Tal Cual Digital
El gobierno retóricamente condenó las imágenes de los niños con armas de fuego en la parroquia 23 de enero, pero no han hecho mayor cosa para llevar a los tribunales de justicia a los responsables del conjunto de grupos paramilitares y parapoliciales afectos al gobierno
HERNÁN CASTILLO
Si hay un tema que no se presta a ningún tipo de ambigüedad y está absolutamente establecido en materia del derecho internacional público es la definición de crímenes de guerra.
Resulta que en la parroquia 23 de Enero, en Caracas, con motivo de la celebración del derrocamiento de la dictadura perezjimenista un diputado del gobierno, un oficial de la Fuerza Armada y el jefe de "La Piedrita", quien por cierto es un prófugo de la justicia, protagonizaron un evento en el cual aparecía un grupo de niños portando armas largas de guerra, mostrando cómo en Venezuela se utiliza política y militarmente a los niños, en una macabra coreografía que recorrió el mundo entero.
El gobierno retóricamente condenó el evento, pero no han hecho mayor cosa para llevar a los tribunales de justicia a los responsables del conjunto de grupos paramilitares y parapoliciales afectos al gobierno.
Más bien ahora han tratado de hacer pasar desapercibida, con la realización del desfile de utilería militar del 4 de febrero y la altisonante e inconstitucional declaración de que "las FAN son chavistas", la gravedad del problema que significa involucrar a niños venezolanos en la simulación de juegos y crímenes de guerra.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en la definición de crímenes de guerra incluye entre otras situaciones: "Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades".
También el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de la Asamblea General de la ONU, en la Resolución A/RES/54/263 vigente desde el 12 de febrero de 2002, establece en el artículo 4°: "Los grupos armados distintos de las Fuerzas Armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. Y los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas".
En definitiva, los crímenes de guerra no prescriben y esperamos que esta situación termine para Venezuela con la derrota electoral de Chávez el próximo 7 de octubre y los responsables sean llevados a los tribunales internacionales a rendir cuentas de sus actuaciones delictuales.
@CastilloHernan
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