los precios del petróleo.
Cualquiera de esas preguntas sería un debate perdido de antemano y que, sin duda alguna, afectaría profundamente la popularidad del Presidente.
Así que la estrategia obvia es mover el debate nacional al plano político: nadie hablando de inflación ni de escasez, sino enfrascados en si lo que estamos viviendo es un cruce de frontera que ubica al gobierno en una nueva dimensión de autocracia o si no es más que una acción defensiva frente a grupos golpistas que intentan sacarlo del poder.
La clave es entender que en ese debate político el gobierno tiene mucho más margen de maniobra que en el debate económico, que tiene claramente perdido.
3. Aumentar la abstención. La esperanza de los grupos opositores que son más escépticos sobre las posibilidades de las rutas electorales podría minimizarseal ver que el gobierno muestra su fuerza represiva, en este caso por la vía del control institucional pero sin descartar la militar, que vendría precedida por esos cambios en las disposiciones legales que le permiten armarse de manera dura contra una protesta social que ellos mismos definirán si es legal o no.
De esta manera, el estímulo a la abstención se eleva. Algo que sólo juega en contra de la Oposición en las elecciones parlamentarias.
4. ¿Qué pasará? No me queda todavía claro si el gobierno logrará su objetivo o no. Las acciones de represión contra funcionarios públicos elegidos por el pueblo pueden funcionar en el sentido en que el gobierno quiere que funcione. Pero también podría estimular a los grupos más radicales a actuar formalmente como grupos de choque y consolidar movimientos clandestinos y guerrillas (¡que Dios nos ampare!).
Atacar sin distinción a toda la oposición, mezclando lo que no está mezclado, le hace perder credibilidad a las tesis golpistas del gobierno. Pero además unifica a sus adversarios, pues ahora todos tienen un objetivo común que anteriormente les había costado precisar.
La arremetida contra opositores de distintas tendencias (en especial contra aquellos que han sido electos por el pueblo) amplifica el rechazo de todo el mundo democrático moderno a las acciones del gobierno venezolano. Y, además, pone en aprietos a algunos de sus aliados más relevantes, pero también a los que han sido más serios en términos de las instituciones de sus países de origen.
Que un gobierno aprese a los principales líderes políticos de todas las tendencias opositoras es, simplemente, impresentable en cualquier parte del mundo democrático contemporáneo.
Pero, además, enjuiciar a líderes opositores clave podría generar una dinámica al revés de la perseguida por el gobierno: unificaría a la oposición alrededor de una estrategia electoral para enfilarse hacia los comicios legislativos por venir.
El gobierno puede llevarse presos a todos los líderes que quieran, pero saldrán muchos más como receptores naturales de unos votos producidos por la rabia y la frustración de la gente que se siente violada. Si los opositores no caen en el peine de radicalizarse y se concentran en la elección parlamentaria, sin abandonar en ningún momento el trabajo político de defensa de los Derechos Humanos de sus compañeros presos, la búsqueda del gobierno se debilitará y se transformaría más bien en un efecto boomerang que termine complicando todavía más a un gobierno que enfrenta problemas relevantes de popularidad.
Pero, como siempre, éstas son hipótesis: incertidumbres que sólo el tiempo responderá.
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