Perjudicados por igual

Tal Cual Digital

El presidente de Apiur, Roberto Orta dijo que cerca de 35.000 inquilinos en Caracas no pueden pagar los alquileres de sus viviendas. Además, indicó que también están perjudicados aquellos dueños de inmuebles que retiran mensualmente sus cánones de arrendamiento en el tribunal

EDUARDO LUGO

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), dijo que desde hace tres semanas se está presentando una situación irregular en el Área Metropolitana de Caracas con respecto al tema de las consignaciones de alquileres.

Declaró que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ordenó el cierre temporal del Tribunal de Consignación de Alquileres en Caracas.

Según Orta, la oficina gubernamental es el único ente que recibe las consignaciones de alquileres comerciales y de viviendas en el Área Metropolitana.

"Con esto los inquilinos y propietarios de viviendas y comercios han quedado en una grave situación porque no pueden pagar ni retirar los alquileres en el Poder Judicial.

Cerca de 35.000 inquilinos en Caracas están afectados por esta situación". Indicó que también están perjudicados aquellos dueños de inmuebles que retiran mensualmente sus cánones de arrendamiento en el tribunal.

"Solicitamos al TSJ y a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura la apertura del mencionado tribunal o una solución alternativa para propietarios e inquilinos". El presidente de Apiur comentó que otro factor negativo radica en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.

Resaltó que el instrumento legal establece que los cánones de alquileres que no sean retirados por los propietarios al 12 de noviembre del presente año, serán "confiscados" y pasarán a formar parte del Fondo de Protección al Inquilino y al Propietario, órgano manejado por el Ejecutivo.

"Apiur estima que a los personas les serán confiscados sólo en Caracas 30 millones de bolívares y se cree que en el interior se tienen depositados en los tribunales cerca de 40 millones. En total son 70 millones que pasarán de la propiedad privada a ser manejados por el Gobierno".

Sostuvo que el procedimiento de consignación que establece la Ley de Arrendamientos sería manejado por la Superintendencia de Arrendamientos de Viviendas pero ésta no se encuentra operativa en todas las ciudades del interior. A juicio de Orta, el departamento no está preparado para suplir al poder judicial.