Tal Cual
14-07-2015
JUAN PABLO AROCHA / @JPArocha
Víctima de los supuestos “patriotas cooperantes” del jefe del Legislativo, el director de la ONG Acción Solidaria entienden que trabajan en un Estado que se aleja del diálogo democrático
El activista en DDHH, Feliciano Reyna, fue víctima de los “mazazos” de Diosdado Cabello. Amparándose en uno de sus supuestos “patriotas cooperantes”, el presidente de la Asamblea Nacional se valió –el pasado 1 de julio– de su espacio en Venezolana de Televisión para poner en duda el trabajo de Reyna como director de la organización Acción Solidaria. Hizo público sus registros migratorios durante todo el año 2015, y deslizó la presunta vinculación con una ONG registrada en Miami, Estados Unidos, como argumento para sumarlo a un plan internacional en desprestigio de Venezuela.
Reyna no fue el único al que Cabello sometió a los cuestionamientos públicos sin derecho a la defensa. También otros colegas suyos, todos defensores de los DDHH. El encono del jefe del Legislativo se produjo justo después que los integrantes de varias ONG acudieran, en representación de la sociedad civil, al comité de evaluación de los derechos políticos y civiles de la ONU, celebrado en Ginebra. No le gustó que pusieran en duda la labor del gobierno revolucionario en esta materia.
No es, sin embargo, la primera vez que Cabello se vale de su posición política y de su espacio en VTV para presionar a los activistas de DDHH. Uno de esos patriotas cooperantes, de los que se vale el presidente de la AN para hacer cualquier denuncia, debe trabajar en el Aeropuerto de Maiquetía o en el Saime: en marzo también ventiló el itinerario de viaje de varios delegados de ONG. Todos ellos “conspiran”, dice con seguridad el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
-¿Qué está buscando Cabello con estas acusaciones?
-El intento de él es amedrentar, de impedir que hagamos nuestro trabajo, de provocar una cierta inhibición… y por otro lado, de deslegitimarnos. Cuando él inventa cosas, cuando habla de un manejo cuestionable de nuestra gestión, de nuestro recurso, eso busca deslegitimarnos.
-¿Qué sientes como activista al ser sometido a la acusación pública, en boca de quien tiene tanto poder político?
-Yo estoy en unas áreas de trabajo que deberían requerir mi tiempo completo, y esto lo que hace es distraer energía, tiempo. Eso es muy frustrante. Tener que preparar informes, mandarlo al Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la Relatoría para Defensores y Defensoras, comenzar a explicar lo que está ocurriendo, lo que hace el presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros solicitamos un llamado de atención. Yo debería estar dedicando mi tiempo a cosas mucho más constructivas, sin embargo, por supuesto hay que dedicarle. Lo que él dice tiene impacto sobre las personas con las que trabajamos, pueden hacerlas sentir que pueden tener algunos riesgos. En Venezuela y en otros países que tienen esta naturaleza autoritaria, que se han desviado del diálogo democrático, constructivo, esta es más o menos la respuesta esperada. Ahora nos está tocando a nosotros, como les ha tocado a nuestros colegas rusos, de Zimbabue, de Etiopía, que también están presentando situaciones muy complejas. Lo que hay que hacer es seguir articulados, coordinados, para minimizar los riesgos que eso tiene.
-Las denuncias contra ustedes parten de informaciones de los denominados patriotas cooperantes, estos supuestos “dateros” que parecen servir para todo.
Sale mucha información falsa. Esto del amedrentamiento no es nuevo, nos está pasando desde hace un buen tiempo. Yo formo parte de algunas directivas internacionales de la sociedad civil, y me toca viajar por compromisos, y –al menos desde marzo, cuando regresamos de la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– cada vez que entro al aeropuerto tengo una gente que me sigue en las áreas restringidas, hacen que nos abran todas las maletas, nos fotografían mientras los hacen. Personas sin identificación. Es una manera de intentar amedrentar, pero es parte de lo que nos ha tocado, estamos trabajando con un Estado que no es de esa naturaleza democrática, dispuesto al diálogo constructivo.
-La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, sin embargo, negó dentro de su ponencia en la ONU que existieran este tipo de persecuciones.
-El sistema de DDHH internacional como Naciones Unidas, entiende que el papel de los defensores es poner en relieve las situaciones que afectan a los DDHH de fondo, tanto en lo institucional como en grupos de personas particulares. Este trabajo se valora tanto, que por eso hay la participación de la sociedad civil en estas instancias. Sin embargo, también entienden que si la naturaleza del Estado no es democrática, no es de apertura, de protección, sino esta defensiva, eso va a tener un impacto sobre los defensores. Es por eso que le exigen muy abiertamente un compromiso con las garantías de seguridad y de trabajo de estos activistas. La Fiscal formó parte de este compromiso, ella dijo que no se reciben denuncia, pero eso no es cierto. Se le hizo ver que sí existen. Lo que es muy grave es ver que el presidente de la Asamblea Nacional parece ir de las suyas, no parece hacerse parte de este compromiso.
-¿De qué sirve acudir a instancias como el Comité de evaluación de los derechos políticos y civiles de la ONU? Ya el año pasado se hizo lo mismo ante el Comité de derechos del niño, el de discriminación contra las mujeres y, más recientemente, el que actúa contra la tortura
-Estos son espacios de una enorme importancia. Como organización tenemos el derecho, amparados por la Constitución, de participar, para que esto produzca unos diálogos constructivos, para que permitan solventar estos problemas de DDHH. Te permite mantener una visión muy integrar del país que está siendo examinada en estas instancias internacionales. Venezuela se vio obligada a ponerse al día de sus informes de los distintos pactos. Hay una serie de acontecimientos que se verían invisibilizados si no asistimos, porque el Gobierno haría ver que lo está haciendo de maravilla. Resulta que un grupo de expertos independientes, de los países del mundo, te dice que hay fallas muy graves, en determinadas áreas.
- ¿En ese examen sobre DDHH, en qué áreas Venezuela aparece más aplazada?
- Hay una situación que va apareciendo, y que claramente tiene un impacto en otras áreas. Es el tema de la institucionalidad. Si tienes una justicia independiente, si se tienen unos poderes independientes, es posible que quienes vean sus derechos afectados acudan a las instituciones del Estado y consigan respuestas. Eso es clarísimo que no ocurre en Venezuela, cuando tienes más de 60% de jueces provisorios, fiscales provisorios. No puedes actuar con independencia. A partir de allí, se tiene la opacidad en el acceso a la información pública y todo el ataque a la libertad
