En el primer mes del año, el OVCS registró 12 asaltos a locales y 19 intentos. Marco Antonio Ponce denuncia que el Estado no está garantizando el derecho a la alimentación
KEILYN ITRIAGO MARRUFO
"Lo que revela en gran medida cómo se está comportando la gente cuando no se está garantizando el derecho a la alimentación y cómo las políticas públicas del Estado han fallado", sostiene Marco Antonio Ponce, coordinador general de esta ONG.
Sólo en el mes de enero, el OVCS contabilizó 31 hechos materializados y no materializados en contra de abastos, supermercados, farmacias, transportes, almacenes y galpones.
Según explica Ponce, muchos de los intentos de saqueo se produjeron con el abordaje de gandolas con mercancía que transitaban en pobladas del país y se dieron sobre todo en los primeros días de enero. Son tres los rubros de interés que la ONG ha detectado: alimentos, medicinas y productos de higiene personal.
EXPRESIONES VIOLENTAS
Ponce explica que el saqueo no es un fenómeno que está permanentemente durante todo el año, como lo sí es la protesta pacífica, sino que son expresiones violentas que se presentan en episodios puntuales del contexto venezolano, respondiendo a alguna medida, pronunciamiento o ante políticas. "Las causas son muy fáciles de identificar.
En el caso del Dakazo, fue el discurso presidencial y los que hemos visto ahora en enero es porque la gente no encuentra los productos", señala.
El activista de DDHH manifiesta que el gobierno venezolano siempre ha intentando correr la arruga, pero dice que él no cree que la gente haya asumido del todo ese discurso que plantea que el origen del problema de la escasez y el desabastecimiento no es producto de la crisis económica sino del empresariado nacional y de factores externos, como Estados Unidos.
"Los ciudadanos están esperando que se dé respuesta a sus necesidades y que aparezcan los productos de la cesta básica sobre todo. El ejemplo más claro de que ese discurso de soberanía alimentaria es un fracaso es el hecho de que tenemos al país entero haciendo cola para comprar", apunta.
DENUNCIAS SILENCIADAS
Ponce asegura que ya las noticias sobre saqueos no salen como antes en los medios de comunicación. Denuncia que hay un intento avasallante del Estado por coartar la libertad de expresión y que esto ha hecho que muchas situaciones del contexto venezolano hayan quedado sin la posibilidad de hacerse públicas. "Afortunadamente existen las redes sociales donde las personas pueden informar e informarse", agrega.
Los datos y diagnósticos señalados en los informes mensuales del OVCS, a juicio de Ponce, serían muy útiles en cualquier país del mundo para construir políticas públicas, "pero aquí el gobierno venezolano lo ve como una amenaza. Lo que se ha recibido más bien son ataques y mensajes que buscan desprestigiar el trabajo de los activistas", manifiesta, al tiempo que asegura que la ONG que representa siempre ha tenido una actitud propositiva frente al acontecer del país.


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