La crisis en el Rosario Vera Zurita, único hospital de Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil, es el guión de una película de terror. 22 personas murieron en julio por la escasez de insumos y mal estado de las instalaciones. Maigualida Hernández, coordinadora de Vente Venezuela en el municipio Gran Sabana de Bolívar, denuncia que el personal médico hasta ha tenido que inyectar a varios pacientes con una misma jeringa.
“El 31 de julio murió un bebé warao de dos meses, por deshidratación. Han muerto varios pacientes. El personal que labora en el hospital contó 22 en el mes de julio. No hay oxígeno, por lo que si hay un paro cardíaco, la cosa se pone muy peligrosa. Aquí no hay banco de sangre. Ni siquiera los cubanos en el CDI [Centro de Diagnóstico Integral] tienen comida, allá los cubanos hasta se están muriendo de hambre”, es parte de su relato.
Techos rotos. “Son cataratas de agua las que entran por los techos. Están las tuberías rotas”, narra Hernández. Detalla que la semana pasada, los pacientes llegaron a no tener qué comer durante la tarde. “Los diabéticos se las ven negras para cumplir su dieta, hay días que no cumplen con su tratamiento”, añade. Los médicos que van desde distintos puntos del país a hacer su servicio rural deben estar hacinados y “muchos de ellos tienen hasta cuatro meses sin cobrar”.
Las enfermeras de ese centro de salud bolivarense están en protesta. Con casi nada de insumos atienden como pueden a los pacientes que allí llegan. Otros gremios han anunciado que próximamente se unirán a la acción. Varios enfermeros están siendo amenazados de despido por rebelarse ante toda la situación en el hospital. El director del centro ya solicitó la nómina de pago para excluir de la próxima quincena al personal en protesta.
El alcalde Manuel Vallés y el gobernador Francisco Rangel Gómez están al tanto de lo que allí pasa. Tan enterados, que el mismo gobernador fue retenido hace un mes en el aeropuerto local por parte de los pemones teurepanes para que constatase el peligro que representa que un hospital que atiende a más de 35 mil personas esté sin rayos x, laboratorio, personal de cirugía, traumatólogos, hipertensivos, antipiréticos, tratamientos para el paludismo.
“Solo unas vendas” fue lo que el gobernador envió después al centro de salud. De todo esto da cuenta Maigualida Hernández, del partido azul. Añade que, ante todo este horror, la gente tiene que dirigirse a Paracaima, en Brasil, porque allí sí hay medicamentos.
Problema humanitario ampliado
En los últimos tres meses la capacidad del hospital se ha desbordado, puesto que Santa Elena de Uairén se ha convertido en un centro demográfico relevante, ya que allá van los venezolanos que “huyen” a Brasil en busca de comida y mejor calidad de vida. Pero el problema humanitario también se amplía, ya que ese centro hospitalario ha atendido siempre a personas de Paracaima, Brasil, porque allá no hay unidad de radiología.
Y de este lado consiguen desolación. Tampoco hay ambulancia. Para trasladarse a Brasil para atender heridas por accidentes de tránsito, cesáreas o cualquier cirugía, médicos y enfermeros han tenido que pasar la frontera por la “trocha”, ya que el paso normal cierra a las 8 pm. “Médicos y enfermeros, con pacientes y familiares, a bordo de carros particulares por zonas verdes; dispuestos a que la Policía Federal de Brasil los detenga o les dispare”, alerta Maigualida Hernández.
El Hospital Rosario Vera Zurita atiende a toda Santa Elena de Uairén y sus alrededores. Esto es: 35 mil habitantes, incluyendo a 183 comunidades indígenas, a muchas de las cuales se accede por vía aérea o marítima. La coordinadora de Vente Venezuela en la Gran Sabana recuerda cuando funcionaba la única ambulancia, que debía viajar varias veces al día a Brasil para llevar pacientes.
Hoy todo es peor, cuenta preocupada: “Hasta no hace mucho 50 hermanos indígenas tuvieron un accidente de tránsito, para lo cual se tuvo que usar los Toyota que están aquí para turismo. Se trasladó paciente por paciente, en varios viajes ida y vuelta, a Boa Vista”.
Maigualida Hernández integra una comisión que elevará estas denuncias a todas las instancias de derechos humanos, nacionales e internacionales. Debe –finaliza- haber justicia: “Son 22 muertos y somos miles los afectados. Esto tiene responsables y tiene que detenerse”.
PRENSA MUD
8/8/2016 1:01pm
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