08-10-2016
No hace falta ser Leopoldo López. La estrategia busca generar una espiral de miedo Irregularidades incluyen el silencio de la Fiscalía y la Defensoría o la autonomía del Sebin
Las últimas detenciones, por la realización de videos, el manejo de un dron o por cargar una alta suma de dinero encima, han demostrado que los tribunales penales y en especial el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) están siendo usados, sin discriminación, para infundir miedo y desmovilizar a la población en general.
Gonzalo Himiob, abogado y miembro de Foro Penal Venezolano, asegura que desde esta organización han identificado tres tipos de persecución política por parte del gobierno nacional. "La primera es dirigida hacia un individuo para neutralizarlo no como individuo sino como parte de un grupo que resulta incómodo al poder".
Así sucedió en 2014, con la detención de más de 200 estudiantes.
"El otro grupo incluye a las personas a las que el poder necesita neutralizar a través de la persecución política. Allí hablamos de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y muchos que tienen un peso específico", detalla.
Y en el tercer grupo, se ubican personas que deben ser neutralizadas a través de la persecución política, "que no se sustenta en nada jurídico, pero que necesitan ser neutralizadas para consolidar una narrativa oficial que haya sobre una determinada realidad nacional. Ves que detienen a los sindicatos de las licorerías, a los dueños de los automercados. No son individuos relevantes pero eso sirve para apuntalar la narrativa del Gobierno de la guerra económica".
En el caso de los jóvenes periodistas detenidos por la realización de unos vídeos encargados por el partido Primero Justicia y que fueron transmitidos en favor de referendo revocatorio 2016, Himiob identifica que la persecución se ha hecho para neutralizarlos como parte de un grupo político que está resultando incómodo al poder y además los están neutralizando porque lo que ellos están demostrando va contra el castillo de naipes de la narrativa oficial. "Y por ello hay que desarticularlos. Lo mismo pasó con Braulio Jatar. Esto manda un mensaje muy claro a los demás y fomenta la espiral del miedo".
De hecho, otro partido político planificaba las grabaciones de unos mensajes de propaganda y, a raíz de la detención de los integrantes de Primero Justicia, hasta los actores comenzaron a echar para atrás su participación. Nadie quiere exponerse frente a un Gobierno represor.
Esto, a juicio de Himiob, no se trata de algo nuevo pero sí mucho más descarado. "Los comisarios y los PM están presos porque el Gobierno necesitaba consolidar una narrativa de los hechos que pusiera en cabeza de la oposición la responsabilidad de los sucesos del 11 de abril. Sirven todavía al Gobierno para levantar dos banderas: la de que ellos sí hacen justicia y segundo que los asesinos sí estaban en la oposición. Es una farsa absoluta".
LOS NUEVOS "ESBIRROS"
Lo que tampoco es muy nuevo aunque sí mucho más escandaloso es el uso del Sebin como un arma de persecución al margen de la Constitución y la Ley.
"El Sebin tiene rato haciendo lo que se podría llamar `dibujo libre’, es decir, actuando de manera independiente al órgano que, por lo menos de acuerdo a la Constitución, debe conducir las investigaciones penales, que es la Fiscalía General de la República".
Esta conducta arbitraria del órgano de inteligencia y contrainteligencia, a juicio de Himiob, es evidente en los últimos casos en los que han citado para supuestos interrogatorios alcaldes, concejales y miembros de la sociedad civil. "Abren averiguaciones sin tener potestad para hacerlo, pues los cuerpos policiales están facultados para recibir informaciones y procesarlas hacia el Ministerio Público, para que este órgano sea el que estudie si hay méritos suficientes para abrir una investigación o no. Es verdad que el Sebin está adscrito a la Vicepresidencia de la República pero esto no convierte a la Vicepresidencia en un órgano de investigación", aclara el jurista.
Himiob confiesa que le llama mucho la atención que en las últimas situaciones presentadas en el ámbito político cuando las personas involucradas preguntan a la Fiscalía si hay alguna investigación en su contra esta no sabe absolutamente nada. Así ocurrió con el caso del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, citado supuestamente por una investigación por falsas acusaciones, y quien se negó a caer en la "trampa cazabobos del Sebin".
EL SEBIN TODOPODEROSO
Los abusos del Sebin, para la presidenta de Fundeci, Elenis Rodríguez, también se presentan cuando en las instalaciones de este cuerpo de seguridad se reciben órdenes de liberar a las personas allí detenidas y estas órdenes son ignoradas completamente. En otros casos la negativa ocurre incluso para traslados. "Mi defendido Juan Miguel de Sousa lleva dos años encerrado en La Tumba, como se le conoce al Sebin de Plaza Venezuela. Está preso por haber hecho un retuit al señor Franceschi y al almirante Carratú. Hemos solicitado que sea trasladado al Hospital Militar para ser atendido y el Sebin ha desacatado incluso la orden del tribunal. Se mantiene en desacato continuo", denuncia Rodríguez. No tiene duda en que en el país no existe un poder judicial que administra justicia como lo manda la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
"El Poder Judicial se convirtió en un paredón para poder ajusticiar a los que pensamos distintos.
El Gobierno se ha develado en mostrar que no es democrático, porque en un gobierno democrático existe la diversidad de opiniones", agrega la abogada. Señala que la Constitución es muy clara y dicta que para que una persona sea aprehendida es necesario tener orden del tribunal solicitada por el MP o porque fue detenido en flagrancia.
"Carlos Melo cumplió un mes de haber sido detenido sin ninguna orden de aprehensión o flagrancia.
Solo se le imputó el delito de detentación de objetos explosivos y resulta que le dieron una medida cautelar sustitutiva de presentación a tribunales cada ocho días. Pero esto no se ha materializado porque solicitaron dos fiadores que ganaran 800 unidades tributarias, y desde hace dos semanas que cumplimos con ese requisito, sin embargo, ahora la presidenta del Circuito Judicial del Distrito Capital ha cambiado el procedimiento para la verificación de los fiadores. Ha delegado en un tribunal superior al 21 de Control para que sea el encargado. Y a este se lo dijeron de boca pero no le han oficiado para que pueda firmar todas las resultas que el alguacilazgo ha hecho al respecto. Y no solo es Carlos Melo sino una lista de presos políticos en la misma situación", indica Rodriguez.
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