17-03-2016
DAMIÁN PRAT C.
El sorpresivo anuncio del convenio entre Maduro y Gold Reserve a la que el gobierno había echado algunos años atrás, repite la historia de "amor y desencuentros" con otras trasnacionales de Canadá, China y Rusia
Eso lo dijo el martes 1° de marzo de 2016 en las afueras del Palacio Federal Legislativo cuando arengaba a los grupos oficialistas reunidos en el lugar a que "protestaban" contra la mayoría popular de la nueva Asamblea Nacional.
Por increíble que parezca, el diputado Torrealba "olvidó" mencionar -cual si jamás se hubiera enterado- que seis días antes, en cadena nacional y mucha parafernalia, Maduro y el ministro Eulogio Del Pino anunciaron el regreso al país y un acuerdo con la transnacional canadiense Gold Reserve para entregarle mediante empresa mixta la mina de oro Las Brisas, una de las más grandes del país, además de pagarle -sin explicar cómo- la reparación de 750 millones de dólares ordenada en juicio que perdió Venezuela ante el Ciadi, por la confiscación en 2009 de la misma mina.
Incoherencias del diputado "socialista" y su gobierno aparte, el regreso de la transnacional minera y la "re-privatización" de la Mina Las Brisas, sin embargo, tuvo varios hechos de complemento también bastante polémicos. El acuerdo anunciado por Maduro y Del Pino no se queda solo en Las Brisas, cuya concesión tenía Gold Reserve hasta 2009, sino que ahora incluye a la más grande mina de oro de Venezuela y una de las más grandes del mundo, Las Cristinas, de la que se asegura tiene 30 millones de onzas en reservas probadas del mineral.
Gold Reserve manejaría, entonces, las dos minas más gigantescas del país. Dijo Maduro, además, que la transnacional le "prestaría" 2 mil millones de dólares al Gobierno como parte del acuerdo general por 5 mil millones.
No fue más específico pero las preguntas quedaron flotando en el ambiente. Por ejemplo: ¿ese préstamo de 2 mil millones de dólares es la parte que el Estado venezolano tendría que poner como inversión en el convenio de la nueva empresa mixta, o es un nuevo endeudamiento que usará el Gobierno para pagar deuda externa? ¿Qué dice el contrato acerca de cómo deberá pagarse ese "préstamo", acaso con la producción de oro que Gold Reserve se llevaría enteramente hasta completar el pago de su préstamo? ¿Pan (para el Gobierno) para hoy, hambre (para el país) para mañana? ¿El TSJ dictaminará más adelante, reescribiendo las normas constitucionales, que la AN no podrá exigir conocer el contrato y su "letra chiquita" y además aprobarlo o improbarlo?
SOLO MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
Días después, Gold Reserve emitió un comunicado en el que en lenguaje cuidadosamente diplomático enfatiza es que se trata de un memorándum de entendimiento, aún no un contrato, que quizás en 60 días se concrete, que incluye el pago que Venezuela le hará por el reclamo más los intereses así como por la venta de los "datos técnicos" de la mina en poder de ellos; que los dos mil millones de dólares serían "gastos de capital", que "solo después de tales pagos cesará el reclamo de arbitraje y juicio internacional" y... ¡ojo!, que el memorándum con el Gobierno, incluye "crear una zona económica especial que proporcionaría el establecimiento de un marco aduanero especial para la empresa mixta y otros beneficios impositivos y económicos".
No queda claro si el oro saldrá directo a los depósitos de Gold Reserve en el exterior, sin aduana, ni vendido al BCV o con cuáles impuestos.
Además, tras la alocución de Maduro, el valor de las acciones de Gold Reserve se duplicó. En apenas cinco días las bolsas de valores del mundo registraron un meteórico ascenso de 2,2 dólares a 4.8 dólares por acción. Enormes ganancias tan solo por haberse anunciado que la transnacional minera va a tener en su cartera de activos nada menos que las minas Las Brisas y Las Cristinas. Sin haber sacado ni un gramo de oro todavía, y sin que la República percibiera ganancia alguna.
Historia repetida
Venezuela, por culpa del gobierno, enfrenta todavía otra gruesa demanda en tribunales internacionales.
Es el caso de también trasnacional canadiense Crsytallex, que fue la concesionaria de Las Cristinas entre 2002 y 2011 que ya se apresuró a declarar que se deslinda del convenio de Maduro con Gold Reserva y que sigue a la espera del juicio por su demanda contra el gobierno de Venezuela que podría ascender a más de 3 mil millones de dólares por el contrato rescindido de Las Cristinas.
Ese caso es emblemático de las "vueltas y retrocesos" del "gobierno revolucionario", de su manejo politiquero del asunto y también de su incapacidad para lograr un manejo adecuado de la riqueza minera del oro en beneficio del país.
En 2002, el gobierno de Chávez entregó la concesión de Las Cristinas (y sus 30 millones de onzas de oro en reservas probadas) a Crystallex por intermedio del Ministerio de Energía y Minas (como se llamaba entonces) y la CVG, que presidía el hoy gobernador Rangel Gómez, tras aprobación del Consejo de Ministros y del propio Presidente en Miraflores.
El convenio, por cierto, establecía que la mina debía entrar en operación en un máximo de dos años o el contrato sería rescindido y Crystallex aportaría 80 millones de dólares al Gobierno y CVG para "obras sociales" en esa zona del sur del estado. Pero jamás entró en operaciones porque el mismo Gobierno a través del Ministerio de Ambiente nunca autorizó los permisos requeridos.
Y así estuvo por ocho años, mientras Crystallex -igual que hoy sucede con Gold Reserve- ganó muchísimo dinero pese a no sacar ni un gramo de oro en la compra venta de sus acciones que subieron como la espuma y se mantuvieron a un valor extraordinario, porque la transnacional tenía en su cartera de activos a Las Cristinas.
Venezuela, en esos ocho años de altísimos precios mundiales del oro, nunca pudo sacar provecho del metal.
Así en 2010, estando en Bielorrusia, Chávez anunció "el rescate de Las Cristinas", que -dijo- "la habían entregado a unas transnacionales". La "habían", dijo, seguramente para hacer creer que era algo de otro gobierno y no del suyo, y ordenó el cese de la concesión.
No obstante, ya para esa fecha, Chávez y su gobierno habían entregado otras concesiones (minas La Camorra e Isidora) a dos transnacionales de Rusia: Rusoro y el grupo Agapov (la mixta Venrus).
Ambas se fueron de Venezuela en 2012 tras el decreto 6063 de Chávez para "nacionalizar" (¿?) el oro porque la forma del negocio cambió y decían que no les servía.
De China estuvo la transnacional Shandong Gold que tuvo por corto tiempo la mina Sosa Méndez. Los chinos decidieron irse unilateralmente en 2009 y, aunque de muy bajo perfil, dejaron saber que no soportaban ni el desorden del gobierno ni los reclamos laborales que en su país -con esa mezcla de comunismo y capitalismo salvaje- no existen.
Fue cuando se hizo el show de "repatriar" el oro desde los bancos de Londres y Suiza. El mismo oro que hoy Maduro, Merentes y el "chino" Khan entregaron en Suiza (solo en enero 36 toneladas) en forma de swap (o empeño) por algunos cientos de millones de dólares que fueron usados para pagar deuda externa.
DE NUEVO CHINA
En septiembre de 2012, Chávez vuelve a dar un giro completo y firma un contrato con la trasnacional de China Citic, un poderoso consorcio con empresas de petróleo, construcción y minería.
Le entrega la concesión de Las Cristinas y un contrato realmente insólito contra la soberanía nacional: Citic se encargaría de levantar el mapa minero nacional, es decir, recorrer todo el territorio para evaluar las potencialidades mineras. ¿Cómo es eso de poner en manos de una empresa transnacional de otro país y vinculada a un gobierno extranjero, la evaluación de nuestras riquezas mineras? Lo que debió ser un enorme escándalo se quedó en docenas de denuncias como las que este redactor hizo o los reclamos de los diputados Andrés Velásquez y Américo De Grazia que no lograron romper el cerco de complicidades y censura impuesto por la mayoría roja de aquella Asamblea Nacional donde nada se debatía ni se permitían las investigaciones.
Esa labor la había hecho por muchos años la estatal CVG Tecmin con profesionales venezolanos de alta calificación, pero la "revolución patriota" eliminó esa institución.
Al final, sin que se sepa por qué, Citic después de haber firmado y festejado esos "negociones", jamás asumió ni Las Crsitinas y ni el Mapa Minero. A algo le huyeron.
DESASTRE AMBIENTAL Y RUINA PRODUCTIVA
En Guayana siempre hubo minería artesanal y sobre todo minería ilegal, aunque aceptablemente controlada y reducida. Ahora es una verdadera epidemia de daños sociales, bandas delictivas que mandan y controlan anchas zonas del territorio, mil relatos de sobornos a funcionarios y en especial terribles daños al medio ambiente que son peores porque se trata de territorios que son parte de la cuenca de los ríos Paragua, Cuyuní y Caroní, decisivos para el sistema hidroeléctrico del que depende en 70% la energía que mueve a toda Venezuela.
Pero además, nada o casi nada de la minería ilegal va a parar a beneficios de la nación. Algunos estudios calculan en 10 toneladas de oro lo que se fuga del país sin pasar por el BCV. Pero la estatal del oro, Minerven, está peor que nunca.
La capacidad de producción de Minerven es de al menos ocho toneladas de oro al año. Ocho mil kilos.
Quizás algo más al incorporarse las minas que abandonaron los rusos.
En 2010 su producción fue de apenas 1.800 kilos. La de 2011, 1.340 kg. Pero en 2014 apenas se produjeron 867 kilos, un miserable 11%. Y en 2015 no llegó a 510 kilos, apenas el 6% de la capacidad instalada.
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