El cuartel del 5 de marzo | William Dumont
El colectivo, cuyo líder fue asesinado en un allanamiento practicado por el Cicpc en Quinta Crespo, está conformado por ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, civiles y mujeres, según afirman sus militantes. Desde el año pasado, el grupo se codeaba en eventos de altos funcionarios del gobierno. Desde sus filas, ahora, se niegan a deponer las armas. Su sede también está en una montaña
EQUIPO DE SIETE DÍAS / El Nacional
9 de noviembre 2014 - 12:01 am
El ascenso al búnker marea. El viaje —en carro dos minutos, otros más a pie— está repleto de curvas a lo largo de una vía estrechada por paredes con murales al inicio, pero abierta en ramificaciones casi al final del recorrido. Es una ruta restringida, condicionada por alcabalas, cuyos únicos accesos dependen del beneplácito de ex funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas. Son los caminos a la enorme sede del Colectivo 5 de Marzo, en Cotiza, donde hasta 2011 operó la Comandancia General de la PM.
Este es otro cuartel. También en una montaña. En la cima está el Sargento P. Es un hombre desgarbado, de voz casi imperceptible, ojos claros y manos fielmente aferradas a un bolso de lona negro —modelo táctico 5.11—, comúnmente usado por policías, militares y rescatistas. No es el líder, pero es uno de los que asume la vocería. Por ahora. Es un mientras tanto, o una pausa en el 5 de Marzo iniciada desde que José Miguel Odreman, dirigente del colectivo, fue asesinado el 7 de octubre en un allanamiento practicado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el edificio Manfredir de Quinta Crespo, en el centro de Caracas. “A raíz de la muerte de mi sargento, fue afectado el 5 de Marzo. En otros colectivos no, porque solo desertaron entre 4 y 5 militantes. También hubo retiros en el Frente en Defensa Juan Montoya por temor al Cicpc. Pero ya todo se está organizando de nuevo, lo malo es que perdimos contactos fuertes”.
Los colectivos, un número indefinido en el país, tienen luces y sombras. Son calificados por la oposición como cuerpos parapoliciales amparados y financiados por el gobierno para reprimir la disidencia política, pero fueron catalogados recientemente por el presidente Nicolás Maduro como fuerzas que luchan contra la delincuencia. Mientras, se multiplican rápidamente por el país y su poderío se deriva, en buena medida, de un creciente control de territorios y de su capacidad de presión política. Voceros del Cicpc terciaron en el debate con respecto al 5 de Marzo cuando los calificaron de banda criminal poco después de los sucesos del edificio Manfredir. La respuesta del colectivo —cuyos líderes aparecen fotografiados con funcionarios del alto gobierno— fue la de acusar de asesinos a los policías y a Miguel Rodríguez Torres, quien finalmente fue destituido del cargo de ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz al cabo de dos semanas.
La antigua sede principal de la PM es un espacio privilegiado en la ciudad. Cuenta con 20.000 metros cuadrados de extensión, una sala situacional con comunicaciones, un patio, la iglesia, auditorio, inspectoría general, oficinas, dormitorios de orden público con capacidad para 600 hombres, cajeros electrónicos, área de mantenimiento de construcción, un estacionamiento techado, canchas, comedor, oficinas, parque de armas, un modulo de Barrio Adentro. Es una fortaleza difícil de penetrar, amurallada plenamente.
Rodríguez Torres dijo el año pasado que el sitio iba a ser convertido en el centro del Instituto de Previsión Social del funcionario policial. Es una promesa incumplida: el territorio continúa como bastión del 5 de Marzo donde, además de miembros, están cerca de 250 familias sin viviendas que agradecen el espacio.
La historia de cómo la Comandancia General quedó en manos del colectivo tiene un hito principal. Los miembros de la agrupación se remiten a finales de 2011 para contarla. Para entonces, el cuerpo policial se encontraba en proceso de liquidación y algunos funcionarios quedaron damnificados en la instalación, una de las más importantes infraestructuras de seguridad ciudadana existentes en Caracas. Los integrantes del 5 de Marzo tienen copias de un acta convenio que se firmó en diciembre de 2011 con representantes del Ministerio de Relaciones Interiores. En ella, la institución del gobierno se comprometía a cumplir una serie de acuerdos entre los cuales se encontraba incluir a los policías sin casa en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
El numeral 6 señalaba que los efectivos —los cuales debían recibir sus prestaciones completas y ser reasignados a otros empleos— saldrían de la sede de la PM y entregarían las armas y los uniformes una vez que el ministerio cumpliera los compromisos suscritos. Luis Fernández, ex director de la Policía Nacional, aparece mencionado en el documento como la persona que debía recibir la instalación. Fue contactado por El Nacional y negó conocer el acta. “Esa sede estaba prevista para otras cosas que tenía planteado el ministerio y el gobierno”. El comisario añadió lo siguiente: “No tengo nada que ver con eso, ni firmé con ningún colectivo. Si me habían designado a mí para recibir esa sede, bueno no lo sé. Pero a mí nunca me dieron ninguna sede”. El convenio en el que el gobierno negocia con los ex funcionarios no se ha cumplido: en la Comandancia permanecen las familias damnificadas, una de ellas es la del propio José Odreman.
El viernes, Carmen Meléndez, ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, anunció desde la sede de la Asociación Civil Pro Defensa de jubilados y pensionados de la PM, que los antiguos puntos de control de esta institución serán restaurados y se pondrán en funcionamiento para coordinar labores de patrullaje inteligente. “El personal de jubilados me ha hecho propuestas y yo las he aceptado, porque aquí trabajamos en beneficio de todos”.
Este solo es un núcleo. El colectivo tiene extensiones en Catia, La Pastora, La Yaguara y tuvieron una en Petare, según sus militantes. “La idea es fortalecer cada zona del Área Metropolitana de Caracas para que haya uno en cada espacio”, afirma el Sargento P. Los tentáculos del 5 de Marzo también se mueven en el interior del país: Miranda, Vargas, Anzoátegui y Zulia. Odreman aseguró, en septiembre en una entrevista concedida a El Nacional, que congregaban a más de 5.000 militantes, algunos de ellos con vinculación con cuerpos de seguridad. Dos de los militantes muertos en el allanamiento de Quinta Crespo, Odreman y Michael Antonio Contreras, trabajaron para cuerpos de seguridad del Estado: la PM y el Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte, ente descentralizado de la Alcaldía de Caracas, respectivamente. En la entrada de la sede de operaciones del 5 de Marzo está un oficial de la PNB; de los improvisados tendederos de ropa cuelgan dos uniformes del cuerpo policial.
“Gente de pueblo”
Ser miembro del 5 de Marzo requiere de entrenamiento. Es una formación de tres meses en la que se enseña defensa personal, manejo de motocicletas y labores sociales, según sus integrantes. Pero sus militantes dicen que son gente de “paz”. Esto también lo han dicho desde otros colectivos y lo recalcaron al calor de las protestas en febrero, en un evento en las calles del 23 de Enero que reunió a algunos líderes a raíz de la muerte de Juancho Montoya. “Somos gente del pueblo que trabaja por cultura, el deporte y todo lo social”, dijo al Correo del Orinoco Igor Luengo, comandante del colectivo Cheo Pirela y miembro del Frente en Defensa Juan Montoya, que aparece en al menos cinco videos de televisoras nacionales, casi siempre acompañando a Odreman.
Luengo estuvo bajo régimen de presentación en tribunales por posesión ilegal de armas en 2001. No es funcionario policial, pero sí trabajó en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad hasta 2008, según su última cotización en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales.
El discurso de algunos de los miembros de los colectivos que asocia sus prácticas con la promoción de actividades culturales y comunitarias, sufrió un viraje después del asesinato de Odreman. En un comunicado, divulgado el miércoles por el Movimiento de Resistencia Popular Juan Montoya —conformado por los colectivos 5 de Marzo, Escudo de la Revolución y Frente Juan Montoya—, rechazan ser desarmados. “Nos parece totalmente absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva (...) En caso de tener armas, las utilizaríamos en situaciones extremas, donde manifiestamente nos encontremos en riesgo, y que evidentemente pongan en peligro el proceso”, reza el documento, que para muchos se leyó como un tácito reconocimiento de que sí poseen armamento. De acuerdo con la interpretación gubernamental, el proceso pudo verse en peligro durante las protestas de 2014. Algunos colectivos salieron a las calles siguiendo el llamado del presidente Maduro: “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Esa noche hubo dos muertes.
La fecha en que murió Chávez
El crecimiento del 5 de Marzo fue veloz. El Sargento P. asegura que surgieron a raíz del descontento por la forma en que se realizó la liquidación de la PM —iniciada en marzo de 2011—, y para reivindicar los derechos de jubilación, entre otros, de 1.856 funcionarios. Pero solo con la muerte de Chávez se conformaron oficialmente, tomaron la fecha del fallecimiento del presidente para rendirle tributo y comenzaron a exponerse con mayor frecuencia.
Al colectivo de Odreman se le incorporó en el Movimiento Por la Paz y la Vida —plan de seguridad ciudadana impulsado por el gobierno, en la gestión del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, en 2012—, en rescates de empresas y llegaron a fundar un consejo comunal con su nombre. Pero dos sábados atrás, el reto era llenar el auditorio de casi un centenar de puestos de la antigua sede de la PM para discutir los lineamientos que abordarán los colectivos del Frente en Defensa Juan Montoya, y el miércoles concentraron esfuerzos para convocar la rueda de prensa en la que divulgaron un documento en que se pronuncian sobre los asesinatos a militantes de colectivos, piden una mesa de diálogo con el gobierno, entre otras solicitudes. En el edificio Manfredir, donde opera el colectivo Escudo de la Revolución, las puertas permanecen cerradas. Los pasillos son oscuros y están desmantelados; las radios de los militantes están apagadas para evitar intervenciones y pocos se exponen en público.
Odreman tenía un álbum de fotos con el poder, divulgado a través de sus redes sociales. Fue retratado con el diputado Robert Serra (asesinado el 1° de octubre), la primera dama Cilia Flores, los presidentes Chávez y Maduro. Pero no posó sonreído con todos. Horas antes de morir, acusó en los medios de comunicación Rodríguez Torres de ser el culpable si algo llegara a sucederle.
A pesar de que el 5 de Marzo ganó notoriedad a raíz del caso del Manfredir, las rencillas con los cuerpos policiales no son nuevas. El 15 de septiembre de 2013 fue reseñado el allanamiento que practicó la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariana en la sede del colectivo donde se incautaron 10 pistolas, 3 pasamontañas, 4 cajas de municiones con 50 balas calibre 9 mm y 5.7, 3 juegos de esposas, 20 chalecos antibalas, 2 cajas de municiones calibre 22, 3 cajas de 3.57 con 50 municiones cada una, 30 municiones de 38 mm, 6 granadas lacrimógenas, 5 pistolas eléctricas, 45 potes de radio activo Scott (usado para detectar droga), 2 sellos húmedos, 6 uniformes de la milicia y 2 computadoras portátiles. El Sargento P. se defiende y dice que el arsenal “era de juguete”.
La operación no disolvió al 5 de Marzo ni los obligó a cambiar de ubicación o de prácticas. En lo alto de la sede del colectivo, donde se estaciona una hilera de motocicletas —en su mayoría negras, de alta cilindrada y sin placas de identificación— y se pasean militantes del colectivo, son articulados —uno de los verbos preferidos en el vocabulario de ese y de otros colectivos— los pasos a seguir luego de la muerte de Odreman. En el lenguaje diplomático de estos grupos, nadie se acusa públicamente. Líderes de los colectivos Alexis Vive, Radio 23, Milicia “0” y de la Coordinadora Simón Bolívar —tradicionales de la parroquia 23 de enero— y del Colectivo de la Dignidad —en Chacao—, se desmarcan del recientemente noticioso 5 de Marzo y aseguran que cada uno es autónomo.
En el 5 de Marzo no hay nombres, solo jerarquías. El “Uno” o “Comandante Murachí”, es el líder que autoriza cuándo salir, quién es bienvenido, cuál el momento de ocultar o no el rostro y qué decir. El resto son llamados por combinaciones de números alusivos a códigos de frecuencia radial, solo manejados en la jerga policial. Cada uno de los miembros tiene una numeración exclusiva que lo identifica: Odreman era el 60-1. Después de su muerte ninguno de sus militantes se atreve a revelar quién es el nuevo “Uno”.
“Desde ese momento no tenemos padrino, pero quien más o menos nos está ayudando de una manera indirecta, a través de otra persona, es Ernesto Villegas”, dijo el Sargento P. El Nacional solicitó una entrevista con Villegas para conocer su versión, pero no fue respondida.
La historia de un carnet
Orlando Padrón actuó como uno de los voceros del colectivo 5 de Marzo en una rueda de prensa el miércoles pasado. A las 12:15 pm, después de la rueda de prensa que dieron en el antiguo auditorio de la Comandancia General de la PM, un periodista le pregunta si se encuentra armado. El hombre, para demostrar que no lleva armas, se sube la chaqueta y enseña un radio portátil porque —afirma— es funcionario de la Policía de Guaicaipuro, de los altos mirandinos. Saca el carnet pero lo resguarda rápidamente.
–Si dices que soy Poliguaicaipuro vamos a tener un problema, le advierte a una periodista de El Nacional que asistió a la actividad.
Cuando se le señaló que sus palabras se podían interpretar como una amenaza, respondió así: “No. Para nada. Discúlpame, de verdad”.
El director de la Policía de Guaicaipuro, comisionado Levis Ávila, explicó la situación de Padrón: “La identificación que tiene es como operador de radio y se la daría algún director. Él no trabaja ni siquiera fijo en la nómina nuestra porque realiza eventualmente mantenimiento a la base de los radios de transmisiones. Yo desconocía que él tenía carnet porque es totalmente ilegal”.
Las deudas pendientes de la desmovilización de la PM
El Ejecutivo publicó el 29 de marzo de 2011 una resolución en la que ordenaba liquidar a la PM en 3 meses, y dejaba abierta la posibilidad de una prórroga por otros 90 días. Desde ese entonces inició la agonía del cuerpo policial que tenía 41 años de operaciones en Caracas y, a la par, activistas en derechos humanos advertían que la desmovilización de un cuerpo armado era un proceso delicado dadas sus implicaciones.
Liliana Ortega, directora de la organización de derechos humanos Cofavic, sostiene la hipótesis que planteó en 2011 al referirse al proceso de desmovilización de la PM.
“Las consecuencias son notorias. Cuando se desmoviliza al segundo grupo armado más grande, después de la FAN, es importante crear un proyecto de vida alterno para estas personas que tienen un tipo de destreza. Algunos, que tenían 22 años en la policía, fueron jubilados jóvenes y se les cancelaron las prestaciones sociales en base al sueldo mínimo. El modo de desmovilización y el discurso oficial de la supresión de la PM fue criminalizante y estigmatizado”, precisó.
Al referirse a los bienes que eran de la PM, Ortega considera que la desmovilización del cuerpo policial no fue transparente: “No se sabe qué pasó con el parque de armas, con algunas instalaciones adscritas a la policía, con las motocicletas de alta cilindrada y con los chalecos que tenían los funcionarios de esta policía que tenía un alcance prácticamente en toda la ciudad. La PM no se podía sustituir por ningún cuerpo policial”.
El coordinador del área de investigación de la organización Provea, Rafael Uzcátegui, considera que no hubo políticas públicas para reincorporar a los funcionarios de la PM que no estuvieron involucrados en hechos delictivos antes de ser suprimido el cuerpo policial. “Tuvimos conocimiento que algunos funcionarios fueron investigados por el Ministerio Público por la comisión de delitos. Pero no hubo políticas públicas claras para reincorporar en otros cuerpos policiales a los uniformados que no estuvieron involucrados en hechos delictivos, lo que demuestra que hubo una violación al derecho al trabajo”, explicó.
El especialista advierte que en caso de concretarse una reestructuración policial en el país, se deben eliminar las figuras paramilitares: “El asesinato de Juancho Montoya, que era funcionario de Policaracas y miembro del Secretariado Revolucionario de Venezuela, es una prueba de que existen grupos integrados que son ex funcionarios o agentes activos”.
