29-08-2016
Yosselyn Torres
El chavismo reedita su conducta de persecución a quien quiere ejercer un derecho constitucional y los diputados de la MUD arman expediente con las amenazas de Cabello y Rodríguez
La reciente amenaza del gobierno de Nicolás Maduro se une al historial del chavismo en sus 17 años de poder. "De 13.000 funcionarios públicos grado 99 revisados, más de 4.000 han firmado contra el presidente Chávez y Maduro", lanzó el pasado 11 de agosto el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Con la venia del mandatario nacional, el diputado lleva meses sembrando el terror en la administración pública. Pretende que los funcionarios públicos no avalen el referendo revocatorio que promueve la MUD.
Esta semana el Consejo Nacional Electoral ratificó que la recolección del 20% de las firmas para convocar el revocatorio se realizará a finales de octubre. Mientras tanto, el gobierno arrecia en sus medidas de coacción.
El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció el lunes que por órdenes del presidente Nicolás Maduro se citó a cinco ministros para afirmar de "forma categórica" que no puede haber en cargos directivos, ministerios, instituciones públicas, gobernaciones y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución y del Presidente.
El 22 de agosto se dio el ultimátum. Rodríguez indicó que en 48 horas esos empleados 99 (de confianza y libre remoción) deben salir. Sin embargo, el sindicalista Rafael Zambrano afirmó que a raíz de la recolección del 1% de las firmas hay amenazas contra trabajadores petroleros. Fue secretario general de la Federación de Petroleros, Químicos y sus Similares y tiene contactos con empleados de Pdvsa. "Esta es la última amenaza: quienes se ausenten de sus puestos el 1 de septiembre (día de la `Toma de Caracas’), y no tengan justificativo, serán despedidos".
A Zambrano no le extraña esta actitud porque la famosa lista Tascón "dejó en la calle a más de 4 millones de empleados públicos". Entre esos, 22 mil petroleros en 2003. Y otros miles que no pudieron ingresar porque firmaron contra Hugo Chávez.
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, fue única una voz institucional ligada al chavismo que repudió la execración que prometió Jorge Rodríguez. Pero no dijo que adelantará acciones legales contra el Gobierno de llegar a consumarse. "Cualquier funcionario público debe evaluarse en función de la eficiencia sean o no cargos de libre remoción", dijo el martes.
Esas declaraciones del Defensor no son garantía de respeto a las leyes. El integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, diputado William Barrientos, manifestó que el ultimátum de Maduro es un apartheid. "Es de cobardes pretender imponerse atentando contra el estómago ajeno". El dirigente de Un Nuevo Tiempo advirtió que esta violación a los derechos humanos y la Constitución acarrean cárcel. "Estamos recopilando todas las pruebas para que haya justicia".
El parlamentario indicó que hay 8 mil denuncias por persecución política, que incluye gobernaciones y alcaldías. "Vamos a la Defensoría del Pueblo así se hagan de la vista gorda. También acudiremos a la Organización Internacional de Trabajo".
Apuntó que también hubo coacción a funcionarios firmantes para que retiraran su huella. "En Pdvsa La Campiña habilitaron autobuses para que la gente retirara su firma, y nadie respondió".
Barrientos recordó que los regímenes dictatoriales procuran disociar las sociedades. "Venezuela no es la excepción. Hay miedo. Pero también se ve el compromiso. Uno se va a esos barrios y escucha a la gente cansada, no quieren seguir pasando hambre. Yo estoy convencido que a esto le falta poco", afirmó.
HAY PRECEDENTES
Está el caso de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel. Ella fue despedida del Consejo Nacional de Fronteras en 2004 por firmar contra el expresidente Chávez. En marzo de este año, luego de 12 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña también fueron despedidas. En la Comisión Interamericana explicaron que este proceso político "tuvo lugar en un contexto de significativa polarización en el que el entonces Presidente de la República y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones contemporáneas o bien en el momento de las firmas, o bien en el momento de la presentación de las mismas al Consejo Nacional Electoral, cuyos contenidos reflejan claramente que se trató de formas de presión para no firmar, de amenazas de represalias e incluso de la acusación infundada de terroristas a quienes firmaron".
Ahí se habla de la denominada lista Tascón que "incluía a las personas que firmaron la convocatoria a referendo revocatorio. Dicha lista fue encargada por el propio Presidente de la República a un diputado con la finalidad de `que salgan los rostros’ de lo que se denominó como un supuesto `megafraude’". Asimismo se manifiesta Maduro sobre la recolección del 1% de las firmas, y la Fiscalía General crea un expediente contra quienes cometieron "delito electoral".
El expediente sobre el despido de San Miguel incluye la transcripción de una conversación de ella con el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Fronteras y la consultora jurídica de la Vicepresidencia, quienes indicaron explícitamente que la razón del despido fue la firma de la convocatoria a referendo revocatorio. De los 23 empleados del Consejo Nacional de Fronteras, las únicas cuatro personas despedidas fueron las que firmaron la solicitud de referendo revocatorio, y de estas cuatro personas la única que conservó su empleo fue quien objetó su firma en el referendo.
El expediente sobre este caso marca un precedente. Maduro y demás funcionarios que han avalado el apartheid político podrían pagar con cárcel esta nueva persecución política.
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