21-07-2015
JUAN PABLO AROCHA / @JPArocha
PP español copió leyes del PSUV. La revolución cuestiona normas que establecieron en La Moncloa, pero olvidan que Miraflores armó un sistema restrictivo similar
En España hay un escándalo legal que el chavismo, en Venezuela, ha tomado como bandera. Se trata de la entrada en vigencia de las reformas al Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, dos normativas que establecen algunos límites que salpican el libre ejercicio de los derechos de expresión, opinión y protesta. Seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) han aprovechado la situación para lanzar críticas contra el gobierno de Mariano Rajoy, pero obvian que la revolución ha instalado en el país un marco jurídico bastante similar. Las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal entraron en vigencia en España el pasado 1 de julio, una iniciativa que contó solo con el respaldo del gobernante Partido Popular (PP) en el Congreso, pues el resto de las organizaciones políticas se oponen. Es más, el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) ha prometido que si gana las elecciones generales de finales de año, una de sus primeras decisiones será derogar este instrumento legal.
¿Por qué el escándalo? Aunque el Ejecutivo español ha defendido que las normas "incrementan la libertad", los textos que se debatieron por 16 meses y hasta alcanzaron la corte judicial han sido muy criticados por asociaciones de periodistas, Greenpeace, Amnistía Internacional, entre otros. Ha sido bautizada como la Ley Mordaza, el mismo mote que hace más de diez años se colocó en Venezuela a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
La advertencia de los críticos es que lo que buscan desde el PP es vaciar las calles de protestas, para que no se propaguen manifestaciones como "las sentadas", donde manifestantes paralizaban calles de forma pacífica; se eviten nuevos intentos por tomar instalaciones de Gobierno en acciones de reclamo; e impedir que se reproduzcan nuevos "escraches", denominados así a las actividades de protesta que suele "acosar" a los responsables de determinadas áreas.
Lo que dice el texto español
La Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal establecen más de 44 "conductas" que serán sancionadas, para los que establecen multas desde 100 euros hasta 600 mil euros. Estos son algunos de los puntos más polémicos:
-Realizar manifestaciones sin solicitar autorizaciones o prohibidas ante infraestructuras críticas
-Alterar el orden público frente al Congreso y el Senado
-Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas
-Escalar un monumento o protestar en las alturas
-Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público
- Fotografiar a los policías o faltar al respeto a los agentes
-Convocar acciones de protesta no autorizadas, incluso en las redes sociales
-Opinar contra la Corona en las redes sociales será delito que puede ser penado hasta con 2 años de prisión
-Las injurias contra la Corona en España constituyen un delito de Lesa majestad, una ofensa o crimen contra un rey o reino.
Lo que dicen las normas en Venezuela
Permiso para protestar
Pese a que el artículo 38 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones en Venezuela, apenas establece que "los organizadores (...) deberán participar (la actividad) con 24 horas de anticipación (...) a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario".
En la práctica, la historia es distinta. Repetidamente se ha negado a la oposición marchar en zonas controladas políticamente por el chavismo. De hecho, en 2009 el oficialismo reformó la Ley de Transporte Terreste, y estableció ¬en el artículo 51¬ que los ciudadanos tendrán derecho a manifestar en las calles, sin afectar el libre tránsito, "previa obtención de la autorización emanada de la autoridad competente". En el Código Penal venezolano (Artículo 357), además, se pena con prisión de cuatro a ocho años a quienes obstaculicen la vía pública.
Zonas de Seguridad
Las manifestaciones en Venezuela están prohibidas en cerca de 30% del territorio nacional, de acuerdo a cálculos de la ONG Control Ciudadano. Esto a raíz de las llamadas "zonas de seguridad", establecidas en 2002 en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Bajo este concepto se enmarcan áreas fronterizas, corredores con oleoductos, acueductos y tendidos eléctricos; así como los alrededores de instalaciones militares y públicas, industrias básicas, estratégicas y servicios esenciales, las vías de comunicación aérea, terrestre y acuática de primer orden, y cualquier otra que se les ocurra, deja abierta la discrecionalidad la normativa. Allí, en resumen, están prohibidas las manifestaciones y cualquiera que las organice se expone a prisión de 5 a 10 años. Riesgoso, por citar un caso, convocar una acción de reclamo laboral ante una empresa pública. Impensable también, que la oposición pueda acudir a los alrededores de la Asamblea Nacional sin contratiempos.
Respete a la autoridad
El Código Penal venezolano tiene amplias sanciones en desmérito de la libertad de expresión. Se penalizan la ofensa al Presidente de la República (Art. 147), al Vicepresidente, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a miembros de los Poderes Públicos, Ministros, Diputados o al Alto Mando Militar (Art. 148), con pena de 6 a 30 meses de prisión. Además, se abre la posibilidad de encarcelan hasta por 5 años a quien "cause pánico por cualquier medio" (Art. 296), con todo y la discrecionalidad que eso implica. Si no, que le pregunten al general (R) Francisco Usón, que fue detenido tras explicar por televisión como funcionaba un lanza llamas, un arma que habían empleado contra un grupo de militares en el Fuerte Mara, estado Zulia. En unas normas, que afectan el ejercicio periodístico y la libre opinión, no están incluidas las limitaciones que establece la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Pajarito preso
En Venezuela no existe una norma que limite la expresión a través de redes sociales. Aunque en la práctica, sí parece haberla. Entre agosto y octubre de 2014, fueron apresados en el país ocho tuiteros, de los cuales cuatro permanecen detenidos, según ha denunciado Voluntad Popular. Uno de estos casos es el de Inés González (@inesitaterrible) a quienes se le atribuyó inicialmente los delitos de ultraje violento, ultraje a funcionario e instigación pública, pero finalmente solo prevaleció este último.
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