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sábado, 11 de febrero de 2017

UCAB y organizaciones civiles exigen al CNE retomar senda constitucional

Runrunes
Por Prensa Centro de Estudios Políticos UCAB
Fecha: 10/02/2017


Mediante un comunicado, un grupo de organizaciones civiles manifestó este viernes su “profundo rechazo por las recientes decisiones y omisiones inconstitucionales del Consejo Nacional Electoral, las cuales contrarían elementales derechos políticos de los venezolanos”, y lo conminan a retomar la senda constitucional, publicar el cronograma de elecciones de gobernadores y alcaldes y resolver la situación de los diputados del Estado Amazonas y Región Indígena Sur.

También lo emplazan a “revisar y mejorar las condiciones en que los partidos deben renovarse, en especial cantidad de máquinas, tiempos, y distribución de los puntos de recolección, con el fin de que se permita la existencia de pluralidad política propia de los sistemas democráticos, tal como está establecido en nuestra Carta Magna”.

El comunicado está suscrito por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ciudadanía Activa, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Comunidanas, Control Ciudadano, Grupo la Colina, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de la Mujer y Súmate.

En el documento, describen que la actuación del CNE, luego de las elecciones parlamentarias de 2015, ha mostrado desinterés por preservar y fomentar el derecho a la participación política de los ciudadanos; parcialización de las decisiones tomadas; ausencia de compromiso con las normas y principios legales que rigen dicha institución; y niega el mínimo respeto hacia la población venezolana que desea ejercer su derecho a elegir como vía al logro pacífico de soluciones a los profundos conflictos políticos, sociales y económicos que padece el país.

Señalan que entre los hechos que definen la gravedad del comportamiento institucional del CNE en el presente inmediato están, en primer lugar, la violación del ordenamiento jurídico constitucionalmente establecido, al acatar las sentencias de Tribunales regionales sin competencia en materia electoral, lo cual impidió a los venezolanos manifestar su voluntad para la convocatoria del Referéndum Revocatorio del mandato del Presidente. “En este orden de ideas, es notorio y contradictorio que el Poder Electoral no se haya pronunciado sobre el supuesto fraude al cual aluden esos Tribunales, dado que fue el mismo CNE el ente que validó los resultados (1%) de la manifestación de voluntades que se requieren para la activación de dicho mecanismo de democracia directa”.

Consideran igualmente grave el silencio del organismo electoral ante el caso de los tres diputados de Amazonas y el Representante Indígena de la Región Sur. “En ningún momento el CNE se ha pronunciado sobre los supuestos hechos que llevaron a la Sala Electoral del TSJ a invalidar su juramentación, así como tampoco ha convocado al proceso de elección de nuevos diputados para los ciudadanos del Estado Amazonas y las comunidades indígenas del sur país. Esto supone la discriminación política de un conjunto de ciudadanos a quienes se les ha negado su representación en la Asamblea Nacional”.

Advierten que el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su obligación y responsabilidad de convocar y celebrar elecciones para elegir Gobernadores y miembros de los Consejos Legislativos de las entidades federales antes de diciembre de 2016.

Consideran que, con ello, el CNE ha violado el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que “El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por la mayoría de las personas que voten”. Esto significa que, a partir del 16 de diciembre de 2016, el CNE ha omitido su obligación constitucional, cercenando el derecho al sufragio de los venezolanos contemplado en el artículo 63 de la Constitución: “El Sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”.

También denuncian que, al no convocar elecciones regionales en el período establecido por la Carta Magna, el CNE ha extendido ilegalmente el mandato de los Gobernadores y miembros de los Consejos Legislativos de cada entidad federal.

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