Midiendo las cuentas venezolanas en ese intercambio, se avizora un oscuro panorama en sus balances. Pérez Alfonso lo llamaba "el negocio del excremento del diablo", los flujos dispares entre las partes
JORGE PADILLA ROMERO - TalCual
Las entregas de crudo y derivados a la empresa China Nacional Oil Corporation, con estimaciones del precio por barril oscilando entre 50 y 40 dólares, cuando los valores del mercado fueron muy superiores en el trienio 2008 al 2010 (con precios de 86, 57 y 72,2 dólares ), figuran como uno de los reparos en el punto de cuenta de abril pasado del ministro Rafael Ramírez en Miraflores. La cifra emerge como un dato en el yacimiento de presuntas irregularidades en los negocios energéticos entre Caracas y Beijing, según denunciaba la semana pasada el diputado por Táchira, Miguel Ángel Rodríguez.
El parlamentario argumentó que por la referencia subvaluada del precio petrolero vendido a China, resultaba un misterio comercial tratar de conocer el costo final entre las partes, por lo que igualmente se mantienen ocultas las cifras de excedentes que en principio pasaban al Tesoro Nacional y que hoy deberían estar dirigidas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Otra observación hecha por Rodríguez, citaba el hecho de que Ramírez objetaba "cómo desde el año 2009 Pdvsa no pudo contabilizar más sus en- víos a la similar asiática como pago de regalías en especie y debió asumir 100% del costo financiero y operacional de los acuerdos entre Caracas y Beijing".
Refería que la citada reunión en la sede del Ejecutivo nacional, revelaba además la urgente búsqueda de recursos financieros para Pdvsa, mostrando la manera irresponsable y lesiva a los intereses del país como desde Miraflores se han suscrito tres acuerdos con la República Popular China, violando el régimen fiscal y monetario de la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector público.
YACIMIENTOS MAR AFUERA
"Los denominados Fondo Pesado 1, Fondo Pesado 2 y Fondo de Gran Volumen y Financiamiento a Largo Plazo, constituyen los esquemas usados mediante los cuales el Gobierno se apropia de decenas de miles de millones de dólares, los administra sin control alguno y atenta contra las cuentas de la energética estatal", esgrimía entonces el asambleísta.
Invocaba la restitución del derecho violentado y la aplicación del artículo 138 del Código Penal venezolano que establece: "el individuo que, encargado por el Gobierno de la República para tratar de negocios con un gobierno extranjero, traicione su mandato, perjudicando los intereses públicos, será castigado con presidio de seis a doce años".
Dijo que el Ejecutivo ordenó a Pdvsa desde enero 2010 que asumiera directamente el pago de los Fondos 1 y 2, sin utilizar el esquema de considerar esos barriles como pago de regalías en especie.
Finalmente alertó acerca de la perversa opción de que este esquema bilateral de negociación, instalado con la justificación de ayudar al desarrollo interno, haya derivado en una "blanqueadora" de recursos dirigidos a nutrir la malversación de agentes.
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