El plan de Capriles propone la entrega de 15.000 nuevas unidades anuales y la mejora de la vialidad a través del plan de infraestructura. El Fontur fue prácticamente liquidado por el actual gobierno y no ha podido solucionar este servicio fundamental
JOSÉ GUERRA
A ello se agrega la inseguridad, reflejada en el hecho de que diariamente ocurren más de cincuenta robos a las unidades de transporte. Un hecho notorio es que siendo el trasporte una actividad económica fundamental, no ha habido una política coherente por parte del gobierno. Ello se refleja en una flota desvencijada, cuya edad promedio de más de veinte años, excede la vida útil de cualquier unidad que transporte personas.
Así, es común ver en circulación vehículos que no cumplen las condiciones mínimas para prestar el servicio a los usuarios. Ello obedece a que el ente competente para la renovación de la flota autobusera, el Fondo Nacional para el Transporte Urbano, Fontur, fue prácticamente liquidado por el actual gobierno.
Conviene recordar que ese organismo fue concebido para el financiamiento de unidades nuevas para los transportistas, recibiendo para ello un porcentaje del precio de la gasolina. Se sigue cobrando el monto referido pero el dinero no se emplea en la reposición de las unidades que deberían salir de la circulación. Debido al elevado costo de los autobuses, se requiere el financiamiento del Estado y éste ha estado ausente.
LA INFRAESTRUCTURA
La política que ha elaborado Henrique Capriles para el sector transporte contiene los siguientes elementos, orientados a beneficiar al usuario, pieza fundamental de esa política. En primer lugar, la renovación de la flota, mediante el financiamiento de Fontur, que bajo el nuevo gobierno se va a dedicar a la adquisición de nuevas unidades, preferiblemente hechas en Venezuela. Ha prometido Capriles la entrega a los transportistas de 15.000 nuevas unidades anuales.
En segundo lugar, mejora de la vialidad a través del plan de infraestructura, que procura refaccionar las principales autopistas y carreteras del país. Con ello se incrementará la movilidad y se acortará el tiempo de los viajes. En tercer lugar, ha propuesto Capriles el uso de la tecnología en la forma de pago.
Ello implica minimizar el uso del efectivo y darle prioridad a las tarjetas inteligentes que el usuario puede recargar empleando para ello la red de la telefonía fija y móvil. Con esto se comienza a avanzar en un aspecto esencial: la seguridad del transportista y los pasajeros, ahora azotados por el hampa.
En cuarto lugar y como parte integrante de estas acciones, el gobierno de Capriles va a impulsar todas las medidas necesarias para que los hombres del transporte tengan un sistema de seguridad social que garantice la atención médica para el conductor y su familia y que también le asegure una pensión mínima vital cuando llegue la ocasión del retiro.
Hoy, un chofer que labore en el sector del transporte terrestre no tiene un sistema de seguridad social que lo ampare ante contingencias laborales ni que lo proteja en la vejez. Con ello se va a hacer justicia con los hombres del volante.
ESCUELA
Como quinto componente de la política está lo siguiente. El gobierno en su afán estatista, compró en el exterior miles de unidades pintadas de rojo, que hoy están inactivas, a la intemperie, con el riesgo cierto de deterioro. Lo que plantea Capriles es transferir esas unidades a los transportistas organizados para que salgan a la calle a la faena diaria de prestar un servicio de calidad al usuario.
También como parte de la política, se contempla en el plan de Capriles la creación de una escuela de conductores para contar con trabajadores con un mejor nivel de educación y formación en el buen manejo y el trato respetuoso al pasajero. Como puede verse, se trata de una política integral que intenta rescatar a un sector vital para la economía nacional y en especial, dirigida al usuario, quien constituye la razón de ser de cualquier acción en el campo del transporte.


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