29-12-2016
SARAI COSCOJUELA/ LUISA QUINTERO
Solo dos proyectos han logrado el visto bueno del Ejecutivo a través del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta la falta de agua en comunidades ha sido discutida en las sesiones y comisiones permanentes
La Asamblea Nacional del año 2016 se abocó más a debatir e iniciar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, crisis en los servicios básicos y economía que a la aprobación de leyes. En el segundo periodo del Parlamento, que empezó en septiembre, lo prioritario fueron los proyectos de acuerdo que abordaron temas como la devaluación del bolívar y los ataques de la Operación Liberación del Pueblo (OLP).
En total 16 proyectos de ley lograron ser sancionados por la mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática. Solo una ley contó con el visto bueno de la bancada del Gran Polo Patriótico y también de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela: La Ley de Regulación de Telefonía Celular e Internet en las cárceles, la cual se promulgó y debe estar en ejecución.
Otra de las leyes que salió publicada en Gaceta Oficial fue la del Bono de alimentos y medicinas para jubilados y pensionados. En este caso el Tribunal Supremo de Justicia puso como condición que el Parlamento presentara un informe sobre la viabilidad económica, lo cual se hizo con el diputado José Guerra, quien aseguró que no hacía falta aumentar impuestos para pagarles.
A pesar de presentar el informe y salir en Gaceta, los jubilados no han comprado el bono.
Las 14 restantes no pasaron la prueba del Ejecutivo a través del TSJ, como la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, la ley que otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, con el cual la oposición pretendía lograr la libertad de los presos políticos.
Para el 2017, la Asamblea Nacional tendrá pendiente 31 proyectos de leyes que quedaron aprobados en primera discusión, entre las cuales están la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información y la Reforma del Código Orgánica Procesal Penal.
MÁS TRABAS
La AN ha pasado la mayor parte del año en un supuesto desacato por parte del TSJ luego de que se decidiera juramentar a los diputados del estado Amazonas y la representación Sur Indígena ante la falta de respuestas por parte de la Sala Electoral, quien los suspendió a finales de diciembre de 2015 por un supuesto fraude en los comicios del 6 de diciembre.
El 28 de julio Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana fueron juramentados en el Parlamento, aunque luego el TSJ declaró el 1 de agosto que ese acto no contaba con validez.
Posteriormente el 2 de septiembre, el TSJ terminó de declarar a la AN en desacato y que todos sus actos pasados y futuros serían "nulos de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia" hasta tanto no acataran todas las sentencias.
Sin embargo, estos diputados tampoco pudieron ejercer sus cargos por mucho tiempo, pues con el diálogo se acordó la desincorporación para llevar a cabo otras elecciones en la entidad. El 15 de noviembre, Ygarza, Guarulla y Guzamana enviaron una comunicación en la que notificaban su "intención de ser desincorporados" lo que luego, según la directiva de la AN, fue notificado al TSJ que sigue sin levantar el "desacato" y tampoco decide sobre el caso.
Este ha sido el mayor conflicto del Parlamento desde el punto de vista legal, ante la imposibilidad de aplicar las nuevas legislaciones o que se aprobaran las reformas a leyes.
A eso, se debe sumar la falta de pago de salarios a los diputados (quienes llevan casi seis meses sin cobrar), cortes de luz y un asalto por parte de grupos chavistas el día 23 de octubre cuando se discutía la ruptura del hilo constitucional en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral suspendiera el proceso del 20% para activar el revocatorio.
PRIMERO LOS DDHH
La crisis económica, de derechos humanos y servicios básicos también coparon la agenda legislativa tanto en las sesiones como en las comisiones. La OLP fue uno de los temas que más preocupó a los diputados, quienes hasta finales de noviembre acordaron otro proyecto de acuerdo en rechazo luego de que el 26 de noviembre se encontraran dos fosas comunes en Barlovento, estado Miranda.
Este acuerdo también fue aprobado por la bancada del GPP, a pesar de que argumentan que la Asamblea sigue en desacato. Este hecho también incluiría a los diputados del PSUV en la ilegalidad que reclama el TSJ al resto de sus colegas.
Las víctimas de esta masacre corrieron con mejor suerte al conseguir el apoyo de todos los diputados, a diferencia de las víctimas de las OLP La Ensenada, 23 de Enero, Barrio Unión o Ciudad Caribia.
Tampoco la masacre de un grupo de mineros en Tumeremo logró un consenso total. Este caso obtuvo tanta repercusión debido a las denuncias del diputado Américo de Grazia y parte del grupo parlamentario del estado Bolívar, que se logró conformar una comisión especial sobre el hecho, aunque todavía se espera el informe final sobre las investigaciones realizadas desde la Asamblea.
Para la crisis eléctrica se conformó una comisión mixta (una de las pocas con participación del PSUV) presidida por Jorge Millán, donde han citado a las empresas con las cuales el Estado hizo contrato para la construcción, instalación y funcionamiento de plantas, hidroeléctricas y hasta turbinas de energía eólica. Hasta el momento no han presentado el informe final.
Durante todo el año otros casos han llegado de la mano de organizaciones no gubernamentales, pero en su mayoría por ciudadanos que esperan respuestas de otros organismo públicos.
La falta de agua o la calidad de la misma ha sido tratada desde las Comisiones de Ambiente y Administración y Servicios. Estas dos comisiones lograron interpelar a los directivos que manejan las empresas hídricas en las distintas regiones del país durante una semana.
Entre las conclusiones de esos encuentros, se dictaminó que Hidroven y todas sus filiales no tomaron los correctivos necesarios para lograr el abastecimiento de líquido en las comunidades, situación que se vió agravada con una sequía producto del fenómeno climatológico "El Niño". Además, se evidenció que los únicos planes de abastecimiento y contingencia de Hidroven era por medio de tanques cisterna y perforación de pozos profundos.
La última gran denuncia realizada por la AN, fue la presunta corrupción en la empresa estatal Pdvsa. El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Guevara, detalló que existen 11 casos de presunto mal manejo de fondos que se habrían realizado bajo el conocimiento de Rafael Ramírez, entre ellos, la compra de taladros chinos con evidente sobreprecio o la comida descompuesta, conocido como el caso Pudreval.
Un hecho curioso ha sido la incorporación del Bloque de la Patria dentro del desacato de la AN en las últimas semanas.
Existe una sentencia del TSJ que impide la modificación del orden del día antes de 24 horas, hecho que fue ignorado por el diputado Ramón Lobo al proponer en la sesión del 6 de diciembre la incorporación de un punto sobre el Mercosur que fue incluido en el debate.
Ese mismo día, los diputados del PSUV votaron por unanimidad un acuerdo en ocasión de los 100 años del natalicio de Ramón J. Velásquez, lo cual se suma a su desacato al aprobar por unanimidad un acuerdo en rechazo a la masacre de Barlovento.
LO QUE NO SE HIZO
Muchas fueron las promesas de los nuevos diputados el 5 de enero de 2016, cuando tomaron juramento. Una de ellas fue la posibilidad de una enmienda constitucional que no se ha concretado debido a que la Comisión de Política Interior ha solicitado varios aplazamientos para redactar la propuesta antes de llevarla a segunda discusión.
La posibilidad de una Ley Orgánica de Referendos era otra de las tareas.
Este instrumento legal llegó a ser aprobado en segunda discusión el 20 de abril, pero no fue sancionado debido a los cambios que se realizaron durante el debate. Esta ley quedó relegada al cajón de los pendientes y no fue presentada nuevamente en la plenaria para ser sancionada.
Además, sobre este proyecto de ley se pronunció el TSJ y hasta el mismo CNE al establecer que era el poder Electoral quien tenía la capacidad de legislar en materias de su competencia por encima de la AN. Un pronunciamiento algo tardío del CNE pues esta ley tiene una mora legislativa de al menos cinco años.
También quedó pendiente la divulgación de la auditoría realizada a la gestión de Diosdado Cabello, como presidente anterior del órgano legislativo. El informe de dicha auditoría fue realizada en conjunto con varias instituciones, pero el actual presidente Henry Ramos Allup, nunca reveló el contenido de la misma pues "no era el momento".
El Plan Legislativo Anual, contemplado en el Reglamento Interior y de Debate, tampoco fue presentado o divulgado en la página web. En este plan, la AN explica cuáles son las leyes a abordar durante cada año.
Recuperar los equipos y la sede de ANTV fue otra tarea fallida. La junta directiva nunca obtuvo respuesta del diputado Darío Vivas y actualmente esos espacios son usados por el Bloque de la Patria como sede de reuniones, o simplemente el lugar para esperar que se forme el quórum requerido antes de ingresar al Palacio Federal Legislativo.
La transparencia informativa y acceso a documentos públicos requiere de correcciones. Las informaciones sobre leyes o proyectos de acuerdo no son publicadas con la celeridad necesaria (quienes más se han quejado sobre ello son los diputados oficialistas). Además, el trabajo de las comisiones no es del todo conocido por el público, pues solo 7 de las 15 comisiones permanentes han publicado en la web informes sobre su gestión durante el 2016.
La Asamblea Nacional del año 2016 se abocó más a debatir e iniciar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, crisis en los servicios básicos y economía que a la aprobación de leyes. En el segundo periodo del Parlamento, que empezó en septiembre, lo prioritario fueron los proyectos de acuerdo que abordaron temas como la devaluación del bolívar y los ataques de la Operación Liberación del Pueblo (OLP).En total 16 proyectos de ley lograron ser sancionados por la mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática. Solo una ley contó con el visto bueno de la bancada del Gran Polo Patriótico y también de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela: La Ley de Regulación de Telefonía Celular e Internet en las cárceles, la cual se promulgó y debe estar en ejecución.
Otra de las leyes que salió publicada en Gaceta Oficial fue la del Bono de alimentos y medicinas para jubilados y pensionados. En este caso el Tribunal Supremo de Justicia puso como condición que el Parlamento presentara un informe sobre la viabilidad económica, lo cual se hizo con el diputado José Guerra, quien aseguró que no hacía falta aumentar impuestos para pagarles.
A pesar de presentar el informe y salir en Gaceta, los jubilados no han comprado el bono.
Las 14 restantes no pasaron la prueba del Ejecutivo a través del TSJ, como la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, la ley que otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, con el cual la oposición pretendía lograr la libertad de los presos políticos.
Para el 2017, la Asamblea Nacional tendrá pendiente 31 proyectos de leyes que quedaron aprobados en primera discusión, entre las cuales están la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información y la Reforma del Código Orgánica Procesal Penal.
MÁS TRABAS
La AN ha pasado la mayor parte del año en un supuesto desacato por parte del TSJ luego de que se decidiera juramentar a los diputados del estado Amazonas y la representación Sur Indígena ante la falta de respuestas por parte de la Sala Electoral, quien los suspendió a finales de diciembre de 2015 por un supuesto fraude en los comicios del 6 de diciembre.
El 28 de julio Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana fueron juramentados en el Parlamento, aunque luego el TSJ declaró el 1 de agosto que ese acto no contaba con validez.
Posteriormente el 2 de septiembre, el TSJ terminó de declarar a la AN en desacato y que todos sus actos pasados y futuros serían "nulos de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia" hasta tanto no acataran todas las sentencias.
Sin embargo, estos diputados tampoco pudieron ejercer sus cargos por mucho tiempo, pues con el diálogo se acordó la desincorporación para llevar a cabo otras elecciones en la entidad. El 15 de noviembre, Ygarza, Guarulla y Guzamana enviaron una comunicación en la que notificaban su "intención de ser desincorporados" lo que luego, según la directiva de la AN, fue notificado al TSJ que sigue sin levantar el "desacato" y tampoco decide sobre el caso.
Este ha sido el mayor conflicto del Parlamento desde el punto de vista legal, ante la imposibilidad de aplicar las nuevas legislaciones o que se aprobaran las reformas a leyes.
A eso, se debe sumar la falta de pago de salarios a los diputados (quienes llevan casi seis meses sin cobrar), cortes de luz y un asalto por parte de grupos chavistas el día 23 de octubre cuando se discutía la ruptura del hilo constitucional en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral suspendiera el proceso del 20% para activar el revocatorio.
PRIMERO LOS DDHH
La crisis económica, de derechos humanos y servicios básicos también coparon la agenda legislativa tanto en las sesiones como en las comisiones. La OLP fue uno de los temas que más preocupó a los diputados, quienes hasta finales de noviembre acordaron otro proyecto de acuerdo en rechazo luego de que el 26 de noviembre se encontraran dos fosas comunes en Barlovento, estado Miranda.
Este acuerdo también fue aprobado por la bancada del GPP, a pesar de que argumentan que la Asamblea sigue en desacato. Este hecho también incluiría a los diputados del PSUV en la ilegalidad que reclama el TSJ al resto de sus colegas.
Las víctimas de esta masacre corrieron con mejor suerte al conseguir el apoyo de todos los diputados, a diferencia de las víctimas de las OLP La Ensenada, 23 de Enero, Barrio Unión o Ciudad Caribia.
Tampoco la masacre de un grupo de mineros en Tumeremo logró un consenso total. Este caso obtuvo tanta repercusión debido a las denuncias del diputado Américo de Grazia y parte del grupo parlamentario del estado Bolívar, que se logró conformar una comisión especial sobre el hecho, aunque todavía se espera el informe final sobre las investigaciones realizadas desde la Asamblea.
Para la crisis eléctrica se conformó una comisión mixta (una de las pocas con participación del PSUV) presidida por Jorge Millán, donde han citado a las empresas con las cuales el Estado hizo contrato para la construcción, instalación y funcionamiento de plantas, hidroeléctricas y hasta turbinas de energía eólica. Hasta el momento no han presentado el informe final.
Durante todo el año otros casos han llegado de la mano de organizaciones no gubernamentales, pero en su mayoría por ciudadanos que esperan respuestas de otros organismo públicos.
La falta de agua o la calidad de la misma ha sido tratada desde las Comisiones de Ambiente y Administración y Servicios. Estas dos comisiones lograron interpelar a los directivos que manejan las empresas hídricas en las distintas regiones del país durante una semana.
Entre las conclusiones de esos encuentros, se dictaminó que Hidroven y todas sus filiales no tomaron los correctivos necesarios para lograr el abastecimiento de líquido en las comunidades, situación que se vió agravada con una sequía producto del fenómeno climatológico "El Niño". Además, se evidenció que los únicos planes de abastecimiento y contingencia de Hidroven era por medio de tanques cisterna y perforación de pozos profundos.
La última gran denuncia realizada por la AN, fue la presunta corrupción en la empresa estatal Pdvsa. El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Guevara, detalló que existen 11 casos de presunto mal manejo de fondos que se habrían realizado bajo el conocimiento de Rafael Ramírez, entre ellos, la compra de taladros chinos con evidente sobreprecio o la comida descompuesta, conocido como el caso Pudreval.
Un hecho curioso ha sido la incorporación del Bloque de la Patria dentro del desacato de la AN en las últimas semanas.
Existe una sentencia del TSJ que impide la modificación del orden del día antes de 24 horas, hecho que fue ignorado por el diputado Ramón Lobo al proponer en la sesión del 6 de diciembre la incorporación de un punto sobre el Mercosur que fue incluido en el debate.
Ese mismo día, los diputados del PSUV votaron por unanimidad un acuerdo en ocasión de los 100 años del natalicio de Ramón J. Velásquez, lo cual se suma a su desacato al aprobar por unanimidad un acuerdo en rechazo a la masacre de Barlovento.
LO QUE NO SE HIZO
Muchas fueron las promesas de los nuevos diputados el 5 de enero de 2016, cuando tomaron juramento. Una de ellas fue la posibilidad de una enmienda constitucional que no se ha concretado debido a que la Comisión de Política Interior ha solicitado varios aplazamientos para redactar la propuesta antes de llevarla a segunda discusión.
La posibilidad de una Ley Orgánica de Referendos era otra de las tareas.
Este instrumento legal llegó a ser aprobado en segunda discusión el 20 de abril, pero no fue sancionado debido a los cambios que se realizaron durante el debate. Esta ley quedó relegada al cajón de los pendientes y no fue presentada nuevamente en la plenaria para ser sancionada.
Además, sobre este proyecto de ley se pronunció el TSJ y hasta el mismo CNE al establecer que era el poder Electoral quien tenía la capacidad de legislar en materias de su competencia por encima de la AN. Un pronunciamiento algo tardío del CNE pues esta ley tiene una mora legislativa de al menos cinco años.
También quedó pendiente la divulgación de la auditoría realizada a la gestión de Diosdado Cabello, como presidente anterior del órgano legislativo. El informe de dicha auditoría fue realizada en conjunto con varias instituciones, pero el actual presidente Henry Ramos Allup, nunca reveló el contenido de la misma pues "no era el momento".
El Plan Legislativo Anual, contemplado en el Reglamento Interior y de Debate, tampoco fue presentado o divulgado en la página web. En este plan, la AN explica cuáles son las leyes a abordar durante cada año.
Recuperar los equipos y la sede de ANTV fue otra tarea fallida. La junta directiva nunca obtuvo respuesta del diputado Darío Vivas y actualmente esos espacios son usados por el Bloque de la Patria como sede de reuniones, o simplemente el lugar para esperar que se forme el quórum requerido antes de ingresar al Palacio Federal Legislativo.
La transparencia informativa y acceso a documentos públicos requiere de correcciones. Las informaciones sobre leyes o proyectos de acuerdo no son publicadas con la celeridad necesaria (quienes más se han quejado sobre ello son los diputados oficialistas). Además, el trabajo de las comisiones no es del todo conocido por el público, pues solo 7 de las 15 comisiones permanentes han publicado en la web informes sobre su gestión durante el 2016.
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