Han tomado Amuay como plan electoral

Tal Cual

Ofreció casas pero con títulos de propiedad prestados, cuando los damnificados eran sus legítimos dueños. Miembro de FetraFalcón aseguró que el Estado debe indemnizar a los afectados y no otorgarles dádivas

ARIANA GONCALVES BRITO

Después de 11 días de la tragedia de Amuay el Gobierno no ha definido cómo estará conformada la comisión que hará las investigaciones pertinentes de la explosión de los tanques en la refinería de Paraguaná, expresó Carlos Colina, miembro del comité ejecutivo de la Federación de Trabajadores del estado Falcón (FetraFalcón).

Asimismo, recalcó que en varias ocasiones sectores de la sociedad civil y ONG de Paraguaná, denunciaron derrames petroleros ocurridos desde 2009 alrededor de la Península, y olores constantes de gas en el ambiente. "Es por ello nuestra preocupación, en vista de la situación que se vive en el momento, puesto que el Gobierno no se ha abocado como debería con está tragedia".

El otro motivo inquietante es que el Ejecutivo les va a otorgar títulos de propiedad "prestados" a los damnificados que perdieron sus casas, es decir, el nuevo inquilino no será dueño de la vivienda. "Lo que no entiendo es por qué prestan las casas cuando estas personas eran propietarios de sus unidades habitacionales, se espera que el Gobierno no esté utilizando la tragedia como ventajismo electoral, sino por humanidad".

El miembro de FetraFalcón denunció que a más de 180 trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo en los comercios aledaños a la refinería, la ministra del Trabajo, "irresponsablemente", les dijo que iba a apoyarlos con las misiones Amor Mayor e Hijos de Venezuela. Estas son dádivas que el Gobierno está entregando. Por otr parte señaló que en la Carta Magna en sus artículos 127 y 128 se establece la responsabilidad del Estado en garantizar el equilibrio ecológico. Además, está suscrito al Protocolo de Estocolmo que habla de las propiedades tóxicas y sus compromisos. Por ello el Ejecutivo está obligado a dar una indemnización de por vida a los afectados, no es un favor que la Administración Pública le hace a la población sino que es un deber".

Colina agregó: "por está razón le pedimos a los organismos internacionales que suscriben el Protocolo de Estocolmo que realicen una inspección junto con organismos nacionales y así elaboren un trabajo sobre el grado de contaminación existente en la localidad".

El dirigente gremial señaló que se están organizando para realizar un censo a los trabajadores que perdieron sus puestos de empleo en los negocios aledaños a la refinería para llevar este tema a la Asamblea Nacional y no se quede solamente en declaraciones del Gobierno sino en hechos, pues la Constitución los ampara. Anunció que también se le exigirá al Parlamento que se realicen con carácter de urgencia las paradas y mantenimientos de la refinería para evitar daños posteriores anunciados por las comunidades.