Resultados inauditables

Tal Cual

Más allá de los números totales, no puede accederse a información con detalles . La actuación no se evalúa por número de sentencias, pues hay que discriminar la naturaleza de ellas. La Fiscalía está abarrotada de causas por falta de recursos y personal, sostiene Mármol de León

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

Pese que los resultados presentados por el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía en la rendición de cuentas del año judicial 2012 tienen la intención de satisfacer a la ciudadanía por la excelencia del balance, resulta que la mera exposición de las cifras se queda corta. Blanca Mármol de León, exmagistrada el TSJ, así lo refiere al explicar que con los números no se mide realmente la eficiencia del Poder Judicial, “porque puedes hacer muchas decisiones de inadmisibilidad, como pasa en la Sala Plena y Sala Penal, también muchos desestimados. Si eso lo sumas, no significa que hayas hecho justicia sino todo lo contrario”.

La presidenta del máximo tribunal del país, Luisa Estella Morales, aseguró el lunes pasado que el total de sentencias dictadas en 2012 fue de 7.348, un número que no quedó muy claro por cuanto es mucho más alto que el reflejado en la página web de la misma institución. De todas formas, precisó que a la Sala Constitucional ingresaron 1.376 casos y se decidieron 1.778; la Sala Político Administrativa recibió 1.884 casos y decidió 1.778; en la Sala Electoral ingresaron 118 asuntos y se emitieron 236 fallos; la Sala Civil recibió 816 expedientes y se pronunció sobre 862; en la Sala Penal ingresaron 416 y se dictaron 530 decisiones; mientras que la Sala Social emitió 1.685 fallos de 1.795 expedientes recibidos.

GUARDADA BAJO LLAVE

De todos estos datos es muy difícil discriminar cuáles sentencias fueron verdaderamente al fondo y cuáles no; además de conocer cuáles expedientes pertenecen realmente a los 12 meses de 2012 y cuántos son casos de vieja data. Para Mármol de León esto tendría que ir acompañado de algún informe que explicara la naturaleza de las decisiones. “Tendrían que leerse para conocer si fueron con lugar o sin lugar o si se quedaron en inadmisible”, apunta. Asimismo, “habría que conocer la fecha de interposición de los recursos”. El problema es que esa información se ha convertido prácticamente en un secreto, de manera que es bastante difícil hacer contraloría social del verdadero escenario.

Para ejemplificar, la exmagistrada asegura que en materia penal la Fiscalía está abarrotada; aun cuando Luisa Ortega Díaz se haya complacido en anunciar el viernes que la institución que preside duplicó en 2012 el número de casos respecto a los ingresos, pues tuvo un balance de 1.550.454 egresos, mientras que la entrada fue de 627. 833 asuntos. Sin embargo, en palabras de Mármol de León, el MP “no tiene suficientes recursos ni gente. Entonces un fiscal tiene como mil causas, y debe buscar las pruebas, de manera que se le hace más fácil cerrar las causas donde no hay suficientes pruebas o donde ha operado la prescripción. Van sacando esas causas y las otras se les van quedando por falta de recursos. Al sumar, puedes decir que tienes muchos asuntos concluidos pero en la práctica eso no va en beneficio de la consecución de la función de la justicia”, explica.

RÁPIDOS A CONVENIENCIA

Sobre los tiempos de respuesta, Morales anunció en la rendición de cuentas del alto juzgado del país que hubo una notable disminución. Detalló que en 2012 al 56,6% de los casos terminados en el TSJ se les dio respuesta antes de los 180 días de su ingreso, y al 70,3% antes de los 270 días. Mientras que en 2011, los porcentajes respectivamente fueron de 51% y 67,1%.

Mármol de León manifiesta que esta supuesta mejoría es relativa porque los magistrados “se han autoasignado una cantidad de competencias que en realidad no les corresponden y se han llenado de muchas causas”. La Sala Constitucional, cita como ejemplo, tiene un montón de decisiones que quedan paralizadas, “no sé con qué criterios escogen cuáles van a decidir”. Pero el caso de la sentencia que dejó por fuera a los siete magistrados de esa misma sala, y la interpretación del artículo 231, que asegura la continuidad del presidente Chávez en el cargo, sugiere por dónde van los tiros en los razonamientos empleados.