Tal Cual
21-10-2016
En la boleta de notificación que circuló por Twitter del estado Bolívar solo hay tres acusados pero cuatro números de cédula, y uno de ellas corresponde al secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba
La ola de medidas cautelares donde se emite una prohibición de salida del país a 11 dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática por parte de dos tribunales penales en Carabobo y Bolívar, han dejado más dudas que aciertos sobre la forma legal de proceder para suspender el proceso de recolección del 20%.
En el caso del estado Bolívar, el Tribunal de Primera Instancia en función de Control de Ciudad Bolívar emitió una boleta de notificación donde se existen varios errores en la transcripción.
El primer error de la boleta se refiere al nombre de la persona a la cual está dirigida, pues se reza “Al Ciudadano, Barulio Merino”. Luego de notificar la medida de prohibición de salida del país y las razones de la decisión, se corrige el nombre del acusado.
Además, en los últimos párrafos donde se notifica la prohibición dice “La prohibición de salida del país a los ciudadanos querellantes, de conformidad con el artículo 242 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal”.
En lenguaje judicial, al referirse a “querellante” se identifica a la persona que es víctima directa del delito y por el cual interpuso el recurso judicial ante un Tribunal penal. En el caso de Velásquez, Yusef y Merino son los acusados (querellados), lo que no deja claro si la prohibición de salida del país es contra los ciudadanos que pertenecen a la dirigencia opositora o la persona que interpuso la denuncia.
Además, en la boleta de notificación que circuló por Twitter solo hay tres acusados pero cuatro números de cédula, y uno de ellas corresponde al secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba.
En la circular que envió el juez tercero de Primera Instancia en lo Penal en función de Control del estado Carabobo, Toredit Rojas, al Saime se explica que otros ocho dirigentes de la MUD tienen prohibición de ese tribunal para salir del país.
Nuevamente se menciona al secretario de la MUD, y se agrega un exabrupto en derecho penal, pues se emite una prohibición al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, quien por su investidura debería primero ser sometido a un antejuicio de mérito en una instancia judicial de su estado.
Gerardo Blyde, abogado constitucionalista y alcalde del municipio Baruta de Miranda, declaró a través de Unión Radio, que las presuntas sentencias emitidas por tribunales penales de la Sala Electoral del TSJ, de los cinco estados del país (Carabobo, Aragua, Bolívar, Apure y Monagas) que anulan el proceso de recolección de firmas del 1% realizado por la Mesa de la Unidad son confusas y contradictorias.
“¿Cuáles fueron las firmas invalidadas y demandadas para ese supuesto fraude? Ya estaban descontadas cuando el CNE nos hizo poner las huellas, esas firmas quedaron fuera. Una cosa es dictar medidas cautelares contra un supuesto fraude, pero no se puede suspender el proceso porque esas firmas estaban descontadas cuando el CNE realizó la validación”, explicó.
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