Denuncian que firmas el revocatorio en manos del PSUV amenazan la estabilidad laboral en el sector público
Jefes de organismos gubernamentales afianzarán la persecución mediante el cruce de la data de las nóminas con las firmas del CNE, dijeron sindicalistas
ANA DÍAZ / EL NACIONAL
13 DE MAYO 2016 - 12:01 AM
Dos empleados del Fondo Nacional de Transporte Urbano y del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, respectivamente, fueron despedidos por apoyar el referéndum revocatorio. “Lo paradójico es que los afectados son chavistas y opinaron que la recolección de las firmas liderada por la oposición es legal y constitucional”, señaló Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
Indicó que “a estas alturas del juego la línea dictada por el PSUV a los directores sectoriales y de línea de los organismos es la lealtad absoluta y sin chistar al gobierno de Nicolás Maduro”.
Carbone refirió que a diario recibe denuncias de empleados, que piden la reserva de sus nombres, sobre el acoso laboral en los centros de trabajo. Advirtió que la entrega de las firmas digitalizadas, por parte del Consejo Nacional Electoral, al Partido Socialista Unido de Venezuela lleva la pretensión de cruzar los datos con las nóminas de los organismos y así amenazar al personal como ocurrió con la lista Tascón.
“En la Escuela Nacional de Hacienda Pública nos aseguraron que quien haya firmado para el revocatorio será expulsado”, contó una estudiante de esa institución que declinó dar su nombre. Igual situación viven los profesionales del magisterio. “Aténganse a las consecuencias si firmaron, nos avisó el director del liceo donde doy clases de Matemáticas”, expresó una docente.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, afirmó: “Con sus declaraciones de que los funcionarios que firmaron para el revocatorio contra Maduro deben renunciar, el diputado Ricardo Molina trajo a la memoria la triste experiencia de la lista Tascón”.
Recordó que en 2003 y 2004 Fedeunep tramitó las denuncias de persecución laboral en el sector público ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo. Presentó 700 casos de despidos, motivados en que los funcionarios habían firmado para el revocatorio contra el presidente Hugo Chávez.
Suárez señaló que la OIT instó al gobierno de Venezuela a reenganchar a los despedidos y a detener la persecución política contra los trabajadores. En el Poder Judicial algunos de los afectados fueron reengachados en sus puestos como los del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios.
Carbone indicó que Chávez ordenó enterrar la lista Tascón en abril de 2005, pero los organismos la siguen usando con otra lista, la Maisanta, para buscar antecedentes políticos de trabajadores y aspirantes a cargos en el sector público.
“Pdvsa me entrevistó y me dio fecha de inicio para empezar a trabajar en marzo de 2007. Dos días antes me llamaron para notificarme que no me aceptaban porque firmé para el revocatorio de Chávez”, dijo una ingeniera químico que pidió el anonimato.
Dos empleados del Fondo Nacional de Transporte Urbano y del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, respectivamente, fueron despedidos por apoyar el referéndum revocatorio. “Lo paradójico es que los afectados son chavistas y opinaron que la recolección de las firmas liderada por la oposición es legal y constitucional”, señaló Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
Indicó que “a estas alturas del juego la línea dictada por el PSUV a los directores sectoriales y de línea de los organismos es la lealtad absoluta y sin chistar al gobierno de Nicolás Maduro”.
Carbone refirió que a diario recibe denuncias de empleados, que piden la reserva de sus nombres, sobre el acoso laboral en los centros de trabajo. Advirtió que la entrega de las firmas digitalizadas, por parte del Consejo Nacional Electoral, al Partido Socialista Unido de Venezuela lleva la pretensión de cruzar los datos con las nóminas de los organismos y así amenazar al personal como ocurrió con la lista Tascón.
“En la Escuela Nacional de Hacienda Pública nos aseguraron que quien haya firmado para el revocatorio será expulsado”, contó una estudiante de esa institución que declinó dar su nombre. Igual situación viven los profesionales del magisterio. “Aténganse a las consecuencias si firmaron, nos avisó el director del liceo donde doy clases de Matemáticas”, expresó una docente.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, afirmó: “Con sus declaraciones de que los funcionarios que firmaron para el revocatorio contra Maduro deben renunciar, el diputado Ricardo Molina trajo a la memoria la triste experiencia de la lista Tascón”.
Recordó que en 2003 y 2004 Fedeunep tramitó las denuncias de persecución laboral en el sector público ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo. Presentó 700 casos de despidos, motivados en que los funcionarios habían firmado para el revocatorio contra el presidente Hugo Chávez.
Suárez señaló que la OIT instó al gobierno de Venezuela a reenganchar a los despedidos y a detener la persecución política contra los trabajadores. En el Poder Judicial algunos de los afectados fueron reengachados en sus puestos como los del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios.
Carbone indicó que Chávez ordenó enterrar la lista Tascón en abril de 2005, pero los organismos la siguen usando con otra lista, la Maisanta, para buscar antecedentes políticos de trabajadores y aspirantes a cargos en el sector público.
“Pdvsa me entrevistó y me dio fecha de inicio para empezar a trabajar en marzo de 2007. Dos días antes me llamaron para notificarme que no me aceptaban porque firmé para el revocatorio de Chávez”, dijo una ingeniera químico que pidió el anonimato.
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