Naim Youwayed denuncia complot de autoridades del Estado para quitarle terreno. Asegura que la Sala Constitucional del TSJ despojó del cargo a la jueza que había decidido a su favor
KEILYN ITRIAGO MARRUFO
La disputa, según Youwayed, comienza en el año 2000 cuando desde la dirección de seguridad integral del Ministerio de Infraestructura, por orden del ministro Esqueda Torres, se solicita toda la información referente a las permisologías otorgadas para desarrollar un proyecto de estación de servicio y allí se afirma que el terreno colindante con el club de la hacienda Izcaragua en Guarenas es propiedad de la República.
Youwayed aseguró que Méndez fabricó y falsificó un contrato de uso y goce con la firma del exministro Roberto Smith (1990), quien ante la Fiscalía Cuarta de Guarenas manifestó desconocer la rúbrica.
Youwayed explicó que, además, “utilizando el nombre de la República y por autoridad de la ley sacrificaron y despojaron de su carrera judicial” a la jueza del Tribunal Superior de los Teques “por no prestarse a la delincuencia organizada por funcionarios y abogados de la administración pública del MTC y de la Procuraduría” y haber sentenciado a su favor.
Según dijo, fue expulsada de acuerdo a una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, en la que firmaron sólo cuatro magistrados para hacer mayoría: Francisco Carrasquero, Carmen Zuleta de Merchán, Marcos Dugarte y Juan José Mendoza.
“No firmaron los tres magistrados que son justos (Luisa Estella Morales, Gladys Gutierrez y Arcadio Delgado), quienes no se prestaron a los deseos del exministro en el año 2000”, acotó.
En una nota del portal Primicias 24 queda por sentado que el abogado Colmenares “en su carácter de víctima de fraude procesal” había denunciado ante el magistrado Juan José Mendoza a la jueza Yolanda del Carmen Díaz “por traición a la patria y por demostrar interés económico a futuro”.
Youwayed indicó que ya ha formulado la denuncia en el Cicpc y en la Fiscalía en cuatro oportunidades pero no ha obtenido respuesta pues las investigaciones no avanzan, motivo por el cual pide a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz y al presidente Hugo Chávez que hagan justicia y castiguen a los autores culpables.
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