La fundación presidida por Jimmy Carter solicitó a que López se le permita postularse a las elecciones | ARCHIVO
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
sábado 1 de octubre de 2011 12:00 AM
Antes de emitir su pronunciamiento en relación a la inhabilitación que la Contraloría General de la República le impuso al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó la opinión de seis organizaciones y personalidades de la región; entre ellas la del Centro Carter, agrupación que criticó la sanción al dirigente opositor.
La fundación creada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter envió al tribunal regional un documento, de tres páginas (amicus curiae), al que tuvo acceso El Universal y en el cual respaldó la posición del coordinador del partido Voluntad Popular, quien denunció que la medida en su contra violaba sus derechos a elegir y ser electo, previstos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La norma antes citada contempla que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y presentarse como candidatos a las elecciones y que esos derechos solo pueden ser limitados o restringidos por "razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por un juez competente, en proceso penal".
Sin embargo, López fue inhabilitado por el fallecido contralor Clodosbaldo Russián, quien no era juez, en uso de la potestad que le confiere el artículo 105 de la Ley que regula al organismo que vela por el buen uso de los fondos públicos.
"Se pudiera entender que el artículo 105 de la Ley de la Contraloría es contrario al artículo 23 de la Convención Americana, pues permite al contralor, de manera discrecional y hasta arbitraria, establecer una sanción restrictiva de derechos la cual deriva en la inhabilitación de un ciudadano por vía administrativa, sin las garantías del debido proceso y sin requerimientos procedimentales adicionales, permitiendo entonces la restricción y hasta la posible eliminación de los derechos políticos garantizados por el artículo 23 convencional", argumentó el Centro Carter en el escrito que le envió al juzgado y que firma su director general, John Hardman.
La organización le advirtió a la Corte que tenía "una oportunidad única, a través de la decisión del caso López, de establecer una clara y apropiada conexión entre los Derechos Humanos previstos en la Convención y el derecho a la democracia como se encuentra garantizado en la Carta Democrática Interamericana".
El Centro Carter recordó que la Carta, la cual suscribió Venezuela en 2001, establece que uno de los elementos esenciales de la democracia es el respeto a los Derechos Humanos.
El tribunal regional, en su fallo, terminó dándole la razón tanto a López como al Centro Carter y a las otras cinco organizaciones y personalidades, entre las cuales destaca el excanciller mexicano Jorge Castañeda, que fijaron su posición sobre este caso.
La Corte dictaminó que las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría violaban la Convención Americana, pues no las imponía un juez, luego de un juicio con las debidas garantías, sino un funcionario administrativo; y por ello exigió al Estado que le permita a López postularse y que modifique la Ley de la Contraloría.
jalonso@eluniversal.com
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