04-03-2016
ALBA PERDOMO
Los waraos han llegado a transportar hasta un récord de 700 kilogramos de cocaína en sus embarcaciones, según se observa en un expediente judicial consultado para este reportaje
La escena se repite con frecuencia en los caños del Delta del Orinoco: un joven de la etnia warao, al mando de una canoa, suda no solo por el esfuerzo físico que supone la faena, sino por los nervios propios de quien se sabe en riesgo. A simple vista la embarcación está repleta de ocumo chino, un tubérculo emblemático en la cultura culinaria de la región. Pero debajo de la capa de verdura reposa una carga de cocaína. Lo sabe la Guardia Nacional de Venezuela porque los han visto ir y venir remontando la corriente con esa carga aparente de vegetales; son tantas las veces que la siembra debería abarcar media selva para poder justificar los viajes de la canoa.
Rafael Antonio Marín Yánez, 42 años, hombre pequeño y de tez cobriza, conocido como excelente motorista, es uno de los protagonistas de la secuencia. El 24 de febrero 2015 estaba con su primo Luis Enrique Yánez Cabello, de 34 años, en una orilla del Caño Manamo uno de los incontables brazos por los que el gran río desemboca en el Atlántico- , en el sector llamado Sagarai, junto a una curiara de metal que escondía marihuana.
Ambos fueron detenidos, según consta en el expediente YP01-P-2015-000635 del Tribunal Itinerante de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, al mostrarse nerviosos cuando la patrulla militar los interceptó. Ocultaban 92 kilos de esa droga, empacados en panelas.
Los primos fueron llevados a juicio y necesitaron un traductor del español a su lengua materna para seguir las incidencias del proceso.
El 23 de julio de 2015 los condenaron a diez años de prisión por tráfico agravado de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de transporte.
Esta decisión fue apelada el 21 de septiembre de 2015, en el expediente YP01-R-2015-000156 de la Corte de Apelaciones con Competencia Múltiple del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro. Esta instancia decidió anular el fallo de julio y ordenó un nuevo juicio.
Los dos hombres están recluidos en el retén de Guasina, ubicado en Tucupita y cuyo nombre recuerda el tenebroso penal civil instalado en una isla de la región, escenario de torturas a presos políticos de los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La cárcel es un destino más que eventual en una región cuyos dramas no están en la lista de prioridades del país, y no tiene forma de ofrecer a los lugareños un trabajo digno. Los waraos están siendo utilizados como carnada para disimular el paso de mayores lotes de drogas a través del corredor fluvial que desemboca en la fachada oriental del Océano Atlántico.
El retén de Guasina, convertido en improvisado penal, no es muy distinto a los otros penales del país. Concebido para estadías cortas, Guasina, sin embargo, tiene su líder o Pran, como se le conoce en la jerga delincuencial y los indígenas están confinados en uno de los seis módulos de la instalación.
De acuerdo con la jueza rectora de Delta Amacuro, Norisol Moreno, las instalaciones de Guasina no son las adecuadas para los indígenas. Ellos mantienen una dieta a base de pescado, vegetales y una especie de arepa elaborada con harina de trigo llamada domplina.
A la cárcel no llegan esos alimentos y no toleran la comida que les brindan.
Los dormitorios tampoco son aptos. La Ley de Pueblos y Comunidades indígenas establece que deben ser recluidos lejos de la población común y en este caso están bajo la influencia directa de los "criollos". La distancia geográfica de los familiares, la pobreza imperante, y su indefensión ante los poderes fácticos dentro del retén policial de Guasina, hacen del indígena un preso particularmente sufrido.
"Faltan cursos que les expliquen a mis hermanos cuáles son los delitos, para que ellos no cometan errores", considera el intérprete jurídico Carlitos Díaz, cuyos pequeños y redondos ojos oscuros revelan su origen warao.
Está muy consciente de la responsabilidad que tiene porque en los tribunales y la fiscalía habla por los acusados y les traduce los alegatos. Díaz, un hombre muy parco a pesar de su profesión, pareciera no querer hablar de más, pero indica que muchos cometen delitos por ignorancia y son vulnerados al usarles como mulas. Considera que la investigación debe dirigirse al origen del contrabando y no a penalizar al mensajero.
Alexis Valenzuela, líder de origen arawaco y diputado al Parlamento Latinoamericano, opina que a los waraos les falta orientación legal para comprender los beneficios judiciales. Resalta que muchas veces la pena es inferior al tiempo que han pasado encerrados como procesados. "El warao no sabe mentir.
Está condicionado por su cultura a decir la verdad.
El guardia le pregunta: `¿llevas algo allí?’ Y él responde la verdad".
De pescador a traficante La tentación de un próspero estilo de vida, que incluya mejores embarcaciones, alimentación, bebida y tecnología, empuja a los waraos hacia los peligrosos bordes del crimen organizado, mientras los aleja de sus actividades tradicionales y menos rentables: el corte de palma para extraer el palmito, la pesca de cangrejos de río, la artesanía tejida con la fibra de moriche y el procesamiento del coco y sus derivados.
En 2015 apresaron a unos 50 indígenas por delitos relacionados con narcotráfico en Delta Amacuro, según cifras ofrecidas por fuentes judiciales de la región. Cálculos del Circuito Penal de la entidad indican que 23 de ellos están siendo procesados solo por contrabando.
Los waraos han llegado a transportar hasta un récord de 700 kilogramos de cocaína en sus embarcaciones, según se observa en un expediente judicial consultado para este reportaje. Pero también han sido capturados con cargamentos de marihuana y crack.
Dentro de la escala social warao, el primer signo de prosperidad es comprar una lancha con motor, y así dejar la curiara de madera y el canalete fuera de servicio. El segundo objeto de deseo es una planta eléctrica que permita afrontar las oscuras noches ribereñas sin usar mechurrios de gasoil. Muchos tienen un sueño: conseguir los cinco millones de bolívares que cuesta en el mercado local un motor fuera de borda usado de 75 caballos de fuerza.
Los pescadores Gabriel González Arzolay, de 19 años de edad, y José Meza de 34, vecinos en el sector La Lagunita de Mariusa, salieron en un peñero la madrugada del 8 de septiembre de 2012. Ese día a las ocho de la mañana fueron interceptados por una lancha de la Guardia Nacional. A los 1.120 litros de gasolina que encontraron disimulados en la embarcación la Guardia Nacional se sumaron 35 gramos de marihuana escondidos dentro de la chaqueta que llevaba puesta González.
Ambos fueron acusados de tráfico de drogas en la modalidad de ocultamiento y contrabando agravado de combustible.
Lea más en armando.info
La escena se repite con frecuencia en los caños del Delta del Orinoco: un joven de la etnia warao, al mando de una canoa, suda no solo por el esfuerzo físico que supone la faena, sino por los nervios propios de quien se sabe en riesgo. A simple vista la embarcación está repleta de ocumo chino, un tubérculo emblemático en la cultura culinaria de la región. Pero debajo de la capa de verdura reposa una carga de cocaína. Lo sabe la Guardia Nacional de Venezuela porque los han visto ir y venir remontando la corriente con esa carga aparente de vegetales; son tantas las veces que la siembra debería abarcar media selva para poder justificar los viajes de la canoa.
Rafael Antonio Marín Yánez, 42 años, hombre pequeño y de tez cobriza, conocido como excelente motorista, es uno de los protagonistas de la secuencia. El 24 de febrero 2015 estaba con su primo Luis Enrique Yánez Cabello, de 34 años, en una orilla del Caño Manamo uno de los incontables brazos por los que el gran río desemboca en el Atlántico- , en el sector llamado Sagarai, junto a una curiara de metal que escondía marihuana.
Ambos fueron detenidos, según consta en el expediente YP01-P-2015-000635 del Tribunal Itinerante de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, al mostrarse nerviosos cuando la patrulla militar los interceptó. Ocultaban 92 kilos de esa droga, empacados en panelas.
Los primos fueron llevados a juicio y necesitaron un traductor del español a su lengua materna para seguir las incidencias del proceso.
El 23 de julio de 2015 los condenaron a diez años de prisión por tráfico agravado de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de transporte.
Esta decisión fue apelada el 21 de septiembre de 2015, en el expediente YP01-R-2015-000156 de la Corte de Apelaciones con Competencia Múltiple del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro. Esta instancia decidió anular el fallo de julio y ordenó un nuevo juicio.
Los dos hombres están recluidos en el retén de Guasina, ubicado en Tucupita y cuyo nombre recuerda el tenebroso penal civil instalado en una isla de la región, escenario de torturas a presos políticos de los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La cárcel es un destino más que eventual en una región cuyos dramas no están en la lista de prioridades del país, y no tiene forma de ofrecer a los lugareños un trabajo digno. Los waraos están siendo utilizados como carnada para disimular el paso de mayores lotes de drogas a través del corredor fluvial que desemboca en la fachada oriental del Océano Atlántico.
El retén de Guasina, convertido en improvisado penal, no es muy distinto a los otros penales del país. Concebido para estadías cortas, Guasina, sin embargo, tiene su líder o Pran, como se le conoce en la jerga delincuencial y los indígenas están confinados en uno de los seis módulos de la instalación.
De acuerdo con la jueza rectora de Delta Amacuro, Norisol Moreno, las instalaciones de Guasina no son las adecuadas para los indígenas. Ellos mantienen una dieta a base de pescado, vegetales y una especie de arepa elaborada con harina de trigo llamada domplina.
A la cárcel no llegan esos alimentos y no toleran la comida que les brindan.
Los dormitorios tampoco son aptos. La Ley de Pueblos y Comunidades indígenas establece que deben ser recluidos lejos de la población común y en este caso están bajo la influencia directa de los "criollos". La distancia geográfica de los familiares, la pobreza imperante, y su indefensión ante los poderes fácticos dentro del retén policial de Guasina, hacen del indígena un preso particularmente sufrido.
"Faltan cursos que les expliquen a mis hermanos cuáles son los delitos, para que ellos no cometan errores", considera el intérprete jurídico Carlitos Díaz, cuyos pequeños y redondos ojos oscuros revelan su origen warao.
Está muy consciente de la responsabilidad que tiene porque en los tribunales y la fiscalía habla por los acusados y les traduce los alegatos. Díaz, un hombre muy parco a pesar de su profesión, pareciera no querer hablar de más, pero indica que muchos cometen delitos por ignorancia y son vulnerados al usarles como mulas. Considera que la investigación debe dirigirse al origen del contrabando y no a penalizar al mensajero.
Alexis Valenzuela, líder de origen arawaco y diputado al Parlamento Latinoamericano, opina que a los waraos les falta orientación legal para comprender los beneficios judiciales. Resalta que muchas veces la pena es inferior al tiempo que han pasado encerrados como procesados. "El warao no sabe mentir.
Está condicionado por su cultura a decir la verdad.
El guardia le pregunta: `¿llevas algo allí?’ Y él responde la verdad".
De pescador a traficante La tentación de un próspero estilo de vida, que incluya mejores embarcaciones, alimentación, bebida y tecnología, empuja a los waraos hacia los peligrosos bordes del crimen organizado, mientras los aleja de sus actividades tradicionales y menos rentables: el corte de palma para extraer el palmito, la pesca de cangrejos de río, la artesanía tejida con la fibra de moriche y el procesamiento del coco y sus derivados.
En 2015 apresaron a unos 50 indígenas por delitos relacionados con narcotráfico en Delta Amacuro, según cifras ofrecidas por fuentes judiciales de la región. Cálculos del Circuito Penal de la entidad indican que 23 de ellos están siendo procesados solo por contrabando.
Los waraos han llegado a transportar hasta un récord de 700 kilogramos de cocaína en sus embarcaciones, según se observa en un expediente judicial consultado para este reportaje. Pero también han sido capturados con cargamentos de marihuana y crack.
Dentro de la escala social warao, el primer signo de prosperidad es comprar una lancha con motor, y así dejar la curiara de madera y el canalete fuera de servicio. El segundo objeto de deseo es una planta eléctrica que permita afrontar las oscuras noches ribereñas sin usar mechurrios de gasoil. Muchos tienen un sueño: conseguir los cinco millones de bolívares que cuesta en el mercado local un motor fuera de borda usado de 75 caballos de fuerza.
Los pescadores Gabriel González Arzolay, de 19 años de edad, y José Meza de 34, vecinos en el sector La Lagunita de Mariusa, salieron en un peñero la madrugada del 8 de septiembre de 2012. Ese día a las ocho de la mañana fueron interceptados por una lancha de la Guardia Nacional. A los 1.120 litros de gasolina que encontraron disimulados en la embarcación la Guardia Nacional se sumaron 35 gramos de marihuana escondidos dentro de la chaqueta que llevaba puesta González.
Ambos fueron acusados de tráfico de drogas en la modalidad de ocultamiento y contrabando agravado de combustible.
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