15-10-2016
MAYELA ARMAS
Nicolás Maduro asegura que autorizará directamente el gasto sin pasar por la Asamblea Nacional. Los diputados de la MUD aseguran que la alternativa es reconducir el de 2016
Desde que la oposición es mayoría en la Asamblea Nacional, el Gobierno se ha encargado de frenar el control de los diputados en el manejo de las finanzas públicas, y el presupuesto de 2017 será otro reflejo de esa lucha de poderes.
A mediados de septiembre, el presidente Nicolás Maduro autorizó una extensión del decreto de emergencia económica para aprobar directamente el gasto del próximo año y omitir la revisión del Parlamento, con lo cual viola los marcos legales.
La Constitución le da amplias atribuciones al Poder Legislativo en materia de gasto. En el artículo 313 indica que "el Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso".
En la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público --texto que establece las directrices del presupuesto-- se detalla que antes del 15 de octubre de cada año, las autoridades deben consignar la Ley ante la AN así como el tope máximo de endeudamiento de la República.
Pero el jefe de Estado, bajo el argumento de que los parlamentarios están en desacato, recurre al decreto de emergencia económica y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que soporten su decisión. Medida que será refrendada en el Congreso de la Patria.
El decreto de emergencia detalla que el mandatario puede tener "una normativa especial para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017. Si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto de 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos".
Fuentes del oficialismo consultadas apuntan que el TSJ será el encargado de autorizar el presupuesto del próximo año y comentan que todavía la Vicepresidencia de Economía no ha precisado cómo será la asignación.
LA ALTERNATIVA
Mientras el Gobierno va con todo para aprobar el gasto, en la Asamblea Nacional no se descarta la reconducción del presupuesto, lo cual tendría consecuencias, porque los egresos serían muy limitados frente a las necesidades de los entes oficiales.
El diputado José Guerra (PJ) asevera que "el presupuesto es una ley que tiene que ser autorizada por la AN" y la misma debe entregarse el 15 de octubre. Si no se presenta asegurase tendrá un presupuesto reconducido, de manera que el gasto de 2017 será igual al de 2016. Esa medida comentatendrá efectos, porque el presupuesto de este ejercicio fue elaborado bajo unas premisas irreales.
Una de las partidas más afectada será la de remuneraciones, porque los recursos contemplados en 2016 se quedaron cortos ante los requerimientos en materia de salarios, bonos y otros compromisos.
EL CERCO
Maduro no solo ha limitado la revisión del endeudamiento, también ha establecido otras restricciones y los diputados tampoco tienen capacidad para autorizar créditos adicionales.
El jefe de Estado, amparado en la emergencia económica, aprobó un decreto en el que ordenó que los recursos no utilizados en el 2015 pasaran al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), un esquema que se maneja con opacidad.
Esos recursos que no se llegaban a emplear en un año solían devolverse a la Tesorería Nacional, y luego se utilizaban para financiar los créditos adicionales del ejercicio siguiente. Por ejemplo, durante la primera mitad del 2015 gran parte de las operaciones que autorizó la AN fueron financiadas con el dinero que no se ejecutó en 2014.
Con esa transferencia del dinero no utilizado el pasado año al Fonden, el Gobierno no tiene que enviar las operaciones al Parlamento. Maduro los avala directamente.
"Lo que habrá es una arbitrariedad presupuestaria. El presupuesto debería ser una herramienta de planificación. Que la población lo conozca y exija respuestas", dice Guerra.
¿CÓMO DEBERÁ SER EL GASTO?
El Gobierno suele presentar un presupuesto en el que subestima las variables macroeconómicas así como los ingresos y egresos, por lo cual la asignación que se entrega cada año atiende parcialmente el ejercicio.
Gran parte de los sueldos, gastos de funcionamiento de los ministerios y de las empresas públicas y los proyectos se soportan por la vía de los créditos adicionales.
La asignación de este año arrancó en 1,5 billones de bolívares, y el volumen de operaciones extraordinarias aprobadas hasta septiembre es de 1,7 billones de bolívares. El grueso de esos recursos ha sido justamente para financiar los tres incrementos del salario mínimo y las pensiones, la revisión de la escala salarial de los empleados públicos y otras obligaciones laborales.
Frente a los desequilibrios de la economía, existe la duda de cómo se presentarán las premisas de inflación, crecimiento, precio del crudo y tipo de cambio. La economista Anabella Abadi apunta que lo primero a revisar son las variables.
Para este periodo el Ministerio de Finanzas contempló una inflación de 60%, lo cual dista de la realidad. En 2015 el índice nacional de precios terminó con una variación de 180,9% y diversas firmas estiman que la inflación anualizada está en más de 400%. La analista añade que para el próximo año "nadie espera una inflación menor de tres dígitos".
La tasa de crecimiento de la economía no se detalló en la asignación de este año, pero las estimaciones apuntan a una contracción de 10%, que seguirá en 2017. Recientemente, el FMI (Fondo Monetaria Internacional) proyectó la caída en 4,5%.
Aunque el Gobierno solía establecer un barril de referencia muy por debajo del precio real, este año se fijó en 40 dólares, pero la cotización promedia 33 dólares. Abadi apunta que "para el 2017 se tendrá que establecer en 30 dólares".
El tipo de cambio fue de 6,3 bolívares, por lo cual la economista indica que "no se prevé devaluación así que estará en 10 bolívares (el dólar protegido)".
El monto, los analistas no lo predicen, por la práctica del Gobierno de gastar por la vía extraordinaria.
El primer mandatario hasta los momentos ha indicado que una porción de los recursos será para las misiones y los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
Anabella Abadi añade que con los decretos que tiene el Gobierno "no se permitirá un control fiscal. Lo que habrá es una arbitrariedad presupuestaria. El presupuesto debería ser una herramienta de planificación. Que la población lo conozca y exija respuestas".
Desde que la oposición es mayoría en la Asamblea Nacional, el Gobierno se ha encargado de frenar el control de los diputados en el manejo de las finanzas públicas, y el presupuesto de 2017 será otro reflejo de esa lucha de poderes.A mediados de septiembre, el presidente Nicolás Maduro autorizó una extensión del decreto de emergencia económica para aprobar directamente el gasto del próximo año y omitir la revisión del Parlamento, con lo cual viola los marcos legales.
La Constitución le da amplias atribuciones al Poder Legislativo en materia de gasto. En el artículo 313 indica que "el Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso".
En la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público --texto que establece las directrices del presupuesto-- se detalla que antes del 15 de octubre de cada año, las autoridades deben consignar la Ley ante la AN así como el tope máximo de endeudamiento de la República.
Pero el jefe de Estado, bajo el argumento de que los parlamentarios están en desacato, recurre al decreto de emergencia económica y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que soporten su decisión. Medida que será refrendada en el Congreso de la Patria.
El decreto de emergencia detalla que el mandatario puede tener "una normativa especial para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017. Si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto de 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos".
Fuentes del oficialismo consultadas apuntan que el TSJ será el encargado de autorizar el presupuesto del próximo año y comentan que todavía la Vicepresidencia de Economía no ha precisado cómo será la asignación.
LA ALTERNATIVA
Mientras el Gobierno va con todo para aprobar el gasto, en la Asamblea Nacional no se descarta la reconducción del presupuesto, lo cual tendría consecuencias, porque los egresos serían muy limitados frente a las necesidades de los entes oficiales.
El diputado José Guerra (PJ) asevera que "el presupuesto es una ley que tiene que ser autorizada por la AN" y la misma debe entregarse el 15 de octubre. Si no se presenta asegurase tendrá un presupuesto reconducido, de manera que el gasto de 2017 será igual al de 2016. Esa medida comentatendrá efectos, porque el presupuesto de este ejercicio fue elaborado bajo unas premisas irreales.
Una de las partidas más afectada será la de remuneraciones, porque los recursos contemplados en 2016 se quedaron cortos ante los requerimientos en materia de salarios, bonos y otros compromisos.
EL CERCO
Maduro no solo ha limitado la revisión del endeudamiento, también ha establecido otras restricciones y los diputados tampoco tienen capacidad para autorizar créditos adicionales.
El jefe de Estado, amparado en la emergencia económica, aprobó un decreto en el que ordenó que los recursos no utilizados en el 2015 pasaran al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), un esquema que se maneja con opacidad.
Esos recursos que no se llegaban a emplear en un año solían devolverse a la Tesorería Nacional, y luego se utilizaban para financiar los créditos adicionales del ejercicio siguiente. Por ejemplo, durante la primera mitad del 2015 gran parte de las operaciones que autorizó la AN fueron financiadas con el dinero que no se ejecutó en 2014.
Con esa transferencia del dinero no utilizado el pasado año al Fonden, el Gobierno no tiene que enviar las operaciones al Parlamento. Maduro los avala directamente.
"Lo que habrá es una arbitrariedad presupuestaria. El presupuesto debería ser una herramienta de planificación. Que la población lo conozca y exija respuestas", dice Guerra.
¿CÓMO DEBERÁ SER EL GASTO?
El Gobierno suele presentar un presupuesto en el que subestima las variables macroeconómicas así como los ingresos y egresos, por lo cual la asignación que se entrega cada año atiende parcialmente el ejercicio.
Gran parte de los sueldos, gastos de funcionamiento de los ministerios y de las empresas públicas y los proyectos se soportan por la vía de los créditos adicionales.
La asignación de este año arrancó en 1,5 billones de bolívares, y el volumen de operaciones extraordinarias aprobadas hasta septiembre es de 1,7 billones de bolívares. El grueso de esos recursos ha sido justamente para financiar los tres incrementos del salario mínimo y las pensiones, la revisión de la escala salarial de los empleados públicos y otras obligaciones laborales.
Frente a los desequilibrios de la economía, existe la duda de cómo se presentarán las premisas de inflación, crecimiento, precio del crudo y tipo de cambio. La economista Anabella Abadi apunta que lo primero a revisar son las variables.
Para este periodo el Ministerio de Finanzas contempló una inflación de 60%, lo cual dista de la realidad. En 2015 el índice nacional de precios terminó con una variación de 180,9% y diversas firmas estiman que la inflación anualizada está en más de 400%. La analista añade que para el próximo año "nadie espera una inflación menor de tres dígitos".
La tasa de crecimiento de la economía no se detalló en la asignación de este año, pero las estimaciones apuntan a una contracción de 10%, que seguirá en 2017. Recientemente, el FMI (Fondo Monetaria Internacional) proyectó la caída en 4,5%.
Aunque el Gobierno solía establecer un barril de referencia muy por debajo del precio real, este año se fijó en 40 dólares, pero la cotización promedia 33 dólares. Abadi apunta que "para el 2017 se tendrá que establecer en 30 dólares".
El tipo de cambio fue de 6,3 bolívares, por lo cual la economista indica que "no se prevé devaluación así que estará en 10 bolívares (el dólar protegido)".
El monto, los analistas no lo predicen, por la práctica del Gobierno de gastar por la vía extraordinaria.
El primer mandatario hasta los momentos ha indicado que una porción de los recursos será para las misiones y los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
Anabella Abadi añade que con los decretos que tiene el Gobierno "no se permitirá un control fiscal. Lo que habrá es una arbitrariedad presupuestaria. El presupuesto debería ser una herramienta de planificación. Que la población lo conozca y exija respuestas".
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