Arriba, Cayo Pirata, donde las rancherías sí son ocupadas por pescadores. Abajo, el consejo comunal se pregunta cómo permiten esa construcción en el Gran Roque | FOTOS: VENANCIO ALCÁZARES
EL UNIVERSAL
domingo 4 de diciembre de 2011 12:00 AM
Es una apuesta de mediano a largo plazo: encontrar a un pescador reconocido como ocupante o "dueño" de alguno de esos destartalados ranchos de tablas levantados en los cayos del archipiélago Los Roques y que esté en plan de venta. Eso no es lo difícil. 30 mil, 40 mil bolívares por el negocio, un apretón de manos y a planificar algunas mejoras, acondicionarlo, para hacer aquello más confortable.
Sería tan fácil colonizar esos cayos tal como a principios de la década de los setenta lo hicieron quienes todavía hoy -y hasta nuevo aviso- disfrutan sus casas vacacionales en Madrizquí. Pero no es así. Como esos apostadores bien lo saben, el archipiélago es Parque Nacional desde el 18 de agosto de 1972 y se administra bajo un régimen especial.
Otra cosa: el artículo 84 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso deja en claro que el registro público con jurisdicción en Los Roques debe exigir que en todo documento que se procese sobre bienechurías en áreas del parque distintas al Gran Roque -en los cayos, queda claro- deben identificarse como de "uso exclusivo para actividades inherentes a la investigación científica o a la pesca artesanal".
Por eso, justamente, están ahí esos ranchos: son lugares permitidos para uso de los pescadores artesanales como hogar provisional durante las temporadas de pesca y como depósito de sus implementos de trabajo. Son estructuras amplias, pero muy básicas, sin mayores divisiones internas y que suelen ocuparse casi en su totalidad durante la época de captura de langostas durante la cual arriban muchos trabajadores provenientes de Margarita.
Hay más reglas que respetar: dos circulares emitidas en 2003 por el Ministerio de Interior (las números 0230-396 y 0230-407) establecen que se necesita autorización de las autoridades de Los Roques para darle carácter de autenticidad a cualquier documento de compra venta de "derechos inmobiliarios", cosa que se ratifica con otro oficio del ministerio (015) del 25 de agosto de 2004. Es decir, ninguna notaría podrá procesar documentos de esta naturaleza a menos que estén aprobados previamente por Inparques y -a partir de ahora- por el gobierno regional del territorio insular en formación.
Nada de esto ha servido, sin embargo, para frenar el asomo de un futuro de casas vacacionales dispersas entre los más de 40 cayos del parque. La apuesta es demasiado tentadora y más de uno juega sus fichas. "Sí, hay muchos ranchos que han sido vendidos desde hace tiempo", reconoce Germán Salazar, pescador y vocero del Consejo Comunal Los Roques: "Y los pescadores siguen ocupándolos mientras tratan de que les den permisos para reconstruirlos".
¿Y tú tienes?
El permiso, ahí está el detalle. La modalidad es simple: la venta se hace de palabra, sin papeles de por medio porque, visto el panorama normativo, ya no hay manera. Y el mejor negocio es transar con un vendedor que ya tenga la aprobación de Inparques para reparar el rancho. Se trata de una autorización para "sustitución de materiales" que permite trasladar madera, zinc y otros elementos muy específicos para refaccionar las bienechurías. Sin ese permiso no debería entrar al archipiélago ninguna carga de material de construcción.
Eso, claro, en el mundo ideal del papel. La realidad es más compleja y permisiva porque en todos estos años no ha habido capacidad suficiente para vigilar las más de 221 mil hectáreas del archipiélago.
En el Gran Roque la información debe buscar otros caminos. El encargado de Inparques, Jesús Durán, argumenta que toda solicitud de entrevista debe canalizarse por Caracas. Pero en la ciudad tampoco quieren atender a un periodista para hablar de un tema incómodo. Pero Durán sí habló de la situación el 22 de octubre durante una reunión colectiva con el vicealmirante Armando Laguna Laguna y que fue grabada por el Consejo Comunal. De modo que el problema es ya asunto oficial y el nuevo jefe político del territorio insular está al tanto.
En Crasquí hay 18 ranchos, de los cuales se presume que 11 ya fueron vendidos a personas que esperan la mínima oportunidad de remodelarlos -incluyendo a una "modelo morena que vive en Alemania"- o que en el futuro próximo alguna autoridad permita la existencia de casas vacacionales.
De 6 ranchos en el cayo Carenero, dos estarían en esa condición de "engorde" y un tercero que se derrumbó está siendo reclamado "por una señora que vive en Caracas". En la Isla San Agustín, sólo uno de 4 es ocupado por un pescador artesanal que hoy vende comida a los turistas. De los 3 que hay en Cayo Loco, uno habría sido negociado. En Cayo Fernando se cuentan 11 ranchos y hasta ahora no hay noticias de ventas amañadas: todos son utilizados por margariteños pescadores de langosta.
El caso más reciente del que se tenga noticia se dio en Crasquí: un ejecutivo de una conocida empresa asentada en Caracas "compró" el rancho "propiedad" de una señora ya muy anciana y a través del hijo de ella ha tratado de conseguir autorización para repararlo. "Han intentado hacer ver que la señora es muy pobre y que vive en ese rancho que se le está cayendo encima", asegura Salazar: "Y hasta fueron a la Asamblea Nacional. Pero eso es falso. La señora Evangelina María Marcano vive en Sucre, hace muchos años que se fue de Los Roques. Hace como seis meses pretendían traer una carga de maderas costosas y materiales de construcción por más de 60 mil bolívares. ¿Qué pescador puede pagar eso? Inparques mandó todo para atrás".
La dispersión de rancherías en los numerosos cayos no sólo genera problemas de este tipo. También se habla de espacios ganados por el contrabando, el narcotráfico y la pesca ilegal. Un proyecto que podría ayudar a poner un poco de orden se supone que reposa en alguna gaveta de la sede caraqueña de Inparques: concentrar los ranchos de pescadores en cayo Pirata, un lugar cercano al Gran Roque.
Eso, dicen sus defensores, permitiría eliminar los ranchos y realizar un mejor y más efectivo control de la actividad pesquera.
"El consejo comunal apoya ese proyecto", explica Salazar: "Isla San Fernando es el cayo más poblado por pescadores, la mayoría de Margarita. Ahora que es temporada de langosta debe haber unas 60 personas en 10 ranchos. Hablé con ellos sobre la reubicación y no pusieron gran problema, sólo que se les asegure que no los van a dejar por fuera. Pero para que veas, en Crasquí, donde hay menos pescadores de verdad, no están a favor del plan". A la hora de la mudanza, entonces, se sabrá quién es quién.
Con las tablas en la cabeza
Febrero de 2008. El barco "Adelante" llega al archipiélago de Los Roques con una carga importante de materiales de construcción. Su destino es el cayo Isla San Agustín. Las maderas, las vigas y todo lo demás serán utilizados para refaccionar un rancho de pescadores. Pero el barco tuvo que volver a La Guaira sin descargar.
La decisión la impusieron el superintendente de Inparques, Jesús Durán; el encargado del Comando de Vigilancia Costera, Engelbert Franco García y el entonces director de la Autoridad Unica, Anselmo Rodríguez. Tras el papeleo de rigor encontraron poco clara la legalidad del permiso para reparar el rancho. Y los materiales todavía hoy reposan apilados en un depósito caraqueño.
Emilio Bali Asapchi, ingeniero de profesión, es el dueño de ese rancho. Su caso es en extremo curioso: debe ser la única persona que ha intentado la vía legal para tener un lugar privado en un cayo del Parque Nacional (salvo, claro, los casos de Madrizquí que datan de antes de la declaratoria de zona protegida). Su pelea ha sido larga y ya va camino al Tribunal Supremo de Justicia.
Por 20 millones de los viejos compró el rancho al pescador Víctor Romero, quien lo ocupaba desde hacía al menos 9 años. Sentado en su oficina en Caracas muestra una gran torre de documentos del caso y relata la historia, papel tras papel, tras papel.
Esto comenzó en 2003, cuando Bali todavía visitaba con mucha frecuencia las aguas de Los Roques para dar rienda suelta a su afición por la pesca. En esas lo contactó Romero, "dueño" de dos ranchos en Isla San Agustín, para proponer el trato. Bali asegura que consultó a la Autoridad Unica, donde le indicaron que el primer requisito era contar con un título supletorio registrado en Vargas. Así que llevó a Romero a formalizar el asunto.
Luego notariaron la venta el 31 de julio de 2003, también en Vargas. En febrero de 2004 solicitó por escrito a la Autoridad Unica la información acerca de las regulaciones sobre materiales y diseños de construcción. Según dice, pasaron los meses y nada, por lo cual, decidió -en abril- hacer la gestión en el Ministerio de Ambiente y mostrar fotos de cómo mejoraban notablemente un rancho vecino al suyo.
El 18 de mayo Inparques hizo la visita para constatar la existencia del rancho, tomar medidas (112 metros cuadrados), hacer plano y verificar el estado de conservación de la estructura a la que calificaron de buena "a simple vista".
Tras recibir el instructivo, el 16 de junio solicitó en Inparques (en Caracas) el permiso para sustituir "materiales en mal estado por otros similares y en perfectas condiciones" del rancho, a lo que añadió un proyecto que implicaba conservar la forma externa y mejorar y redistribuir el espacio interior del rancho. El 7 de julio le notifican que ha sido autorizado mediante la "providencia" 222-2004, firmada por el entonces director de Parques Nacionales, Carlos González.
Ese permiso fue anulado en noviembre -asegura- por indicaciones del encargado de Inparques en Los Roques, bajo el argumento de que no se pueden construir viviendas unifamiliares en la zona. "Pero yo no pedí eso, yo pedí sustitución de materiales", aclara Bali. Por eso solicitó recursos de reconsideración y jerárquico ante Inparques. El 2 de abril de 2007 le restituyen -declaran con lugar el recurso jerárquico- la autorización para ejecutar su proyecto. Y cuando envía los materiales, le devuelven el barco.
Días más tarde, el 19 de febrero, nuevamente Inparques anula el permiso argumentando, entre otras cosas, que en los cayos sólo se permite infraestructura sencilla para "actividades de recreación, educación y guardería ambiental, tales como: refugios, miradores, muelles, comedores campestres, sanitarios, campamentos y obras similares".
Inparques argumenta que le asiste la potestad de revisar sus propias decisiones en función de su objetivo de preservar el parque. Este largo proceso no se ha ocupado directamente de la legalidad de su condición de propietario de una bienechuría dentro de un parque nacional, sino de su derecho a mejorarlo. Bali señala que antes de anularle el permiso debió pasar por un procedimiento administrativo que le permitiera defender sus argumentos. A partir de entonces, solicitó un recurso jerárquico por violación al derecho a la defensa, que fue rechazado. Antes de acudir al TSJ ha hecho una propuesta conciliadora: un uso compartido con Inparques.
"De cinco ranchos en Isla Agustín, cuatro están remodelados" apunta. El único que se ha quedado destartalado es el mío".
ommedina@eluniversal.com
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