DAMIÁN PRAT C/Guayana- TalCual
Y entre ellos los de los trabajadores al servicio del Estado en ministerios, institutos autónomos, entes descentralizados y empresas del Estado con quienes las deudas laborales son inmensas, quizás incuantificables, mientras que todos los contratos colectivos, además de violados, están vencidos en períodos de entre dos y 12 años, según el caso, la mayoría por encima de seis años.
Quizás por eso la tardenoche del jueves prometió algo que por 11 años se ha negado a hacer y que incluso ha prohibido tajantemente a sus huestes parlamentarias una y otra vez: una nueva Ley del Trabajo y el regreso al sistema retroactivo de las prestaciones sociales.
Prometió pagar todo lo que el gobierno mas rico de nuestra historia le adeuda por años usualmente por más de una década a sus 3 millones de trabajadores aunque mediante un difuso "bono petrolero", basado en un proyecto la Faja del Orinoco del que son más las palabras que los hechos y con el añadido de un discurso-regaño acerca de "no gastar los ahorros como capitalistas", que parece prefigurar un modelo de bono como "papel para guardar", no totalmente convertible en moneda en el corto y mediano plazo.
También se convirtió, siendo el patrono mayor del país, en el guía, amo y señor de una nueva Central Sindical promovida por un sector del PSUV.
Pagarse y darse el vuelto. Las dos caras de la siempre contradictoria relación obrero-patronal, resumida en una sola persona: "yo, el líder, la encarnación del pueblo".
Un modelo que a escala pequeña ya se ve en al menos tres de las empresas estatizadas en 2009: el presidente o gerente general de la empresa es, al mismo tiempo, el secretario general del sindicato.
El que reclama se lo hace a sí mismo. Es el socialismo del siglo XXI.
Y por si fuesen pocas las contradicciones, llamó a la unidad dentro de sus filas pesuvistas, en un evento que se organizó como expresión de un grupo y directamente contrario no solo a la enorme presencia nacional del sindicalismo autónomo y democrático, sino también excluyendo a grupos pro-gobierno como Unete, FST y otros.
PROMESAS TRAS 11 AÑOS
Una de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional, aprobada en 1999, establece que "antes de un año la Asamblea Nacional debe aprobar una nueva Ley del trabajo y un nuevo régimen de prestaciones sociales que incluya la retroactividad".
En estos 11 años no fueron pocos los grupos, sectores, dirigentes sindicales, dirigentes del MVR-PSUV y partidos aliados que intentaron hacer buena esa norma constitucional.
Siempre se encontraron con la orden tajante desde arriba, es decir, Chávez siempre dijo "No".
Por un lado, porque las empresas privadas, en general siempre se mantenían al día con el depósito y/o pago de las prestaciones mientras el Gobierno, en la mayoría de los casos en entes públicos, adeudaba enormes sumas que cada año crecían mas a pesar de los enormes ingresos petroleros y por concepto de impuestos internos (IVA e ISLR).
Por la otra, porque el proyecto de Chávez, lo que él entiende como "socialismo", es muy parecido a lo que había en la desaparecida e implosionada URSS y sus países satélites de Europa Oriental o lo que existe en Cuba: sindicatos que sólo son representantes del patrono-gobierno ante el trabajador y derechos sindicales-laborales casi nulos. No hay contratos colectivos, ni derecho de huelga.
Hoy necesita votos de cara a octubre de 2012.
Le toca desempolvar las viejas promesas, aunque con el régimen de prestaciones asomó en su discurso la idea de que habría retroactividad solamente hacia el futuro.
Habrá que ver, además, en cuáles condiciones, porque el sistema de prestaciones vigente termina siendo mas favorable al trabajador pese al arraigado mito de la retroactividad porque paga mas (60 días) por año y porque en un país con alta inflación es mejor cobrar cada año para invertir que acumular dinero que se devalúa.
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